La pandemia ocasionada por la Covid-19 trastocó y ocasionó un impacto inigualable en el mundo, dejándonos conmocionados, afectando y causando agotamiento y colapso de los servicios de salud de todos los niveles de atención, así como en la parte social, económica y, a su paso, va dejando una estela de daño y perjuicio dramático para muchas personas.
También ha creado diferentes escenarios, debiendo detenernos en una de las dimensiones más perfectas como es la sexualidad y la reproducción del ser humano. La sexualidad nos define, nos acompaña durante toda nuestra vida, permitiendo nuestro auto-reconocimiento y el del otro. Cuidar este aspecto de la vida o de nuestro ser es una obligación de primera línea. Es urgente no olvidar atender adecuadamente en tiempos adversos la salud sexual y reproductiva de la población. Es tanto como cuidar nuestra identidad y garantizar nuestra continuidad como seres humanos.
Los desastres que nos han precedido demuestran que esta crisis podría tener un elevado costo para las mujeres y las niñas. Las mujeres están representadas en un gran número en los sectores de servicios sociales y de salud, lo que aumenta su riesgo de exposición a la enfermedad; el estrés, la inamovilidad y la interrupción de los medios de vida también aumentan su vulnerabilidad a la violencia, así como a la explotación basada en género.
Estos servicios básicos de salud sexual y reproductiva, y el acceso de las mujeres a la planificación familiar, la atención pre y postnatal, de parto y otros servicios esenciales podrían verse afectados de manera adversa, al estar siendo redireccionados los recursos a un hecho no menos importante como la Covid-19, sin considerarse el sentido de proporcionalidad y relevancia, hecho a los que ya advierten otros organismos internacionales (UNFHA, ICM, etc.).
Garantizar los servicios
Hoy todavía no hay evidencias de la repercusión de la Covid-19 en la gestación, sin embargo, es preponderante tomar en cuenta los cambios físicos, metabólicos e inmunes que se dan en el embarazo y después de este, por lo que es fundamental que todas las mujeres tengan acceso a un parto sin riesgo y a la continuidad de la atención prenatal y post natal, incluidas pruebas de detección, especialmente en los ejes de la pandemia, en donde el acceso a servicios para las mujeres embarazadas, en labor de parto y durante el parto mismo, así como mujeres lactantes, pueden ser limitados e inseguros.
Esta pandemia es una grave problemática en la salud pública mundial y nacional, por lo tanto los recursos humanos y financieros de diversos programas de salud a menudo se desvían para responder al brote de la infección, afectando los servicios de salud sexual y reproductiva.
La Razón de Mortalidad Materna (RMM) continúa siendo un indicador de inequidad e inaccesibilidad a los servicios de salud. A pesar de los avances conseguidos, cada 11 segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido en el mundo (Informe de los Grupos de la Naciones Unidas 09/2019), considerando de alta vulnerabilidad las etapas del parto y post parto, donde se producen las mayores complicaciones. En los países donde se disminuyó la tasa se debió a la voluntad política de mejorar el acceso a una atención sanitaria de calidad.
Los recursos
Sin embargo, en estos momentos se sobrepone a ello la pandemia, que impone presiones y esfuerzos adicionales a los sistemas de salud. Se anticipa que la Covid-19 tendrá un impacto severo en los sistemas de salud de los países en desarrollo, por lo que se deberán tomar medidas para asegurar la continuidad de servicios básicos como los de atención e insumos de salud materna, así como aquellos de salud sexual y reproductiva.
A ello se agrega la brecha de recursos humanos y la importancia de proteger a los existentes, brindando la seguridad adecuada al personal de salud, en particular a los/las obstetras, quienes trabajan directamente la Salud Sexual y Reproductiva de la Población, por lo que debe priorizarse como un elemento crítico que salva vidas, y es necesario proporcionarles Equipos de Protección Personal, pues cada día va en aumento con el virus el número de gestantes en nuestro país, no siendo la excepción Lambayeque.
Los embarazos y partos sin riesgos dependen de un sistema de salud funcional, accesible, seguro, eficaz, riguroso y de estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad para el control y la prevención de infecciones.
Los sistemas de vigilancia epidemiológica y respuesta deben incluir datos desagregados por sexo, edad, género, etnia, estado de embarazo, e identificar y prestar atención pertinente a las poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores, portadores del VIH, etc., con la finalidad de mantener un sistema de salud actualizado, ayudando en la toma de decisiones actuales y futuras.
Posibles impactos
El impacto que sufrirá la Salud Sexual y Reproductiva nos hace anticiparnos a una explosión demográfica, el uso de los anticonceptivos de larga y corta duración se verá disminuido y, por ende, aumentará la necesidad insatisfecha de parejas no protegidas, agregado a ello habrá mayores complicaciones obstétricas, por lo tanto se necesitará mayores cuidados. La cobertura a la atención de servicios esenciales, embarazo, parto, puerperio y cuidado relacionado al recién nacido, se verá afectada, disminuyendo este tipo de prestación. El número de embarazos no deseados, abortos con compromiso de la vida de la gestante y la mortalidad materna por diferente etiología, se incrementará.
Asegurar la continuidad de los servicios de salud materna y otros de salud sexual y reproductiva es afianzar que se respeten las decisiones y los derechos de las mujeres y las niñas a la salud sexual y reproductiva, independientemente de su estado en relación con la Covid-19, incluido el acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, aborto y atención posaborto, con particular atención a las mujeres embarazadas de poblaciones vulnerables; asegurar que aquellas con casos sospechosos o confirmados, incluidas las que pueden necesitar tiempo en aislamiento, tengan acceso a atención calificada y respetuosa.
La presencia del Ministerio de Salud en un trabajo articulado y consensuado con los diferentes sectores, contemplando inclusive al sector privado, para asegurar la disponibilidad de servicios básicos de SSR y el acceso a los mismos en sus dos componentes Materno Neonatal y Planificación Familiar. En contextos humanitarios y de pandemia, precisa incluir la implementación del Paquete para Salud Reproductiva en Emergencias.
Garantizar el abastecimiento y suministro (anticonceptivos modernos, medicamentos , equipo de salud materna, materiales e insumos para el control y la prevención de infecciones, y materiales educativos y de consejería); el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud, en particular a los obstetras, acerca del riesgo, bioseguridad, mitigación del estigma, discriminación, entre otros temas, involucrarlos, y unir esfuerzos para sensibilizar a las mujeres embarazadas acerca de los síntomas de infección de la Covid-19 y mensajes de prevención e higiene.
Continuidad de atención
Por lo manifestado es relevante promover la continuidad de la atención durante esta emergencia sanitaria para conocer más acerca de los riesgos para todas las mujeres embarazadas, y mantener la atención prenatal y posnatal, especialmente en las zonas más afectadas y deprimidas por la pandemia, así como apoyar las instalaciones de atención prenatal y posnatal/de ser posible, implementar unidades móviles en colaboración con las autoridades en sus tres niveles de gobierno: central, regional y local; continuar promoviendo la lactancia materna, la información, educación , comunicación, a través de spots publicitarios, materiales educativos dirigidos a las mujeres embarazadas/las familias y población en general, sobre prácticas de higiene básicas, incluidas las relacionadas con la Covid-19.
La modalidad del parto deberá individualizarse con base en las indicaciones obstétricas y las preferencias de las mujeres, la OMS recomienda que, idealmente, deba optarse por la cesárea únicamente cuando se justifique por razones médicas.
A las mujeres directamente afectadas por la Covid-19 gestantes y recién embarazadas que se han recuperado de la misma se les debe facilitar el acceso y la búsqueda de atención rutinaria y garantizar la accesibilidad a una planificación familiar segura, implementando sistemas de tele consultas y entrega de insumos en domicilio o puntos alternativos. Todo esto depende de la disponibilidad de recursos Obstetras y el involucramiento de los principales actores.
Asimismo, implementar y garantizar la sostenibilidad de los servicios virtuales y presenciales así como el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, la elección libre e informada, la privacidad, la confidencialidad, la no discriminación por edad, género, pertenencia étnica o cultural, siendo los mensajes y consultas con adecuación intercultural.
Asegurarse de que las mujeres embarazadas infectadas con la Covid-19 al momento del parto sean atendidas como mínimo en el primer o segundo nivel de atención para asegurarse de que reciban una atención apropiada en caso de surgir complicaciones respiratorias.
Nuestros servicios de salud deben sufrir algunos cambios en el flujograma de atención, tiempos de espera, redistribución de infraestructura y acondicionamientos de la misma para limitar la transmisión de la Covid-19, entre paciente y personal de salud y viceversa, reforzando las medidas para el control al interior de los establecimientos de salud de los tres niveles de atención, considerando un primer nudo crítico triaje y la disgregación de los servicios, según nivel de complejidad. Las mujeres embarazadas deben ser tratadas con la máxima prioridad, ya que tienen un mayor riesgo de presentar resultados adversos.
Asegurarse mediante los servicios de calidad y mejora continua el monitoreo constante de toda la aplicación de los protocolos para la Prevención y el Control de Infecciones, así como de las medidas de bioseguridad para evitar complicaciones a las mujeres embarazadas y recién embarazadas, incluidas aquellas con aborto espontáneo, mujeres posparto/posaborto, modificar los flujos de atención prenatal, durante el parto y posnatal, planificación familiar, consejería, salas de espera, con el fin de mantener una distancia segura (1m1/2) entre las personas.
Asegurar la disponibilidad y abastecimiento permanente de materiales de higiene en las unidades de maternidad, incluidas las instalaciones de consulta externa de atención prenatal, hospitalización, Dilatación, centro obstétrico, tópico de emergencia de gestantes, posnatal, planificación familiar.
No olvidemos el rol de la comunidad, con la que se debe ejecutar un trabajo ligado, llevando a cabo Intervenciones a ese nivel, informando acerca de los riesgos de transmisión, síntomas de la Covid 19 con énfasis en gestantes y población en general, así como evitar la estigmatización o discriminación en contra de las personas que lo padecen sean parte de la población o personal de salud.
Ante las múltiples interrogantes surgidas en estos cortos meses con la presencia del SARS-CoV-2, es necesario invocar a los decisores y plantear un llamado a la acción para proteger al personal de salud y recién nacidos, garantizando servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad para la población y en especial para las mujeres en cumplimiento de los derechos humanos, y a las metas de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el Perú se promulgó la RM N° 217-2020-MINSA, del 22 de abril del 2020, que aprueba la DS N° 094-2020-DGIESP, que garantiza la salud de la gestante y la continuidad de la atención de Planificación Familiar, y la RM N° 246-2020-MINSA, de Prevención y Atención de la Gestante y del Recién Nacido con Riesgo Infección por Covid-19, del 30 de abril del 2020, las cuales deben marchar en congruencia a los recursos presupuestales designados a cada uno de los pliegos, para su ejecución, aplicación y cumplimiento íntegro de la presente normativa.
Igualmente, es importante mantenernos unidos y generar e intercambiar, conocimiento, experiencias, planteamientos con la seriedad metodológica, ética, académica, verás que corresponde, durante y posterior a la pandemia, que permita tomar decisiones, intervenciones, estrategias y nuevas políticas públicas en situaciones de riesgo como la actual.
(*) Past Decana del Colegio de Obstetras del Perú – CR XI.
La contratación realizada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego en favor del Consorcio Geoservice- Hidroenergía, integrado por las empresas Geoservice Ambiental SAC e Hidroenergía Consultores en Ingeniería SRL, fue irregular, debido a que la oferta presentada tenía deficiencias insubsanables de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
El caso es de mayor notoriedad porque Hidroenergía Consultores en Ingeniería SRL tiene en su constitución empresarial a Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.
El consorcio se presentó al proceso de Adjudicación Simplificada N° 10-2019-MINAGRI-PSI, convocado el 12 de noviembre del año pasado, con la finalidad de ganar el “Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel perfil; creación del servicio de agua para riego en la cuenca del Río Sañu, distritos de Coparaque y Suycktamb, provincia de Espinar, departamento del Cusco”.
Las deficiencias de la oferta presentada por el consorcio no fueron advertidas por los miembros del comité de selección, ganando así la contratación.
Procedimiento inicial
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, advierte que el PSI convocó en el 2019 el Concurso Público N° 05-2019-MINAGRI-PSI (primera convocatoria), para la realización del servicio de consultoría en la cuenca del río Sañu, el mismo que fue declarado desierto el 30 de octubre por el Comité de Selección.
Dicho comité estuvo integrado por Marilia Zúñiga Paco, como presidente, y David Charca Huancco y Pablo Urbina Carrasco. Según el acta suscrita por estos, en la convocatoria no se registraron ofertas.
El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 65.3 del artículo 65 que, “cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria se efectúa siguiendo el mismo procedimiento. En el caso de Licitación Pública o Concurso Público, se efectúa siguiendo el procedimiento de Adjudicación Simplificada”.
Esto significa que las bases integradas del anterior proceso rigen para nuevo, variando la nomenclatura para acotar los plazos de adjudicación.
Nueva convocatoria
De este modo, el PSI convocó el 12 de noviembre al procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 10-2019-MINAGRI-PSI, derivado del concurso público declarado desierto, estableciendo que la fecha de presentación de ofertas, evaluación y calificación de las mismas sería el 21 de noviembre del 2019, modificando para ello la nomenclatura de las bases.
Siendo así, los postores debían alcanzar sus ofertas consignando: “Adjudicación Simplificada N° 10-2019-MINAGRI-PSI Derivada del Concurso Público N° 5-2019-MINAGRI-PSI”, la cual era de obligatoria aparición en todos los documentos, incluyendo los anexos, declaraciones juradas y la promesa de consorcio, de ser el caso.
Postores y evaluación
A la convocatoria se presentaron dos postores: el Consorcio de Riego, conformado por Zocimo Venegas Espinoza y Promotora de Proyectos San Miguel SAC, con una oferta valorizada en un millón 650 mil soles, y el Consorcio Geoservice – Hidroenergía, que resultó como adjudicatario con una oferta ascendente a un millón 557 mil soles.
La evaluación de las ofertas por parte del Comité de Selección consistió en verificar la documentación obligatoria; es decir los anexos respectivos y declaraciones juradas, entre ellos el Anexo 6 “Promesa de Consorcio”, el cual según las exigencias legales y del proceso (bases) debía contar con refrendo notarial.
Como se ha mencionado, la nomenclatura que estos documentos debían citar era: “Adjudicación Simplificada N° 10-2019-MINAGRI-PSI “Derivada del Concurso Público N° 5-2019-MINAGRI-PSI”, además de la correspondiente fecha de redacción y certificación notarial de los mismos, detalles que el comité tenía que corroborar.
Documentos inválidos
Expresión verificó ambas ofertas, obrantes en el SEACE, encontrando que el Consorcio Geoservice – Hidroenergía había remitido documentos elaborados bajo el formato del Concurso Público N° 5-2019, (el que fue declarado desierto), los mismos que – además – estaban dirigidos al comité con la nomenclatura anterior, fechados el 28 de octubre, 16 días antes de la convocatoria de la adjudicación simplificada.
El Anexo 6 “Promesa de Consorcio” (folios 188-189 y subsiguiente s/n de la oferta), tenía firmas de los representantes legales de las empresas integrantes del consorcio que habían sido legalizadas el 28 y 29 de octubre, antes de la convocatoria, lo que permite confirmar que el postor no presentó documentos requeridos para el nuevo proceso, incurriendo en un error insubsanable, por el cual su oferta debió ser desestimada por el comité.
A ello se suma que el consorcio elaboró su oferta económica siguiendo el formato perteneciente al concurso público declarado desierto, empleando la nomenclatura que no correspondía a la adjudicación simplificada. Sin embargo, en este caso sí consigna como fecha el 21 de noviembre, día en que de acuerdo al cronograma del nuevo proceso debía presentarse, calificarse y evaluarse las ofertas.
Cartas de compromiso
Del folio 25 al 179 de la oferta del Consorcio Geoservice – Hidroenergía se encuentran 11 cartas de compromiso (Anexo 6), suscritas por igual número de profesionales que tendrían a cargo la prestación del servicio requerido. Con dichas cartas estos hacen su identificación profesional y su compromiso asumido para con el consorcio, además de datos relacionados a las capacitaciones y experiencia que ostentan.
Lo particular de dichas cartas es que todas fueron suscritas entre el 28 y 29 de octubre, en promedio 15 días antes de la convocatoria de la adjudicación simplificada.
Al respecto, la normatividad vigente exige que las Cartas de Compromiso del Personal Clave sean presentadas con firmas legalizadas de los profesionales. En este caso, diez de las cartas fueron legalizadas en la Notaría Ramírez Carranza, de Lima, entre el 28 y 29 de octubre.
En consecuencia, la documentación correspondiente a las cartas no estaba conforme a las condiciones del nuevo proceso de adjudicación simplificada, pues fueron concebidas para el concurso público declarado desierto.
Evaluación
Las bases establecían que los postores debían acreditar una experiencia en la especialidad con contrataciones por la prestación de servicios similares que sumen como mínimo un millón 730 mil soles.
El Consorcio Geoservice – Hidroenergía presentó cuatro contrataciones por un importe total ascendente a dos millones 417 mil 661.92 soles, entre ellas el Contrato de Locación de Servicios N° 012-2010-MDI, celebrado con la Municipalidad Distrital de Ilabaya por un millón 737 mil 995.71 soles, suscrito con el Consorcio Coltani, en el que participó como integrante la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería SRL.
El monto total de dicha contratación habría sido válido para la acreditación de la experiencia si ambas integrantes del Consorcio Geoservice – Hidroenergía hubieran participado del contrato con la comuna de Ilabaya.
Al no ser así, correspondía calificar como experiencia únicamente el 50 %; es decir, 868 mil 997.86 soles, aspecto que también fue ignorado por el comité de selección del PSI.
Si el cálculo se hubiera realizado de manera correcta, el Consorcio Geoservice – Hidroenergía hubiera acreditado como experiencia de contratación un millón 548 mil 664.07 soles, cifra inferior al monto mínimo exigido en las bases de la adjudicación simplificada.
En consecuencia, los cuestionamientos a la contratación del Consorcio Geoservice – Hidroenergía no se limitan únicamente a la vinculación que una de las consorciadas tiene (en términos societarios) con el padre de la ministra de Economía y Finanzas, sino al desarrollo del procedimiento en sí y los criterios que el comité de selección utilizó para calificar y entregarle la buena pro del servicio en el Río Sañu.
Cuando el gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 16 de marzo pasado, uno de los problemas que se puso sobre la mesa fue la situación carcelaria. Se estima que a nivel nacional la población penitenciaria es de 97 mil reclusos, 30 mil de los cuales no tienen sentencia; es decir, están en los reclusorios cumpliendo mandatos de prisión preventiva como parte de las investigaciones en las que están inmersos. Ante ello, el Ejecutivo solicitó al Poder Judicial considerar la vulnerabilidad de los internos y variar los mandatos coercitivos para salvaguardar la vida de los más expuestos al contagio.
En Lambayeque, motivando una serie de reacciones, la emergencia sanitaria permitió que conocidos personajes involucrados en presuntos actos de corrupción o de criminalidad organizada salgan del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, al reconvertirse la prisión preventiva en arresto domiciliario o comparecencia. Aquí algunos ejemplos.
Serrato a su casa
Uno de los casos más resaltantes del ajuste de las medidas judiciales a las recomendaciones por la pandemia es el del exalcalde de Olmos Willy Serrato Puse, investigado como cabecilla de la organización criminal “Los faenones de Olmos”, por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, por supuestos ilícitos cometidos en el primer semestre de su tercer mandato municipal, entre enero y julio del 2019.
Serrato Puse, quien también es investigado por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR, por el caso “Los temerarios del crimen”, estaba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo desde mediados de octubre del año pasado, cuando el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria – Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó el mandato cautelar en su contra por 24 meses.
A Serrato Puse, la FECOR, bajo la dirección del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, lo libró de la prisión preventiva en diciembre del 2018, cuando mediante acuerdo le otorgó comparecencia restringida con anuencia del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo,
Willy Serrato, quien se contagió de Covid-19 en el ex penal de Picsi, recibió la variación del mandato el 23 de junio, toda vez que la Segunda Sala Penal de Apelaciones ordenó el arresto domiciliario en su caso.
El caso Oviedo
Otro beneficiado directo de las medidas implementadas en el marco de la emergencia es el empresario Edwin Oviedo Picchotito, quien desde diciembre del 2018 se encontraba bajo prisión preventiva en el ex penal de Picsi, investigado como presunto cabecilla de la organización “Los Wachiturros de Tumán”.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Carlos Chanamé Chumán, dictó la medida en contra del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, decisión que fue ratificada el 31 de diciembre del 2018 por la Primera Sala Penal de Apelaciones.
Iniciada la pandemia, su defensa solicitó que sea sometido a una evaluación médica a fin de descartar factores de riesgo ante el Covid-19 y disponga el cese de la prisión preventiva. Hecha la evaluación y habiéndose establecido que Oviedo Picchotito padece de obesidad mórbida e hipertensión, la Primera Sala Penal de Apelaciones decidió rechazar el pedido de los abogados, pero ordenó el arresto domiciliario a su favor.
Edwin Oviedo está acusado por la FECOR Lambayeque como autor mediato de la muerte de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.
La salida de Noé
También vinculado a la organización “Los temerarios del crimen”, el médico Noé Cornejo Chinguel logró que el Poder Judicial, específicamente el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria – Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, variara la prisión preventiva dictada en su contra en diciembre del 2018 por el arresto domiciliario.
Noé Cornejo, hermano del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, presunto cabecilla de la organización y recluido en el Establecimiento Penitenciario de Ancón – II (Piedras Gordas), es sindicado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – FECOR, de haber sido el lugarteniente en los actos de corrupción que la red habría cometido desde la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De acuerdo al diagnóstico médico, Noé Cornejo padece de hipertensión arterial no controlada y desprendimiento de retina de ambos ojos, por lo que el Poder Judicial consideró que debía abandonar el establecimiento penitenciario.
El mandato de prisión preventiva impuesto en su contra por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria fue de 36 meses.
También Nilton
Investigado por el mismo caso (“Los temerarios del crimen”), Nilton Monje Sampén, exjefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, y exasesor del despacho de alcaldía en la administración de David Cornejo Chinguel, también abandonó el expenal de Picsi en el marco de la emergencia sanitaria.
Monje Sampén cumplía prisión preventiva desde diciembre del 2018 por mandato del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que estableció 36 meses como plazo de la medida cautelar.
Es investigado por presuntamente haber participado en el cobro de sobornos a empresarios de la construcción y del sector transportes, a cambio de la emisión resoluciones de autorización, licencias e incluso adjudicación de obras.
Ante la emergencia, el Poder Judicial ordenó que Monje Sampén cumpla arresto domiciliario.
Pérez Carranza
Igual decisión adoptó el Poder Judicial para el investigado Walter Pérez Carranza, quien se desempeñó como gerente de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque durante la gestión de Ricardo Velezmoro Ruiz, involucrado en el caso “Órdenes de servicio”, en el cual se indaga por la tramitación irregular de 94 contrataciones realizadas en la vecina provincia.
En junio del 2017 el Poder Judicial ordenó el mandato de prisión preventiva contra Pérez Carraza. Sin embargo, este se mantuvo prófugo de la justicia hasta que apareció el 2 de enero del 2019, en la ceremonia de juramentación del alcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas, quien lo había designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental. Alertado que la policía se disponía a intervenirlo, huyó del acto público hasta que fue capturado en agosto del año pasado.
Para este, se ha dispuesto también la variación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
Con comparecencia
Otro personaje que abandonó el expenal de Picsi en el marco de la emergencia sanitaria es el exregidor de Chiclayo Alfredo Montenegro Bermeo, pero a diferencia de los antes citados lo hizo con mandato de comparecencia simple.
El 5 de junio el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo rechazó el acuerdo de terminación anticipada presentado por la FECOR Lambayeque respecto de las imputaciones hechas sobre Montenegro Bermeo, en el que este aceptaba los cargos de corrupción que le han sido señalados en el marco del caso “Temerarios del crimen”. El acuerdo versaba sobre el delito de tráfico de influencias.
Empero, el juzgado dispuso cesar el mandato de prisión preventiva, acogiendo lo solicitado por la fiscalía para que se le imponga la comparecencia simple, quedando obligado a acudir las veces que sea citado por la autoridad fiscal, policial o judicial.
Caso Roncal
El caso del empresario Carlos Roncal Miñano es particular. La FECOR Lambayeque lo sindica como integrante de la presunta organización denominada “La hermandad del norte”, con la cual habría participado en la muerte del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrida el 23 de diciembre del 2015.
Roncal Miñano ingresó, por orden del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo al expenal de Picsi en mayo del 2018, debiendo cumplir el mandato de 36 meses de prisión preventiva. Debido a su estado de salud (hipertensión arterial y diabetes), el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió el junio de este año variar dicha medida por el arresto domiciliario.
Sin embargo, la decisión de la jueza Cecilia Grandez Rojas no se ha hecho efectiva debido a que Roncal Miñano tiene en su contra una sentencia a 13 años de prisión (cinco por el delito de defraudación tributaria y ocho por lavado de activos), dictada en primera instancia en enero de este año por el Segundo Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Aun cuando la sentencia se encuentra en apelación, el Poder Judicial ha decidido no dar cumplimiento a la decisión de Grandez Rojas, por lo que el empresario permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde a mediados de julio contrajo Covid-19.
Los exalcaldes
Quienes tampoco han logrado salir de la prisión son los exalcaldes de Chiclayo Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel.
El primero, burgomaestre entre el 2007 y septiembre del 2014, es procesado por el caso “Limpios de la corrupción”, cuyas diligencias están a cargo de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, habiéndose logrado a la fecha algunas sentencias por delitos menores. Está pendiente la acusación por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Torres Gonzales, quien siendo alcalde sufrió varios derrames faciales, tiene además diabetes y otras complejidades a su salud. En su caso, su defensa ha solicitad el indulto humanitario, cuyo expediente fue ingresado el mes pasado a la Comisión de Gracias Presidenciales para su revisión.
Respecto a David Cornejo Chinguel, alcalde entre enero del 2015 y noviembre del 2018, como se ha dicho se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas. El Poder Judicial rechazó variar la medida por el arresto domiciliario, decisión que ha sido ratificada en segunda instancia. Si bien se ha reconocido a nivel jurisdiccional que padece de enfermedades crónicas y que su salud está en peligro por el Covid-19, el Poder Judicial tiene la convicción de que su excarcelación representa peligro procesal.
A más de 150 días desde que se declaró el estado de emergencia a causa de la pandemia por el Covid-19, Lambayeque sufre los estragos de una economía que estuvo operando solo al 44 % hasta junio pasado. El alto número de contagiados del nuevo coronavirus retrasó el inicio de las actividades productivas en el departamento que fue relegado durante la primera fase de la reactivación económica y parte de la segunda.
Según cifras de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, a fines de junio – es decir, antes de la aprobación de la tercera fase de la reactivación económica – las pérdidas del sector productivo en el departamento alcanzaron los mil millones de soles. De todos los sectores, Servicios, específicamente el orientado al Turismo, fue el que registró las mayores pérdidas.
Turismo
Pese a que la tercera fase de la reactivación económica contempla la reanudación del turismo, en la práctica esto es algo que en no se va a concretar, pues la población aún no prevé desplazarse por dichos motivos, tal como lo reconoció el exministro del sector, Edgar Vásquez Vela.
Según cifras de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA Lambayeque, las pérdidas en el sector alcanzan los 120 millones de soles, cifra que seguirá en aumento. De este monto, el 50 % corresponde a los restaurantes, el 30 % a los establecimientos de hospedaje y el 20 % a las agencias de turismo, guías y otros servicios relacionados.
En Lambayeque hay aproximadamente dos mil restaurantes (incluidos bares y picanterías), 80 agencias de viaje, 120 guías de turismo y 700 establecimientos de hospedaje (hoteles, hostales y albergues). De estos últimos, el 30 % no podrá reabrir debido a la crisis financiera provocada por la emergencia sanitaria. Además, el índice de ocupabilidad, que generalmente alcanzaba el 70 %, ahora se encuentra por debajo del 15 %.
En el caso de los restaurantes, las disposiciones sanitarias permiten que estos atiendan con aforo reducido al 40 %, mientras que los establecimientos de hospedaje sí pueden hacerlo a la totalidad de habitaciones.
En tanto, las cifras del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque apuntan que el sector brinda empleo a 50 mil trabajadores: 20 mil de forma directa y 30 mil indirectamente. No obstante, las empresas turísticas contrajeron antes de la pandemia deudas con los bancos por un monto que oscila entre los 20 mil y 30 mil soles en promedio cada una.
La situación se agrava con la paralización de los vuelos de Copa Airlines a Panamá. El año pasado el flujo de visitantes que llegó por esta aerolínea alcanzó los 10 mil.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, consigna que hoteles y restaurantes representan el 2.7 % del Producto Bruto Interno – PBI, regional.
Artesanía
Como consecuencia de la afectación del turismo, el gremio de los artesanos también se ha visto golpeado. Según datos del Consejo Nacional de Fomento Artesanal – CONAFAR, en Lambayeque hay más de tres mil personas dedicadas a este rubro, de las cuales solo un promedio de 400 están inscritas en el Registro Nacional del Artesano – RNA; es decir, el 13.3 %. Ellas san las únicas con la posibilidad de acceder a las líneas de apoyo económico que otorga el Ministerio de Cultura a las personas u organizaciones culturales afectadas durante la emergencia sanitaria.
Desde el CONAFAR, el pedido es que se declare en emergencia el sector, se asigne un bono universal para el artesano, se actualice la estadística del RNA y se conforme una mesa técnica de trabajo a fin de coadyuvar a salir de la crisis.
Transportes
Por su parte, el sector Transportes también se vio afectado, tanto a nivel urbano, interurbano como interprovincial. En el caso de los taxis, hasta antes de que se permitiera la circulación del total de las unidades, las pérdidas alcanzaron los 57 millones de soles. En Lambayeque hay en promedio de 12 mil vehículos formales y 30 mil informales.
En el caso de los buses y camionetas rurales que hacen el servicio de transporte urbano, las pérdidas ascendieron a 15 millones de soles, hasta antes de la reanudación de sus actividades a inicios de julio, según cifras de la Coordinadora Regional de Transporte, que agrupa a las 15 empresas formales de este subsector.
En tanto, desde el Comité Gremial de Transportes de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque se solicitó un subsidio estatal para las empresas de transporte interprovincial, así como la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, lo cual sigue en evaluación por parte del ministerio del sector.
Pesca
La pandemia por el Covid-19 también mermó las labores de los hombres del mar, principalmente del terminal pesquero Ecomphisa de Santa Rosa, que se mantuvo cerrado a causa de los contagios confirmados. Los datos del Comité Gremial de Pesca de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque dan cuenta que el 80 % de empresas pesqueras en el departamento paralizaron sus labores, lo cual generó – además – la carestía de los productos hidrobiológicos en los mercados.
Además, cinco mil familias sufrieron el impacto económico por la paralización parcial del sector, de las cuales tres mil dependían directamente de la pesca. La contracción económica en los primeros meses de esta actividad productiva alcanzó el 24 %.
Según el último censo del 2017, en Lambayeque hay tres mil 600 pescadores artesanales. De estos, dos mil 900 no recibieron ningún subsidio por parte del Estado.
Las cifras del INEI señalan que el sector pesca representa el 0.3 % del PBI regional.
Avicultura
Si bien el precio del pollo volvió a la normalidad desde junio, durante los primeros meses de la pandemia el sector avícola se vio seriamente afectado por la limitación de los canales de venta, lo cual generó que el costo de esta ave en presentación entera disminuyera hasta cuatro soles y por kilo a 2.50.
El Comité Gremial de Avicultura y Ganadería de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (casi la totalidad del pollo que se consume en Lambayeque proviene del vecino departamento) registró una baja en la producción de esta ave de 64 millones a 52 millones, lo cual porcentualmente representa el 20 %.
Además, la pérdida diaria del sector avícola fue de ocho millones de soles; es decir, 240 millones al mes, toda vez que la limitación de los canales de venta y el cierre de las pollerías impidió que las aves fuesen vendidas. En muchos casos, las empresas del sector optaron por donarlas, a fin de evitar su muerte en las granjas por la imposibilidad para mantenerlas.
A nivel nacional, existen un promedio de 164 mil puestos de venta en los mercados de abasto, de los cuales el 10 % se dedica al expendio de pollo. La crisis originó que la proyección del consumo per cápita de pollo por cada peruano caiga a 40 kilos, siendo el promedio nacional el año pasado 51 kilos.
Construcción
Si bien el sector Construcción fue uno de los primeros en reactivarse a nivel nacional, en Lambayeque recién la dinamización de este se dio a partir de junio, pues en la primera fase de la reactivación solo uno de los 31 proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, correspondía al departamento.
Según la Cámara Peruana de Construcción, las pérdidas del sector en Lambayeque alcanzaron aproximadamente los 300 millones de soles, fruto de la paralización total de las obras públicas y privadas que, además, generó en los primeros meses de la emergencia la pérdida del empleo al 90 %. De las mil empresas relacionadas al sector, la mayoría redujo su personal al 50 %.
En tanto, más de mil 500 volquetes y 300 máquinas amarillas estuvieron inmovilizadas, lo cual afectó a los cerca de mil trabajadores que laboran en las canteras transportando material de construcción. Estas pérdidas hacia fines de mayo ascendieron a 120 millones de soles y forman parte de los 300 millones que registra el sector en general.
Esto cambió con la segunda fase de la reactivación, pues gracias al paquete de obras autorizadas por 280 millones de soles se empezaron a recuperar los empleos perdidos. Antes de la emergencia, Construcción generaba 60 mil puestos de trabajo directo en Lambayeque.
El INEI consigna que el sector construcción representa el 7.4 % del PBI regional.
Comercio exterior
Según cifras de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo - GERCETUR, durante el segundo bimestre de este año las exportaciones en Lambayeque alcanzaron los 75 millones de dólares, lo cual significa un decrecimiento del 16.39 %, respecto al mismo período del año pasado.
Ello se explica por la disminución de la oferta exportable, pues se registraron envíos de 54 partidas subnacionales, de las cuales el 98.23 % pertenecen al rubro agroindustrial no tradicional.
Asimismo, la caída también se explica por la disminución de mercados de destino. Durante el 2019 estos fueron 55, mientras que en lo que va del año han sido 51; es decir, 7.27 % menos. Empero, Lambayeque se mantiene en el décimo quinto puesto en cuanto a exportaciones por departamentos con un total de 148 millones 702 mil 577 dólares hasta abril de este año, fecha del último boletín de GERCETUR.
Todos los sectores no tradicionales tuvieron variaciones negativas a comparación del año pasado. De enero a abril, el sector agropecuario descendió en 7.49 %, el químico en 16.13 %, el pesquero en 83.73 %, la minería no metálica en 44.94 % y el metal mecánico en 72.82 %.
En cuanto a los países que son destino de las exportaciones, Estados Unidos encabeza la lista con 47 millones 222 mil 648 dólares, 9 % menos que el año pasado; le sigue Holanda con una variación negativa del 19 %; Reino Unido, 24 %; España, 27 %; Corea del Sur, 1 %; y Ecuador, 48 %. Solo Canadá, Bélgica y México tuvieron un crecimiento de 15 %, 37 % y 55 %, respectivamente.
En el segundo bimestre del año se registraron un total de 79 empresas exportadoras en Lambayeque.
Agroexportaciones
La otra cara de la moneda fueron las agroexportaciones, pues salvo el impacto inicial en cuanto a tiempo y sobrecostos que generó el bloqueo de algunas carreteras y la demora en los puertos, este sector operó durante todo el período de aislamiento social obligatorio.
Así, entre marzo y abril la exportación de mango ‘mangifera’ registró un incremento del 89 % respecto al mismo período del año anterior; las hortalizas, 74 %; el maracuyá, 35 %; y los mangos y mangostanes, 18 %.
Solo la palta tuvo un retroceso del 36 % y, pese a ello, sigue siendo el producto que lidera las exportaciones regionales con el 35 % del total, seguida del mango con 12 % y la conserva de pimientos con 10 %.
Asimismo, las exportaciones de hortalizas, excepto los brotes de bambú, alcachofas y pimiento piquillo, registraron un crecimiento del 5.63 %, en relación al año pasado; los aceites esenciales de limón, 0.72 %; y las bananas frescas tipo ‘Cavendish Valery’, 0.35 %.
En tanto, la exportación de café tuvo un aumento del 64 % en abril, respecto a marzo, y la melaza, un 17 %.
El 22 y el 23 de enero se publicaron los Decretos de Urgencia 014-2020 y 2016-2020, respectivamente. El primero establece condiciones para la negociación colectiva, mientras que el segundo hace lo propio con medidas para el ingreso de recurso humano a entidades del sector público. Al respecto, en diálogo con Expresión, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señaló que un grupo de juristas se reunieron con el congresista por Lambayeque Jorge Pérez Flores para exigir la derogatoria de los mismos.
Palomino Guerra indica que, en el caso del D.U. Nº 014, el Gobierno central lo emitió tomando como referencia a la Municipalidad de Chiclayo, la de Áncash y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, entidades a las que considera como ejemplo de negociaciones colectivas lesivas para el Estado.
“Estos dispositivos afectan a miles de trabajadores del sector público. En el caso del 014, prácticamente limita las negociaciones colectivas a los montos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas. No podemos negar que en la Municipalidad de Chiclayo los trabajadores sí han conseguido beneficios exagerados, pero estas negociaciones fueron hechas en las gestiones de Roberto Torres y David Cornejo Chinguel. No es posible que por culpa de uno todos sean responsables”, manifestó.
En cuanto al D.U. Nº 016, indica que lo perjudicial de este dispositivo es que ningún servidor podría reingresar por juicio al sector público, con lo cual se estaría limitando el derecho al trabajo.
“Estoy de acuerdo con que se emitan normas para regular estas situaciones, pero no se puede hacer de la noche a la mañana, para eso está la academia y el mismo Congreso, para debatir leyes que estén a la altura. Estos dispositivos deben regularse de forma equilibrada, sin afectar los derechos constitucionales”, expuso.
Refirió que ya hay una demanda de inconstitucionalidad en curso contra el D.U. Nº 014 por parte de los gremios sindicales y la semana pasada el 25 % de los parlamentarios plantearon otra. Explica que ya hay pronunciamientos de jueces que consideran inaplicables estas normas, aunque también hay una sala en Lima que ha manifestado una postura contraria.
Por otro lado, destacó que a muchas empresas se les denegó la suspensión perfecta de labores, en virtud de lo cual los trabajadores han empezado a demandarlas por el pago de las remuneraciones, lo cual a su juicio no es equitativo, pues el empleador tendría que pagarles sin que estos hayan trabajado, tal cual ha ocurrido en el sector público.
Anunció que desde febrero los trabajadores bajo el régimen CAS que cuenten con cinco años o más de vínculo laboral ya pueden reclamar un contrato indeterminado, dado que ya hay una jurisprudencia que siéntalas bases. Ello beneficia a los cientos de miles de servidores con esta modalidad en el sector público.
Según SERVIR, en una entrevista brindada en Diciembre del 2019, el número de trabajadores bajo el régimen CAS en el Perú es de aproximadamente 266 mil personas. No se dispone a la fecha de información más actualizada respecto a esta cifra, ni en el Portal de SERVIR ni en otra entidad pública o privada.
Palomino Guerra también señaló que no hay cifras exactas sobre cuántos puestos de trabajo se perdieron o cuántas empresas en Lambayeque se acogieron a la suspensión perfecta de labores, por lo cual demandó a las autoridades a hacer pública la información respecto a lo que el COVID -19 está dejando en materia laboral.
Finalmente, anunció que postulará como candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
EL PROBLEMA DEL RÉGIMEN CAS EN EL PERÚ
Dada su naturaleza, el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) resulta un problema desde el punto de vista de la Carrera Administrativa Estatal y de la Administración Pública en sí. El hecho de que existan múltiples regímenes de contratación personal utilizados en el sector público genera una discriminación y desigualdad entre los trabajadores del sector público, ya que estos regímenes no son homogéneos y generan una diferenciación en cuanto a beneficios laborales se refiere. Además, la mala utilización del régimen CAS, que se ha empleado en demasía, ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, esto, generado por el deficiente control de personal causado por la coexistencia de este régimen con otros regímenes laborales. Desde el punto de vista de la Carrera Administrativa también es un problema, porque este régimen ha generado la pérdida de fuerza e iniciativa en materia de calificación, capacitación y desarrollo de cuadros profesionales; misión que debió ser de carácter centralizado, pero que quedó por este problema, dentro del ámbito de decisión de cada entidad en donde aplica este régimen, en un contexto de panorama presupuestal lamentable.
Uno de los pasivos de los gobiernos locales, particularmente en Lambayeque, es la poca capacidad para la ejecución del presupuesto. A cuatro meses y medio para que culmine el año, todo hace indicar que el 2020 no será la excepción, tal es así que hasta ahora ninguna municipalidad ha ejecutado la mitad de su presupuesto y, de las 38, 26 no llegan ni al 30 %.
No obstante, pese a no llegar aún al 50 %, el Gobierno Regional de Lambayeque es el que más presupuesto ha ejecutado a nivel nacional en comparación con el resto de entidades regionales, alcanzando el 48.8 %, producto de los 689 millones 62 mil 31 soles gastados de un total de mil 437 millones 640 mil 11 de Presupuesto Institucional Modificado – PIM.
Chiclayo
De las 20 municipalidades de Chiclayo, cuatro ejecutaron menos del 20 %, nueve entre el 20 % y 30 %, seis entre el 30 % y 40 % y solo una supera el 40 %: la de Lagunas, con el 45.1 % de avance, fruto de los tres millones 247 mil 818 soles gastados de los siete millones 302 mil 524 de PIM.
Le siguen la municipalidad de Picsi con el 39.8 % de avance de un PIM de tres millones 219 mil 946 soles; Pucalá, con el 35.7 % de tres millones 221 mil 516; La Victoria, con el 34.7 % de 30 millones 153 mil 707; Puerto Eten, con el 34.3 % de cinco millones 396 mil 480; Ciudad Eten, con el 32.4 % de tres millones 511 mil 643; y Monsefú, con el 30.1 % de 15 millones 133 mil 253.
En tanto, la municipalidad de Tumán, de un PIM de 15 millones 585 mil 614 soles, gastó el 29.8 %; Reque, de 10 millones 949 mil 347, el 29.7 %; Zaña, de seis millones 793 mil 812, 29.2 %; Santa Rosa, de 14 millones 221 mil 543, 29 %; José Leonardo Ortiz, de 61 millones 95 mil 179, 28.3 %; Chiclayo, de 185 millones 353 mil 480, 28.2 %; Pimentel, de 24 millones 681 mil 821, 26.9 %; Pomalca, de 19 millones 977 mil 628, 23.8 %; y Oyotún, de 15 millones 376 mil 592, 22.7 %.
Por debajo del 20 % está la comuna de Chongoyape, que ha ejecutado dos millones 797 mil 990 soles, lo cual representa el 18.2 % del total; Nueva Arica, que ha gastado un millón 629 mil 579, lo que representa el 17.4 %; y Pátapo, con tres millones 125 mil 35, que constituye el 15.1 %.
A la cola está a municipalidad de Cayaltí, que de 18 millones 235 mil 161 soles, solo ha girado hasta la fecha un millón 662 mil 968, es decir, el 9.4 %.
Lambayeque
Respecto a los ayuntamientos de Lambayeque, la municipalidad de San José es la que registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 37.8 %, virtud de los tres millones 195 mil 742 soles gastados de un PIM de ocho millones 552 mil 205. Le siguen: Salas con el 36.3 %, producto de los cuatro millones 452 mil 831 girados hasta la fecha y Jayanca con 31.2 %, fruto del gasto de siete millones 842 mil 794.
Por debajo del 30 % están las municipalidades de Mochumí, con el 25.8 %, producto de cuatro millones 482 mil 611 soles gastados; la de Chóchope, con 24.6 %, virtud de 473 mil 294; Mórrope, con 23.9 %, debido al gasto de 10 millones 990 mil 797; Pacora, con 23 %, por el girado de un millón 801 mil 748; Íllimo, con 21.4 %, debido a los dos millones 498 mil 114 ejecutados; Túcume, con 20.6 %, que equivale a seis millones 373 mil 551; y Olmos, con 20.1 %, lo que es igual a seis millones 672 mil 406.
En tanto, no superan el 20 % la de Lambayeque, con 19.5 % de un total de 109 millones 176 mil 67 soles; y Motupe, con 15.5 % de 47 millones 294 mil 686.
Ferreñafe
En el caso de las municipalidades de Ferreñafe, Pítipo ha gastado 12 millones 762 mil 905 soles de un PIM de 35 millones 722 mil 814, lo cual equivale al 37.4 %. Le sigue Pueblo Nuevo con un gasto de tres millones 347 mil 733, que representa el 28.9 % de 12 millones 185 mil 422, y Manuel Mesones Muro, con 26.1 %, que equivale a un millón 659 mil 504 de seis millones 785 mil 472.
Por debajo está la Municipalidad de Ferreñafe, con solo el 16.3 % de gasto, es decir, nueve millones 435 mil 522 soles de 60 millones 577 mil 159; Cañaris, con el 11.4 %, equivalente a un millón 977 mil 152 de 18 millones 566 mil 225; e Incahuasi, que es la comuna que menos presupuesto ejecutó de las 38 en todo el departamento: 5.8 %, es decir, apenas dos millones 117 mil 531 de 37 millones 262 mil 695.
Covid-19
Por otra parte, a través del Decreto de Urgencia Nº 047-2020, el Gobierno central transfirió recursos a los gobiernos locales para que continúen la lucha contra el Covid-19, debido a la menor recaudación de ingresos que tuvieron (y aún tienen) durante la emergencia sanitaria. Así, al Gobierno Regional de Lambayeque se le destinaron 51 millones 19 mil 475 soles, de los cuales ha ejecutado el 43.8 %, es decir 13 millones 776 mil 718. De los 25 gobiernos, incluido el Callao, Lambayeque ocupa la casilla nueve de los que más gasto ejecutó.
En cuanto a las municipalidades provinciales, Chiclayo recibió siete millones 527 mil 110 soles. De ese monto avanzó con la ejecución de 77 %, lo que equivale a cinco millones 535 mil 333. A Ferreñafe se le destinaron dos millones 251 mil 492, monto del cual gastó el 88.3 %, es decir, un millón 825 mil 164. En tanto, Lambayeque registra el menor avance (65.1 %), con un girado de tres millones 74 mil 880 de un total de cuatro millones 916 mil 318.
Por su parte, de los ayuntamientos que pertenecen a Chiclayo, cuatro ya han ejecutado el total de su presupuesto Covid. Estos son: Chongoyape, que recibió 200 mil soles; Cayaltí, 101 mil 761; Pucalá, 50 mil; y Tumán, 200 mil.
En tanto, las municipalidades que menos gastaron fueron la de La Victoria, con el 79.4 % de 417 mil 109 soles; Nueva Arica, con el 77.3 % de 65 mil 750; Pátapo, con el 75.4 % de 373 mil 63; José Leonardo Ortiz, con el 70.3 % de 978 mil 412; y Chiclayo, con el 65.4 % de dos millones 417 mil 929.
Respecto a las municipalidades de Lambayeque, dos ya ejecutaron la totalidad del presupuesto: Chóchope, que recibió 50 mil soles, y Mórrope, 200 mil soles. Muy cerca se encuentra también Motupe, que a la fecha ejecutó el 99.6 % de los recursos transferidos, faltándole solo gastar 778 de un total de 205 mil.
En tanto, las que menos gasto registran son la Municipalidad de Túcume, con el 44.3 % de 993 mil 305 soles, es decir, 438 mil 326; y la de Lambayeque, con el 37.8 %, que equivale a 548 mil 614 de un millón 546 mil 876.
En cuanto a las municipalidades de Ferreñafe, la que más presupuesto ejecutó es la de Pueblo Nuevo, con el 99.8 %, faltándole solo dos mil 685 soles para llegar a los 235 mil 335 de PIM. Le sigue la comuna de Cañaris, con el 95.6 % de un total de 308 mil 558 soles.
En tanto, la municipalidad de Incahuasi es la que menos presupuesto ejecutó en Ferreñafe, con el 66.1 %, producto de los 273 mil 350 soles girados de un total de 308 mil 558.
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La emergencia sanitaria es el marco para que desde el Estado se implementen una serie de medidas que permitan atender lo más urgente en cuanto a compras y contrataciones en los diversos sectores a nivel nacional. El Ejecutivo aprobó la entrega de presupuestos extraordinarios, lo que representó para las entidades de control el reto de garantizar que el gasto sea eficiente y, sobre todo, transparente.
Sin embargo, aunque cueste creer, la emergencia no ha estado libre del mal proceder de varios cientos de funcionarios y autoridades, cuyas acciones constituyen en indicios de irregularidades que pueden desencadenar justificados procesos, incluso, con carga penal.
En Lambayeque, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control, realizó entre el 16 de marzo, día en que se inició el período de emergencia, y julio, 283 servicios de control, de los cuales 232 se ejecutaron en las unidades orgánicas (dependencias y unidades ejecutoras) del Gobierno Regional de Lambayeque y municipios provinciales y distritales, y 51 en unidades orgánicas adscritas a ministerios y entidades cuya sede central se encuentra en Lima.
Esto permitió que se elaboren 267 informes, conteniendo entre ellos 16 informes de control simultáneo.
Canastas de alimentos
El gobierno nacional emitió el Decreto de Urgencia N° 033-2020, que dispuso la transferencia de 213 millones 650 mil soles a los municipalidades del país (mil 874 en total), para que adquieran alimentos de primera necesidad a fin de ser distribuidos en canastas a las familias más vulnerables durante la emergencia, autorizando, además, que las comunas dispongan de sus recursos propios, por lo que el monto total para las compras ascendió a 233 millones de soles a nivel nacional.
Frente a ello, la Contraloría General de la República, a través de los Órganos de Control Institucional – OCI, y las Gerencias Regionales de Control, desplegó a su personal con el objetivo de fiscalizar el correcto desempeño de los municipios en la ejecución de los recursos.
José Leonardo Ortiz
Así, se realizó el control concurrente a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (Informe 001-2020-OCI/2129-SCC), en el que se concluye que la entidad no sinceró el padrón de hogares vulnerables a ser beneficiados con las canastas y tampoco cumplió con registrar a las familias que habían recibido los alimentos.
En un segundo informe, el N° 002-2020, OCI de la municipalidad leonardina estableció que el informe legal que sustentó el acuerdo de concejo para la composición y compra directa de las canastas, incluía un informe del órgano encargado de las contrataciones con fecha posterior a la del documento, poniendo en duda la transparencia y legalidad de los procedimientos realizados. Asimismo, no se había cumplido con la publicación del informe legal en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
Motupe
En el municipio de Motupe, con el Informe de Control Concurrente N° 001-2020-OCI/2136-SCC, el OCI detectó que se había adquirido productos de primera necesidad a precios superiores al monto de la oferta más baja según las cotizaciones, generando un pago en exceso de más de ocho mil soles; no se realizó un correcto control de la salida de las canastas de los almacenes y tampoco se tenía actualizado el padrón de beneficiarios.
Con el Informe de Control Concurrente N° 004-2020-OCI/2136-SCC, OCI indicó que el municipio no publicó en el SEACE las órdenes de compra vinculadas con la adquisición de productos para las canastas, inobservando las disposiciones emitidas por el OSCE y limitando el ejercicio de supervisión y control por los entes fiscalizadores.
Pítipo
En Pítipo, el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, con jurisdicción sobre el municipio de dicha localidad, concluyó en el Informe N° 003-2020-OCI/0426-SCC que no se registraba información completa en la Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria Covid-19; la comuna no había consignado la composición y precios referenciales de los productos de las canastas a entregar; no se tuvo un control del ingreso de los alimentos a los almacenes y tampoco de la salida para su distribución, y, como cereza del pastel, el jefe de la Unidad de Abastecimiento no estaba certificado para el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
Ferreñafe
Respecto a la municipalidad de Ferreñafe, OCI emitió el Informe N° 004-2020-OCI/0426-SCC, en el que señala que esta había adquirido alimentos no aptos para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las familias que recibían las canastas; que el almacenamiento de los productos no se realizó en condiciones de higiene y que el vehículo utilizado para transportarlo no cumplía las condiciones de limpieza y desinfección.
Otro informe, el 011-2020-OCI/0426-SCC, señala que la municipalidad seleccionó una oferta que no precisaba los precios unitarios, permitiendo que el proveedor solicite el incremento en el costo del arroz, lo cual fue aceptado por la entidad sin que exista registro de la documentación que avale dicho procedimiento. Asimismo, se indica que no se realizó la retención de la garantía conforme a lo establecido en el procedimiento de contratación y que se le pagó al proveedor sin que este haya entregado los productos.
Cañaris
OCI del municipio de Ferreñafe, también con jurisdicción de control sobre la comuna distrital de Cañaris, emitió el Informe de Control Concurrente N° 005-2020-OCI/0426-SCC, observando la falta de transparencia expuesta por la no publicación de información en la plataforma de gestión sobre la emergencia; el inadecuado almacenamiento de los productos adquiridos y – al igual que en la provincia – el uso de un vehículo que no garantizaba las medidas de seguridad y salubridad para el traslado de las canastas.
El Informe N° 012-2020-OCI/0426-SCC señala que el municipio de Cañaris no había cumplido con los procedimientos establecidos en el marco de contrataciones del Estado para realizar la compra de alimentos.
Incahuasi
En Incahuasi, con el Informe de Orientación de Oficio N° 007-2020-OCI/0426-SOO, OCI Ferreñafe, observó que el municipio no hizo pública la composición de las canastas y que se publicó en el portal del SEACE documentos relacionados al proceso de compra cuyas fechas no estaban acorde a los procedimientos seguidos.
El Informe N° 008-2020-OCI/0426-SOO concluye que la municipalidad adquirió arroz a un precio superior al de la oferta más baja, lo cual generaría un pago en exceso de 14 mil 400, cuyo empaque no evidencia registro sanitario. Asimismo, se recibió y distribuyó aceite vegetal sin advertir que la marca difería de lo ofertado y contratado.
Manuel Mesones Muro
En el ayuntamiento de Manuel Mesones Muro, OCI Ferreñafe detectó, durante la una visita de control, que se había aprobado la contratación directa sin contar con informe técnico ni la totalidad de los documentos para la regularización de la adquisición de productos de primera necesidad.
Asimismo, que se permitió el ingreso de alimentos a los almacenes sin el debido registro documental.
Olmos
OCI de la comuna de Olmos emitió el Informe de Control Concurrente N° 005-2020-OCI/2137-SCC, advirtiendo que no se tenía un padrón de beneficiarios de las canastas y que existía un lote de siete mil 820 latas de grated de jurel almacenado, el mismo que no era apto para el consumo humano.
En otro informe, el 009-2020-OCI/2137-SCC, se observó que el padrón de beneficiarios elaborado por la municipalidad era mayor al número de canastas solicitadas, las fichas de entrega carecían firmas y que se había beneficiado a familias que recibieron los bonos económicos del Estado en el marco de la emergencia.
En el Informe N° 010-2020-OCI/2137-SCC, OCI da cuenta que la comuna olmana no había publicado en el SEACE la documentación relacionada al proceso de compra directa de los alimentos, formalizó y registró un devengado de 199 mil 891 soles sin seguir el procedimiento correcto, pagó por un producto que no cumplía con las especificaciones técnicas y el acuerdo del concejo que aprobó la compra directa presenta vicios. Del mismo modo, con el Informe N° 011-2020-OCI/2137-SVC se cuestionó las acciones de la municipalidad respecto al funcionamiento del mercado distrital.
Mórrope
El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con jurisdicción sobre el municipio de Mórrope, entregó el Informe de Control Concurrente N° 008-2020-OCI/0427-SCC, en el que señala que la entidad había aceptado productos con Registro Sanitario vencido; entregó canastas a familias que no se encontraban en el padrón de beneficiarios identificados en situación de pobreza y pobreza extrema, y, finalmente, no se cumplió con la actualización del registro de hogares que recibieron los alimentos.
Lambayeque
En la comuna de Lambayeque, con el Informe de Control Concurrente N° 009-2020-OCI/0427-SCC, se estableció que se había recibido y dado conformidad a un producto que no correspondía a la compra realizada, no se cumplió con el registro de los beneficiarios de la canastas en la plataforma digital y que la entrega de las mismas se hizo sin seguir los criterios establecidos.
En el Informe N° 011-2020-OCI/0427-SCC se precisa que la municipalidad de Lambayeque no registró en el SEACE el proceso de adquisición de los productos para las canastas.
Chóchope
Respecto a la Municipalidad Distrital de Chóchope, OCI Lambayeque informó que la entidad no determinó procedimientos para la identificación de las 271 familias beneficiadas con las canastas básicas y que se había registrado a personas cuyos datos no coincidían con los existentes en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – RENIEC.
La Victoria
En el distrito de La Victoria, el OCI, con el Informe N° 010-2020-OCI/2738-SCC, precisa que la municipalidad no cumplió con la regularización de la documentación de la contratación directa en el SEACE, pagó por adelantado al proveedor de los productos antes de haber establecido en la orden de compra y las bases las garantías que este debía otorgar. Es más, se dio conformidad de recepción de los productos antes que fueran recibidos.
Chiclayo
OCI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió el Informe de Control Concurrente N° 010-2020-OCI/0425-SCC, señalando que pese a que había recibido medio millón de soles para la compra de alimentos, al 15 de abril solo tenía invertido el 15.7 % de los recursos y había admitido la recepción incompleta de los productos a distribuir a las familias beneficiarias, ello con la anuencia expresa de la administración que emitió órdenes de compra sin establecer penalidades por los retrasos de parte de los proveedores.
Con el Informe N° 011-2020-OCI/0425-SCC, OCI detectó inconsistencias en el padrón de beneficiarios, pues este incluía como responsables de hogar a menores de edad y receptores de los bonos otorgados por el Estado; no existía la totalidad de las declaraciones juradas que sustentasen la entrega de más de seis mil canastas y otras deficiencias que afectaban la transparencia del proceso de distribución.
En el Informe N° 012-2020-OCI/0425-SCC se advierte que el municipio de Chiclayo había incurrido en omisiones documentarias de obligatorio cumplimiento ante el SEACE, en el proceso realizado para la compra de alimentos.
Pueblo Nuevo
En la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, OCI Ferreñafe encontró (Informe N° 014-2020-OCI/0426-SOO), que la administración no aplicó las penalidades al proveedor de los alimentos para las canastas básicas por el retraso en la entrega, y que tampoco se estableció en las bases del proceso de contratación la obligatoriedad de la garantía para salvaguardar los intereses de la comuna.
Pomalca
El Informe de Control Concurrente N° 3140-2020-CG/GRLA-SCC, elaborado por la Gerencia Regional de Control, señala que la municipalidad de Pomalca compró conservas de pescado sin registro sanitario.
Hubo también deficiencias en la publicación de los documentos relacionados a las contrataciones.
Tumán
En Tumán, la GRC Lambayeque elaboró el Informe N° 3143-2020-CG/GRLA-SCC con el que se establece que el municipio distrital almacenaba las canastas en condiciones insalubres y no respetó el cronograma para su distribución.
Se detectó también problemas en el almacenamiento y en el cumplimiento del cronograma de entrega de canastas.
Pimentel
Se detectó (Informe N° 3097-2020-CG/GRLA-SCC) que el proveedor de uno de los productos adquiridos no cumplió con la entrega en los plazos establecidos, que el responsable de las adquisiciones no contaba con certificación del OSCE y que la municipalidad no cumplía con la publicación de la información relacionada a la entrega de las canastas.
En el Informe N° 4310-2020-CG/GRLA-SCC se detectó que la municipalidad distrital había pagado por adelantado a proveedores sin que tal condición haya estado establecida en los documentos de la compra y sin que estos ofrezcan garantía de cumplimiento. Tampoco se publicó en el SEACE el contrato y las órdenes de compra.
San José
La Gerencia Regional de Control detectó hasta siete situaciones adversas en la municipalidad de San José, donde las canastas tenían menos productos a los indicados en la lista de conformación que se aprobó, el padrón de beneficiarios no estaba actualizado, no existía control en la distribución y recepción de las canastas, el almacenamiento era inadecuado y varios de los productos adquiridos no tenían registro sanitario.
En el Informe N° 4329-2020-CG/GRLA-SCC se concluye que la municipalidad realizó pagos por adelanto a un proveedor sin contar con la garantía respectiva y tampoco publicó la documentación de la compra en el SEACE.
Cayaltí
En Cayaltí (Informe N° 2889-2020-CG/GRLA-SCC), hubo retrasos en las compras y se adquirió productos que no cumplían con las condiciones de inocuidad, calidad y no eran aptos para el consumo humano. Asimismo, el municipio recibió leche evaporada que no alcanzaba las especificaciones técnicas y tampoco se publicaba en la plataforma virtual la información sobre el proceso de adquisición.
Además, hubo deficiencias en la entrega al no suscribirse actas con los beneficiarios, así como faltas de información en la plataforma virtual. (Informe N° 3871-2020-CG/GRLA-SCC).
Zaña
El Control Concurrente en la comuna de Zaña dio como resultado el Informe N° 2925-2020-CG/GRLA-SCC, en el que concluye que hubo irregularidades en la formulación del padrón de beneficiarios de las canastas, se contrató con un proveedor cuya actividad empresarial no está relacionada a la comercialización de alimentos, se aceptó productos no aptos para el consumo humano o que no cumplían con los requerimientos de la compra y el almacenamiento de los insumos fue deficiente.
Se identificó también falta de información sobre los procesos de compra y entrega de las canastas, (Informe N° 3908-2020-CG/GRLA-SCC).
El municipio compró productos alimenticios a un proveedor cuya actividad económica es otra, varios de los insumos no cumplían las condiciones de inocuidad, otros que no cumplían con las especificaciones técnicas y la documentación del proceso no fue publicada de manera completa en el SEACE.
Jayanca
En Jayanca, la Gerencia Regional de Control detectó que el municipio adquirió productos para las canastas básicas con precios superiores en relación a las cotizaciones más bajas, (Informe N° 3098-2020-CG/GRLA-SCC).
Otro informe, el N° 4475-2020-CG/GRLA-SCC, precisa que el municipio recibió y dio conformidad a un producto que no era el que se había requerido, cotizado, contratado y pagado; la contratación directa se realizó sin resolución de alcaldía o acuerdo municipal y no se registró la documentación en el SEACE.
Ciudad Eten
Asimismo, en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, Contraloría señala que no se tenía un adecuado control de la entrega de canastas, toda vez que no se tenía actas con los beneficiarios en las que se detallen los productos recibidos, (Informe N° 3966-2020-CG/GRLA-SCC).
Se advierte también que la municipalidad no publicó el informe legal de la contratación directa y no efectuó la formalización del contrato con la empresa proveedora, contraviniendo las bases del proceso. Otra situación encontrada fue que en el padrón de beneficiarios había duplicidad de identidades.
Íllimo
En el municipio de Íllimo, el control concurrente realizado corroboró que los productos adquiridos para las canastas no garantizaban la inocuidad necesaria, poniendo en riesgo la salud de las familias beneficiarias. También se identificó deficiencias en el control del almacenaje, esto según el Informe N° 3114-2020-CG/GRLA-SCC.
En la entrega de las canastas, se encontró actas sin las firmas de los beneficiarios, no se publicó la información completa respecto al proceso de compra y la contratación se hizo con un proveedor dedicado a otro rubro que no era el de la venta de alimentos, (Informe N° 4335-2020-CG/GRLA-SCC).
Mochumí
Contraloría identificó que en la comuna de Mochumí no se contaba con padrón actualizado de beneficiarios de las canastas. En el Informe N° 4340-2020-CG/GRLA-SCC se indica que la municipalidad otorgó conformidad y pagó a los proveedores sin tener en cuenta que estos incumplieron los plazos de entrega, calidad y características técnicas de algunos productos.
Además, se encontró actas de recepción de canastas cuyas firmas de los supuestos beneficiarios no coinciden con las existentes en el RENIEC.
Monsefú
En la municipalidad de Monsefú, de acuerdo al Informe de Control Concurrente N° 4079-2020-CG/GRLA-SCC, la administración recibió y aceptó productos que diferían a los indicados en las especificaciones técnicas del requerimiento de compra.
Contraloría señala que la comuna también otorgó una ampliación de plazo al contratista de manera automática, generando que dicho plazo impida la entrega oportuna de las canastas básicas, y suscribió un contrato sin establecer garantías.
Pátapo
El Informe N° 3816-2020-CG/GRLA-SCC refiere que el municipio de Pátapo permitió que el proveedor de los productos realice las entregas fuera del plazo establecido en el proceso y no contó con un padrón actualizado de beneficiarios de las canastas.
Asimismo, la municipalidad consignó información documentaria en el SEACE que difiere del expediente de contratación físico.
Reque
En Reque, la comuna distrital hizo pública la documentación de la contratación directa para la compra de alimentos fuera del plazo establecido para su regularización en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, (Informe N° 4199-2020-CG/GRLA-SCC).
Túcume
Sobre la Municipalidad Distrital de Túcume, Contraloría elaboró el Informe de Control Concurrente N° 3123-2020-CG/GRLA-SCC, en el que se señala que no hubo control en el ingreso y salida de los productos almacenados, los mismos que no daban seguridad de inocuidad establecidos por la autoridad sanitaria y hubo deficiencias en el registro de información en la plataforma virtual de acciones por la emergencia.
Del mismo modo se corroboró que la comuna no cumplió con la publicación de la documentación relacionada al proceso de compra en el SEACE.
Lagunas
En la Municipalidad Distrital de Lagunas, con el Informe 3014-2020-CG/GRLA-SCC, se arribó a la conclusión que se había contratado con un proveedor que no estaba inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y su giro comercial era distinto al de venta de alimentos. Asimismo, se pagó precios diferenciados por un mismo producto, el almacenamiento fue inadecuado y no se realizó el registro oportuno de la información en la plataforma virtual.
El municipio, según el Informe N° 4587-2020-CG/GRLA-SCC, evadió la contratación directa emitiendo dos órdenes de compra a un mismo proveedor.
Oyotún
Con el Informe de Control Concurrente N° 2890-2020-CG/GRLA-SCC se concluye que en la Municipalidad Distrital de Oyotún se había adquirido productos que no cumplían con las condiciones de inocuidad establecidas por la autoridad sanitaria, que la leche comprada no cumplía con las especificaciones técnicas de la compra, el almacenamiento era deficiente y la información consignada en la plataforma virtual incompleta.
Asimismo, la comuna tuvo omisiones en la publicación de la documentación referida a las compras en el SEACE.
Picsi
Las órdenes de compra emitidas por la comuna de Picsi, según se desprende del Informe N° 3809-2020-CG/GRLA-SCC, carecían de información relevante como plazos de entrega, penalidades y demás procedimientos que el proveedor de alimentos debía seguir. Además, se detectó que no había control sobre la entrega de canastas y que se afectaba a la transparencia con la falta de información publicada en la plataforma virtual de la emergencia.
El municipio no registró la documentación del proceso en el portal del SEACE y pagó la totalidad de los productos antes de recibirlos de parte de los proveedores.
Pacora
En Pacora, la Gerencia Regional de Control identificó la falta de información sobre el proceso de adquisición de insumos para las canastas básicas.
Chongoyape
La comuna de Chongoyape distribuyó la dotación de arroz a las familias beneficiarias en condiciones inadecuadas, en tanto el padrón de beneficiarios no estaba actualizado, lo cual ponía en riesgo el fin de la distribución, (Informe N° 3865-2020-CG/GRLA-SCC).
Del mismo modo, la municipalidad le compró a un mismo proveedor insumos por encima de las ocho UIT, omitiendo la realización de un proceso de contratación directa. También registró como beneficiarios de las canastas a menores de edad.
Salas
Tras la realización del control concurrente en la comuna distrital de Salas, Contraloría, con el Informe N° 3804-2020-CG/GRLA-SCC detectó que se había utilizado cotizaciones para establecer el precio base de la compra correspondía a un proveedor que no vendía alimentos, se distribuyó a las familias latas de grated de jurel con observaciones en el registro sanitario, la entrega de canastas se realizó sin el debido control, se benefició a hogares que no requerían de la ayuda humanitaria y hubo deficiencias en la publicación de información relacionada al proceso de compra y entrega.
Además, no se registró los contratos ni órdenes de servicio en el SEACE.
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Hasta el cierre de esta nota, las cifras oficiales del Comando Covid Regional dan cuenta de mil 487 personas fallecidas en Lambayeque a causa del Covid-19. Entre ellas se encuentran personajes notables que desde su sector ofrendaron su vida por el desarrollo del departamento. Expresión elabora este homenaje a los caídos, a los que suma también a quienes fallecieron durante este período por otras causas ajenas al virus.
Beatriz Solís Rosas de Aita
Médico pediatra de profesión, Beatriz Solís Rosas de Aita se distinguió a lo largo de su vida por su dedicación a los más necesitados. De ella se recuerda que incluso muchas veces atendía gratis a los que requerían de su servicio y no tenían cómo pagar. Fue muy querida por sus compañeros de promoción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes en sus últimos días hicieron las gestiones para llevarla a Lima y asegurar que sea debidamente atendida.
Contrajo matrimonio con Tomás Aita Arroyo, fruto del cual tuvo cuatro hijos. A nivel político fue una destacada militante del Partido Aprista Peruano, llegando a ser secretaria departamental de dicha organización. Se desempeñó como regidora provincial de Chiclayo en 1993, consejera regional del 2003 al 2006 y presidente de la Red Regional de Mujeres Autoridades de Lambayeque. Falleció el 24 de mayo a la edad de 72 años.
Carlo Frank Díaz Urbina
Carlo Frank Díaz Urbina dedicó los últimos seis años de su vida a mejorar las condiciones de vida de los niños con leucemia, cuyas vivencias conoció de cerca por su condición de paciente nefrológico. Así, fundó, junto a un grupo de amigos, ‘Somos un solo corazón’, asociación que en sus inicios se dedicó a llevarle un poco de alegría a los menores y hoy cuenta con una casa hogar para estos y sus madres que llegan desde otros departamentos.
Su hija Karla Díaz Chira cuenta que la mayor enseñanza que le dejó su padre fue el tener paciencia con el prójimo, pues cada quien enfrenta sus propios problemas. Lo recuerda como un hombre alegre y apasionado por la música. Sus amigos lo conocían como ‘Lennon’, por su afición al artista de Los Beatles en cuyo honor le puso ese nombre a un equipo de música que tenía y alquilaba para las fiestas en Lambayeque. Falleció el 20 de junio a los 48 años, dejando una familia conformada por cuatro hijos.
Elmer Baca Clavo
Conocido como ‘El viejo’, su apodo le hacía justicia a sus más de 30 años de servicio en el Instituto Nacional Penitenciario - INPE. Elmer Baca Clavo trabajaba en el sector privado, pero postuló a esta institución por su afán de lograr la resocialización de los presos. Su hijo Juan Piere Baca Balarezo cuenta que allí donde la gente veía miseria y delincuencia, él veía seres humanos.
Sus hijos lo recuerdan como un padre sumamente cariñoso y preocupado por la realidad del país. Las conversaciones con él giraban en torno a la coyuntura nacional, pues era un hombre muy enterado. Llegó a ser jefe del INPE en Lambayeque, aunque su gran anhelo fue ser convocado para dirigir las riendas de la institución a nivel nacional, hecho que no se concretó, pese a haber liderado penales sobrepoblados en cinco regiones del norte. Falleció el 24 de abril a la edad de 65 años.
Eber Espinoza Mestanza
El teniente brigadier Eber Espinoza Mestanza es uno de los tantos bomberos que se contagió del Covid-19 en el ejercicio de su servicio. Proveniente de la Compañía Salvadora Chiclayo N° 27, el también contador llegó a ser comandante departamental, cargo que ocupaba hasta el momento de su defunción. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre que le gustaba la adrenalina, quien a lo largo de sus 30 años de servicio demostró mucha valentía en las diversas emergencias a las que acudía.
El jefe de la Compañía de Bomberos de Chiclayo, Giovani Custodio Muñoz, rememora que en 1995 acudieron a un incendio en el cual Eber Espinoza, pese a contar solo con un capotín y unas botas de jardinero, subió por la escalera del segundo piso con los pantalones rotos para rescatar a la gente que se encontraba atrapada en el siniestro. Falleció el 27 de abril a los 54 años, dejando a tres hijos menores de edad.
Manuel Ayasta Agapito
El teniente brigadier Manuel Ayasta Agapito, quien llegó a ser jefe de la Compañía Salvadora Chiclayo N° 27 y comandante departamental de los bomberos, es recordado por sus compañeros como el hombre encargado de dar el mantenimiento a todos los vehículos de la II Comandancia Lambayeque a lo largo de sus 38 años de servicio, pues era mecánico de profesión.
Tenía un característico sentido del humor. En una oportunidad llegó vestido de forma elegante a la compañía y olvidó traer su polo de trabajo. Pese a ello, se metió debajo de una de las unidades con más de 30 años de antigüedad que iba a reparar y el aceite terminó cayéndole encima. Lejos de enojarse, Manuel Ayasta sonrió y dijo que con o sin el líquido su rostro se veía igual, en alusión a su tez morena. Falleció el 11 de junio a los 63 años, dejando cuatro hijos.
José Fernando Inga de la Cruz
José Fernando Inga de la Cruz no fue el típico profesor que mantenía una relación vertical con sus estudiantes. Al contrario, se dirigía a ellos con un ameno: “Oiga, caballero”. Eran sus amigos en proceso de formación. Ejerció la docencia por 20 años, tiempo durante el cual forjó incontables profesionales, hizo las veces de padre para ellos en muchas ocasiones y ganó múltiples medallas en concursos al interior del país. Con él las matemáticas eran fáciles.
Leslie Inga Cieza, hija del docente, cuenta que su padre era un hombre juguetón que les inculcaba a ver la vida de forma positiva y a ser fuertes para levantarse de las caídas. Fue también su profesor y la preparó para ingresar a la universidad. Cuenta que en las clases del recuerdo sus alumnos lo esperaban con la canción ‘We will rock you’, de la banda Queen, de cuyo vocalista Freddie Mercury era fanático. Falleció el 7 de mayo a los 55 años y deja como legado el PRONOEI Sonrisas, que ayuda a la población de escasos recursos.
Jesús Yampufé Espinoza
Jesús Yampufé Espinoza fue la primera raqueta nacional en el paratenis de mesa. Tras el accidente automovilístico que originó su discapacidad física, tuvo su primer acercamiento al paradeporte en una competencia organizada por la seguridad social. Luego, en el 2016, participó de los Juegos organizados por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, en los que obtuvo dos medallas de oro y una de plata.
La consagración de Yampufé Espinoza como paradeportista llegó el año pasado cuando fue convocado para formar parte de la selección peruana de paratenis de mesa que competiría en los Juegos Parapanamericanos. Desde entonces, el ferreñafano entrenó arduamente para estar a la altura de la competencia, en la que se distinguió por su potente saque. Falleció a los 52 años de un paro cardiaco mientras entrenaba en su vivienda. Deja dos hijas.
Juan Tello Torres
Con apenas 35 años, el Covid-19 se llevó la vida del enfermero Juan Tello Torres, quien laboraba en el Hospital Docente Las Mercedes desde el 2015. Fue un profesional de altas cualidades técnicas. Contaba con una segunda especialidad en Emergencias y Desastres, y contaba con experiencia en Salud Ocupacional.
Sus colegas lo recuerdan como alguien de cálida sonrisa, proactivo, que nunca rehuía a los retos, atento a brindar soluciones, y siempre dispuesto a darles una palabra de aliento a los pacientes que asistía durante sus turnos. Pese a la tensión que se vivía en el área de Emergencia, Juan Tello se las ingeniaba para aligerar el estrés de sus compañeros. Uno de sus anhelos era que él y sus colegas que laboraban por Servicios No Personales alcancen un contrato digno. Falleció el 20 de junio. Deja un hijo de un año.
Luis Gonzales Llontop
Periodista, relacionista pública y abogado, Luis Gonzales Llontop fue uno de los hombres de la radio más escuchados del Circuito Mochica. Pese a quedar huérfano a los siete años, supo sortear las carencias económicas y destacar en el colegio de su natal Monsefú, donde se hizo conocido por declamar poesía. Estudió primero una carrera técnica en el ex Instituto de Relaciones Públicas y luego en tres universidades distintas de donde obtuvo sus tres títulos.
Su hijo Luis Gonzales Quesquén rescata de él lo respetuoso que era de los valores y la máxima de vida que tenía: “Con el estudio viene la superación”. Durante más de tres décadas mantuvo su programa de radio en Monsefú y se desempeñó a la par como jefe de la Oficina de Imagen Institucional de EPSEL. Hace cuatro años recibió el Premio FEXTICUM, reconocimiento otorgado a solo 15 monsefuanos en sus 48 ediciones. Falleció el 14 de mayo a los 67 años. Deja tres hijos profesionales y dos nietos.
Marino Alarcón Solano
Marino Alarcón Solano es recordado por sus colegas como el médico de la sonrisa. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y obtuvo la especialidad de cardiología. Aunque ya se había jubilado, continuaba yendo a su consultorio del Hospital Belén, pues su vocación era más fuerte. Para quienes laboraban allí era una garantía contar con él para determinar el riesgo quirúrgico antes de una cirugía.
A sus 70 años seguía yendo a la casa de aquellos pacientes en condición de pobreza que requerían de sus servicios y a sus alumnos les exhortaba a hacer lo mismo para tener siempre presente el carácter humano de su profesión. Era difícil verlo por los pasillos del hospital, pues siempre llevaba un buen semblante y saludaba con afecto a todo aquel con quien se cruzase. Sus tres hijos lo recuerdan como un abuelo juguetón con sus nietos. Falleció el 13 de mayo.
Teodoro Custodio Cachay
Monsefuano de nacimiento, Teodoro Custodio Cachay fue el segundo de diez hermanos. Empezó a trabajar en la antigua Parada en la década del 70. Tras su desaparición, se trasladó hacia el Mercado Modelo, donde gracias a su capacidad de liderazgo gestionó los puestos de las plataformas Balta, Arica, Cuglievan y Pardo. Posteriormente, fue dirigente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y hace 23 años fundó las rondas urbanas del citado centro de abastos, con las cuales impuso orden ante los asaltos. Su gran anhelo fue la modernización del Mercado Modelo, en virtud de lo cual fue uno de los gestores de la Ley N° 30760, mediante la cual se declaró de necesidad pública la construcción de un nuevo centro de acopio.
Sus ideales de izquierda lo llevaron a ser apresado durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue candidato a la presidencia regional de la Región Nororiental del Marañón. Falleció el 12 de abril a los 69 años, víctima de un infarto. Deja dos hijos profesionales.
Ricardo Cervera Niño
Ricardo Cervera fue un visionario de las comunicaciones. Desde muy joven fue dirigente de los periodistas escolares en el Colegio San José. Enrumbó a Lima para estudiar periodismo en la Pontifica Universidad Católica y estando allí, a los 18 años, fue convocado para ser editor del Diario Ojo. Tras culminar sus estudios vino a Chiclayo para fundar ‘El Ciclón’. Posteriormente, viajaría a Estados Unidos, donde fundó el diario ‘Yes’. Viajaba constantemente a Europa de donde traía las últimas novedades. Precisamente, sería el primero en editar un diario por Internet. Fue, además, presidente del directorio de Editora Perú.
A la par de su quehacer periodístico, también tuvo una activa vida política. Fue secretario de juventudes del Partido Comunista y encabezó la disidencia de Patria Roja. Fue asesor de los dos gobiernos de Alan García, de la campaña de presidencial de Alfonso Barrantes Lingán y dirigente de la Central de Trabajadores de la Revolución. Falleció el 5 de agosto a los 74 años.
Pedro Pinto Díaz
Aunque nació en Arequipa, el coronel PNP Pedro Pinto Díaz estuvo plenamente identificado con Lambayeque. Fue director de la Escuela Superior Técnica de la Policía de Chiclayo, institución por la cual pasaron seis promociones de suboficiales durante el tiempo que la lideró. Un promedio de mil 200 alumnos lo tuvieron como instructor y docente, quienes lo recuerdan por su vocación social.
Pinto Díaz fue licenciado en Administración y Ciencias Policiales y bachiller en Educación. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos, entre los que destacan el ser secretario de la Comandancia General de la PNP, edecán del Viceministerio del Interior y del Ministerio de Cultura, cartera en la que acompañó a los ministros Jorge Nieto Montesinos y Salvador del Solar. Fue ascendido a coronel de armas el año pasado. Falleció el 4 de abril, víctima del Covid-19, tras permanecer 12 días internado. En su honor, la promoción 2020-II de la Escuela de Oficiales de la PNP lleva su nombre.
Ciro Sagástegui León
Egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Ciro Sagástegui León fue un connotado médico lambayecano, especialista en Gineco – Obstetricia y Salud Pública y Administración Hospitalaria. Laboró en el Centro de Salud de Reque y ocupó la gerencia de la Red Asistencial Lambayeque durante ocho meses, de junio del 2008 a enero del 2009. A la par de su profesión, se destacó al interior del Partido Aprista, organización en la que militaba.
Uno de sus pacientes recuerda la vez fue hasta la casa del doctor para pedirle que atendiera a su hijo, una persona con habilidades diferentes de 15 años en aquel entonces, quien padecía de dolencias corporales. Sagástegui salió de su vivienda y se dirigió a la de este para asistirlo. Rápidamente lo examinó, logró encontrar el problema y le pidió que vaya por una inyección. El galeno esperó que el padre llegase con el medicamento y se lo aplicó. Al día siguiente ya estaba recuperado. Ciro Sagástegui falleció el 13 de junio a causa del Covid-19.
Antonio Ventura Lizana
Fue el primer alcalde acaecido por el Covid-19. Nacido en Olmos, dedicó su vida al trabajo por la población de Cañaris. Estudió en el Institutito Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús y luego en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de donde egresó como educador en el 2017. Tuvo una segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico por la Pontifica Universidad Católica del Perú. Del 2015 al 2018 laboró como docente de una institución educativa en el caserío Cangrejera, de Cañaris.
A nivel político, postuló en 1998 por Somos Perú a la alcaldía de Cañaris, resultando electo. Desde el 2006 se afilió como militante de Alianza Para el Progreso, agrupación con la que volvería a ser elegido burgomaestre del distrito altoandino en el 2006. El 2010 y 2014 también tentó el sillón municipal, aunque sin éxito, hasta que fue electo nuevamente el 2018. Falleció el 28 de mayo a los 62 años, estando en el ejercicio de sus funciones.
Luis Chávez Becerra
Fue el segundo burgomaestre lambayecano en fallecer víctima del nuevo coronavirus. Luis Chávez Becerra nació el 25 de febrero de 1976 en Oyotún. Tuvo tres hermanos. Siendo aún pequeño se quedó huérfano de ambos padres, quienes fallecieron en un accidente. Él, que iba con ellos, se salvó.
Se formó como ingeniero mecánico eléctrico en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El 2010 postuló sin éxito por el Partido Aprista Peruano al cargo de regidor de la Municipalidad de Oyotún y el 2018 tentó el sillón municipal de la misma comuna, esta vez por Acción Popular, logrando ganar las elecciones con el 24.11 % de los votos válidos. Bajo su gestión, se conformó el Comité Multidisciplinario Covid-19, se desarrolló a mediados de julio un simposio con especialistas para tratar la problemática de la pandemia y se logró el traslado humanitario de dos grupos de personas que estaban varadas en Lima, además de la entrega de canastas y otros tipos de ayuda. Falleció el 5 de agosto a los 44 años.
Galvarino Castro Espinoza
Nacido en Chota, desde hace 35 años Galvarino Castro Espinoza residía en Lambayeque. Estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se graduó como ingeniero zootecnista. Trabajó en el Ministerio de Agricultura y Riego durante 20 años, de 1971 a 1991. Fue director de la Estación Experimental Donoso, del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en Huaral; Baños del Inca, en Cajamarca y Vista Florida, en Lambayeque.
A nivel gremial, presidió la Asociación de Ganaderos de Lambayeque, el Colegio de Ingenieros de Lambayeque y fue pro secretario general del Colegio de Ingeniero del Perú. En el plano político, postuló en 1983 y 1993 al cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y en el 2006 a la alcaldía del mismo distrito. En el 2011 postuló al Parlamento por el Partido Nacionalista, del cual era militante y ocupó la plaza de congresista accesitario. Falleció el 11 de junio a los 78 años.
Marco Mavila Miglia
A Marco Mavila Miglia se le recuerda por dedicar su vida a la promoción cultural, deportiva y gastronómica. Nació el 2 de noviembre de 1941. De joven solía correr tabla en las olas del mar de Pimentel. Fue por muchos años uno de los rostros más visibles de Cervecería del Norte y posteriormente de Backus, desde donde apoyó los trabajos de investigación y conservación del Valle de las Pirámides de Túcume. Bernarda Delgado Elías, directora del Museo de Sitio de Túcume, rememora que hacía falta solo una llamada para que acudiese en auxilio del complejo, sobre todo en los momentos difíciles cuando faltaba presupuesto para abrir las puertas.
Fue uno de los principales benefactores de la Reserva Chaparrí, fundador del Patronato Valle de las Pirámides de Lambayeque e integrante del Consejo Regional de Turismo, donde destacó como uno de los visionarios e impulsores del Circuito Turístico del Norte. Falleció el 30 de mayo a la edad de 79 años.
Benicio Díaz Díaz
Pese a haber nacido en Cajamarca, Benicio Díaz Díaz, o simplemente ‘Don Benny’, fue uno de los personajes más queridos por los chiclayanos, quienes lo recuerdan por su emprendimiento ‘Don Benny’, fundado el 5 de septiembre de 1997 y ubicado entre las calles Torres Paz y Balta.
Con más de 40 años de experiencia en el medio panadero, Benicio Díaz comenzó su actividad empresarial con la panadería ‘El Padrino’. En su familia también tenían dos negocios más del mismo rubro, por lo que quiso diferenciarse y fundó ‘Don Benny’, con el cual quiso fusionar la panadería, la cafetería y el restaurante. Sus productos emblemas en un inicio fueron, además del pan, las empanadas, los helados y el jugo de lima. Era común verlo en su local supervisando las labores y conversando alegremente con sus clientes y colaboradores, siempre amable y respetuoso. Falleció el 15 de mayo.
Lázaro Tunga Chapoñán
El 6 de julio Lázaro Tunga Chapoñán regresó a la tierra por la que tanto luchó durante su vida. Fue un conspicuo dirigente agrario, líder de la Confederación Nacional Agraria, fundador de la Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, y presidente en Lambayeque de este gremio, desde donde participó activamente en la formulación y la lucha por la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar y posteriormente por su implementación en el departamento.
También fue coordinador del Grupo de Seguimiento de Desarrollo Rural y miembro del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en Lambayeque. Fiel a sus ideales, promovió la agricultura familiar, la asociatividad, el fortalecimiento de las organizaciones agrarias y el derecho al agua. Falleció el 6 de julio, tras una larga lucha contra el cáncer.
Más de tres años y medio después que se ordenó prisión preventiva y se dio ingresó al penal de Picsi a varios investigados, entre ellos los empresarios Carlos y Samuel Roncal Miñano, por el presunto delito de criminalidad organizada, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial sobreseer el caso en ese extremo, al no lograr evidencias suficientes que sustenten su imputación.
Cabe recordar que en noviembre del 2016, la FECOR, junto a la Policía Nacional, realizó un operativo en la ciudad de Chiclayo con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos integrantes de la supuesta organización denominada “La hermandad del norte”, liderada por los hermanos Sanchez Coronel, cuyos integrantes, supuestamente, habían participado en la muerte de Cieza Herrera, sindicándose específicamente a los hermanos Rocal Miñano como autores intelectuales, al haber encomendado al fallecido Alexander Siesquén Sampén, alias el Cojo, la contratación de los sicarios de la organización criminal, “Periquito” y el “Zurdo”, quienes serían los ejecutores del homicidio.
Es así que después de tres años y medio, el ultimo 2 de junio, se realizó la audiencia virtual en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas, en la que el representante de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Germán Montero Ugaz, presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los investigados señalados por el asesinato del ex auditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
Tras la sustentación fiscal, la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió la Resolución N° 38, del 2 de junio, estando conforme con los solicitado por el Fiscal de Crimen Organizado, German Montero, ordenando el archivamiento o sobreseimiento de la investigación contra los cabecillas de la organización La Hermandad del Norte, Epifanio Justo Sánchez Coronel, Santos Hermes Sánchez Coronel y Yelisthin Juan Sánchez Tello por el delito de sicariato con agravantes, por cuanto pese a que los investigados fueron enviados a prisión preventiva en noviembre del 2016, “no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de los imputados”, por lo que solicitó que se sobresea la imputación contra estos; en tal sentido, declaró fundado el sobreseimiento a favor de Epifanio Sánchez Coronel, Santos Sánchez Coronel y Yelisthin Sánchez Tello, sindicados inicialmente como lideres de la organización criminal La Hermandad del Norte.
El mismo día, con la Resolución N° 39, la jueza aprobó el sobreseimiento a favor de Epifanio y Santos Santos Coronel por el presunto delito de sicariato con agravantes en contra de Teodosia Flores Vásquez, así como por el delito de extorsión en agravio de la Empresa de Taxis ‘Ilucan’.
SOBRESEIMIENTO A UN FALLECIDO
Asimismo, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Criminal mediante la Resolución N° 41, declaró fundado el pedido de sobreseimiento a favor de Alexander Siesquén Sampén por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal, marcaje y reglaje en agravio del Estado y por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su figura de sicariato, en agravio de Luis Cieza Herrera; dos años después que muriera (28 de julio del 2018), bajo mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, conforme se desprende del Acta de Defunción N° 500815045.
La defensa de Alexander Siesquén solicitó al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la juez Mary Núñez Cortijo, la variación de la medida coercitiva por el arresto domiciliario, considerando el precario estado de salud del investigado (tenía insuficiencia renal, estaba ciego, había sido amputado de una pierna y sufría de diabetes), requerimiento que fue desestimado, llegando el caso al Tribunal Constitucional, el mismo que se pronunció a su favor días después de su deceso.
CASO HERMANOS RONCAL MIÑANO
La fiscalía presentó el pedido de sobreseimiento a favor de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su figura de organización criminal.
Montero Ugaz formalizó investigación preparatoria contra ambos al señalarlos de “haber encargado la muerte del auditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, teniendo como intermediario a Alexander Siesquén Sampén, quien solicitó los servicios de los sicarios de la organización criminal ‘La hermandad del norte’”.
El fiscal califica a los empresarios como “promotores de la organización criminal”, pues habrían sostenido una reunión con los cabecillas de la organización (Epifanio Sánchez Coronel), en la que habrían encargado la muerte de Cieza Herrera y, posteriormente, realizado el pago en las instalaciones de la fábrica de azúcar, propiedad de estos, ubicada carretera a Ferreñafe.
“El representante del Ministerio Público respecto a los imputados Samuel y Carlos Roncal Miñano solicitó el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el Artículo 344, inciso 2, literal b) del Código Procesal Penal, el cual prescribe que: el hecho imputado no es típico”, señala la Resolución N° 41 emitida por Grandez Rojas.
En audiencia, la defensa de Samuel Roncal señaló que si a las personas que supuestamente integraban la organización criminal y ordenaron a sus miembros la muerte de Cieza Herrera se les había sobreseído por insuficiencia probatoria, similar criterio debía aplicarse para su patrocinado. El mismo criterio expuso el abogado de Carlos Roncal.
Tras el análisis, Grandez Rojas declaró fundado el sobreseimiento a favor de Carlos y Samuel Roncal Miñano por el delito de organización criminal, con lo cual los aparta del supuesto que inicialmente argumentó la fiscalía de que ambos eran parte de “La hermandad del norte”, mas no los excluye del proceso por considerar que su conducta fue atípica respecto a la presunta organización.
Finalmente, la juez Cecilia Grandez, archivo la investigación judicial contra los presuntos ejecutores directos del homicidio, Joseph Salazar Silva alias “Periquito” y Fulgencio Rivera Masa, alias “Zurdo”, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de sicariato con agravantes en perjuicio de Luis Cieza Herrera.
La FECOR Lambayeque había formalizado investigación preparatoria contra estos al sostener que el 23 de diciembre del 2015, habrían ultimado a Cieza Herrera utilizando un arma de fuego.
El fiscal Germán Montero explicó al despacho judicial que “si bien es cierto en un primer momento se efectuó la imputación en contra de los investigados Joseph Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza, posteriormente se ha determinado científicamente la identidad dactilar de las huellas encontradas en la escena del crimen (Avenida Grau N° 952 Chiclayo) y las de la moto lineal abandonada, las cuales pertenecerían a dos personas distintas de las que la fiscalía había formulado imputación en la formalización y continuación de la etapa preparatoria”.
En consecuencia, el pedido de sobreseimiento también fue declarado fundado por la magistrada, al igual que el requerimiento similar presentado por la fiscalía en el caso de Fulgencio Rivera por el presunto delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal.
CASO HERÁCLIDES ARENAS
Lo mismo ocurrió con el supuesto integrante de la organización criminal, el contador Heráclides Antonio Arenas Delgado, imputándole el delito de organización criminal, pues de acuerdo a la tesis de la FECOR fue el intermediario entre los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano para ofrecer un soborno al exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, a cambio de que deje de fiscalizar a sus empresas.
El fiscal Germán Montero tuvo que reconocer ante la juez Cecilia Grandez que no había elementos de convicción suficientes para procesar a Arenas Delgado, aun cuando la fiscalía pidió que se ordene en su contra el mandato de prisión preventiva.
Para la magistrada, la acción de Arenas Delgado (supuesto ofrecimiento de dinero) calificaría más como cohecho y no como organización criminal, por lo que aprobó el sobreseimiento a su favor.
Con este reconocimiento del fiscal y subsecuente fallo del Organo Jurisdiccional se hace justicia en parte a lo imputados por la muerte del funcionario de la Sunat Luis Cieza, faltando definir la situación judicial de los hermanos Roncal Miñano como autores intelectuales, ya que la tesis de la fiscalía es que ordenaron el homicidio siendo los ejecutores directos los investigados Periquito y Zurdo, siendo que a la fecha se archivado el caso contra los mencionados investigados Periquito y Zurdo ya que se ha establecido con prueba científica que las huellas de los que participaron fueron otras personas que actualmente se encuentran internados en el Penal de Trujillo.
