Un año después de la caída de Roberto Torres Gonzales como alcalde de la ciudad, diversas opiniones de la sociedad civil se unen para analizar el impacto que este hecho ha tenido para Chiclayo y las lecciones que para el futuro deben permanecer vigentes, sobre todo en el afán de evitar que redes de corrupción se vuelvan a tejer en torno a las instituciones que administran los recursos públicos.
El abogado, Pedro Torres Fernández, presidente del Colectivo Chiclayano Despierta, considera que en torno a lo sucedido con la exautoridad aún hay mucho por analizar y revisar, siendo necesario que la ciudadanía tome en cuenta lo que pasó durante los ochos años del gobierno municipal anterior para evitar errores futuros.
“Debemos tener el necesario cuidado al momento de elegir a nuestras autoridades, no solo municipales, sino también regionales e incluso nacionales. En efecto, esta pésima autoridad salió de un movimiento regional armado a su medida. Un grupo que sin un ideario claro y sin un real programa durante varios años pretendió llegar al gobierno municipal solo por el afán de arribar al poder para luego mal utilizarlo. Eso, además, nos lleva a reflexionar sobre el rol que no cumplen los partidos políticos, ya que no hubo una real oposición de parte de ellos”, anota el abogado, añadiendo que también existe la necesidad de involucrar más a los ciudadanos.
“El ciudadano no solo ejerce la democracia en el momento de emitir el voto, sino posteriormente, cuando debe ejercer labor de control sobre sus autoridades para asegurarse que cumplan con todo lo ofrecido en sus campañas. Después de todo, el voto no es un cheque en blanco que se entrega para que las autoridades electas hagan lo que se les antoje. Ya hemos visto lo que pasó con el ahora detenido ex alcalde”, señala.
LA IMPUNIDAD
Torres Fernández suma como otra necesidad a la transparencia de las relaciones entre el poder político y el poder judicial. “Mucho se habló y se demostró que durante el gobierno de ‘Los Limpios’, había una serie de familiares de jueces y fiscales laborando en la municipalidad, lo que de alguna manera explica el porqué no hubo antes una investigación más exhaustiva, a pesar que la ciudad literalmente hacía agua por todos lados”, indica.
Con esto último coincide el también abogado Daniel Cabrera Leonardini, exfiscal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipán, quien refiere que los elevados índices de corrupción que alcanzó la gestión Torres Gonzales se deben, en parte, a la impunidad con la que actuó.
“La primera gran lección creo que fue el despertar del pueblo. Hasta antes de la caída de Roberto Torres se sospechaba de la existencia de graves actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que venían desde su primera gestión, sin embargo nadie imaginaba la magnitud de la podredumbre, y esta ceguera fue posible por la existencia de un manto de impunidad de algunos sectores, que llegó incluso a abarcar a malos funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los cuales con sus decisiones encubrían la corrupción, ahora creo que el ciudadano de Chiclayo es más consiente del rol que tiene como vigilante de la gestión municipal”, indica.
INDIFERENCIA INSTITUCIONAL
A decir del politólogo Jorge Vallejos Castello, de lo ocurrido con el gobierno municipal anterior pueden extraerse muchas lecciones y tal vez la más importante “es la debilidad y falta de compromisos de muchas instituciones provinciales” que posibilitan la llegada de nuevos escenarios como el que vivió Chiclayo en los últimos años.
“No estamos libres de que se repita la historia”, afirma.
“Cuando Chiclayo se hundía en medio de obras inconclusas, pistas rotas, desagües emanando y el aún peor hedor de las corruptelas, ¿cuántos levantaron su voz de protesta? Determinados colectivos ciudadanos e instituciones sí asumieron ese compromiso y un primer esfuerzo mancomunado se tuvo en el llamado Movimiento Cívico de Chiclayo, que se conformó entre fines del año 2012 y principios del 2013 y lamentablemente no siguió consolidándose. Quienes estuvimos en este proyecto conjunto nos dimos cuenta de cómo muchas instituciones chiclayanas le rehuyeron a su responsabilidad para con la provincia y la ciudad, y es que existe un virus muy común en nuestro país, el criticarlo todo, no comprometerse con nada y no aportar soluciones. Hacer vida institucional implica sacrificio de tiempo, implica tratar de conciliar posiciones, discrepar, pero caminar hacia acuerdos. ¿Cuántos están dispuestos a ello? Yo veo en Chiclayo muchas universidades, colegios profesionales, medios de comunicación, instituciones, ¿cuántas estuvieron de pie mientras Chiclayo se convertía en un pantano de corrupción? Pocas, mis respetos hacia ellas”, señala.
Precisamente por lo ocurrido, Natalia Arbildo Pérez, presidenta del Frente Estudiantil de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, indica que el caso Torres Gonzales es emblemático y sirve como punto de partida para aspirar a una sociedad civil organizada y capacitada para fiscalizar.
“No podemos permitir nunca más este tipo de atropellos, no podemos permitir que el sillón edil sea una suerte de ensayo, no podemos permitir a gobernantes que trabajen a costa del pueblo que los eligió y busquen el beneficio personal. Ha quedado demostrado que la única manera en la cual podemos ejercer una verdadera ciudadanía, aquella que trasciende las urnas, es la de exigir nuestros derechos sociales y políticos. La articulación de la sociedad civil es la única manera de garantizar la adecuada fiscalización a los gobernantes”, menciona.
LA CORRUPCIÓN COMO EMBLEMA
¿Qué caracterizó a la administración edil de Roberto Torres Gonzales? El joven activista, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte, Óscar Gálvez Delgado, responde que innegablemente la corrupción e incapacidad, al punto que “era irracional tener una buena percepción de su gobierno”.
“Todos llevaban agua para su molino, tanto funcionarios públicos como empresarios y trabajadores ediles; todos beneficiándose con dinero corrupto, producto de una estafa social a costa de tener una ciudad sucia y totalmente devastada. Todo sistema falso e incoherente tiende a desbordarse, es decir a mostrar su verdadera crisis y cuando esto ocurre la respuesta es la negación. Esto es lo que hacían el exalcalde y el séquito de personas corruptas que le acompañaban”, enfatiza.
Gálvez Delgado agrega que fue particularidad del gobierno de Torres Gonzáles la polarización de la población, porque mientras en la zona central se acrecentaba el rechazo a su inacción como gobernante y conductor de la ciudad, en la periferia crecía el respaldo popular a su administración, condicionado por la manipulación de los programas sociales municipales, la ejecución de obras públicas – aunque deficientes – y los “regalos” de la época electoral.
Como señala Vallejo Castello, la administración Torres Gonzales también se caracterizó por la desorganización, evidenciada incluso desde la conformación de la lista de Manos Limpias, que encabezó la exautoridad.
“Faltó contar obviamente con mejores funcionarios, en lugar de ello el gobierno se rodeó de personajes afines a sus malas prácticas, muchos de los cuales hoy se encuentran en prisión y seguramente faltan otros más. Por otro lado, es bien sabido que la gestión de Torres Gonzáles nació de la anarquía, recordemos el incendio municipal del año 2006, que le hizo ver como el nuevo posible salvador en las Elecciones Municipales de aquel mismo año, y nos llevó finalmente a un desorden mayor. Ejerció su gobierno sin ninguna planificación con un Chiclayo caótico que siguió creciendo como un pulpo sin una adecuada gestión territorial”, menciona, añadiendo que su gobierno municipal nunca llegó a ver a Chiclayo como una provincia, limitándose a actuar sobre el cercado de la ciudad.
Improvisación, corrupción y soberbia es lo que destaca el presidente de Chiclayano Despierta de la administración Torres Gonzales.
“Aprendió pronto a utilizar el poder a su favor, a repartir los cargos entre gente de su entorno, a la que simplemente rotaba de lugar, a tener prensa adicta que se encargaba de atacar a quienes osaban criticarlo y a utilizar la estructura de la municipalidad como agencia de empleos para premiar a sus partidarios. Recordemos que en más de una oportunidad la prensa independiente señalaba la presencia de personal municipal en las marchas de ‘apoyo espontáneo’ que se organizaban a favor del alcalde; y ante lo cual él o sus funcionarios siempre repetían la consabida frase: ‘Se investigará y de hallarse responsabilidad, se les sancionará’. ¿Cuántos sancionados hubo?”, cuestiona.
Suma la obras direccionadas, las compras sobrevaloradas y el uso del aparato municipal para las campañas reelecionistas.
“La incapacidad que se reflejó en el penoso estado de nuestra ciudad: calles y veredas destruidas, desagües que se desbordaban, que obviamente afectaban a la salud, paz y tranquilidad pública, fue uno de sus principales detentes. Recuerdo que las primeras protestas ciudadanas en contra de Roberto Torres se iniciaron justamente por el malestar generalizado debido al estado de la ciudad. Conforme pasaba el tiempo, se iban visibilizando cada vez más los escándalos de corrupción, y estos se plegaban al largo pliego de reclamos de los ciudadanos chiclayanos. Ambas cosas iban relacionadas estrechamente, en las protestas siempre se escuchaba: Estamos cansados del mal olor en las calles, pero también del mal olor de la corrupción”, reflexiona Natalia Arbildo.
Poniéndose énfasis en el análisis, Cabrera Leonardini remarca que otra característica de la administración Torres Gonzales fue su marcada libertad para actuar sin el debido control institucional. “El municipio se convirtió en un mercado de impunidad en donde todo se vendía y todo se compraba, sin embargo también es lamentable ahora conocer cómo chiclayanos aparentemente honrados fueron capases de ser autores, coautores y cómplices de lo más vil que es robarle a tu propio pueblo”, sostiene.
LA GRAN PREGUNTA
¿Qué hacer para que Chiclayo recupere el daño, sobre todo institucional, que dejó el gobierno de Torres Gonzales?
“Esa es una pregunta clave – señala Pedro Torres - creo que hay cosas que hacer en varios niveles, cosas que lamentablemente no se están haciendo. Debe trabajarse en el plano interno, organizativo de la propia municipalidad y al mismo tiempo trabajarse activamente con los vecinos, que debiéramos ser el objetivo principal del gobierno edil, ya que dicho gobierno debe trabajar para la gente, para los ciudadanos. En el plano interno, es necesaria una profunda reorganización que debe ir más allá del cambio cosmético de nombres y logos. Es necesario identificar al personal involucrado en actos de corrupción y, con el debido proceso, separarlo. Hay que disminuir también el tamaño de la burocracia, exceso de personal que solo contribuye a procesos ineficientes y al incremento del gasto corriente. Al mismo tiempo es necesario hacer un cambio en la cultura organizacional de la municipalidad, que los servidores municipales entiendan cuál es el verdadero rol de la entidad como prestadora de servicios, que están allí para ayudar y contribuir al bienestar de los ciudadanos, al bienestar de la ciudad. Eso requiere un cambio profundo”.
Jorge Vallejo va a más allá y sugiere la aplicación de reformas, pero sobre todo cambios en la mentalidad de los ciudadanos, que pasa – anota - por un proceso de afirmación cívica.
“El ciudadano no puede seguir el curso de ‘es normal que robe con tal de que haga obras’. ¿Es que acaso no se tiene en claro que cuando se malversan fondos del Estado el perjuicio es para todos? Pero para encarar ello es necesario estar empoderados, tener mayor conocimiento de la cosa pública; la prensa y las universidades tienen una gran responsabilidad en ese aspecto”, señala.
Menciona además que la corrupción vivida no fue exclusiva de las paredes del local municipal, sino que esta se presenta en cadena, desde las instancias del gobierno nacional con la aprobación de expedientes para obras públicas, pasando por los organismos de control que no cumplen bien con su tarea, hasta los empresarios que deciden hacer parte de la red con las consabidas “comisiones”.
“Todos hacen parte de un mismo mecanismo y todos merecen la sanción. No se trata simplemente de rasgarnos las vestiduras con aire principista, sino de exigir la aplicación de la ley, no podemos seguir en dilaciones leguleyas eternas, se requiere pues la celeridad en las investigaciones, el compromiso de la administración de justicia y la aplicación de los correctivos necesarios; la gran pregunta es ¿nuestras autoridades judiciales lo entenderán así? De parte de ellos hace falta más comunicación con la ciudadanía, pues de lo contrario se consolida la imagen de investigaciones que no conducen a resultados concretos, ese paradigma es el que hay que revertir”, afirma.
“Es sumamente importante tomar en cuenta que la corrupción es un mal que daña a la sociedad en muchas de sus esferas: Invalida la premisa esencial del Estado de Derecho, pues según este todos estamos sujetos a la ley. Sin embargo, al existir un caso de corrupción el funcionario funge de todopoderoso, él puede robar impunemente. Eso merma la capacidad de movilización. Los casos de corrupción se seguirán dando en nuestra sociedad, sin embargo, el asunto reside en cómo la ciudadanía les hace frente. Hay dos opciones: ignorarlo o enfrentarse. Creo que estar en actitud vigilante debe ser la actitud de ahora en adelante. Siempre el poder político se verá presionado si los ciudadanos estamos organizados”, señala a su turno Natalia Arbildo.
CHICLAYO HOY
Nuestros entrevistados coindicen en la que la situación de Chiclayo, un año después de la caída de Roberto Torres Gonzales, requiere de mayor compromiso y, sobre todo, capacidad de concertación, entendimiento y articulación entre gobierno y ciudadanía.
“Se ven intentos de reorganización, pero si previamente no se hace una adecuada planeación demoraremos en alcanzar resultados, no olvidemos que también de solo buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El nuevo gobierno municipal tiene que incentivar la participación de las organizaciones de sociedad civil, y estas deben demostrar su compromiso para con Chiclayo y su gente. Las autoridades en solitario no podrán resolver los graves problemas que han ido acrecentándose en la provincia, por ello es necesario integrar Comisiones Municipales Mixtas, lo cual está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, contando en el debate público y en las propuestas con los colectivos ciudadanos, universidades y demás organizaciones; si todos ellos dicen tener las soluciones es hora de accionar desde los procesos de toma de decisiones, es decir, desde dentro”, manifiesta el politólogo Jorge Vallejo.
El panorama actual, según Óscar Gálvez, no resulta tan alentador como se hubiera esperando, al menos en lo referente al manejo municipal.
“El nivel de evidencia ya paso, quiero decir, la emergencia de corruptela sistemática evidente, ya no existe, y lo que queda son algunas pequeñas partes de tal sistema. Sin embargo, lo que sí es evidente en el actual gobierno es la incapacidad y sobre todo la improvisación del gobernante, puesto que no ha previsto soluciones a los problemas principales de Chiclayo, que son, por ejemplo, la acumulación de basura, la congestión vehicular y la mejora del alcantarillado”, señala.
De similar opinión es Pedro Torres, quien lamenta la falta de un equipo técnico sólido al frente de la comuna provincial capaz de emprender las reformas que permitan reducir la brecha de atraso dejada por la administración anterior.
“Tenemos un nuevo gobierno municipal, un gobierno de grandes cambios… de grandes cambios de funcionarios, pues parece que el equipo técnico del alcalde David Cornejo, a nueve meses de gestión, no acaba de cuajar. ¿Cuántos jefes del ex SATCh? ¿Cuántos Gerentes Generales? ¿Cuántos presidentes de la SBCh? ¿Cuántos cambios en EPSEL? Una cosa es un cambio, entendido como tal la presentación de nuevas condiciones para el ejercicio de un plan de gobierno innovador, y otro son las variaciones cosméticas de nombres de entidades, que no tienen efecto real sobre la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno local”, enfatiza.
Una reciente modificación en el reglamento de importación de frutas y verduras de Estados Unidos, permite el ingreso del pimiento fresco peruano a este país. El nuevo acuerdo beneficiará a las principales regiones productoras de esta materia prima, como son La Libertad, Piura, Ancash, Lima, Ica, Arequipa y Lambayeque, siendo esta última una de las más favorecidas.
La norma indica que los pimientos ingresados a Estados Unidos deberán ser producidos de acuerdo a su sistema de producción agrícola. En él se indica que se debe contar con el certificado fitosanitario del SENASA, además de una declaración adicional de esta misma organización para certificar que se está cumpliendo con su reglamento de importaciones, el cual, busca ejercer un control con respecto a la mosca de la fruta.
El cambio principal que trae esta modificación se hará visible en el ingreso del pimiento como un producto fresco, debido que hasta el momento el despacho de este pasa por un proceso de producción secundaria. “La amenaza de que esta materia prima se exporte infectada por la mosca de la fruta es una de las barreras fitosanitarias que impedía el ingreso de este producto al mercado americano”, explica la gerente de la Asociación Regional de Exportadores - AREX, Paola Corvacho Valderrama.
Por otro lado, es una buena oportunidad para que los pequeños productores puedan ingresar a este mercado que cuenta con una población mayor a los 318 millones de habitantes.
La mayor preocupación para las empresas exportadoras de esta materia prima debe ser tener acceso a la asistencia técnica especializada para cumplir con las normas del mercado norteamericano, pues muchos productores cometen el error en esta parte del proceso, comenta Paola Corvacho.
También, la gerente de AREX especifica que sin duda habrá un incremento en la producción en los siguientes años, pues se espera que en los próximos cinco años se esté exportando 150 millones de pimientos peruanos a Estados Unidos.
“Considero que el SENASA es un ente principal para esta cadena productiva en la región, ya que de forma activa deberá dar a conocer los requisitos técnicos que deberán acogerse los productores, procesadores y exportadores de capsicum”, agrega.
El incremento de exportaciones se verá reflejado en el sector no tradicional, ya que el gran mercado estadounidense se encontraba “protegido” por una norma sanitaria, que según la Organización Mundial del Comercio y especialistas es una de las principales trabas para el comercio internacional.
“Esperamos que el crecimiento sea del 1.5% a corto plazo, pero de manera organizada. No queremos, casos como el de la quinua. Debemos producir en función a un mercado con reglas técnicas establecidas como es especificado en el Protocolo Fitosanitario”, añade la funcionaria.
PIMIENTO LAMBAYECANO
Lambayeque es la única región del país considerada como una de las mayores productoras diversificadas con productos como el pimiento piquillo, morrón y jalapeño, que son principalmente exportados a Estados Unidos y Alemania. Del mismo modo, también es la única región que ofrece tres tipos de presentaciones: seco, en conserva y frescos.
El buen nivel de productividad de Lambayeque con productos como el pimento se debe a las buenas tierras, ya que cuenta con suelos franco o franco-arenosos, que benefician a la agricultura memorizando los costos; el buen clima es otra de las cualidades con la que cuenta la zona, sin dejar de lado la buena mano de obra de los agricultores, quienes están especializados en la producción de capsicum.
A nivel nacional la producción de pimiento asciende a las 43 mil 378 toneladas, teniendo como las zonas de mayor productividad a Piura, La Libertad y Lambayeque. Este último concentra el 61,8% de la producción nacional, es decir que cuenta con 26 mil 827 toneladas. Además, cuenta con la mayor productividad por hectárea, que es alrededor de 40 toneladas por hectárea.
Por otro lado, los volúmenes de exportación en la región han ascendido, hasta julio de este año, a 14 millones 59 mil 791.22 kilos. Dentro de las principales presentaciones exportadas son: los pimientos en conserva, el pimiento congelado, pimiento en vinagre, entre otros productos derivados de este producto.
“Las divisas generadas por el envío de pimientos fueron de 26 millones 367 mil 130.77 dólares. Es importante mencionar que durante el mismo período, de enero a julio del año pasado, se despacharon 14 millones 905 mil 227.34 kilos“, especifica Paola Corvacho.
Es importante resaltar que hasta enero de este año la exportación del pimiento piquillo llegó a los cuatro millones 700 mil dólares, es decir que hubo un incremento del 174.8 % con respecto a inicios del año pasado. Igualmente, el volumen de producción de este alimento ascendió a las dos mil 210 toneladas, lo que significó un aumento del 182.6 % respecto al 2014.
Las principales exportadoras de este producto en la región son: Gandules Inc. SAC., Agroindustrias A&B, Procesadora Perú SAC., Olmos Verde SAC., y Gandufresh SAC. Todas estas empresas exportadoras tiene como principal cliente a Estados Unidos, quienes tienen un 64.45 % de participación en las exportaciones regionales.
Alemania es el segundo mejor cliente para la exportación con el 14.98 %, seguido de Canadá con el 4.59 %, posteriormente Reino Unido con 3.52 %, Puerto Rico 3.26 % y Australia 1.86 %.
EXPORTACIONES REGIONALES
Según la Asociación de Exportadores las exportaciones en la región durante la primera mitad del año ascendieron a 213 millones 200 mil dólares, quiere decir que existe un crecimiento del 17,8 % de acuerdo con el año pasado. 173 millones 400 mil del total correspondieron al sector no tradicional, con productos como el café.
“La actividad exportadora en la región Lambayeque se está desarrollando en condiciones normales, solo con alteraciones de temperatura, pero que no representan un riesgo. Sin embargo, es de vital importancia tomar las precauciones frente a la llegada del Fenómeno El Niño, cuyas consecuencias en el sector exportador sí podrían ser devastadoras por los cuellos de botella que aún no son corregidos por el bajo presupuesto con el que cuenta la región”, especifica Paola Corvacho.
Algunas empresas como Gandules y A&B están trabajando de manera articulada con las poblaciones de las zonas donde se encuentran ubicadas para mejorar los canales de regadío y la infraestructura vulnerable a los desbordes, comenta.
Asimismo, las instituciones públicas privadas están realizando acciones de prevención en Chiclayo, informando a la ciudadanía a cerca de las medidas que deben tomarse y con la donación de motobombas.
Dentro de los futuros proyectos, los programas AGROIDEAS y el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de Agricultura, vienen implementando la Ley de la Reforma Productiva para reemplazar cultivos de arroz por otros más rentables con menos impacto negativo en los campos. Asimismo, existe un intento por el cultivo de cítricos y arándanos en la región, sin embargo, todo depende del manejo agronómico y las condiciones para el cultivo.
Además del pimiento, la oferta durante este año se constituyó a alimentos como la palta, hortalizas preparadas, alimentos para animales, juego de maracuyá, quinua, hortalizas en vinagre, mango, cortezas de limón, frijoles, uvas, espárragos, entre otros.
De la misma manera, el sector tradicional ha registrado en la primera mitad del año una ganancia de 39 millones 800 mil dólares, representando un aumento del 12.1 %. Hasta julio los despachos de Lambayeque llegaron a un total de 59 mercados, principalmente a Estados unidos y Países Bajos, otros fueron Alemania, Ecuador, Reino Unido, España, República de Corea, Bélgica, Suecia y Dinamarca.
Ha transcurrido un año desde el operativo sorpresa que puso fin al mandato de Roberto Torres Gonzales como alcalde de Chiclayo. Desde entonces, 30 de septiembre del 2014, ha sucedido de todo no solo en la ciudad, sino también en lo referido a la investigación fiscal que pesa sobre los presuntos integrantes de la organización denominada Los Limpios de la Corrupción.
A fin de no repetirse el escenario de El Niño de 1998, técnicos de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones – GRTC, aceleran las actividades programadas en razón de eventuales lluvias que podrían traer abajo el trabajo desarrollado durante un año. No solo eso, sino que también pondría en riesgo parte del presupuesto que se le asignaría a dicha gerencia el próximo año.
La GRTC inició el año con un promedio de 12 millones 500 mil soles, cifra que sería implementada tanto en mantenimientos rutinarios y periódicos, como en otras actividades. Si la gerencia culminase todas las obras planificadas para este año, el Ministerio de Economía Y Finanzas – MEF, entregaría el año siguiente una partida similar a la actual, suponiendo un incremento del 300 % del presupuesto en relación a años anteriores, donde las cifras bordeaban entre los tres y los cuatro millones de soles. “Este monto ya está aprobado por Provías Descentralizado y solo es cuestión de cumplir con el cronograma de actividades para el presente año”, mencionó Juan Pablo Horna Santa Cruz, gerente regional de Transportes y Comunicaciones, a inicios de año.
OBRAS CONGELADAS
Sin embargo, las recientes alertas sobre un posible Fenómeno El Niño en condiciones fuertes o extraordinarias han puesto en jaque a las autoridades responsables del cumplimiento de dichas obras. “Sucede que de iniciarse el Fenómeno El Niño – FEN, a fines de noviembre e inicios de diciembre, varias obras se verían afectadas en su desarrollo y constituiría un desperdicio de dinero. Estamos conversando con el Consejo Regional para que aprueben la declaratoria de emergencia a nivel de departamento y se pueda llegar a una decisión lo antes posible”, explica Juan Pablo Horna.
A pesar de estas complicaciones, la dependencia regional sigue desarrollando actividades de mantenimiento a fin de alcanzar la meta. “Estamos preparando 13 mantenimientos periódicos, pero le estamos diciendo al gobierno que los recursos designados para estas actividades no los vamos a poder implementar porque dada la coincidencia con el FEN, sería mejor esperar a que las condiciones climáticas se normalicen para retomar las obras. Le hemos planteado a Provías Nacional el reprogramar estos recursos para el próximo año, si nos dan continuidad sería excelente”, indica Horna Santa Cruz.
La gerencia baraja dos posibilidades con la intención de no desperdiciar los ocho millones de soles comprometidos en actividades de mantenimiento. “Hay dos formas de preservar los recursos cuando no puedes gastarlos, una es conservando estos montos en una cuenta del Banco de la Nación y esperar la continuidad, que te autoriza a gastarlo hasta el 30 de marzo. La idea es que, teniendo este dinero hasta el mes de marzo, se pueda prolongar hasta abril dado que se pueden girar los cheques y pagarlos en dicho mes. De haber continuidad, este dinero lo estaríamos implementando en el primer trimestre del 2016”, comenta el funcionario regional.
Otra alternativa sería destinar los recursos para la adquisición de maquinarias para contrarrestar los impactos de las lluvias. “Hemos conversado con el gobierno para ver si se podrían redireccionar estos fondos para otros fines, que pueden ser la compra de maquinaria o llevarlo a la cede para que se pueda utilizar en otras actividades. Dentro de dos semanas tendremos una respuesta concreta por parte de la autoridad nacional sobre este dinero, que representa un poco más de ocho millones de soles”, añade el titular de la GRTC.
“Hasta el último minuto vamos a hacer todo lo posible por que se cumpla el saldo de los mantenimientos rutinarios. Hemos ejecutado 17 mantenimientos, pero por cada carretera ha quedado un saldo que debe ser utilizado en la misma; todos los saldos sumados llegan aproximadamente a los 300 mil soles y es el que tenemos que ejecutar sí o sí porque supone una cuestión de días para desarrollarse”, manifiesta Juan Pablo Horna.
PROBLEMÁTICA EN LOS PUENTES
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - GRTC ha coordinado con Provías Descentralizado para la implementación de siete puentes que serían de necesidad inmediata ante la llegada de un posible Niño en condiciones fuertes o extraordinarias. “Hemos comentado a los representantes de Provías la necesidad de implementar los puentes, puesto que de momento contamos con provisionales (menores a 20 metros) y la preocupación aumenta en relación a que estamos a pocos meses de iniciar el período de lluvias. No sabemos si ellos ya tienen los puentes listos en sus almacenes o si van a tener que ensamblarlos, pero nosotros ya elaboramos el informe interno y estamos a la espera del informe nacional para que lleguen estos puentes. Esto es respecto a puentes de gran envergadura, en general son un aproximado de 20 puentes los que se estarían implementando de cara al FEN”, declara Horna Santa Cruz.
Según el informe interno N° 030-2015- GR.LAMB/GRTC/DECA-SAHC presentado al Director Ejecutivo de Caminos, Ricardo Tepe Atoche, la inspección realizada a los puentes de la región presenta los siguientes resultados: En el puente Pucará, cerca al límite con Cajamarca, los pilares se encuentran desprotegidos y requieren de protección. Además, en informe señala la presencia de poblaciones a las márgenes del río, sin contarse con defensa ribereña alguna. El puente cuenta con una longitud de 29 metros.
El Pagaypuente, ubicado en el distrito de Incahuasi y con una longitud de 14 metros, es un puente viga cuya superestructura se encuentra en estado regular, necesitando de la protección de los estribos. Otro puente consignado en el informe es el Sangana, ubicado en el mismo distrito, con una longitud de 30.90 metros y que no requeriría de tratamiento alguno, puesto que, tras su reconstrucción en 1998 tras el FEN de aquel año, se encontraría en óptimas condiciones de cara al evento climatológico del verano.
El puente del canal Mal Paso, ubicado en el distrito de Pítipo, presenta inconvenientes en razón que dicha infraestructura solo cuenta con un carril, dificultando el tránsito de vehículos de la zona. Asimismo, el puente Tablazos, en Chongoyape, ha sufrido daños en su sub estructura debido al asentamiento del Pilar N° 02, surgiendo la necesidad de reemplazar tres de los nueve tramos que comprenden los 137 metros de la estructura.
En el informe también se encuentra registrado el puente La Otra Banda (Zaña), con 37.70 metros. El puente artesanal, que tiene como soporte una batería de alcantarillas, no cuenta con estribos, la plataforma está hecha a base de madera y podría quedar obsoleto ante el incremento de aguas por El Niño, dejando incomunicados a los pueblos aledaños. El puente Sorronto, también artesanal, ubicado en el distrito de Oyotún, se encuentra en las mismas circunstancias. Dicho puente cuenta con una longitud de 73.70 metros.
Finalmente, el puente La Colorada, a base de vigas, no presenta deficiencia alguna; sin embargo, tras El Niño de 1998, ha quedado aislado dado que no se realizaron trabajos de encauzamiento del río ni se consideraron defensas ribereñas.
IMPACTO VIAL
El Fenómeno El Niño de 1998 afectó drásticamente al sector transporte tanto a nivel nacional como regional. En aquel año se reportó 994 kilómetros de carreteras destruidas en el país, de los cuales 150 correspondieron a carreteras asfaltadas, 423 kilómetros de afirmada y 371 de vías sin afirmar, carrozables y trochas; además de la destrucción de 344 puentes y un costo total de 717 millones de dólares en pérdidas.
En el departamento de Lambayeque, se presentó la erosión de los puentes Cascajal, Zurita, Mórrope, Salas, Anchovira y Vilela en el río Motupe – La Leche; la erosión de las carreteras Chiclayo – Puente Chumbil, Pomalca – Sipán, Chiclayo – Ferreñafe y Ferreñafe – Finalmente, el colapso de los puentes Motupe y Reque representaron los daños más significativos en la infraestructura vial.
¿Cuánto afectaría actualmente el FEN a la región en el ámbito de transporte? El gerente de Transportes y Comunicaciones señala que gran parte de las vías de comunicación serán afectadas por las lluvias. “Mayoritariamente los caminos en zonas rurales son de afirmado y en Lambayeque contamos con 300 kilómetros aproximadamente de este tipo de vía. Se debe de entender que a la GRT le compete solamente las vías departamentales, es decir, aquellas que conectan un distrito con otro. Las pistas o trochas que se encuentran dentro de cada distrito son netamente asunto de los alcaldes locales; podemos colaborar, sí, pero no significa que la responsabilidad de darles mantenimiento corresponda a la gerencia”, apunta.
Los seis corredores se verían afectados en aquellas zonas que presenten afirmado y en las 20 carreteras departamentales, las cuales tras el paso de la lluvia y el barro probablemente presenten baches. “El proceso de rehabilitación va a ser prolongado; anualmente la gerencia ejecuta mantenimientos rutinarios, además de los periódicos que se encuentren programados”, declara Horna Santa Cruz.
Espera a que el Gobierno Regional emita una declaratoria de emergencia a fin de unir fuerzas en la prevención de riesgos. “Esperemos que se declare la situación de emergencia regional, tomando en cuenta el decreto de emergencia de semanas atrás, y que sea aprobada por el Consejo Regional. Hemos propuesto un borrador al gobernador regional, nos hemos reunido Agricultura, Transportes, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER y esperamos que el consejo dé el visto bueno”, finaliza.
El 10 de abril del 2003 el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y la gestión del entonces alcalde Percy Ramos Puelles, en representación de la comuna, suscribieron un Acta de Acuerdos como resultado de la Comisión Paritaria instalada para negociar mejoras laborales, siendo uno de los puntos más importantes la nivelación de sueldos ante la inexistencia de una escala remunerativa en la institución. Once años después, la brecha económica entre los servidores se mantiene, esto porque el pacto colectivo sigue sin ejecutarse.
El acta del 2003 señala que la comuna de Lambayeque ratificó el derecho a los trabajadores a la negociación colectiva respetando estrictamente los acuerdos tomados en pactos anteriores y que los puntos aprobados son de alcance de todos los servidores: empleados nombrados y contratados por servicios personales, obreros, así como cesantes y jubilados del municipio amparados en la Ley N° 20530.
“Se acordó ratificar y que los alcaldes del presente serían de aplicación a todos los servidores nombrados y contratados, por servicios personales, cesantes y/o jubilados y los obreros nombrados y contratados por planilla única de pago”, señala textualmente el acta.
Esta especificación resulta fundamental en la lucha que por más de una década sostiene el sindicato, toda vez que es precisamente por la aplicación del acuerdo y su alcance que el Poder Judicial ha retrocedido en la exigencia al municipio de la Ciudad Evocadora de cumplir con el pacto colectivo, aun cuando el mandato está vigente desde el año pasado.
LOS ACUERDOS
La negociación colectiva entre sindicato y municipalidad acordó que esta última convenía en otorgar un incremento general por Costo de Vida ascendente a 80 soles a partir del 1 de enero del 2003 a todos los servidores, sin excepción, incluidos los cesantes y/o jubilados; así como el incremento de la Bonificación de Vacaciones en un 5 %, que sumado a lo que los trabajadores percibían hasta ese momento ascendía al 50 % del haber bruto, con carácter retroactivo, también a partir de enero del 2003.
Entre otros acuerdos se fijó el incremento del 5 % por Función Municipal y “se acordó la nivelación de remuneraciones de funcionarios, técnicos y empleados”, conforme al alcance fijado previamente, es decir que con esto se beneficiaba a todos los trabajadores sin distinción alguna.
NULIDAD DEL ACTA
Un mes y medio después de la suscripción del pacto colectivo, el Concejo Provincial de Lambayeque arribó al Acuerdo N° 055, del 26 de mayo del 2003, con el cual se aprobó anular la resolución de alcaldía con la que se conformó la Comisión Paritaria y todos los actuados por dicho equipo en el que participaron funcionarios y representantes de los trabajadores, declarando la conveniencia de conformar una nueva comisión.
Según el concejo, la conformación de la Comisión Paritaria fue irregular por incluir a funcionarios de carrera como parte del equipo de negociación, así como por la presentación extemporánea del pliego de reclamos sobre el cual se arribaron a los acuerdos.
BATALLA JUDICIAL
No conformes con la decisión del concejo, los trabajadores emprendieron el reclamo judicial para que se dé cumplimiento al acta de abril del 2003. Recurrieron en primera instancia al Juzgado Mixto de Lambayeque solicitando la nulidad del acuerdo del concejo municipal, pedido que el 15 de diciembre del 2010 fue declarado infundado.
El sindicato apeló el fallo y este llegó a la Segunda Sala Civil de Lambayeque, que el 20 de enero del 2012, con los votos favorables de los jueces superiores Miguel Ángel Guerrero Hurtado, Juan de la Cruz Ríos y Pablo Díaz Piscoya, resolvió revocar la sentencia de la primera instancia y declaró fundada la demanda de los trabajadores, declarando nulo el acuerdo del Concejo Municipal de Lambayeque y validando el acta de acuerdos suscrita por la Comisión Paritaria.
La Procuraduría Municipal de Lambayeque interpuso el recurso de casación correspondiente, que el 22 de abril del 2013 fue declarado procedente por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, la misma que el 20 de mayo del año pasado, un año después, declaró infundado el recurso y no casó la sentencia de la Segunda Sala Civil de Lambayeque.
TRIUNFO A MEDIAS
Agotada la vía judicial, el 6 de octubre del 2014, con Resolución de Alcaldía N° 557, el burgomaestre de Lambayeque, que casualmente era nuevamente Percy Ramos Puelles, resolvió dar cumplimiento al mandato de enero del 2012 de la Segunda Sala Civil de Lambayeque y aprobar el Acta de Acuerdos tomados 10 de abril del 2003 por la Comisión Paritaria que tuvo a su cargo la negociación colectiva del pliego petitorio presentado por los trabajadores ese año.
Meses después, el 24 de diciembre del año pasado, el Juzgado Mixto Permanente de Lambayeque emitió la Resolución N° 63, otorgando 15 días a la Municipalidad Provincial de Lambayeque para que dé efectividad al Acta de Acuerdos bajo apercibimiento de multa progresiva y compulsiva, decisión tomada en atención al requerimiento de cumplimiento de sentencia que en noviembre había alcanzado al despacho judicial el secretario general del sindicato Jorge Maquen Caicedo.
Sin embargo, la gestión de Ramos Puelles acabó el 31 de diciembre del 2014 sin dar cumplimiento al acta, responsabilidad que le tocó asumir al alcalde electo Ricardo Velezmoro Ruiz.
LA EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO
En febrero de este año, Maquen Caicedo volvió a dirigirse al juzgado para solicitar que este notifique, bajo apercibimiento de remitir las copias certificadas al Ministerio Público, a la Municipalidad Provincial de Lambayeque la obligatoriedad de dar cumplimiento al Acta de Acuerdos del abril 2003, pedido al que el órgano jurisdiccional respondió el 7 de mayo pasado con la Resolución N° 68, requiriendo al dirigente la “nomina oficial de los trabajadores que estuvieron afiliados al sindicato en el 2003”.
“Con esto el juzgado nos quiere decir que solo deberían beneficiarse con el cumplimiento de los acuerdos los trabajadores que estaban afiliados al sindicato en el 2003, cuando se suscribió el Acta de Acuerdos, sin embargo en dicha acta se señala textualmente que los alcancen no son excluyentes, sino que benefician a todos los trabajadores y obreros, nombrados y contratados, cesantes y jubilados”, señala Maquen Caicedo.
El dirigente explica que cuestionando la resolución del 7 de mayo de este año emitida por el Juzgado Mixto de Lambayeque, los trabajadores han recurrido a la Primera Sala Laboral de Lambayeque a fin que revoque dicha resolución y ordene al juzgado cumplir el pronunciamiento precedente con el que conminó a la municipalidad a dar cumplimiento al Acta de Acuerdos.
“Tenemos confianza en que la Sala Laboral emitirá un fallo favorable a nuestra demanda por ser de justicia. Han pasado 11 años y hemos peleado en todas las instancias exigiendo el cumplimiento del Acta de Acuerdos del 2003, la Corte Suprema nos ha dado razón y el municipio mismo admitió y ordenó la ejecución de los acuerdos el año pasado, pero ahora se pretende que la aplicación de los beneficios sea excluyente”, indica el dirigente.
La nivelación de la remuneración representa para el municipio el incremento de un millón y medio de soles aproximadamente en la planilla mensual, y esta beneficiaría a 500 trabajadores, no únicamente a los sindicalizados que son 349.
En enero pasado la Procuraduría Municipal remitió un escrito al Juzgado Mixto de Lambayeque solicitando que la aplicación del acuerdo sea solo para 128 trabajadores, que son lo que actualmente permanecen en la comuna y formaban parte del sindicato en el 2003. El requerimiento fue desestimado, pero la resolución de mayo último pareciera recoger ese planteamiento.
El Grupo Expresión, en un segundo esfuerzo editorial en el año, presenta el libro “Guillermo Baca Aguinaga – Maestro de la Juventud”, obra de Guillermo Pérez Sialer y que recopila pasajes de la vida pública del ilustre lambayecano que alcanzó las más altas distinciones de la Nación. El texto se publica como merecido homenaje por el nonagésimo segundo natalicio del Amauta, fallecido en mayo de este año.
“Guillermo Baca Aguinaga - Maestro de Juventud, es el libro que tengo el honor de editar en homenaje a tan laureado lambayecano gracias a la plena confianza de su autor, magíster Guillermo Pérez Sialer, quien fue su discípulo y compañero, y perenniza en sus páginas la obra de un respetado señor de señores, a quien solo le faltó ser presidente del país”, comenta Rosa Chambergo Montejo, directora de Expresión, casa editora que en abril de este año publicó “Historiografía del Centro Histórico de Chiclayo y el Palacio Municipal”, de la arquitecta e investigadora Velia Beltrán Centurión.
La obra consta de 190 páginas, está dividida en cuatro capítulos y abarca la vida de Baca Aguinaga, sus escritos, los reconocimientos que recibió en vida y su obra cumbre: la Casa Comunal de la Juventud, así como una completa colección fotográfica de sus actividades como educador, político y autoridad de Lambayeque en diferentes espacios y tiempos.
MOTIVACIONES DE LA OBRA
“Esta obra representa el significativo homenaje que la Comunidad Laboral de la Casa Comunal de la Juventud de Chiclayo tributa al doctor Guillermo Baca Aguinaga, quien en el tiempo que le tocó vivir, fue el hombre más representativo de la región Lambayeque por sus dotes intelectuales, morales, de servicio, de educador y por ser creador de la Casa Comunal de la Juventud, obra única en su género en el Perú, que con toda justicia lleva su nombre. Sentimos orgullo y admiración por nuestro presidente, político decente y docente, de tanta valía, cuyo nombre pernoctará en la memoria generosa del pueblo lambayecano y del Perú”, refiere el autor del libro.
Pérez Sialer comenta que en la obra se busca reseñar la vida, obra, lucha y gloria de este singular personaje, cuyas cualidades y virtudes lo hicieron merecedor del cariño y respeto del pueblo peruano, traducido en reconocimientos como la Orden del Sol en el Grado de Gran Cruz, las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta de la Nación y la Medalla del Congreso de la República, así como reconocimientos y homenajes de los pueblos de regiones vecinas y extranjeras, los cuales se exhiben en el Ateneo de la Casa Comunal de la Juventud.
“El educador Guillermo Baca Aguinaga nos ha legado su ejemplo de moralidad, de servicio, de vida austera, de honradez y de respeto por los demás, pero sobre todo de profundo amor al pueblo de Chiclayo al que consideraba como su familia, y a los trabajadores de la Casa Comunal de la Juventud, como sus hijos. Estoy seguro que esta obra será leída con acuciosidad y la memoria y el ejemplo de sus protagonista se proyectará por muchas generaciones de chiclayanos y peruanos, pues los que protagonizan obras perdurables son dignos de la posteridad”, relieva el autor.
DIGNO CIUDADANO
Rosa Chambergo destaca muchas de las cualidades que Baca Aguinaga tuvo como hombre público, a las que nunca renunció pese a su posición como autoridad y político.
“Tuve el honor de conocer al maestro Baca Aguinaga hace treinta años, admirando siempre su porte de caballero a carta cabal. Inteligente, visionario, fraterno, elegante y soñador, en sus viajes a Alemania tuvo siempre la delicadeza de escribirme y enviarme postales del país que siempre admiró por su orden, garantía y desarrollo”, indica.
La Casa Comunal de la Juventud tiene especial tratamiento en el libro, por ser el proyecto al que el amauta dedicó toda una vida, convirtiéndolo en una obra única sostenida con sus propios recursos.
“Baca Aguinaga siempre dijo que la Casa Comunal fue la obra magna de su vida. Yo me atrevería a decir que fue su vida misma, porque esta no solo expresaba las ambiciones que siempre tuvo como educador y político, sino que trascendía a un espacio del que muy poco se ha hablado en el Perú: la inclusión. Soñó y logró que la casa cuente con todo lo que un club pudiera darle a una elite, con la particularidad que esta no sería exclusiva, sino para la juventud del pueblo, sin distingos de credo, raza o afiliación política. El amauta quería a los jóvenes educados, y para ello se construyó el Pabellón de Aulas y la biblioteca; los quería con una vida sana y para ello se construyeron las plataformas, los patios y la piscina; los quería cultos y para ello implementó el Ateneo con su sala de música, la videoteca, las salas al San José, al APRA, a la Fuerza Aérea. Soñó en grande y obró como un grande”, señala Rosa Chambergo.
Recuerda que a través del Semanario Expresión fueron muchas las oportunidades en la que fue entrevistado y permitió plasmar en el hebdomadario sus caros anhelos y también su permanente gratitud a Chongoyape, su tierra natal, y a Lambayeque, departamento al que le mostró respeto y lealtad en todo momento.
“Guillermo Baca Aguinaga - Maestro de la Juventud es un compendió de biografía, fotografías, cartas, reconocimiento, testimonios y entrevistas a tan garboso y respetable caballero que fue y eternamente será testimonio digno de demócrata, de ciudadano honesto, transparente, de maestro formador de muchas generaciones, de institucionalista y defensor de la legalidad y el orden. Gracias a Guillermo Pérez Sialer por la confianza brindada en nuestra editorial para hacer realidad este sueño, gracias a los amigos que de manera espontánea, solidaria y con amor han hecho posible esta publicación, sin su contribución no estuviera en nuestras manos este libro que recreará para muchos los años idos en los que siempre hubo una cuota de distinción y toque particular gracias a Guillermo Baca”, comenta la directora de Expresión.
EL CIUDADANO GUILLERMO
El prólogo del libro está escrito por el ex presidente de la República Alan García Pérez, quien destaca en sus líneas la figura de Baca Aguinaga como pedagogo y ejemplo de ciudadano.
“Nuestro querido compañero Guillermo Baca Aguinaga, insigne maestro lambayecano, hubiera cumplido este 26 de septiembre 92 años de edad, toda una vida intensa de aprendizaje, enseñanzas y realizaciones que lo convierten en una referente ejemplar para las nuevas juventudes. Lo conocí en los meses previos a la campaña para la Constituyente, en 1977; pero afirmamos nuestra amistad en la Asamblea que presidió Haya de la Torre, cuya tarea compartimos, y en la que conocí su personalidad distinguida, sencilla y carismática de maestro provinciano. Para los más jóvenes su voz fue siempre reflexiva y prudente y rápidamente se proyectó como un experto en Educación y en temas relacionados en la formación de la juventud”, escribe García Pérez.
El exmandatario destaca que Baca Aguinaga no fue un teórico frío, exento de emoción. “Ya había decidido resueltamente forjar un espacio que fuera piloto en la formación integral de los jóvenes sin ninguna distinción. Se adelantó al tiempo. Formar a los jóvenes, unirlos en objetivos y actividades, estimular su formación cultural impedía el avance del pandillaje o la delincuencia. Eso es la Casa Comunal de la Juventud que en nuestro primer gobierno ayudamos a edificar y que ha transcendido a su existencia terrenal como el mejor legado altruista a las nuevas generaciones lambayecanas. ¡Qué gran rol hubiera cumplido como ministro de la juventud!”.
García Pérez menciona además que a pesar de haber sido diputado, senador, alcalde y prefecto, el común de la gente reconoce y admira a Baca Aguinaga como el ciudadano, símbolo de honradez, decencia y austeridad. “Hasta su muerte ocurrida el 15 de mayo último, vivió en su modesta casa de la Urbanización Magisterial, en cuyo pórtico se lee: ‘Casa del Pueblo’, rodeado de libros, música clásica y recuerdos familiares. Pero la Casa Comunal de la Juventud que merecidamente lleva su nombre es la depositaria de todo su acervo cultural y personal, valor inestimable que, en gran parte, ocupa el Ateneo, sin duda un recinto único en su género en todo el Perú”, señala.
“Al repasar este trabajo acompañamos al Maestro de Juventudes por las varias estaciones de su vida, como niño en su escuelita, como adolescente sanjosefino o estudiante sanmarquino y dirigente en el combate contra las dictaduras. Pero siempre, acompañémoslo como profesor sobrio, culto e inteligente; como legislador versado, como autoridad eficiente y honesta y sobre todo como ciudadano ejemplar que supo calar en la consciencia de la juventud y del pueblo que con sincero cariño lo recuerda y admira. Gracias al autor y colaboradores de esta publicación que nos permite rencontrar al inolvidable maestro, hermano y compañero”, enfatiza.
