Les cayó como un baldazo de agua fría a algunos funcionarios del Gobierno regional de Lambayeque la noticia publicada por el Semanario Expresión, edición N° 929 en la que dimos cuenta que en el Tribunal Constitucional existe pendiente de respuesta un recurso legal interpuesto por Inversiones Stop que aún se arroga la propiedad de las tierras donde se construirá el Megapuerto lambayecano y está situado en tierras de Puerto Eten.

Hasta hace poco los lambayecanos no nos imaginábamos que el juicio que se creía ganado respecto a la nulidad de concesión de tierras que otorgara la Municipalidad Distrital de Puerto Eten a Inversiones Stop y que se ganara en primera y segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia tenía un recurso legal que trata de anular estas victorias judiciales y por lo tanto Inversiones Stop se pasea por el mundo ofreciendo a los inversionistas la construcción de nuestro mega proyecto como es el Terminal Porturario.

Y cómo no, nos va a preocupar si es público la promoción que hace el hijo del ex vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco Terry, Raúl Diez Canseco Hartinger, quien se pasea por el mundo, reuniéndose con empresarios asiáticos y europeos llevando bajo el brazo la propuesta de construcción del proyecto Megapuerto Eten, amparándose en la aún irresuelta legalidad de la concesión de 1998.

Para entender más claro el tema, la empresa Inversiones Spot SAC no quedó conforme con la nulidad de la concesión que le diera la comuna de ese distrito hace 17 años y en el 2013 recurrió al Tribunal Constitucional para exigir se le reconozca un derecho que considera legal, siendo extraño que desde el Gobierno regional nadie haya dicho nada. Lo hemos descubierto en Expresión y nos llama poderosamente la atención que la Autoridad Portuaria Regional – APR de Lambayeque que promociona la viabilidad de construir el Terminal Marítimo de Puerto Eten, tampoco se haya pronunciado al respecto.

Precisa así recordar sobre las tierras donde se construirá el Megapuerto que el proceso de nulidad del acto jurídico fue iniciado por el Gobierno Regional de Lambayeque, que a través de su Procuraduría Pública entabló la acción judicial en salvaguarda de los intereses del Estado y porque de acuerdo a la Ley de Descentralización y su Ley Orgánica, es de su competencia la administración de terrenos de propiedad estatal dentro de su jurisdicción.

Fue así como el caso llegó al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, en aquél entonces  bajo la titularidad del juez César Burga Díaz resuelve el 3 de abril del 2007 emitir la sentencia N° 153 declarando la nulidad de la concesión; decisión que fue apelada por la empresa y revisada por la Primera Sala Civil de Lambayeque, cuyos magistrados José Balcázar Zelada, Edwin Figueroa Gutarra y Herirberto Herrera Gálvez, ratificaron con la Sentencia N° 740 la decisión de Burga Díaz.

Inconformes con el fallo de la Sala Civil de Lambayeque, los representantes de Inversiones Stop recurrieron en casación a la Corte Suprema de la República, generándose el Expediente 4433-2007 de la Sala Civil Permanente, resuelto el 12 de octubre del 2007, en el que los vocales supremos Andrés Caroajulca Bustamante, Víctor Mansilla Novella, Manuel Miranda Canales, Félix Valeriano Baquedano y Francisco Miranda Molina declararon improcedente el reclamo.

Es así como contra el fallo de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Inversiones Stop presentó en marzo del 2008 un amparo constitucional ante Quinta Sala Civil de Lima, el mismo que también les resultó adverso, recurriendo finalmente al Tribunal Constitucional, solicitando “se proteja el derecho de propiedad y de tutela procesal efectiva”, declarando nulas las sentencias civiles y restituya la validez de la titularidad sobre las mil 368 hectáreas que inscribió a su nombre en el 2001.

Según la empresa, “la única manera de cuestionar el otorgamiento de una buena pro es por la vía del Proceso Contencioso Administrativo”, y no la vía civil como optó la procuraduría del Gobierno Regional de Lambayeque, “más aún porque solo se disponía de tres meses para impugnar” el procedimiento celebrado por la Municipalidad de Puerto Eten, y la acción judicial la inició seis años después.

Lo que llama la atención es que la Sala Plena del Tribunal Constitucional, que es a la que le corresponde emitir su pronunciamiento en atención al recurso de agravio presentado por Inversiones Stop, no ha desarrollado hasta el momento la vista de la causa, aun cuando esta estuvo programada para el 22 de octubre del año pasado en Lima. Siendo así, el asunto está pendiente de resolución.

¿Y porqué Diez Canseco desarrolla respecto a estos terrenos  una campaña a su favor?. La confianza en el fallo del Tribunal Constitucional es al parecer la razón que sustenta la campaña que a través de las redes sociales desarrolla Raúl Diez Canseco Hartinger, promocionando a Inversiones Stop SAC como legítima propietaria de los tierras que el Plan Maestro mandado a elaborar por la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque han definido como zona de influencia del Terminal Marítimo.

Según las proyecciones que a través de la página Megapuerto Ente difunde el empresario, el proyecto considera una serie de infraestructuras sobre las mil 338 hectáreas en cuestión que incluyen a la Punta Farola, el Morro de Eten y la playa Media Luna, consideradas como zonas de protección y conservación arqueológica y natural, reconocidas además por el Gobierno Regional de Lambayeque.

El Proyecto Megapuerto Eten, denominado como una plataforma logística de exportación e importancia, considera – según se difunde – la construcción de un centro financiero y comercial, zona industrial y de transformación, plataforma logística, zona aeroportuaria, zona urbana y balneario, además de una dársena marítima para un muelle de contenedores, uno de granos, uno de petróleo, uno de carga general y un dique seco, sin que se especifique, por cierto, el monto aproximado de inversión, mas sí que se trata de una concesión sobre mil 368.48 hectáreas.

Con esas ideas, Diez Canseco Hartinger promociona imágenes de participación en actividades internacionales y reuniones con empresarios asiáticos y europeos, donde – según se lee – eleva la invitación a invertir en Puerto Eten sobre un área que Inversiones Stop no tiene, al menos en lo real.

Dato interesante es que a través de Megapuerto Eten, los empresarios de Inversiones Stop sostienen que el Gobierno Regional de Lambayeque comete “abuso de poder” e incurre en la “práctica vergonzosa” al “ofrecer a la empresa española Sacyr la construcción del terminal lambayecano, pasando por encima del único propietario territorial, soberanía de Puerto Eten”.

La publicación corresponde al 18 de agosto de este año y está referida a una noticia publicada por el diario Gestión que da cuenta del interés expresado por Sacyr en invertir en la construcción del Terminal Marítimo presentando una iniciativa privada, tal como lo vienen haciendo otras empresa. Se entiende que al referirse a “único propietario territorial” la página alude a Inversiones Stop.

De tal manera que esta situación bien podría obstaculizar y hacer dudar a quienes están interesados en invertir en nuestro ansiado proyecto, por lo que se hace necesario que desde el Gobierno regional de Lambayeque se alerte a todo el país de esta grave situación que de acoger el Tribunal Constitucional este “reclamo”, realizado por Diez Canseco Hartinger  podría detener este proyecto que ha despertado el interés de la inversión privada extranjera. El candado de la concesión de tierras a Inversiones Stop en Puerto Eten aún  no está definido.