En abril del 2009 se implementó el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, cuyo objetivo principal es mejorar la justicia a través de la reducción de la carga procesal e impulsar la inmediatez de las soluciones. A siete años de su entrada en vigencia, la Corte Superior de Lambayeque hace un balance de los delitos con mayor incidencia, ocupando los primeros lugares los de omisión a la asistencia familiar, contra el patrimonio y la seguridad pública.
La magistrada Ana Salés del Castillo, presidenta de la Corte de Lambayeque, refiere que gracias a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal – NCPP, se ha dado un avance positivo en función a los objetivos de este, evidenciado en los balances de las cuatro instituciones que trabajan articuladamente por la justicia: la Policía Nacional del Perú – PNP, la Defensoría Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Estamos dando una eficiente respuesta a todos los casos que se presentan dentro de la posibilidades, tanto para el órgano jurisdiccional como para las entidades que trabajan conjuntamente. Tenemos un alto nivel de producción por parte de los órganos integrantes que, incluso, comparado con los estándares de producción a nivel nacional los supera en 150 %”, expone.
La carga procesal actual es de 13 mil 892 expedientes, habiendo siete mil 906 casos en trámite, equivalentes al 57 %. El 38 % representa cinco mil 237 expedientes en ejecución, mientras que el 5 % restante corresponde a 749 expedientes en reserva. Por ende, Ana Salés menciona que las únicas limitaciones se deben a la falta de un mayor número de órganos jurisdiccionales y de personal, lo que dificulta generar dinamismo y mayor productividad.
No obstante, el balance del Poder Judicial registra un positivo nivel de desempeño entre las audiencias programadas y las audiencias realizadas en las salas penales de apelaciones en la sede central de Chiclayo, llegando a ocho mil 49 audiencias realizadas, evidenciando un nivel de desempeño del 95 %.
Asimismo, el desempeño de audiencias en los juzgados penales unipersonales y colegiados llegan a un 85 % de efectividad, y un 72 % en los juzgados de investigación preparatoria, con un total de 94 mil 227 casos.
“Lo relevante de las programaciones de audiencias es que, con el trascurso del tiempo, el nivel de programación de estas aumentó. En el 2009 iniciamos en los juzgados de investigación preparatoria con un registro de 778 audiencias, no obstante, para el año 2015 la cifra ascendió a 13 mil 150 audiencias programadas de las cuales se realizaron 11 mil 97”, indica.
Por otro lado, el balance revela la incidencia delictiva, a nivel del Poder Judicial, siendo los casos de omisión a la asistencia familiar, contra el patrimonio y la seguridad pública, los delitos con mayor frecuencia en Lambayeque.
“El 47 % representa los delitos por omisión a la asistencia familiar equivalentes a 11 mil 82 casos, el 14 % se refiere a los delitos contra el patrimonio con la existencia de tres mil 367 casos, y el 10 % indica dos mil 350 delitos contra la seguridad pública”, señala.
Además, el 7 % abarca los delitos contra la fe pública, el 6 % los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; el 3 % equivale a los delitos contra la libertad sexual y administración pública, y el 2 % equivale a los delitos contra las personas que padecen de trastornos de identidad disociativo, a nivel de todo el distrito judicial.
Salés del Castillo resalta los avances logrados en los procesos inmediatos, técnica vigente desde el 29 de noviembre del 2015 por el Decreto Legislativo N° 1194, la cual establece las medidas indicadas para la resolución de los procesos de manera rápida en los casos de flagrancia, omisión a la asistencia familiar y la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
“El proceso inmediato refiere que se resuelve el caso en horas o a lo mucho en semanas. No en el tiempo que demora el proceso común. Nosotros, al 13 de marzo del presente año, hemos tenido un ingreso en la sede central de 921 procesos y en la subsede de 425, de los cuales 168 corresponden a flagrancia delictiva, 304 a conducción vehicular en estado de ebriedad, y 874 a omisión a la asistencia familiar, siendo este el mayor indicador, representando un 65 %”, explica.
De los mil 346 procesos inmediatos ingresados, tanto en la sede central como en la subsede, se han concluido 129 casos de flagrancia, mientras que los casos restantes se encuentran en trámite. Asimismo, la magistrada menciona que la mayoría ha terminado con resolución anticipada, es decir “en un acuerdo que llega el fiscal y el acusado, el cual es aprobado por el juez y en el que existe una aceptación y reparación de la víctima de forma inmediata”.
El registro de las formas de conclusión de procesos inmediatos por flagrancia delictiva es por terminación anticipada con un 56 %, juicio oral con un 18 %, conclusión anticipada con un 19 %, proceso común con 6 % y principio de oportunidad con 5 %.
“Queremos lograr la satisfacción tanto en la persona que ha sido dañada en el delito, como por el acusado que lo ha cometido. Estas formas de conclusión de procesos inmediatos son saludables para efectos de lograr una justicia célere e inmediata, conforme requiere la población en estos últimos tiempos. De los procesos el 15 % se resolvió con conclusión anticipada y el 18
% llegó a la etapa de juicio oral”, detalla.
Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, el nivel de ingresos y producción del distrito judicial de Lambayeque, separado a lo que corresponde a Chiclayo, ha ido en aumento en el período de siete años, advirtiendo que en los dos últimos años tanto el nivel de ingreso como resolución de procesos ha sido casi similar, registrándose 31 mil 269 y 30 mil 865 procesos respectivamente.
AVANCE EN LAS FISCALÍAS
Ana Salés menciona que desde la implementación del NCPP se han registrado 213 mil 65 casos delictivos, de los cuales se han concluido 174 mil 713, equivalentes al 82 %, cifra que pone al Ministerio Público - MP de Lambayeque en “uno de los primeros distritos fiscales con mayor carga a nivel de efectividad en resolución de procesos”, presentando solamente 38 mil 352 casos en materia de trámite.
El nivel de incidencia delictiva registrado desde el 2010 hasta el 2015, a nivel del MP, son los delitos contra el patrimonio, registrado en un 44,3 %; contra la familia con un 12 %; contra la vida, el cuerpo y la salud representando un 11,5 %, y, por último, el delito contra la seguridad pública, referido a un 9,3 %.
“Los tipos de delitos con mayor incidencia contra el patrimonio son: hurto, con 30 mil 863 denuncias; robo, con 27 mil 448 denuncias, y daños contra el mismo patrimonio, con 20 mil 483 denuncias registradas. En cambio, los delitos con mayor frecuencia contra la familia son: omisión de asistencia familiar, con 26 mil 273 denuncias, y atentados contra la patria potestad, con 698 denuncias registradas”, expone.
En la misma línea, las formas en cómo se han concluido los casos fueron a través de acuerdo reparatorios y la aplicación del principio de oportunidad, que son las vías externas, y de procesos de terminación anticipada en dos mil 338 casos.
“Existe un alto nivel de resolución, porque uno de los objetivos del Código Procesal Penal es el seguimiento de casos que tengan relevancia penal, es decir que se puedan concluir con sentencia condenatoria. En el 94 % de casos, que equivalen a 18 mil 524 expedientes, se ha logrado condenas, frente a un 6 % que se han resuelto con sentencias absolutorias, reflejando así la efectividad alcanzada”, señala.
De las 18 mil 524 sentencias condenatorias obtenidas durante la vigencia del NCPP, la magistrada indica que nueve mil 810 condenas se realizaron por incumplimiento de obligación alimentaria y dos mil cinco por imprudencia de conducción vehicular en estado de ebriedad. Asimismo, 691 condenas por fabricación, suministro y posesión de explosivos, siendo estos los casos de mayor incidencia. Se registran también 645 condenas de falsificación documentaria, y 558 por lesión.
El nivel de la calidad de las sentencias obtenidas considera 307 penas que corresponden a sentencias mayores a 15 años, así como 55 condenas a cadena perpetua. Asimismo, las prisiones preventivas que se han solicitado han sido de dos mil 111, de las cuales el 84,41 % fueron concedidas y el 15,59 % denegadas, es decir que mil 782 condenas preventivas.
“En el año 2015 el Ministerio Público registró el ingreso de 35 mil 684 denuncias, de las cuales 28 mil 768 han sido concluidas, siendo llevados a juicio cuatro mil 967 procesos comunes, obteniendo sentencias condenatorias de cuatro mil 647 y 320 sentencias absolutorias. Además, se han obtenido 50 sentencias con penas mayores a 15 años y diez cadenas perpetuas”, puntualiza.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia señala que las fiscalías aplicaron mecanismos de solución temprana en dos mil 614 casos, de los cuales el 79 % corresponde a principios de oportunidad, el 13 % a acuerdos reparatorios, y el 8 % a terminaciones anticipadas.
Policía y Defensoría Pública
Salás del Castillo expone que la mayor incidencia delictiva registrada desde el 2010 hasta el 2015 en la región policial de Lambayeque es en delitos contra el patrimonio, evidenciada en 23 mil 257 denuncias por hurto simple y hurto agravado, seguidas de las de robo simple y robo agravado, que suman 21 mil 606. Hay también, 12 mil 566 denuncias contra la seguridad pública, siete mil 702 por lesiones y dos mil 714 por usurpación, receptación, extorsión y otros.
Asimismo, el registro de consultas y patrocinios en la dirección distrital de Lambayeque de la Defensoría Pública tiene un total de 34 mil 424 consultas realizadas, 19 mil 750 nuevos patrocinios y siete mil 40 casos cerrados. Se han ventilados casos penales, de familia y otros.
“Los defensores públicos son la principal herramienta que tenemos para garantizar la defensa del Poder Judicial, de las víctimas y de los asuntos de familia. El total de salidas alternativas de la dirección distrital de Lambayeque es de dos mil 36, referidas a las materias de terminación anticipada, el principio de oportunidad, la conclusión anticipada y el acuerdo reparatorio”, concluye.
El 43 % de los adultos mayores en el país no cuenta con ingresos de pensión segura para su vejez, debido a la informalidad laboral. Así lo revela un estudio elaborado por el investigador Yefferson Llonto Caicedo del Instituto de Economía y Desarrollo - INEDES.
El estudio titulado “De la Informalidad a la Formalidad: Propuesta y Estrategia para el Sistema Previsional Peruano”, señala que el 70 % de la economía peruana es informal. Esto ha ocasionado ratios de cobertura pensionaria que causa alarma para la viabilidad de la seguridad social en el Perú. “El 43 % de los dos millones de peruanos mayores de 65 años no cuenta con una pensión segura para su vejez”, indica Llonto Caicedo.
El Instituto Peruano de Economía - IPE considera que el Sistema Previsional Peruano debe tener una visión de largo plazo sustentada en dos pilares fundamentales: el ahorro obligatorio o el voluntario. Esto con la finalidad de utilizar herramientas de políticas económicas acorde a las metas del ahorro de los trabajadores, para desarrollar los mercados financieros, además de la capacidad tanto impositiva como regulatoria de las empresas.
“Es prioridad reducir la informalidad en las Mypes de todo el país. Para ello el Sistema Nacional de Pensiones - SNP, se debe afrontar el índice de informalidad y lograr empresas formales, porque el problema se ha transformado en una deficiencia laboral. La razón es permanecer sostenible en el futuro, para no tener peruanos desamparados y sin pensión para vivir”, señala el investigador.
Comenta que el fondo en el Sistema Privado de Pensiones – SPP, al cual se aporta no es estándar (modelo) y esto perjudica los ciclos económicos de colectivos informales.
El estudio también señala que la tasa de transición demográfica está acelerando y, por ende, ocasiona que el valor de dependencia proyectada al 2050 alcance un 23 %, causando severa necesidad en la política previsional. “El fin es construir alternativas de ahorro acorde a la nueva reforma equitativa, eficiente y eficaz, que permita el bienestar de la población adulto mayor”, indica.
“La economía peruana en la última década destacó por su sobresaliente crecimiento económico, alrededor del 6,1 % con respecto a las economías de América Latina y El Caribe, esto con entorno macroeconómico favorable reflejado principalmente por su baja inflación (2,9% en promedio)” sostiene, Yefferson Llonto.
CAÍDA DE PRECIOS
Los efectos del panorama internacional desfavorable se debieron debido a la caída del precio del producto destinado al uso comercial (commodities), en los que se presentaron pérdidas en las bolsas negociables, según cifras de la Comisión Económica de América Latina y El Caribe – CEPAL. “En el 2015 Lambayeque creció en pérdidas económicas alrededor del 0,5 %”, comenta Llonto Caicedo.
Señala que el SNP se predice que continuará desfinanciado y sensible a riesgos políticos y demográficos que ocasionarían un desequilibrio en el futuro; mientras que el Sistema Privado de Pensiones – SPP, depende de los ciclos económicos y de los riesgos asumidos propios de las inversiones realizadas con el dinero de los afiliados bajo un sistema de capitalización individual.
Asimismo, que existen serias deficiencias económicas y no óptimas del sistema previsional peruano. Esto con una tasa de reemplazo de 40 % para el sistema privado y 30 % para el sistema público, además de los problemas estructurales y financieros que enfrentan estos entes económicos.
PROPUESTA
Como medida de solución a la ausencia de aportes para una pensión, el estudio de Yefferson Llonto plantea atender a tres canales que con mayor frecuencia son utilizados por el colectivo informal, estos son: los Servicios Públicos, Telefonía y Licencias; a través del cual se genere un porcentaje de contribución y permita unir a dos canales: Sistema Financiero y Sistema Cooperativo, dependiendo de las características sociales, económicas y zona geográfica, además de cada caso concreto, reorientando el ahorro para la vejez de los aportantes y, principalmente, en el sector informal que no realiza contribuciones.
“Existen experiencias exitosas de países como Chile, Japón, Nueva Zelanda, Corea, Indica y China que han creado esquemas de ahorro voluntario basados en la teoría del comportamiento racional, que ha permitido a través de circuitos masivos que la informalidad converja a la formalidad, permitiendo solucionar dicha falla de mercado, debiendo ser utilizado por los hacedores de la política económica y previsional peruana”, señala Llonto Caicedo.
"Chile utilizó el instrumento de subsidios de empleo para promover la seguridad social entre los jóvenes que pertenecen a un 40 % de la población pobre. Dicho subsidio tenía como objetivo impulsar el empleo formal y en particular el pago puntual de las contribuciones en la población joven que permitiera mejores pensiones”, relata.
El resultado obtenido fue positivo por la participación en el mercado de trabajo, pero la subvención y orientación habría podido ser mejor. Sin embargo, es necesario recalcar que el subsidio tiene un impacto en el empleo y la tasa de actividad es poco probable que sirva como una alternativa clave para solucionar el problema de las pensiones bajas”, señala el economista.
RECORTE ECONÓMICO
El informe menciona que el Banco Mundial ha recortado sus perspectivas de crecimiento a un 3,3 % para la economía peruana, esto ligado principalmente a una desaceleración más rápida de la economía china, donde hay turbulencias en los mercados financieros y una abrupta rigidez de las condiciones de financiamiento, dado el último incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos- FED, manifiesta.
Asimismo, añade que el Producto Bruto Interno Peruano – PBI, se expandirá alrededor del 2,9 % ocasionado por la caída de la inversión local y el déficit comercial, experimentado por el derrumbe de las exportaciones de minerales dada la menor demanda del país asiático. Comenta que la minería aún es el sector que sustenta el crecimiento de la economía peruana.
Llonto Caicedo agrega que en el 2016 se espera un crecimiento de este sector, alrededor del 12,3 % y el sector financiero y seguro crecerá alrededor del 7,5 %, por debajo de los dos dígitos. Se cuenta con un déficit fiscal del 2,1 % del PBI proyectándose al 2,9 % para este año, todo ello encontrándose en el límite, no pudiendo realizar una política aún más expansiva.
“A pasado un siglo para realizar reformas previsionales tanto obligatorias como voluntarias de manera tripartita (empresario, trabajador y Estado), vinculadas principalmente a las remuneraciones y al sector formal. Así como una enorme variedad de instrumentos financieros y de póliza de seguros, de cobertura y riesgo de vida y otros, pero han olvidado cerca del 71 % de la Población Económicamente Activa - PEA ocupada se encuentra en el sector informal”, sostiene Llonto Caicedo.
ANTECEDENTES
“Desde el siglo XX las economías modernas han mostrado mayor preocupación por la seguridad social. Sin embargo, desde los años 90 más de 29 países han optado por el sistema obligatorio de contribuciones, siendo Chile el primer país en implementar estas economías modernas, seguido de Gran Bretaña y Perú”, sostiene Yefferson Llonto.
En estudios realizados por Amparo, Mendoza y Seminario del año 2014, citados por Yefferson Llonto, se señala que “solo uno de cuatro peruanos se jubila de manera formal, dado que el sistema previsional peruano tiene dos errores estructurales: el primero es financiar las pensiones con impuestos por planillas. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, cerca de un quinto de trabajadores en planilla transitarán a la informalidad. El segundo error es la contribución forzosa con el argumento del ahorro para su vejez, cuando debería ser de manera voluntaria y participativa”.
Llonto Caicedo revela que, las deficiencias encontradas por el Banco Mundial en el plano económico del SNP y el SPP son importantes, porque permiten impulsar mecanismos de ahorro que reemplacen el seguro social, considerando que en el actual, el contexto, no es lo óptimo ya que incurriría en un riesgo y se trasladaría un mayor costo a las futuras generaciones.
En el informe Yefferson Llonto considera que el ser humano prefiere el goce actual antes que el futuro y en una economía como la peruana, donde cerca del 70 % de trabajadores son informales, si bien la informalidad es el punto clave a solucionar, el Estado debe ser responsable de corregir las fallas de mercado a partir del impulso del ahorro, pero pensando en un sistema previsional del colectivo informal, señala.
(*) Estudiante de Ciencias de la Comunicación – USS.
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SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES – SNP
Tiene como característica principal el otorgamiento de prestaciones fijas sobre contribuciones no definidas en valor suficiente para que la aportación colectiva de los trabajadores financie el total de las pensiones. En la actualidad, este sistema es administrado por la Oficina de Normalización Previsional - ONP, según el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
El ente ofrece pensión de jubilación por un monto máximo mensual de 857.36 soles, el monto mínimo es de 415 soles. El trabajador aporta el 13 % de su remuneración mensual, los aportes van a un fondo común y no a una Cuenta Individual de Capitalización - CIC. El trabajador asegurado deberá tener un mínimo de 20 años de aportes y 65 años de edad para solicitar su pensión de jubilación. Adicionalmente se permite solicitar la jubilación adelantada, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia.
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES – SPP
Creado el 6 de Diciembre de 1992 a través del Decreto Ley N° 25897, con el que se buscó un sistema pensionario alternativo: las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, donde los aportes que realiza el trabajador se registran en una cuenta individual. Las operaciones de las AFP se encuentran bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS.
Las AFP actualmente administran cuatro tipos de Fondos: de Tipo Cero o Protección de Capital, Preservación de Capital, Mixto, y el Fondo de Pensiones de Apreciación del Capital”.
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La primera ronda de las elecciones se acaba este domingo y los peruanos acudirán a las urnas para elegir, por cuarta vez consecutiva, en forma libre y democrática, a los dos candidatos que disputarán la más alta magistratura en segunda vuelta. De los 10 participantes que hay en carrera, cuatro tienen mayores posibilidades.
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI
Con un tercio del electorado a su favor, de acuerdo a las encuestas que se publicaron hasta el domingo pasado, Keiko Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, tiene seguro su pase en el balotaje del domingo.
Su plancha presidencial está integrada únicamente por
José Chlimper Ackerman, luego que Vladimiro Huaroc Portocarrero fuera excluido por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al comprobarse que entregó dádivas durante una visita en la ciudad de Satipo.
Nacida en Lima, Fujimori Higuchi, ex primera dama durante el gobierno de su padre, según su hoja de vida, trabajó entre 1996 y el 2006 como presidenta de la Fundación Peruana Cardio Infantil; y desde el 2011 hasta la actualidad preside el Instituto Para el Desarrollo Oportunidades.
Fue congresista de la República entre el 2006 y el 2011, accionista entre el 2001 y el 2008 de Summit Products SAC, y en el 2013 asumió la presidencia de Fuerza Popular.
Entre 1994 y 1995 realizó estudios de Administración de Empresas en la Universidad Estatal de New York, luego entre 1995 y 1997 estudió en la Universidad de Boston, de donde egresó como bachiller en Administración de Empresas.
Tiene una maestría en Administración por la Universidad de Columbia, cursada entre el 2004 y el 2008, y también realizó estudios de Parlamento, Democracia y Gobernabilidad en la Universidad George Washington.
Reporta ingresos por 152 mil 938.50 soles, tiene como propiedad una camioneta valorizada en 64 mil 980 soles y un préstamos universitario por 24 mil 622 soles.
ALFREDO BARNECHEA GARCÍA
La fórmula presidencial del candidato de Acción Popular está integrada por Víctor Andrés García Belaunde y por Edmundo del Águila Morote.
Alfredo Barnechea nació en Ica, fue diputado entre 1985 y 1990, asesor entre el 2012 y el 2015 del Grupo Prisa; representante del Grup Martim TGB entre el 2012 y el 2015, y asesor del Sacyr Perú SAC en el mismo período.
Entre el 2005 y el 2008 fue Director de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo.
Estudió dos años la carrera de Letras en la Pontifica Universidad Católica del Perú y es magíster en Administración Pública desde 1991 por la Universidad de Harvard.
Reporta ingresos por 764 mil 470 soles, ha reportado una casa valorizada en 586 mil 510.19 soles; un automóvil de 117 mil 250 soles y una camioneta de 67 mil soles.
Su biblioteca está valorizada en 450 mil soles. No reporta acreencias.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
El candidato de Peruanos Por el Kambio nació en Lima, va acompañado en su plancha por Martín Vizcarra Cornejo y Mercedes Araoz Fernández, como primer y segunda vicepresidentes, respectivamente.
Kuczynski Godard fue ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Fernando Belaunde, luego fue ministro de Economía y Finanzas, y presidente del gabinete ministerial de Alejandro Toledo.
Entre el 2007 y el 2015 fue asesor principal de TRG Management Perú SRL.
Es músico formado en el Royal College of Music; economista por la Universidad de Oxford y máster en Economía y Política por la Universidad de Princeton.
En el 2011 también postuló a la presidencia nacional quedan en tercer lugar.
Ha reportado ingresos por dos millones 499 mil 235 soles, una vivienda valorizada en 733 mil 399.56 soles, un automóvil de 60 mil 550 soles y seis camionetas.
VERÓNIKA MENDOZA FRISCH
Nacida en Cusco, lleva como vicepresidentes a Marco Arana Zegarra y a Alan Fairlie Reinoso. Estudió Lenguas y Civilizaciones Andinas entre el 2001 y el 2003 en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones; Psicología en la Universidad Denis Diderot, y Arquitectura, aunque no concluyó, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Es máster en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona y siguió un diplomado de Enseñanza de Lenguas en la UNED.
Actualmente es congresista de la República, ha trabajado como profesora entre el 2007 y el 2008 en el Instituto Acadomia, también como investigadora en la Asociación Pukllasunchis, de la que también fue miembro del equipo pedagógico. Ha sido también docente invitada de la Universidad Nacional de Altiplano.
Ha declarado ingresos por 187 mil 200 soles, un departamento de 34 mil 833.40 soles; una cochera de dos mil 164.42 soles, un terreno de 10 mil soles y una camioneta rural de 56 mil soles.
Tan pronto asumió el control de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, el flamante rector Jorge Oliva Núñez separó a funcionarios que ocupaban cargos administrativos y académicos, reemplazándolos por allegados a su entorno. El asunto no tendría nada de extraño si los cambios no vulnerarían lo dispuesto por la Nueva Ley Universitaria, al punto que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, ha pedido que explique al detalle cómo es que profesionales mayores de 70 años han sido designados en puestos para los que están impedidos, de acuerdo a lo señalado por la norma.
El jefe de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU, Aurelio Echecopar Talleri, con Oficio N° 049-2016, recibido el pasado 7 de marzo en la casa superior de estudios, se dirigió a las autoridades de la UNPRG para que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracción y Sanciones de la superintendencia, emitan pronunciamiento de manera documentada sobre la designación de los nuevos cargos académicos y administrativos.
“La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación y garante del cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley N° 30220, Ley Universitaria, tiene entre otras finalidades la de supervisar la calidad del servicio educativo superior universitario, así como fiscalizar si los recursos públicos han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. En ese sentido, esta Dirección ha recibido diversas denuncias señalando que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, se estarían designando a docentes mayores de 70 años para ejercer cargos administrativos”, señala el documento.
DESIGNACIONES IRREGULARES
El 11 de enero pasado la jefa de la SUNEDU, Lorena Masías Quiroga, fue notificada por escrito sobre la ocurrencia de irregularidades en la UNPRG por el incumplimiento a lo señalado por la Ley Universitaria, debido a que con la Resolución de Decanato N° 022-2015-NLU-FACHSE, empezó a ser considerado como docente ordinario y designado en el cargo administrativo de Subdirector del Centro de Idiomas, sección de Educación Permanente de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, el docente Wilson Lozano Díaz, identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI N° 16452650, cuya fecha de nacimiento es el 29 de marzo de 1945 y a la fecha tiene 71 años cumplidos.
El Artículo 84 de la Ley Universitaria, validada con sentencia del Tribunal Constitucional, señala que “la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria pública es de setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo”.
Asimismo, de acuerdo al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU, se considera como falta grave contar con personal docente ordinario mayor a 70 años, y como falta muy grave el contar con docentes mayores a los 70 años en cargos administrativos.
Días después, el 22 de enero, la SUNEDU también fue informada por escrito que con Resolución de Decano N° 011-2016-NLU-FACHSE, se designó en el cargo administrativo de jefe de la Oficina de Administración de la FACHSE al docente Carlos Salvador Reyes Aponte, con DNI N° 16448233, nacido el 10 de agosto de 1943, a la fecha con 72 años de edad, sindicándose como responsable de dicha designación irregular al decano Néstor Tenorio Requejo.
También han sido designados de manera irregular Félix López Paredes, de 80 años de edad, como Director General de la Sección de Pregrado de la FACHSE, con Resolución N° 017-2016-D-NLU, del 4 de enero pasado; Manuel Bances Acosta, de 72 años, como Director del Programa de Diplomados – Sección de Educación Permanente de la FACHSE (Resolución de Decanato N° 021-2016); Jorge Ordemar Rico, de 72 años, como Director del Programa de Complementación Académica Docente – FACHSE (Resolución de Decanato N° 012-2016), y José Pastor Balderrama, de 77 años, como Jefe de la Oficina de Imagen Institucional (Resolución de Decanato N° 004-2016). Sobre todos ellos ha pedido explicación la SUNEDU.
¿ESTATUTO ILEGAL?
Otro serio problema en la casa de estudios es el estatuto vigente, toda vez que, tal como se ha denunciado a la SUNEDU, contendría irregularidades en su Cuarta Disposición Transitoria, la misma que señala que “los docentes que a la fecha de la promulgación de la Ley N° 30220 (Nueva Ley Universitaria - julio del 2015), han cumplido 70 años o más, se respetarán sus derechos adquiridos por las normas legales con las que ingresaron a la docencia universitaria hasta la adecuación total de la universidad a la nueva ley. Asimismo, se tiene en cuenta que existen los fallos sobre los expedientes N° 594-99 AA/TC, del 10 de septiembre de 1999 y 1485-2001 AA/TC del 11 de septiembre del 2002, emitidos por el Tribunal Constitucional respecto a la edad para el ejercicio de la labor docente universitaria, los cuales no la limitan”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado al emitir su sentencia sobre la legalidad de la nueva norma universitaria se pronunció respecto a que lo señalado por el Artículo 84 de la ley no vulnera los derechos de los docentes mayores de 70 años. “Cabe concluir entonces que el límite de edad para el ejercicio de la docencia dentro de la categoría de ordinario no resulta inconstitucional, en tanto esta ley no impide la realización del derecho de acceso a la función pública y del ascenso dentro de la misma”, señala el fallo constitucional.
En consecuencia, la Cuarta Deposición Transitoria del Estatuto vigente de la Pedro Ruiz Gallo, con el cual se rige la gestión del rector Jorge Oliva Núñez, se habría elaborado sin observar las exigencias establecidas por la Ley N° 30220 - Nueva Ley Universitaria.
CARGA DE PLANILLAS
Basándose en el Estatuto vigente, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mantiene a 71 docentes mayores de 70 años como profesores ordinarios, lo que de acuerdo al Reglamento de Infracción y Sanciones de la SUNEDU ameritaría una multa de tres mil 950 soles por cada docente, sumando un total de 280 mil 450 contra la casa superior de estudios.
Otro perjuicio que generaría esta situación es la carga económica en las planillas de la universidad por la manutención remunerativa de dichos profesores, la misma que debería ser asumida por la Oficina de Normalización Previsional – ONP, las AFP o el régimen de la Ley 20530. Esto debido a que la Cuarta Disposición Transitoria del Estatuto aprobado e implementado por la gestión de Oliva Núñez no solo vulneraría lo ordenado por la Ley Universitaria, sino también se podría por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del 2015.
El Reglamento de Infracción y Sanciones de la SUNEDU señala también que constituye como falta muy grave elaborar y/o aprobar estatutos sin observar las exigencias establecidas por la Ley Universitaria, lo que amerita una multa de 395 mil soles como sanción en perjuicio de la universidad, pero además de una multa individual para quienes incurren en esta falta.
MAYORES DE 70 AÑOS
En la Facultad de Medicina Humana hay 12 catedráticos que exceden los 70 años de edad y aún se mantienen bajo la condición de docentes ordinarios. Ellos son: Moisés Cabrera Iturria (82), Walter Carpio Guerrero (82) Enrique Limo Peredo (80), Humberto Vera Gálvez (80), Enrique Seminario Valle (79), Ricardo Chirinos Chirinos (79), Víctor Díaz Silva (79), Genaro Ubillús Carrasco (74), Elmer Huangal Naveda (74), Jaime Salazar Salazar (71) Bonifacio Arauco Ibarra (71) y Juan Vega Grados (71).
Otros 16 profesores mayores de 70 años laboran en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE. Ellos son: Félix López Paredes (80), Ruperto Lara Castillo (78), José Pastor Balderrama (77), Gilberto Pérez García (73), Miguel Ramos Bazán (73), Manuel Oyague Vargas (73), Edgar Rozas Rebaza (73), Manuel Bances Acosta (72), Carlos Reyes Aponte (72), Jorge Ordemar Rico (72), Andrés Díaz Núñez (72), César Lecca Vergara (71), Wilson Lozano Díaz (71), Augusto Zorilla Flores (cumplirá en julio 71 años), y Carlos Quiñones Farro, actual presidente de la Comisión Reorganizadora de la Escuela de Post Grado, quien en noviembre próximo cumplirá 71 años de edad.
En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables figuran los docentes César Rodríguez Muro (80), Humberto Zamora Capelli (74), Pedro Mino Morales (73), Edgardo Mino Morales (cumplirá 71 en julio), Jonas Godoy Gonzales (cumplirá 71 en septiembre), y Heli Cachay Silva (cumplirá 71 en julio).
También aparecen los profesores Benjamín García Villena (79) y Luis Díaz Huamán (73), ambos de la Facultad de Veterinaria; Salvador Zuloeta Romero (77) y Enrique Lozano Alva (71), de la Facultad de Zootécnia; César Calonge Santander (77), Armando Baca Reaño (76), Jorge Martínez Santos (74), Abraham Fernández Mundaca (73), Aníbal Cáceres Larrea (cumplirá 71 años en octubre), y José Arias Cuadra (70), todos estos de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura.
En la Facultad de Ciencias Biológicas están en edad de cese los profesores Carlos Espinoza Valera (78), Leoncio Pacherrez Mogollón (75), Leopoldo Vásquez Núñez (73), Víctor Meléndez Guerrero (73), Lázaro Alarcón Gálvez (73) y Luis García Chiscul (71). De la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas están en edad de cesar Raúl Cumpa Pizarro (78), Luis Hoyos Vásquez (76), Renán Arbildo Paredes (75), Miguel Arana Cortez (74), José Balcázar Zelada (73), Amador Mondoñedo Valle (71), Walter Ramos Manay (cumplirá 71 en junio) y Rafael Hernández Canelo (cumplirá 71 en noviembre).
De la Facultad de Agronomía deberían dejar de ser docentes ordinarios Eduardo Morillo Saavedra (77), Jorge Agreda Morgan (76), Jorge Zeña Callacna (72), Nepalí Peña Orrego (71) y Diomedes Bocanegra Irigoín (cumplirá 71 en junio). Asimismo, en la Facultad de Ingeniería Agrícola figuran Luis Toledo Casanova (73), Genaro Santana Vera (71) y Manuel Millones Chumán (cumplirá 71 en diciembre).
La lista también la componen los catedráticos Nicolasa Gonzales de Angulo (84), de la Facultad de Enfermería; Carlos Neciosup Incio (76), de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica; Elmer Medina Sánchez (74), de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y Enrique Montejo Pinillos (72) y Adolfo Díaz Eyzaguirre (cumplirá 71 años en julio), ambos Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias.
El año pasado el economista Moisés Montenegro López alcanzó notoriedad al denunciar la existencia de más de mil 500 tesis falsas en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Resultado de la contundente investigación iniciada por el Ministerio Público, hoy cumplen prisión preventiva dos catedráticos de la casa superior de estudios, una está bajo comparecencia restringida y otro prófugo. Sin embargo, nadie imaginó que el ahora candidato al Congreso por la Alianza Popular tendría en su tesis doctoral una serie de plagios, al no citar textos de más de 10 autores en un total de 97 páginas.
Se trata de la tesis titulada “Rediseño curricular de la carrera de Economía para incorporar una malla de asignaturas para el desarrollo de capacidades de asesoría y gestión para micro y pequeñas empresas (MYPES) en los estudiantes de Economía de la FACEAC-UNPRG-Lambayeque, 2008”, sustentada por Montenegro López para optar por el grado académico de Doctor en Ciencias, con mención en Gestión Universitaria, en la Escuela de Postgrado de la casa de estudios lambayecana, en enero del 2010.
La tesis fue aprobada por el jurado conformado por los doctores Saúl Espinoza Zapata, José Vidal Meza e Hilda del Carpio Ramos. En el trabajo – de acuerdo al resumen – Montenegro López propone un modelo de rediseño curricular en la formación del economista que dote al egresado de un perfil adecuado a apoyar el desarrollo de las MYPES, como tipología empresarial que demanda que demanda asistencia profesional especializada.
LIBRO DEL BID
Expresión accedió en exclusiva a una copia certificada de la tesis, emitida por la misma universidad y sellada, página por página, confirmando su legitimidad, por el fedatario Luis Chudán Torres.
Tras el paciente análisis del contenido, se logró identificar que gran parte de las apreciaciones consignadas por Montenegro López como suyas, en realidad no le pertenecen, tal es el caso de lo señalado entre las páginas 11 y 17 de sus tesis, que resulta ser una copia textual, no citada, de lo señalado en las páginas 5 y 10 del libro titulado “La Enseñanza de Economía en Argentina”, obra de Guillermo Rozenwrcel, Gabriel Bezchinsky y Marisol Rodríguez Chatruc, publicado en el 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo.
La página 11 del documento de Moisés Montenegro y la 5 de los autores antes mencionados dice textualmente lo siguiente:
“Es difícil minimizar la importancia de entender mejor cómo se forman los nuevos economistas. La educación que reciban moldeará la forma en que resuelvan problemas, procesen información y lleven a cabo sus investigaciones. Todo ello, en última instancia, influirá en el tipo de políticas que los economistas diseñen, implementen o recomienden aplicar y en su rol en la sociedad (Colander, 2005). La forma en que se enseña economía tiene, por lo tanto, consecuencias concretas en el mundo real.
La complejidad de esa discusión es también innegable. En particular porque no hay un único modelo ideal de economista. Es posible y necesario formar economistas académicos ligados a la enseñanza y la investigación, así como profesionales vinculados a las necesidades del sector privado y policymakers capaces de desempeñarse en las distintas esferas del sector público”.
A diferencia de los autores del libro, que sí colocan pie de página, el economista lambayecano omite referirse a la fuente. Esta situación se repite en los 20 párrafos siguientes, en los que – por si fuera poco – Montenegro López quita la numeración de cita que figura en el libro original. Los párrafos tampoco se encuentran entre comillas.
LIBRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA
Otro de los títulos de los que el autor de la tesis copió textos completos es “Algunas consideraciones sobre la formación del economista y la búsqueda de alternativas al desarrollo socioeconómico” – Economía y Desarrollo, cuyos autores son Rafael Sorhegui Ortega, Magaly León Segura y Silvia Odriozola Guitart, publicado por la Universidad de la Habana en el 2008.
De este libro, Moisés Montenegro tomó párrafos de 17 páginas. El primer contenido aparece entre las páginas 17 y 25 (89 y 96 del libro original), donde señala, también sin comillas lo siguiente:
“Al iniciarse la última década del siglo XX, la American Economics Association constituyó una comisión ad hoc —en la que participaron economistas distinguidos, varios de ellos premios Nobel— con el fin de evaluar la educación universitaria en Economía en los Estados Unidos, algunos de los resultados que presentó la comisión en su informe de 1991, son los siguientes:
1. Divorcio cada vez mayor entre la ciencia económica y los problemas económicos reales, debido a que la enseñanza de la Economía se ha vuelto más abstracta y academicista, sin nexos con la realidad.
2. La mayoría de los postgrados sumamente homogéneos, los cuales otorgan cada vez más importancia al estudio de las matemáticas y las estadísticas, por encima de la Teoría Económica misma. Con ello, la cultura sobre los temas económicos desapareció”.
En este primer grupo de páginas, el candidato de la Alianza Popular copió textualmente 35 párrafos del libro de la Universidad de la Habana.
Otras contenidos tomados de este mismo texto son los de las páginas 87, 88 y 89, sumando en total 13 párrafos. También se ha tomado información de las páginas 96 (parte final), 97, 98, 99, con un total de 20 párrafos.
Lo más escandaloso, en todos los casos es que se ha copiado hasta los subtítulos de los libros originales.
TESIS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
Montenegro López también incluyó en su tesis doctoral párrafos completos, sin citar la fuente, de la tesis doctoral “Rol que juegan los activos intangibles en la construcción de ventaja competitiva sustentable en la PyME – Un estudio de casos con empresas de Cataluña y Jalisco”, del autor Carlos Fong Reynoso, publicada por el Departamento de Economía y de la Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2002. De esta obra hay textos distribuidos hasta en cuatro grupos de páginas de la tesis del candidato.
Los primeros plagios aparecen entre las páginas 43 y 46 de la tesis de Montenegro López, los mismos que corresponden desde la página 129 a la 132 de la obra de Fong Reynoso, haciendo un total de 20 párrafos. La copia inicia así:
“Antes de introducir el análisis de la PyME, conviene señalar que el interés en su estudio es relativamente reciente, de hecho la primera publicación científica dedicada a este tópico fue creada en 1952, y sólo hasta la década de los años setenta deja de ser considero como un capítulo propio de la discusión en el ámbito de la teoría económica, para tomar una cierta autonomía. (Julien 1998)”.
Otros párrafos tomados se pueden encontrar entre las páginas 46 y 47 de la tesis de Montenegro López, que en realidad pertenecen a las páginas 133 y 134 de la tesis de Fong Reynoso. También hay copias de esta misma obra entre las páginas 49 y 56, y 74 y 103.
PUBLICACIÓN DE SAN MARCOS
Moisés Montenegro López, quien se desempeña como docente de diversas universidades de la región y fue responsable de la elaboración del Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano, en el apartado de Lambayeque, para el presente proceso electoral, también tomó textos completos de la publicación denominada “Competencias claves para la gestión empresarial de la MyPes”, obra de Roberto Miranda Castillo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En la tesis del economista se toman en dos grupos de páginas los contenidos de la obra de Miranda Castillo. Entre las páginas 48 y 49, y 56 y 57.
En el primer grupo se toma el Cuadro “Criterios para clasificar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, que aparece en la página 8 de lo publicado en el 2005, en la Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM.
Asimismo, se han copiados los contenidos referidos a los Retos de las MyPES, comprendidos entre las páginas 14 y 15 del texto de Miranda Castillo.
MÁS CASOS
En la tesis de Montenegro López también se ha consignado, sin citar la fuente original, párrafos de la publicación “Productos Metodológicos de Desarrollo Empresarial en las PYMES – Estudio Comparativo en Latinoamérica”, cuya autora es Carmen Gutiérrez Olivera, y fue presentada por Swisscontact y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
De este texto se ha tomado información que se ubica entre las páginas 10 y 17, para ser incluidas entre las páginas 58 y 64 de la tesis. La copia se inicia con el siguiente párrafo.
“Las oportunidades de desarrollo empresarial en el nuevo contexto exigen a PYMES orientarse cada vez más hacia la especialización productiva, la articulación territorial y participar en mecanismos diversos de subcontratación formando parte del encadenamiento productivo de empresas líderes, de alta productividad y flexibilidad en sus Organizaciones. En este tipo de modero de desarrollo nos preguntamos ¿cuáles son las Competencias que se les exige a los empresarios PYMES y sus trabajadores?”.
Se han tomado 26 párrafos íntegramente.
Otros textos son “El fenómeno de la doctrina del emprendedorismo y la incubación de Empresas – Creando Riquezas”, “Elementos de un modelos de evaluación curricular universitario” y “La formación profesional basada en competencias”.
HABLA MONTENEGRO LÓPEZ
Al cierre de la edición, Expresión, vía telefónica, se comunicó con el economista Moisés Montenegro López para invitarlo a sus instalaciones y contrastar el contenido de su tesis doctoral con los libros aludidos. El candidato se excusó señalando que se encontraba fuera de Chiclayo por actividades propias a su cierre de campaña.
“(Mi tesis) es un trabajo de investigación, oportunamente desarrollado, estamos hablando del 2010, mi tesis doctoral y me imagino que también deberán citar las técnicas citadas, el focus group, las entrevistas y las encuestas. Bueno, mi trabajo es un trabajo hecho de campo, como todas mis tesis. Yo ahorita estoy en mis actividades”, señaló.
Se le refirió que nuestra publicación no cuestiona el trabajo de campo realizado en su tesis, sino la copia a otros autores con párrafos completos no comillados y tampoco con fuente citada.
“Hay que evaluar que en el año 2010 todavía no se reajustaban los temas vinculados a los nuevos formatos de fuentes, pero obviamente pertenecen a publicaciones hechas, yo creo que no hay ningún inconveniente”.
¿Pero no las ha citado ni las ha comillado?, se le remarcó, a lo que respondió diciendo: “Claro, porque son ideas fuerzas”.
“Esas son ideas fuerzas centrales de informaciones que fortalecen una investigación en concreto. Mira yo no tengo ningún problema, me están pidiendo que acuda físicamente pero yo estoy fuera, y no tengo ningún problema en discutir alguna información, encantado de la vida, pero no en el momento en el que lo piden ahorita. Si ustedes tienen que hacer alguna publicación, háganlo con todo gusto, no tengo ningún inconveniente”, enfatizó.
Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista y docente, Jorge Luis Vallejo Castello comenta sobre la coyuntura de la actual elección presidencial, las reformas electorales, el marco legal y analiza los motivos que llevan a elegir entre uno u otro candidato. Al mismo tiempo, recomienda seguridad respecto al cumplimiento de las promesas hechas por el postulante a elegir.
“No ha habido un proceso de madurez de nuestras organizaciones políticas y de muchos medios de comunicación. Lo que vemos en esta escena nacional actual son los mismos vicios y males, a los que ya estamos habituados en nuestra política local, trasladados a la elección nacional”, afirma Jorge Vallejo.
Las actuales elecciones presidenciales son consideradas las más polémicas en los últimos 26 años de historia reciente, tras la exclusión de dos candidatos: César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) y Julio Guzmán Cáceres (Todos Por el Perú), por la entrega de dádivas e incumplimiento de los estatutos de su partido, respectivamente.
NUEVA REGLAMENTACIÓN
El politólogo Jorge Vallejo considera que las reformas electorales que han sido protagonistas en esta elección pudieron ser menos traumáticas si se hubiesen hecho a su debido tiempo. De esta manera, responsabiliza a las instituciones electorales que presentaron el proyecto, pero sobre todo al Congreso de la República que demoró demasiado en su aprobación.
La reforma más discutida es la introducción del Artículo 42 de la Ley de Partidos Políticos que prohíbe a las organizaciones la entrega de dádivas. La aprobación tardía de la reforma electoral, recién en enero, con la elección en ciernes ha descolocado a agrupaciones políticas, que ciertamente no están acostumbradas a este tipo de reglamentaciones.
“Estamos viendo normas con la prohibición de qué es lo que no tendría que hacer un candidato, pero al mismo tiempo con la sanción. Esto es lo que a nuestra legislación le falta muchas veces, te dice lo que no debes hacer, pero no te dice qué te pasa si la incumples. Si yo digo que está prohibido regalar cosas en campaña, porque estarías comprando los votos, pero no te decía qué pasaba si lo hacías, ahora se dice: ‘te voy a excluir’. Como sociedad no estamos habituados al poder de las sanciones”, afirma el politólogo.
Definitivamente, las reglas han cambiado y como señala Jorge Vallejo, “aunque le cueste al peruano, la ley es la ley”.
POLARIZACIÓN ELECTORAL
“Siempre habrá población buscando medidas al extremo y no reacciona bien ante las propuestas. Si yo te digo que voy a renegociar los contratos, que el Estado tendrá una mayor participación en la economía, que a fin de cuentas no son medidas tan extremas; hay inequidades en el mercado y deben ser solucionadas, el Estado debe jugar con un rol de árbitro. Hay población que necesita mayor presencia del Estado o quiere un Estado que vele más por ellos.”, comenta el analista.
En nuestro país existen grandes deficiencias principalmente en los sectores: salud, educación y seguridad ciudadana, que en una campaña electoral y muchas veces, con ayuda de los medios de comunicación, son puestas al extremo. Incluyendo también, los revisionistas de contratos y los candidatos que tendrán un mayor margen de discrecionalidad ante la ley.
Sin embargo, Jorge Vallejo añade que hay candidaturas que buscan ceñirse al status quo con algunas reformas. “Hay que ser francos, en esta campaña todos están promoviendo algún tipo de reforma, el asunto está si las van a cumplir o no. El discurso también lo aguanta todo”, refiere.
CASO KEIKO FUJIMORI
La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori, quién según todas las encuestadoras recibe aproximadamente el respaldo firme de un tercio del electorado, está prácticamente asegurada en la segunda vuelta electoral.
Al respecto, el politólogo comenta que más que el tener poca memoria (por la época de la dictadura), el respaldo a Fujimori se debería a cuán cercana cree la población que está de ese Estado próximo que demanda. “Uno visita caseríos o comunidades más apartadas en la sierra o selva que recuerdan a Alberto Fujimori como el presidente que tomaba el helicóptero de la Fuerza Aérea, bajaba e inauguraba el colegio, conversaba con la gente. En el mismo Lambayeque, en el sector Chacupe, donde llegó y mandó las palanas que necesitaban. Entonces, ese trato cercano y directo genera vínculos en la política”, explica.
Para Jorge Vallejo se llega a valorar más la proximidad del presidente a un cierre del Congreso, que es el poder del Estado que curiosamente representa al pueblo.
“Parece que el Perú sigue buscando una especie de virrey o rey, un todo embestido de los poderes, casi un autócrata que se acerca a apoyarte. En los peruanos está el buscar una actitud, a veces, paternal del presidente”, menciona el docente.
TODOS POR UNA CURUL
Jorge Vallejo cree que los electores deberían valorar y considerar más la experiencia previa de un candidato comparado a su formación profesional, debido a que, muchas veces se puede obtener certificaciones de forma fraudulenta.
“Se debe analizar si el candidato, en aquella experiencia previa, gestionó bien su trabajo, tuvo éxito en sus logros o si no lo hizo. Por ejemplo, el empresario, ¿cómo ha manejado sus empresas?, ¿de manera transparente?, ¿pagándole bien a sus trabajadores? Si alguien le debe al fisco, ¿cómo va a liderar al respecto?”, cuestiona.
Acota que en el tema de las propuestas de los candidatos muchos de ellos ofrecen puentes, carreteras o cualquier tipo de obras públicas, sin embargo, los congresistas solo pueden “promover determinadas medidas, sentar en el banquillo a un ministro de Estado y hacerle ver que en determinadas localidades hay ciertos problemas y que necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno. Pero de ahí a ofrecer puentes o carreteras, como si fuese algo normal, están desconociendo sus funciones. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto”.
Indica Jorge Vallejo que anteriormente cuando un puente se caía, el diputado o senador iba a la Cámara y en el inicio del Pleno lo manifestaba. Se cargaba el pliego presupuestal y le daban al diputado un cheque a su nombre para que vaya a la comunidad y se ejecute la obra. Entonces, la gente entendía que era el diputado que estaba construyendo el puente. La facultad estuvo vigente hasta la Constitución de 1979. “Con esa imagen hemos crecido”, señala.
El politólogo también critica a los partidos políticos por elegir entre sus candidatos al Congreso a personas de reputación cuestionable y no a personas con una hoja de vida destacada.
“No podemos creer que no haya un grupo de peruanos entre los 29 millones de habitantes que no pueda cumplir con nuestra tarea, que podamos hacer un buen filtro como partido para llevar a los mejores cuadros, no solamente profesionales, sino también dirigentes destacados. Si no puedes depurar ello y tener una lista seria, cómo vas a cubrir todas la plazas de funcionarios que vendrán luego, puestos de confianza y demás”, indica Jorge Vallejo.
EL CANDIDATO IDEAL
“Cada candidato presidencial tiene muchos puntos a favor. Lo cierto es que en una campaña se suele enfocar los puntos en contra y hacer eco en ciertos males del candidato para golpearlo de ese lado. Yo creo que hay puntos a valorar en las distintas candidaturas, también habría que tener en cuenta cuántos puntos que se muestran como favorables son trabajo o maquillaje de asesores para que parezca el estadista perfecto para el país. Por eso, tenemos que ver qué hicieron estos candidatos en sus años previos a intentar la presidencia, en dónde estuvieron, qué rol cumplieron, con quiénes eran aliados o con quiénes trabajaban, cómo hicieron su trabajo en el caso de los que trabajan, debido a que hay muchos que se presentan y nunca han trabajado, eso también hay que tener en cuenta”, comenta el politólogo.
¿POR QUIÉN VOTAR?
Jorge Vallejo recomienda al electorado estar atento a los últimos días de campaña, no solamente a lo que los candidatos digan en las plazas, sino cuán precisas pueden ser determinadas propuestas.
Al mismo tiempo, considera que una de las cosas que garantiza que se cumpla lo que se promete es el quipo de trabajo que acompaña y el candidato mismo. Por ejemplo, si en su experiencia previa han cumplido lo que prometieron. “Si fue funcionario público, ¿cumplió su tarea adecuadamente? O si fue empresario, ¿cumplió con los trabajadores y su empresa se maneja bien? Eso lleva a formarse una imagen del candidato y de los que le rodean. De lo contrario, ¿si no han podido con lo poco, cómo podrán con un país?”, refiere.
Finalmente, el analista considera hay muchas cosas por corregir. “Es un aprendizaje lo que estamos viviendo, doloroso y lento, pero un aprendizaje a fin de cuentas, de entender que hay normas y sanción cuando se incumplen. Dejar de lado que la política sea de quien tiene más dinero para regalar más cosas. Hemos visto tolvas y camiones tirando paquetes, que si se daba en esta elección hubiese significado la exclusión inmediata, sin dudarlo. Anteriormente, era visto como algo malo, pero que se hacía. Ahora, la norma tiene que ser aplicada y la infracción sancionada”, enfatiza.
