El fiscal adjunto supremo titular de la Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa de Lima, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, ha desarrollado un ensayo sobre la viabilidad de la nulidad del contrato frente al tercer adquiriente de buena fe, postulando propuestas legales que pondrían freno al tráfico ilícito de propiedades.
“Este es un tema que trae muchas complicaciones en la actividad jurisdiccional y es muy trascendente, debatible y confrontable. Yo como fiscal no tengo facultad de decisión pero sí de opinión, y son los magistrados (jueces), quienes tienen la potestad de resolver conflictos de esta naturaleza. Cuando una propiedad adquirida por una persona no es registrada y esta pasa a ser de otro titular y así, sucesivamente, de uno tras otro, y el que adquirió en primer término y no registró intenta reclamar su derecho se motiva la confrontación entre dos artículos 2013 y 2014 del Código Civil, y se aúna a ello una modificatoria con la Ley 30313, que cambió las competencias notariales y les asignó funciones de control”, señala Rodríguez Monteza.
La Ley 30313 es la Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación.
Para describir el panorama existente respecto de la propiedad de inmuebles, el representante del Ministerio Público menciona que en el país existen tres tipo de propietarios: el que solo celebra un contrato privado de compra y venta; el que realiza el mismo contrato y lo legaliza ante un notario, y el que no solo lo legaliza, sino que además lo inscribe en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP. De los tres, el último es el que logra mayor seguridad de su propiedad.
SEGURIDAD EN PELIGRO
“El registro da la seguridad jurídica, pero como se sabe no hay nada absoluto en el Derecho y los conflictos se dan de una u otra manera, además que la seguridad jurídica, según se ha descubierto, fue afectada hace más de cuatro años con un copamiento institucional amplio. Recordemos el caso Orellana. El caso Orellana prostituyó la seguridad jurídica de registros, porque hasta ese nivel alcanzó. No importaba si se tenía la propiedad inscrita en Registros Públicos, igual, Orellana se encargaba de quitarla”, afirma el magistrado.
Comenta que las debilidades del sistema se hicieron más evidentes cuando las víctimas de la red Orellana intentaron reclamar sus derechos y recuperar sus propiedades por la vía civil, dándose con la sorpresa que esta no podía actuar. “Si no se destapa el aspecto penal del caso, mucha de esa gente no hubiera podido recuperar sus bienes. Orellana se encargó de cerrar todo el circuito de la seguridad registral a través de la circulación sucesiva de los inmuebles, es decir con la venta ficticia entre varias personas”, detalla.
Anota el fiscal supremo que la red Orellana se valió de la norma existente que protege el tráfico comercial de las propiedades a partir del tercer traspaso. “Se apoyó en su séquito y empezó a trasferir sucesivamente los bienes. Actualmente ya ni el registro nos garantiza la seguridad jurídica. La red acudió, lógicamente, a la falsificación de documentos y ahí hubo más complicidad, porque la Ley 30313 obliga a los notarios a reportar y asumir la responsabilidad de denunciar si detectan papeles falsos, pero muchos no lo hicieron”, señala Rodríguez Monteza.
ARTÍCULOS EN CONFLICTO
El fiscal supremo menciona que los artículos 2012 y 2014 del Código Civil entran en confrontación por las ventajas que permiten para que el legítimo propietario pueda perder un inmueble cuando se produce una tercera venta, aparentemente, de buena fe.
El artículo 2013 señala que “el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes”, en tanto el artículo 2014 indica que “el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.
“Para que el tercer adquiriente de una propiedad se proteja tiene que acceder al registro. Si no registra no tiene protección. La modificatoria de la Ley 30313 incluye la figura de la cancelación del proceso de registro, que es la facultad otorgada a los notarios”, explica.
Víctor Raúl Rodríguez precisa que en atención al artículo 2012 del Código Civil, existe la legitimidad presunta o aparente, además de la legitimidad real. “La legitimidad real anula a la aparente y por ello ahora el código admite que se declare la nulidad registral judicialmente. Otro principio es el de la buena fe registral que tutela la buena fe y el tráfico comercial, esto último es en lo que apoyan quienes buscan la preservación absoluta y total de quien accede a una propiedad aunque sea por mecanismos fraudulentos y fue con esto como muchas propiedades fueron declaradas a favor de Orellana en la vía civil, pese a que mucha gente reclamó porque le habían falsificado poderes para vender. Los bienes seguían circulando porque el tráfico comercial no se podía afectar”, aclara el fiscal.
LA BUENA FE
Rodríguez Monteza señala que para tutelar el principio de buena fe en la acción de un tercer comprador de un inmueble, tiene que asegurarse, precisamente que no haya existido dolo en su proceder y, que se haya continuado el tráfico económico.
“Hay muchos mecanismos para desvirtuar la buena fe y uno puede ser incluso de carácter objetivo, es decir si antes hubo algún registro de la propiedad. Hay casos en los cuales el comprador de un bien no lo registra, pero no por negligencia, sino porque este procedimiento supone un gasto adicional ante SUNARP, es decir por imposibilidad material. Existe la inscripción preventiva pero esta dura seis meses, pasado ese tiempo se cancela. Sin embargo, ya es un rastro de registro y este debe tenerse en cuenta como hecho objetivo que el nuevo comprador debe conocer. Otro elemento para confirmar la buena fe, ya de índole subjetivo, es que se tenga conocimiento de alguna negociación previa. Esto es muy importante, porque por lo general quienes incurren el traspaso ilegal de propiedades acuden a personas ligadas a ellos, vinculadas, de su entorno”, expone.
Añade que otro mecanismo para desvirtuar la buena fe es la ausencia de circulación. “Cuando en una negociación los bienes empiezan a circular sucesivamente lo que pasó ya no va a contar, porque el artículo 2014 señala que tercer adquiriente mantiene la inscripción, aun cuando se haya anulado el poder de quien venda. No hay sucesiva circulación, por ejemplo, si yo compro, no registro, y el que me vendió le vende el mismo bien a otro”, asevera.
NECESIDAD DE REFORMA
“Orellana hizo circular las propiedades de manera sucesiva y con eso logró impedir la recuperación de las propiedades. Sobre este tema quizá la solución todavía esté pendiente, quizá la legislación necesita un poco de claridad”, refiere el fiscal supremo.
Lamenta que el proyecto de reforma del Código Civil haya avanzado solo hasta el Artículo 1438, habiendo aún mucho trecho para llegar a los artículos 2013 y 2014.
“Estamos hablando del proyecto de reforma de la Comisión Muñiz, de 1994, que como llegaron temas mucho más interesantes como la reforma constitucional, el Código Civil se quedó estancado y ahí se quedó, dormido, solo se debatió hasta el artículo 1438. No es la única reforma que se quedó a medias, la constitucional tampoco avanzó, solo llegó hasta el debate del régimen económico. Entonces, el legislador, el Congreso, tiene una deuda pendiente con estos temas, falta mayor claridad para que se tomen en cuenta factores desarrollados por la Corte Suprema y que pueden ayudar un poco más a la función jurisdiccional”, enfatiza.
En dos años de actividades académicas en Chiclayo, la Universidad Tecnológica del Perú – UTP, ha logrado cubrir las expectativas de los jóvenes lambayecanos. Actualmente, una población de dos mil estudiantes confirma el éxito de la casa superior de estudios, que se esfuerza en ofrecer servicios de calidad y con un alto soporte innovador en la era de la digitalización.
“Estamos planteando nuevos retos, queremos seguir creciendo. Tenemos la infraestructura, el espacio, las capacidades y las competencias para seguir ampliando nuestra oferta educativa. Esta respuesta positiva que nos ha dado el mercado nos da el impulso de seguir, nos da ánimos para continuar atendiendo las necesidades de nuestra comunidad universitaria de Lambayeque”, señala Guillermo del Piélago Gastiaburú, director gerente de la UTP Chiclayo.
La universidad ofrece actualmente 10 carreras profesionales a las que en septiembre próximo se sumará la de Arquitectura, que ya se ha implementado en la sede central de Lima con un modelo bastante dinámico, actualizado, innovador y moderno. “Ese mismo modelo y malla curricular se estará implementando acá en Chiclayo. Ya hemos implementado los laboratorios y las aulas de dibujo, que nos van a permitir formar arquitectos de nivel. Tenemos cuatro carreras de Ingeniería, una de Arquitectura, cuatro de Gestión, una de Derecho y una de Psicología”, menciona.
En pregrado la casa de estudios también tiene un programa especial para gente que trabaja, orientado a alumnos mayores de 23 años de edad con un mínimo de tres años de experiencia laboral.
“En este régimen para gente que trabaja tenemos dos carreras nuevas: Contabilidad Financiera e Ingeniería de Sistemas e Informática, que se suman a las carreras que tenemos actualmente, que son Ingeniería Industrial y Administración y Marketing. También hemos tenido una muy buena acogida por la gente adulta, porque estamos recogiendo la necesidad del mercado, porque hay mucha gente en las empresas que por circunstancias no pudo hacer una carrera profesional en su momento y ahora que trabaja sienten la necesidad de contar con un título profesional que le permita ampliar su techo, seguir creciendo y según estas necesidades la UTP ha realizado un programa muy adecuado con un modelo flexible, que posibilita a los trabajadores a flexibilizar y compatibilizar su vida laboral, familiar y académica”, explica Del Piélago Gastiaburú.
CUMPLIENDO ESTÁNDARES
El director gerente sostiene que la casa de estudios está en pleno proceso de adecuación a la Ley 30220, Nueva Ley Universitaria, desarrollando para ello su proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, por el cual se exigen diversos parámetros que deben ser cumplidos para la continuidad del funcionamiento del centro de enseñanza.
“Nuestros programas también se están sujetando a la nueva ley en cuanto al cumplimiento de créditos y a la cantidad de horas para formar profesionalmente a un alumno, tanto en pregrado como en la modalidad de personas que trabajan. Ahora se pide un mínimo de 200 créditos y tres mil 700 horas académicas. La UTP está cumpliendo con eso”, destaca.
El programa para personas que trabajan también se ajusta a las exigencias de la nueva norma, debido a que el 50 % del proceso académico se desarrolla con herramientas virtuales. En total se brindan mil 500 horas de enseñanza virtual y dos mil horas presenciales.
“La carrera para la gente que trabaja es en menos tiempo porque una parte son horas presenciales en las instalaciones de la universidad, viernes por la noche y sábados por la tarde, y el resto de horas se basa en escuchar su clase desde la comodidad de su casa, y también en interactuar con el profesor bajo acuerdo entre ambos, en el que el alumno va a poder continuar la clase con un foro a través de la virtualidad”, señala.
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Para la UTP el uso de las herramientas tecnológicas es razón de fuerza y esto ha llevado a la universidad al desarrollo de aplicaciones, mejora de su soporte técnico y permanente actualización en los servicios que brinda a los estudiantes. Este año se han implementado ocho laboratorios para áreas como Química, Física, Cómputo, Resistencia de Materiales, Simuladores de Negocios y Topografía.
“Estamos implementando todo lo que es el soporte virtual, para que cada vez más nuestras asignaturas tengan mucho componente tecnológico y el alumno escuche su clase desde su computadora o smart. Hemos implementado el sistema UTP Móvil, con el cual alumno desde su celular inteligente puede estudiar o escuchar clases aprovechando tiempos muertos. Este aplicativo, además, le permite ver sus notas de clases, asistencias y también interactuar con el profesor. Hay chats privados y foros, es una de la innovación que se está realizando en Chiclayo. No es un proyecto, es una realidad que están viviendo nuestros alumnos”, resalta el director gerente.
Guillermo del Piélago comenta que aspecto fundamental del éxito alcanzado por la UTP en Chiclayo es el capital humano con el que cuenta en el cuerpo docente. Refiere que la universidad no solo tiene docentes con grado de magíster, como exige la Ley Universitaria, sino que también están en permanente proceso de actualización tecnológica.
Para este fin la casa superior ha puesto en marcha el Área de Calidad Educativa – CALEDU, encargada de capacitar a los profesores en el modelo educativo de la UTP, supervisar constantemente su labor e incentivarlos para que mejoren en sus técnicas pedagógicas a fin de desarrollar un sistema práctico y lúdico, divertido, con clases amenas para el alumno.
“Hemos obviado la clase típica, la cátedra tradicional donde el profesor era el único que hablaba y el alumno escribía. Nosotros hemos invertido los roles. El peso protagónico ya no recae en el profesor, sino en los alumnos. Que el alumno, a través de la investigación, lectura previa y estudio anticipado, venga al aula con la clase anticipada, con el tema ya investigado y que exponga frente al profesor los contenidos encontrados sobre determinado tema, y que el profesor solo sea un moderador, que se convierte en una persona que afina los conocimientos expuestos, y que le ayuda al alumno a redondear los conceptos”, señala.
También se trabaja con la Dirección de Tecnologías al Aprendizaje – DTA, que se encarga de capacitar a los maestros en el uso de las herramientas tecnológicas como la creación de chat o foros, o la edición de videos educativos.
“Lo que hemos hecho es que la tecnología esté integrada con el aprendizaje, más allá de los laboratorios y simuladores, que la tecnología sirva como una herramienta para que el alumno aprenda más. Lo que pasa hoy en día es que nuestros alumnos están muy pegados a la tecnología, entonces es algo muy inherente al joven y absorbente por ellos, el gran problema es que los profesores tradicionales se adapten a esta nueva modalidad, y estas áreas capacitan al profesor en el uso de la tecnología en base al aprendizaje”, refiere Del Piélago Gastiaburú.
MÁS SERVICIOS
Recientemente en el campus Chiclayo se han habilitado cinco pisos más del edificio principal, para albergar a la población de estudiantes que este año se ha duplicado. Las nuevas aulas, al igual que el resto de la infraestructura, están plenamente equipadas con mobiliario y soporte tecnológico, lo que facilita el dictado de las clases. A esto se suma el eficiente sistema de seguridad contra incendios instalado en todos los ambientes de la universidad.
Fuera los programas curriculares, la UTP Chiclayo también trabaja en actividades que ayudan a redondear la formación profesional, como visitas a empresas y talleres de oratoria, marketing personal o cómo enfrentar una entrevista de trabajo y elaboración del currículo.
“Los ayudamos a conectarse con las empresas a través de las prácticas pre profesionales y también estamos realizando talleres de deporte, danza, teatro y actividades sociales e integración. El producto que estamos ofreciendo es algo serio, INTERCOR es un grupo empresarial importante al cual le gusta hacer las cosas bien, de manera muy profesional, y la UTP no es la excepción. Las empresas que tiene INTERCOR son líderes y cuando decidió invertir en educación no solamente lo hizo con un afán lucrativo, sino con un afán trascendente, de darle a la clase media una educación de calidad. Nuestro director general, Carlos Rodríguez Pastor, se planteó trascender a través de dar una educación de calidad a la mayoría de peruanos con el espíritu de superación”, destaca.
Por otro lado, la casa superior trabaja en la implementación de un programa de integración que permita sumar a los padres de familia en el proceso formativo de los estudiantes, a fin de garantizar la formación humanística de los futuros profesionales.
“Hoy por hoy los jóvenes también necesitan el seguimiento y el apoyo de los padres desde casa. Son jóvenes que al no estar cerca de ellos también podrían desviarse, tomar otros caminos o podrían interrumpir sus estudios. Por ello, se nos hace muy necesario tener al padre de familia como nuestro aliado, y es por eso que ya estamos anunciando un programa especial con el que vamos a involucrarlos y ponernos de acuerdo para volvernos sus aliados”, manifiesta.
A propósito del aniversario institucional, la presidenta de la Corte de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, señala que las decisiones de los jueces solo se pueden respaldar en la transparencia y la correcta aplicación del Derecho.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumple 96 años desde su instalación, celebración que – en palabras de su presidenta, Ana Salés del Castillo – amerita una profunda reflexión sobre la labor jurisdiccional, en aras de actuar con diligencia y honestidad para alcanzar la confianza de la ciudadanía.
A nivel nacional es una de las que mayor carga procesal presenta, y para cuando Salés del Castillo asumió la conducción de la Corte, en diciembre del 2014, entendió – refiere – que en igual proporción debía ser la atención del nivel central del Poder Judicial a las necesidades de la administración de justicia en Lambayeque.
“Eso es lo que he venido buscando durante este tiempo de mi gestión, que Lima nos vea como lo que somos, una Corte importante, de la que han salido magistrados de alta valía que han dejado en alto el nombre de nuestra Corte”, sostiene la jueza superior.
El año pasado se concretó la creación y conversión de cuatro órganos jurisdiccionales a nivel penal y en materia Laboral se fortaleció la sala de descarga que permitió concluir en un 90 % los casos que se mantenían en proceso bajo la antigua ley procesal laboral. “Somos también una de las cortes con mayor producción en el ámbito contencioso administrativo y a nivel de carga estamos dentro de los estándares que exige el Poder Judicial. Las salas laborales de derecho privado están también atendiendo ahora de manera inmediata los casos que se presentan, estamos bien e incluso eso ha motivado que la Sala Liquidadora Transitoria que teníamos sea llevada a Lima, debido a que la carga que hay allá es diez veces mayor a la que tenemos en Lambayeque”, menciona.
Actualmente un juez de la Corte de Lambayeque, en materia penal, maneja un aproximado de 500 procesos, cifra que es elevada pero que se compensa con los estándares de producción, toda vez que los magistrados han superado ampliamente los indicadores señalados por Eti Penal, recibiendo el reconocimiento por sus avances en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
También se trabaja con dos juzgados liquidadores encargados de resolver los casos que se mantienen bajo efectos de la Ley de Procedimientos Penales. Al haber culminado con los casos locales, los jueces de estos despachos trabajan en la resolución de expedientes procedes de Jaén, provincia que forma parte de Corte de Lambayeque.
LEY DE FLAGRANCIA
A esto se suma la rapidez con la que permite actuar la aplicación de la Ley de Flagrancia, aunque existen serias limitaciones, sobre todo de índole presupuestal, para su ejecución.
Salés del Castillo comenta que la norma se ha puesto en marcha sin que se asignen mayores recursos al Poder Judicial, que está a la espera de la aprobación de 394 millones de soles, de parte del Estado, para la correcta implementación de la Ley de Flagrancia.
“Hemos implementado la ley de acuerdo a los recursos que actualmente tenemos y los jueces han venido afrontando la carga conforme se ha presentado. Los casos de flagrancia han sido resueltos dentro del plazo de las 24 o 48 horas, lo que implica un sobreesfuerzo de parte de los magistrados, pero hay la voluntad de hacerlo”, precisa.
La Corte de Lambayeque espera la creación de 10 órganos jurisdiccionales para que trabajen exclusivamente en los casos de flagrancia, ocho de los cuales deberán funcionar en Chiclayo, así como incrementar el personal que trabaja en las diferentes sedes.
En el propósito de atender la implementación de la ley, cuatro de los siete juzgados de investigación preparatoria se han convertido en juzgados de flagrancia, teniendo también a cargo la revisión de sus casos anteriores hasta llegar a la exclusividad. La resolución de la carga en estos juzgados es, en promedio, de 300 expedientes, entre enero y abril de este año.
“Los juzgados de flagrancia sí son importantes para la comunidad, porque quién no quiere que su caso se resuelva de manera rápida”, indica la presidenta de la Corte, quien añade que, tal como sucedió cuando se puso en marcha el Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, la entrada en vigencia de la nueva norma ha significado afinar coordinaciones con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública.
“Nosotros presidimos la Comisión Distrital del Código Procesal Penal y siempre se han tenido reuniones de coordinación con estos entes y para dar viabilidad a la implementación de la Ley de Flagrancia hemos sostenido sesiones con estas instituciones para determinar dónde está la problemática y qué medidas se pueden tomar. El año pasado, por ejemplo, se resolvió la demora de los dosajes etílicos. Sin embargo, hay limitaciones en cada entidad, porque así como a nosotros no nos han dado presupuesto, a las demás instituciones tampoco”, destaca la magistrada.
CRIMEN ORGANIZADO
En los últimos cinco años Lambayeque ha sido núcleo de operaciones de diversas organizaciones delictivas, la de José Luis Torres Saavedra, alías El Burro, en el 2010; la Gran Familia en el 2012; El Nuevo Clan del Norte en el 2013; Los Limpios de la Corrupción en el 2014 y Los Intelectuales de Lambayeque en el 2015.
La revisión de estos casos – indica la magistrada – ha motivado en los jueces de Lambayeque una mayor responsabilidad y, sobre todo, diligencia para actuar sin dejarse influenciar por la presión mediática.
“Nosotros estamos tratando de apoyarlos según los requerimientos adicionales. Por ejemplo, en el caso Limpios de la Corrupción la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria pidió un secretario ad hoc, para que tenga dedicación exclusiva al caso, y se le ha concedido. En el caso de los catedráticos, la carga no es muy elevada, pero estamos dándoles a los jueces todas las facilidades que necesitan. Lo importante es garantizar que ellos puedan emitir sus resoluciones con total independencia y autonomía, esa es la línea de trabajo con la que estamos desarrollando esta gestión. Nosotros resolvemos los casos con absoluta imparcialidad, independencia y autonomía. Cada decisión que se ha tomado ha sido confirmada por la sala superior e incluso por la Corte Suprema”, afirma Ana Salés.
Anota que se está desarrollando el estudio correspondiente para determinar si es posible la creación de un juzgado ad hoc que se encargue del caso Limpios de la Corrupción, cuyo expediente es complejo. Esto dependerá del análisis que se trabaja y de la decisión que tome el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
AZUCARERAS
Esta posibilidad, para el caso de las empresas azucareras, cuyos expedientes hoy se mantienen dispersos en diferentes juzgados civiles, está descartada.
Salés del Castillo señala que el inconveniente respecto a ello es que los casos de las agroindustriales se encuentran en ejecución de sentencia y la norma impide crear juzgados ad hoc cuando los procesos se encuentran en esta etapa, que es la fase final.
“Fue una iniciativa que se planteó en Sala Plena y no fue aprobada. No se puede ejecutar un juzgado para ejecución, el Consejo Ejecutivo crea juzgados para descarga o trámite. Es poco viable darle una solución de este tipo”, precisa.
La presidenta de la Corte anota que las decisiones judiciales, sobre todo en el tema azucarero, siempre van a generar controversias por el impacto social que tienen. En consecuencia ningún juzgado y ningún magistrado está exento del cuestionamiento público.
“En la medida que cada juez garantice la independencia, la imparcialidad y la autonomía en cada una de sus decisiones, sea ad hoc o no, va a emitir la resolución más justa, que corresponda. Todos los jueces estamos en la suficiente capacidad para afrontar los procesos en el momento que corresponda”, añade.
Sin embargo, Salés del Castillo reconoce que la incursión del Poder Judicial en los problemas azucareros ha generado impactos negativos sobre la imagen de la institución, a la que define como impopular.
“El ideal es que el Poder Judicial no se meta, que todo tema de empresa privada sea resuelto por los actores en su propio escenario, nosotros debemos ser el último eslabón al que deben acudir, eso si es que se quiere lograr paz social. Desgraciadamente los actores no encuentran la solución a sus conflictos y acuden a nosotros. Nos tocan la puerta y tenemos que resolver y cuando resolvemos siempre hay una parte que no está de acuerdo con las decisiones. El problema es que el Poder Judicial no es un organismo popular y no podemos decir que queremos la más alta aceptación porque no lo vamos a lograr, lo que podemos hacer es justificar nuestras decisiones con transparencia. No está en nuestra naturaleza ser un organismo popular”, precisa.
SEGURIDAD CIUDADANA
Menciona que su despacho coordina permanentemente con la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, como también con las instituciones involucradas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Ana Salés refiere que en este aspecto aún hay mucho por mejorar, sobre todo si se analiza la condición del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, cuya capacidad de alojamiento para los internos ha sido superada en 200 %, lo que impide el desarrollo correcto del proceso de resocialización y genera el desarrollo de nuevas tácticas delictivas.
“En materia de seguridad ciudadana se están haciendo varios esfuerzos a través del CORESEC y de los municipios, por ejemplo la comuna de La Victoria está implementando varias medidas y en Chiclayo se están haciendo intentos. Tratamos de aportar con algunas alternativas de solución al problemas”, resalta.
A ello se suma el trabajo articulado que la Corte desarrolla con el Ministerio Público para reducir la frustración de audiencias por inasistencias injustificadas y otros motivos que perjudican el desarrollo procesal.
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Rompió su silencio. Juan Mío Sánchez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, al fin concedió una entrevista a Expresión, 15 días después que publicáramos en exclusiva que la Contraloría General de la República le enmendó la plana al confirmar que las empresas que compraron lotes en la subasta del Proyecto Olmos cumplieron con pagar al municipio distrital los montos que legalmente les correspondían por concepto de alcabala.
El divorcio de la autoridad edil no solo es con los inversionistas que han adquirido tierras en el Proyecto Olmos y a quienes ha denunciado penalmente, también lo es con los comerciantes y con la mayoría de vecinas del distrito.
Mío Sánchez ya enfrentó una paralización de labores de la población y ha recibió la advertencia de que los pobladores tomarán las carretera de ingreso a Olmos para ser escuchados, pero también le han anunciado el proceso de revocatoria.
EXPLICACIONES
¿Por qué razón la municipalidad bajo su gestión emitió resoluciones estimando nuevos montos al impuesto de alcabala que debieron pagar las empresas que compraron las tierras de Olmos si estás cancelaron el importe de acuerdo a ley, como lo ha confirmado la Contraloría?
Porque para nuestra gestión, yo no respondo por la anterior, pienso que está de acuerdo a la Ley de Tributación o sea si uno compra un terreno para una casa no puede dividir una parte del pago. La ley es clara que el 3 % del valor del terreno es lo que se debe pagar por Alcabala y eso lo sabe todo el mundo, pero las empresas aducen en su descargo que han pagado un porcentaje por tierra y otro por capacidad, o sea por el uso del agua, entonces la demanda ha sido admitida. Inicialmente se archivó, pero se presentó el recurso de apelación y la Fiscalía Superior nos ha dado la razón y ha dispuesto que la fiscalía continúe investigando este caso.
Si las resoluciones están pendientes de resolver de determinación vinculadas precisamente con el pago de la Alcabala en el año 2012 ¿por qué razón se ha emitido una nueva resolución de determinación en el año 2015?.
Por eso por es la gestión mía por qué la resolución de determinación del año 2012 la hizo el señor Serrato, la que hecho del 2015 es la que me corresponde y esto está conforme a ley desde mi punto de vista, pero será la fiscalía la que está investigando este caso la que determine si es legal o no.
Se someterá a cualquier investigación del Ministerio Público.
Inicialmente la archivaron, el procurador apeló y ha tenido acogida en la Fiscalía Superior.
Hay algún pronunciamiento de la Fiscalía Superior.
Todavía ha dispuesto que la fiscalía provincial abra investigación y ya lo ha hecho porque nos está citando, está pidiendo más documentos, nosotros también estamos aportando para que el expediente esté con el sustento del caso.
Por qué razón no resuelve los recursos de reclamación interpuestos por las empresas contra las resoluciones de determinación de los años 2012 y 2015.
Hay un plazo de nueve meses que es lo que manda la ley, estamos dentro del término de la ordenanza y los estamos ya resolviendo, notificando a las empresas que han hecho recursos de reclamación. Son alrededor de 7 empresas a quienes les vamos a responder.
De no resolver estos recursos pueden incurrir en delito de omisión de funciones.
Tenemos que responderles y estamos ratificando que lo que hemos hecho, está bien ya ellos tendrán el camino para poder hacer la apelación ante el Tribunal Fiscal.
En la denuncia interpuesta ante la fiscalía indican que se habría dejado de pagar parte del impuesto de Alcabala a la municipalidad, solo se liquidó este impuesto sobre el precio de tierras dejando de pagar el denominado precio de capacidad. ¿En que se basan para hacer esta interpretación en la legislación tributaria municipal?
Hemos hecho consulta a algunos tributaristas de Chiclayo y ellos han hecho el sustento del caso, en base a ello es que hemos hecho la denuncia ante la fiscalía, a raíz de un estudio que la municipalidad optó por realizar.
Y si esto es así, ¿por qué razón durante su gestión en el año 2015, ante nuevas ventas de tierras del proyecto de irrigación Olmos, la Unidad de Rentas de la Municipalidad liquidó el impuesto de Alcabala solo considerando el precio de las tierras?
No es así. Se ha hecho la cobranza con un informe de acuerdo a ley. Últimamente hubieron unas ventas y el informe dice que hay que cobrar cerca de cuatro millones de soles, que si se cobrara con el precio anterior saldría a dos millones de soles, pero como se está cobrando tierra y capacidad este monto ascendió a cuatro millones de soles. Todo este informe se ha cruzado a la Fiscalía para que tenga más elementos de juicio y puedan pronunciarse al respecto.
¿En su condición de alcalde de Olmos realizó una consulta tributaria con la doctora Sandra Sevillano?
Sí, fue una cosa informal a través de mi persona. No se llegó a concretizar el trabajo formal y allí quedó.
¿Cuáles fueron las conclusiones de ese informe?
Bueno me lo entregó personalmente y no le di mucha importancia, no seguí recomendaciones porque no los vi muy fundamentados y como no hubo un contrato formal, no lo consideré conveniente.
¿Por qué razón hasta la fecha se niega a entregar ese informe a la Fiscalía, no obstante que le fuera solicitado el 30 de marzo?
La Fiscalía me lo ha pedido y yo le he respondido que no es un documento oficial de la municipalidad, es una consulta personal que lo hizo Juan Mío Sánchez, en consecuencia para mí no tiene ningún valor.
El 15 de febrero de 2016 la Contraloría le remitió el Oficio Nº 000225-2016-CG/CRN en el que le indica una serie de recomendaciones precisamente sobre el tema de la alcabala. ¿Qué acciones ha tomado su despacho para implementarlas?
Hemos respondido a la Contraloría con los argumentos que nos ha hecho el Procurador, no recuerdo el contenido exacto porque son términos técnicos, porque ellos así lo han precisado.
¿Han implementado algunas recomendaciones?
En algunos caso sí, porque no solamente es de la subasta es de otros temas como de personal, temas de abastecimiento y otros.
La Contraloría le recomienda tener especial cuidado al momento de resolver los procedimientos administrativos, pues podrían generar contingencias para la Municipalidad y el Estado. ¿Qué acciones ha realizado para implementar estas recomendaciones y evitar estas contingencias que podrían perjudicar patrimonialmente a la Municipalidad Distrital de Olmos y al Estado?
Ahora ya tenemos una Oficina de Control Institucional que lo ha logrado la Contraloría General de la República y será esta quien tendrá que ejercer las funciones encomendadas con la finalidad de no agraviar a la municipalidad o al Estado. El responsable es el CPC. Roberth Santa Cruz.
En el oficio y anexo la Contraloría concluye que el monto imponible para calcular el impuesto de alcabala solo puede estar constituido por la transferencia de propiedad, esto es el precio de tierras y no la prestación de servicios. Teniendo en cuenta que las recomendaciones de la Contraloría son vinculantes para la Municipalidad Distrital de Olmos, ¿qué acciones piensa implementar administrativamente?
Nosotros insistimos con la denuncia ante la Fiscalía y es un proceso que está judicializado, está en el Ministerio Público y serán ellos los que determinen la denuncia planteada por la Municipalidad.
¿No se desistirán de la denuncia penal?
Serán ellos los que determinen si hicimos bien la denuncia o de lo contrario la archiven, esperaremos.
Por otro lado, ¿la designación del Procurador Municipal es correcta?
Está bien hecha, yo ratifico mi confianza al doctor Hugo Lamadrid Ibáñez, en el momento de su designación en el cargo de Procurador Municipal ya no era asesor de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. No tiene ningún conflicto de interés porque solo es Procurador de la Municipalidad y además está trabajando Ad honorem, él tiene una pensión como fiscal cesante del Ministerio Público.
¿Qué les diría a las personas que lo cuestionan por la designación de Lamadrid Ibáñez?
No me sabe nada y yo a él tampoco. Sólo que aquí hay intereses del señor Willy Serrato, hay que decirlo con nombre propio, y que se precise en esta información, él quiere que yo lo saque porque precisamente como Procurador le ha hecho cinco denuncias por las irregularidades cometidas en la municipalidad en el proceso de selección del agua y saneamiento, la alcabala y otros casos más. Lo que se quiere es sacar al Procurador para que esas denuncias queden flotando y el señor quede libre de polvo y paja.
Ha sido una decisión del concejo municipal, ni siquiera del alcalde, dándole todas las facultades para que el Procurador haga la denuncia ante la fiscalía.
¿El Gobierno Regional de Lambayeque está trabajando con la municipalidad de Olmos, hay alguna coordinación?
El gobierno regional no nos apoya con ninguna obra, sé que está realizando gestiones de manera directa, sin nuestra coordinación.
¿Han acudido al gobierno regional?
En múltiples oportunidades.
¿Les han cerrado las puertas?
Me parece que sí, el gobierno del ingeniero Humberto Acuña me cerró las puertas, lamentablemente no soy de Alianza Para el Progreso. Acá en Olmos a través de la municipalidad no se ha hecho ninguna obra, las pocas faenas que hemos hecho son con recursos propios. El gobierno regional está realizando la infraestructura de algunas Instituciones Educativas directamente, sin coordinar con la municipalidad que es la llamada a realizar este tipo de trabajos.
No obstante ustedes van a continuar realizando obras.
Claro, sin el apoyo del gobierno regional y la municipalidad provincial, nosotros continuaremos trabajando.
¿Se siente aislado?
Sí, pero muy pronto seremos gobierno nacional (Mío es alcalde de Fuerza Popular) y entonces la suerte de Olmos cambiará radicalmente.
¿Confía en que ganará su lideresa Keiko Fujimori?
Totalmente, con el respaldo del pueblo olmano.
¿Tendría algo que ver la influencia del exalcalde Willy Serrato en esta decisión de la gobernación para no coordinar las obras como se debe?
Yo sospecho que sí, porque el señor Serrato es capaz de todo con tal que no triunfe Juan Mío. Es capaz de exigir y prohibir que me den cualquier tipo de apoyo.
¿Qué llamado le haría al gobernador regional?
Que apoye al distrito de Olmos porque acá todos somos peruanos, somos olmanos, hay gente que le dio su apoyo en su postulación al cargo y creo que lo mínimo que debe hacer es ejecutar una o dos obras en beneficio de los olmanos.
¿Pero son 15 colegios que está ejecutando el gobierno regional en este distrito?
Hasta el momento son cinco los colegios inaugurados, tal vez sean más, es por la falta de descoordinación. Cuando estuvo Yehude Simon y Nery Saldarriaga realizábamos convenios con la presidencia y nos transferían el dinero y ejecutábamos las obras como debe ser, por ejemplo ahora tuvimos reunión con nueve alcaldes de Centros Poblados, yo les transfiero un monto mínimo y por lo menos tienen para realizar sus gestiones y eso es lo que debe hacer el gobierno regional, coordinar con sus alcaldes distritales, pero hasta ahora en el caso de Olmos no hemos tenido ninguna reunión.
Lambayeque tiene 28 comunidades campesinas, cada una cuenta con sus propias resoluciones directorales, límites y títulos de propiedad. Sin embargo, algunas comunidades como la de Olmos, Mórrope, Lagunas, Mocupe, San José, Huaca de Bandera y Tupac Amaru II no cuentan con sus resoluciones actualizadas, tienen problemas de linderación e incluso de directivas ilegales, que están perjudicando todo su territorio.
A pesar que el mismo Estado, en reiteradas ocasiones, ha señalado la ausencia de comunidades campesinas en la costa, todas son autónomas, tienen un registro de padrón de comuneros y de parcelas, tienen carnet de propiedad y, además, cuentan con títulos registrales que fueron firmados por los virreyes o entregados por el Estado, pero que ahora deben ser actualizados.
“Estamos pidiendo al gobierno que ayude con esas actualizaciones de registro, para que no haya más usurpación o acciones de tráfico de terrenos, que se han presentado constantemente. Le pedimos delimitar las tierras y presupueste a las comunidades para que dejen de tener problemas en sus directivas y cuenten con una mejor legalidad y posesión de su territorio”, indica José Leonardo Reyes, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque - FEDECCAL.
Todas las comunidades campesinas son consideradas como parte de la historia, tradición y diversidad del país. Sin embargo, en 1992 se les quito oficial atención cuando el Ministerio de Agricultura desactivó el departamento que se encargaba de apoyarlas en sus dificultades. “Ahora estamos pidiendo al Gobierno Regional de Lambayeque que establezca una sub gerencia para las comunidades, pero con profesionales que conozcan el tema, queremos proponer y evaluar para tener una persona preparada y que se comprometa con ellas”, añade el presidente.
DIRECTIVAS ILEGALES
Son varias las comunidades campesinas que atraviesan por un conflicto interno que pone en riesgo la permanencia de sus terrenos y su desarrollo, problemas que se evidencian en la mala gestión de sus propios dirigentes que permanecen en el cargo por más de cuatro años, pese a lo que se estipula en la Ley de Comunidades Campesinas.
Este es el caso de la comunidad de San José, cuya directiva de Rogelo Acosta continúa una lucha contra la antigua directiva por exigir su derecho a ser reconocidos como dirigentes por Registro Públicos e impedir que los terrenos sigan siendo vendidos a precios irrisorios. Igual sucede con la comunidad de Lagunas, que tiene una directiva por más de diez años, pero que sigue siendo avalada por la SUNARP.
Asimismo, la FEDECCAL asegura que cuando las mismas directivas solicitan su apoyo para dar solución a este tipo de conflictos, ellos asisten como intermediadores para generar diálogo en donde se llegue a un acuerdo por las partes basándose en la norma y las leyes de las comunidades campesinas, como fue el caso de la Comunidad Virgen Purísima de Jayanca, que ya tiene solo una directiva.
Sin embargo, el presidente de la federación afirma que hay comunidades como las de Ferreñafe y Chongoyape donde nunca se ha solicitado la presencia de la federación ni su presencia en reuniones o actos eleccionarios, razón por la que no pueden colaborar a solucionar los conflictos existentes, ni informar a los campesinos sobre sus verdaderos derechos.
“Nosotros damos las soluciones cuando hay voluntad de la misma gente, la tierra es de toda la comunidad no solo de la directiva en turno. Ellos están para administrar los bienes y hacer convenios y gestiones que beneficien a todo el campesinado, pero muchos presidentes creen que al asumir el cargo se vuelven dueños de la tierras y no entienden que cualquier decisión que deba ser tomada solo se hace en una máxima asamblea general con todos los representantes de la comunidad”, especifica Leonardo Reyes.
Indica que ellos en reiteradas ocasiones han pedido a los dirigentes invitarlos para brindar charlas de información a los campesinos sobre sus leyes, derechos y limitaciones de su terreno. Sin embargo, no han obtenido mayor respuesta por parte ellos para realizarlas.
Tal es el caso de Ferreñafe en donde dos dirigencias siguen peleando por la venta de minería no metálica, y Registros Públicos solo está reconociendo a una directiva, mientras la otra ya está tomando medidas cautelares. De igual modo en Chongoyape, donde sí se logró realizar una intervención por parte de la FEDECCAL y pudieron beneficiarse a 830 comuneros al elegir una sola directiva.
En Lagunas gran parte de la comunidad se ha perdido por la venta de terrenos realizada por una directiva ilegal. “Nosotros siempre acudimos a los territorios y decimos a los comuneros que deben pedir la rendición de cuentas sobre las ventas y gestiones de las directivas, porque ellos son los dueños”, expresa Leonardo Reyes.
De igual modo, sucede en Santa Lucía de Reque y Olmos, esta última comunidad perdió 114 mil hectáreas que a la fecha se encuentran en un proceso en el Poder Judicial para exigir al Estado el pago de justiprecio por estas tierras, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas.
VENTA Y TRÁFICO DE TERRENOS
Son ocho las comunidades campesinas que están pasando por problemas de venta ilegal de terrenos, originándose conflictos por la recuperación de sus territorios y en algunos casos evitar ser desalojados por empresas o negociantes privados.
Las comunidades que se encuentran en esta situación son Chongoyape, en donde viven cerca de 800 comuneros; Santa Lucia de Ferreñafe, cuyo problema fue por una doble directiva y cuenta con aproximadamente cuatro mil campesinos; el caso de Lagunas, y Reque, que cuenta con mil 300 campesinos que prácticamente han perdido su territorio por la venta de tierras efectuada por un exdirigete.
Lo mismo sucede en el caso de San José, en tanto la comunidad de Santa Rosa ya logró solucionar su conflicto y 800 comuneros continúan en posesión de su territorio; Virgen Purísima de Jayanca, y Salas, que se encuentra en una situación parecida a la de San José, con una doble directiva.
Por otro lado, las comunidades de Olmos, Mórrope y Virgen Purísima han sido las afectadas por el tráfico de terrenos, y están en una lucha constante para evitar el ingreso de invasores, aunque algunos cuentan con el respaldo de antiguas dirigencias.
Para buscar solución a esta problemática se realizó una reunión de las comunidades con el Gobierno Regional de Lambayeque en la que se acordó entregarle la potestad de 193 mil hectáreas que serán reconocidas en Registros Públicos de ese modo. “No creo que sea conveniente entregar estas tierras al gobierno regional, porque ellos deben cuidar, pero no inscribirlas como suyas”, explica el presidente de la FEDECCAL.
“Aún pueden recuperar ese territorio a través de una máxima asamblea general y el gobierno regional puede terminar de titularlos y de lindar las tierras, para que la comunidad pueda estar tranquila, se tome en cuenta el presupuesto participativo para que se designe la partida y se trabaje un gabinete con profesionales. Lo que falta es voluntad política para trabajar con las comunidades”, agrega.
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
Actualmente la Federación de Comunidades Campesinas está trabajando en propuestas para incentivar el desarrollo económico tanto de la pequeña como de la mediana agricultura, ya que no cuentan con políticas de Estado que les dé créditos por su trabajo de producción y la oportunidad de ser una asociación competitiva capaz de exportar e importar sus productos a un precio justo.
“Se nos está tratando como cualquier cosa, diciendo que no somos productivos y permitiendo el ingreso de empresas extranjeras. Nosotros podemos producir y ser competitivos como sucede en otros países”, explica Leonardo Reyes.
Esta ausencia de políticas que defiendan a los campesinos y les permita aprovechar sus tierras para generar su propio desarrollo, es una lucha constante por parte de la federación. En el 2013, 20 representantes de esta asociación presentaron al Estado una serie de propuestas que no recibieron la atención esperada por parte de las autoridades.
Sin embargo, sí han logrado realizar ciertas coordinaciones respecto a temas de salud, educación y tradiciones. En el caso de la educación, han conseguido que la lengua originaria de las comunidades sea preservada como tal, y en el caso de salud que se mantenga su tradición en el uso de plantas medicinales.
Aun cuando están obligados a reportar sus ingresos y bienes todos los años, el alcalde y los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se han hecho de la vista gorda ante lo dispuesto por la Ley N° 27482 y su reglamento, incurriendo en falta administrativa según lo confirmado por la Contraloría General de la República a través de su Oficina de Declaraciones Juradas.
La Ley N° 27482 – Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, señala en su artículo 2 que entre los obligados a la presentación de dicho documento están los alcaldes y regidores, quienes deben remitirlos para su revisión y archivo a la Contraloría General de la República al inicio, con una periodicidad anual y al término de la gestión.
La importancia de las declaraciones juradas radica en que de su revisión es posible determinar cualquier indicio de incremento patrimonial no justificado, lo que daría pie a la acción penal contemplada también en la ley, vinculándose al Artículo 401 del Código Penal.
“Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y/o gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa ilícita”, señala la norma.
DECLARACIONES INICIALES
Conforme se ha corroborado en el portal de consultas en línea de la Contraloría General de la República, en el caso de la municipalidad de Chiclayo, el alcalde David Cornejo Chinguel y nueve regidores provinciales cumplieron únicamente con la presentación de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas al inicio de la gestión, es decir en enero del 2015.
El formato de las declaraciones considera dos componentes, siendo de conocimiento público solo el segundo, donde se muestra la información consolidada de los funcionarios. En la primera parte se encuentra el detallado de sus bienes y rentas, pero este tiene carácter reservado.
En atención a lo presentado por el alcalde de la ciudad, este declaró en enero del año pasado que percibía ingresos mensuales 29 mil 250 soles, de los cuales nueve mil correspondía al sector público (sueldo como autoridad), y 20 mil 250 a sus actividades privadas. Asimismo, declaró bienes por un total de 82 mil 650 soles.
La regidora Liliana Barrantes Piscoya declaró ingresos mensuales de dos mil 700 soles, y bienes por 15 mil soles; el concejal Alfredo Montenegro Bermeo reportó el ingreso de 28 mil 900 soles al mes (dos mil 700 del sector público y 26 mil 200 del sector privado), y bienes por 240 mil 112.20 soles. En el rubro de Otros, donde no se especifica el concepto, incluyó ingresos por 51 mil soles.
Del mismo modo, Boris Bartra Grosso declaró que al mes recibe dos mil 700 soles y bienes valorizados en 200 mil soles; Juan Carlos Pérez Bautista reportó ingresos mensuales de cinco mil 200 soles (dos mil 700 del sector público y dos mil 500 del sector privado). Incluyó el ingreso de 100 soles en el rubro de Otros.
El regidor Luis Carlos Cabrejos Ucañay declaró dos mil 700 soles mensuales como ingresos del sector público, además de 300 soles en el rubro de Otros; Octavio Romero Romero el ingreso de dos mil 700 soles al mes; César Torres Gálvez, registró en su declaración ingresos mensuales de ocho mil 700 soles (dos mil 700 del sector público y seis mil del sector privado), bienes por 120 mil 950.66 soles y 17 mil 765.53 en el rubro de Otros.
Asimismo, la concejal Laura Hernández Gonzales declaró ingresos al mes por tres mil 850 soles del sector público y bienes estimados en 50 mil soles. Finalmente, el regidor Víctor Rojas Díaz registró doce mil 660 soles de ingresos al mes (dos mil 700 del sector público y nueve mil 960 del sector privado), bienes valorizados en dos millones 596 mil 500 soles y un millón 769 mil 927 soles en el rubro de Otros.
INFRACTORES
Los regidores que no cumplieron con la disposición legal de presentar su Declaración Jurada de inicio a la Contraloría General de la República son Guillermo Segura Díaz, Edwin Huancas Ojeda, Elvis Bustamante Tarrillo, César Sisniegas Vergara, Ricardo Lara Doig y José Barrueto Sánchez.
Sin embargo, actualmente tanto el alcalde como los 15 regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se mantienen como infractores, debido a que tampoco han alcanzado el documento correspondiente al fin del primer período anual.
En la lista también figura el Gerente General del municipio, Ruperto Castellanos Custodio, quien solo presentó su declaración de inicio el año pasado.
Expresión solicitó información a la Oficina de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, la misma que confirmó que la entrega del documento es obligaciones en municipios cuyo manejo presupuestal supera las dos mil Unidades Impositivas Tributarias – UIT, como sucede con la comuna de Chiclayo.
De acuerdo al cronograma, las autoridades que iniciaron su mandato en enero del 2015 deben presentar, hasta el fin de este, en diciembre del 2018, una declaración de inicio, una de cese o salida, y tres al cumplir los 12, 24 y 36 meses en el cargo, es decir en enero del 2016, enero 2017 y enero 2018.
“SOY DUEÑO DE MI CUERPO Y DE MI ROPA”
Consultado sobre el particular, el regidor apepista Guillermo Segura Díaz reconoció que se mantiene omiso a la presentación de las declaraciones, anotando que por dedicarse a otras ocupaciones omitió el mandato de la norma.
“Estoy omiso a eso, no la he presentado, lo olvidé completamente porque me dediqué a otras cosas, pero voy a consultar cómo regularizado, porque felizmente que yo no tengo muchos bienes más que mi cuerpo y mi ropa”, señaló el concejal.
Segura Díaz se comprometió a subsanar falta, igual que su colega Luis Carlos Cabrejos, quien refirió tener la constancia de su primera declaración, la de inicio.
“Presenté la declaración el año pasado, tengo la constancia, pero si hay algo que regularizar sin problemas de hace. Mi patrimonio no ha aumentado, así que no hay problema”, manifestó.
Por su parte, el gerente general de la comuna refirió no tener conocimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas cada año, por lo que aseveró que revisaría la norma y entregaría el documento “de ser necesario”.
“He presentado el año pasado, solo una vez. En la municipalidad hay una persona encargada de la recepción de las declaraciones de los funcionarios, es una trabajadora de carrera. Lo que yo sabía es que se presentaba una declaración al inicio y otra cuando uno se retiraba, yo no sé por qué se tiene que estar presentando año tras año. Voy a revisar la ley y de acuerdo a eso subsanaré”, mencionó.
HOJA DE VIDA
El incumplimiento a la norma que los obliga a la presentación de sus Declaraciones Juradas no es lo único que pesa sobre el alcalde y los regidores de la comuna provincial de Chiclayo. A esto se añade la falta cometida al Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Municipales, por el cual están sujetos a la declaración de bienes e ingresos en su Hoja de Vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones – JNE. Esto debieron hacerlo cuando participaron de las elecciones municipales de octubre del 2014.
De los actuales integrantes del concejo chiclayano solo los regidores apristas Cesar Torres y Laura Hernández, así como el humanista Víctor Rojas, cumplieron con esta exigencia, incurriendo en la falta tanto el alcalde como los nueve regidores que colocó por Alianza Para el Progreso, así como dos representantes de Fuerza Popular y Solidaridad Nacional.
