La Contraloría General de la República, a través de su Oficina Regional Norte, con sede en Chiclayo, aplicó diversas auditorías al Gobierno Regional de Lambayeque entre enero del 2010 y agosto del 2014, comprendiendo a la primera gestión del gobernador Humberto Acuña Peralta. Resultado de ese trabajo el organismo de control determinó la existencia de hechos irregulares por lo que procedió a remitir los actuados al Ministerio Público, a fin de sancionar a los responsables de generar perjuicio al Estado.
Los avances de las intervenciones realizadas por la Contraloría empezaron a tener resultados concretos en septiembre del año pasado, permitiendo que se conozca algunos de los presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque en el desarrollo de diversas obras, muchas de ellas cuestionadas cuando se ejecutaban.
De acuerdo a los resultados, obras como la carretera San José – Pimentel o la aceptación de cartas fianza de una de la cooperativas vinculadas a la red de Rodolfo Orellana, sí representan responsabilidad penal, descartándose así los argumentos que hace algunos años diera el gobierno regional para negar cualquier tipo de irregularidad.
CARRETERA POMALCA - PAMPAGRANDE
La Contraloría ejecutó una auditoría al Gobierno Regional de Lambayeque generando la Carpeta de Control 119-2015-CG/CRN-AC-CC, del 16 de diciembre del 2015, referida a la formulación del expediente técnico, ejecución y supervisión de la obra “Carretera Pomalca, Saltur, Sipán, Pampagrande”, determinando que el otorgamiento de la buena pro para la ejecución y supervisión de la obra se dio a empresas que no cumplían los requisitos.
Asimismo, que no se aplicó la penalidad correspondiente al consultor por retrasos en la presentación de informes para la elaboración del expediente técnico, que posteriormente fue aprobado con un monto sobrevalorado. A esto se suma que el Gobierno Regional de Lambayeque pagó demás a la supervisión por la aprobación de ampliaciones de plazo por causas atribuidas a la entidad, y que no se instalaron las guardavías metálicas consideradas en los planos de señalización y seguridad vial como mandaba el expediente de la obra.
En este caso la Contraloría detectó un perjuicio económico de un millón 317 mil 797.27 soles, denotándose hechos de presunta responsabilidad penal, por lo que el informe fue remitido al cuarto despacho de investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ante la que se ha denunciado al Gerente Regional, al Gerente Regional de Infraestructura, al Jefe de Administración, al Gerente de Transportes y Comunicaciones, al Director de Supervisión y Liquidación, a los integrantes del Comité Especial, al Comité de Recepción y a otros funcionarios involucrados.
En esta obra también se identificó documentos falsos del consorcio ganador de la buena pro para la ejecución de los trabajos, hecho que fue denunciado por Expresión, en su edición 867, y cuya documentación fue solicitada por la Contraloría General de la República.
Resultado precisamente de esa denuncia es que la Contraloría formuló el Informe Penal N° 617-2015-CG/430, del 3 de septiembre del año pasado, en el que se señala la responsabilidad del Comité Especial y del Jefe de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, en el favorecimiento al Consorcio Vial Sipán, al otorgarle la buena pro para la construcción de la carretera pese a incumplir la experiencia mínima del personal propuesto y presentar documentación inexacta en la propuesta técnica.
La obra se ejecutó con un presupuesto de 33 millones de soles.
CARTAS FIANZAS
Otra auditoría aplicada al Gobierno Regional de Lambayeque motivó la Carpeta de Control N° 105-2015-CG/CRN-EE-CC, del 11 de diciembre del 2015, en la cual se detectó la aceptación de cartas fianzas de fiel cumplimiento y por otorgamiento de adelantos directos y de materiales emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fianzas y Garantías Ltda”, vinculada a la red de Rodolfo Orellana, no supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, no habiéndose exigido su renovación ni ejecución pese a su vencimiento en las obras: “Construcción del camino vecinal tramo Mamajpampa – Cañaris”, ejecutada por el Consorcio Cañaris, y la “Construcción de las defensas ribereñas en el río Reque, sectores Huacahina, Tabernas, San Pablo y Pocitos del distrito de Pucalá”, ejecutada por el Consorcio San Martín de Porres.
El perjuicio que esto habría ocasionado al Estado asciende a 591 mil 787.92 soles, y para la Contraloría la responsabilidad penal recaería en el Gerente de Infraestructura, el Jefe de Administración, el Jefe de Asesoría Jurídica, el Jefe de Logística y otros funcionarios del gobierno regional.
El caso ha sido remitido a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, donde se investiga a la red Orellana.
ESTADIO DE CHONGOYAPE
Otro caso encontrado en el Gobierno Regional de Lambayeque es el que se desprende del Informe Penal N° 615-2015-CG/L430, del 30 de septiembre del 2015, en el que se concluye que hubo favorecimiento al Consorcio La Unión en la ejecución de la obra “Mejoramiento del Estadio de la Juventud de Chongoyape”, donde se decidió descalificar a uno de los postores por incumplimiento de requisitos mínimos referidos a la experiencia de los profesionales, lo cual no estaba incluido en la bases integradas del proyecto.
El monto de la obra ascendió a 353 mil 6.84 soles, determinándose la presunta comisión de delitos como negociación incompatible, además de responsabilidad administrativa entre los integrantes del Comité Especial, el Jefe de la Oficina de Administración y otros funcionarios del gobierno regional. La denuncia penal está a cargo de la Procuraduría de la Contraloría General de la República.
CARRETERA SAN JOSÉ – PIMENTEL
En el Informe Penal N° 616-2015-CG/L430, del 3 de septiembre del año pasado, la Contraloría también pone en evidencia presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno Regional de Lambayeque en la obra “Mejoramiento de la carretera San José – Pimentel”, ejecutada con un presupuesto de ocho millones 963 mil 250.06 soles, en la primera gestión del gobernador Humberto Acuña Peralta.
En dicha obra la Contraloría ha determinado el favorecimiento al Consorcio Supervisor Vial San José – Pimentel, y al Consorcio Guadalupe, con el otorgamiento de la buena pro pese a no acreditar los requerimientos técnicos mínimos. Asimismo, que se contrató al supervisor pese a no presentar garantía de fiel cumplimiento. Por estos hechos se presume la comisión de negociación incompatible, así como faltas administrativas.
La Contraloría ha denunciado ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque a los integrantes del Comité Especial, al Gerente de Transportes y Comunicaciones (en ese momento Miguel Paz Vélez), al Jefe de Administración y otros funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque.
HOSPITAL BELÉN
Con Carpeta de Control N° 012-2016-GS/OCI-0633-EE-CC, del 25 de mayo de este año, la Contraloría determinó el incremento del valor referencial, basándose en un expediente técnico con inconsistencias; el otorgamiento de buena pro al Consorcio MR & JD, pese a no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, y el pago de partidas no ejecutadas y por trabajos adicionales que no corresponden en la obra “Mejoramiento de las condiciones de seguridad ambiental del módulo de TBC”, del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, a cargo de la Gerencia Regional de Salud.
El perjuicio estimado por la Contraloría asciende a 20 mil 740.56 soles, y se ha señalado responsabilidad ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque contra el Gerente Regional de Salud, el Director Ejecutivo del Hospital Belén, el Comité Especial, el Jefe de Administración y otros funcionarios.
ACCIONES DE CONTROL
El año pasado la Contraloría General de la República ejecutó 51 auditorías y para este año se espera cerrar con 78 procesos de evaluación funcional en las diferentes instituciones que manejan recursos del Estado. A nivel de Lambayeque existen 51 pliegos presupuestales a fiscalizar.
Asimismo, de acuerdo al Sistema de Control Gubernamental, en el 2015 se identificó mil un responsabilidades penales en funcionarios de las tres provincias del departamento, y en lo que va del año 139. También se identificaron responsabilidades civiles, que el año pasado llegaron a 29 casos. Entre enero y septiembre de este año se han registrado 38.
Entre el 2013 y este año la Contraloría ha procesado a 358 funcionarios, estando pendientes de proceso sancionador 140 servidores públicos.
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CONTRALOR ANUNCIA INTERVENCIÓN DE
MUNICIPIO DE J.L.O. Y DE EPSEL
El viernes último, durante su visita a Chiclayo, el Contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, anunció el ingreso de comisiones auditoras a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, debido a las constantes denuncias de presuntos malos manejos de los recursos públicos en ambas instituciones.
“EPSEL es una empresa municipal, gerenciada y manejada por un Directorio, designado mayormente por alcaldes, pero creo que se debe cambiar la forma en que se manejan estas empresas, porque si tenemos autoridades que no son efectivas en sus municipios, se traslada lo mismo a las empresas del saneamiento. Estas empresas deberían a pasar a cargo del Ministerio de Vivienda”, anotó.
Alarcón Tejada mencionó que a nivel nacional existen problemas con las empresas prestadoras de saneamiento, por lo que considera oportuno que desde el gobierno central se trabaje en un mecanismo que permita la mejor administración de las mismas.
“Vamos a acreditar una comisión de auditoría para intervenir en EPSEL, porque en el caso específico de esta empresa se tiene pérdidas acumuladas en los últimos seis años de más de 100 millones de soles; el 2015 lo cerró con pérdidas de 16 millones de soles. ¿Si trabaja a pérdida, para qué sigue operando? Se tiene que tomar una solución efectiva y por eso se va a ejecutar la auditoría y a identificar a los responsables”, anunció el contralor.
Respecto a José Leonardo Ortiz, Edgar Alarcón refirió que también se instalará una comisión auditora, la que se encargará de revisar los últimos cuatros años del manejo económico y administrativo de la comuna.
“Que se haga la auditoría integral a este municipio y yo le pido al alcalde (Epifanio Cubas Coronado) que se dé todas las facilidades a la comisión que se instalará en las siguientes semanas, porque vamos a revisar no solamente compras, sino también obras y manejo administrativo. Mi compromiso es que en los siguientes tres meses, a fines de año, tengamos resultados”, dijo.
El miércoles 12 d.c., la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el congelamiento de las cuentas bancarias del municipio leonardino, que al año maneja un presupuesto de 35 millones de soles.
Dicha medida fue advertida el viernes 7 de octubre por el contralor al alcalde Epifanio Cubas Coronado, a quien indicó que de encontrar indicios de corrupción en la información recabada por el organismo de control, se adoptaría dicha acción en cautela de los recursos del Estado.
“Pediremos al Ministerio de Economía la intervención de la municipalidad para que ellos mismos gestionen los recursos”, anotó.
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Mortificado, preocupado y molesto por lo dicho por el congresista Héctor Becerril Rodríguez, respecto a que “Lambayeque es una región corrupta”, comparándola con Áncash, el gobernador Humberto Acuña Peralta, le responde al parlamentario, de quien dijo “no es sincero en sus palabras” y que sus declaraciones tendrían un trasfondo político-electoral a favor de su hermano.
En voz fuerte y con tono enérgico Humberto Acuña sostiene que Héctor Becerril estuvo en Chiclayo para hacerle campaña a su hermano Antonio Becerril, quien tiene las ansias de postular y llegar a la gobernación de Lambayeque, argumentando preocupación en la problemática de la ciudad.
“Como gobernador regional saco la cara por los lambayecanos y descarto que los cimientos de Lambayeque estén afectados por la corrupción. Mi lema de campaña y de trabajo es “concertación sin corrupción”. Puede haber ciertos casos de corrupción, pero el señor Héctor Becerril no puede generalizar, lo que él ha hecho es meter a todos en un solo saco, a la PNP, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los alcaldes, a los colegios profesionales, a los centros educativos y esto no lo vamos a tolerar”, señala.
Acuña Peralta llama a Héctor Becerril a demostrar lo que dice y que explique con documentos en la mano cuántas obras se ha negociado con la corrupción o a señalar con nombre propio con quiénes ha pactado la entrega de alguna obras a cambio de algo.
“Las declaraciones del congresista Héctor Becerril están fuera de contexto. Lamento por los lambayecanos lo que el señor ha declarado y más bien lo veo que ha venido a Lambayeque a faltar el respeto, diciendo que todos somos corruptos. El señor Becerril ha generalizado con sus palabras, y a todos nos ha acusado de corruptos. En sus palabras no se salvan ni las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los periodistas, porque para él todos somos corruptos”, detalló el mandatario regional.
IMAGEN DEL HERMANO
Humberto Acuña fue claro en señalar que a Héctor Becerril “no le importan los problemas de Lambayeque”, y que la semana anterior llegó a Chiclayo “para sacar provecho del cargo, para vender la imagen de su hermano Antonio Becerril”, quien en la contienda electoral pasada fue candidato a la silla regional, y que ha puesto sus objetivos en las votaciones del 2018.
“El señor Héctor Becerril habla de corrupción generalizada en Lambayeque, eso no lo voy a tolerar, pero más corrupto es quien utiliza el nombre del Congreso de la República para desarrollar campaña electoral a nombre del hermano. Corrupción es que el congresista haga campaña al lado de su hermano, y trata de maquillarla como trabajo parlamentario”, detalla Acuña Peralta.
Además –explica- que “Héctor Becerril antes de hablar de corrupción desde el punto de vista general, debió haberse apersonado a la sede regional a pedir información sobre tal o cual cosa” y revisar los procesos donde supuestamente puedan haber presuntos hechos irregulares. “Lo mismo debió haber hecho con el resto de instituciones”, asevera el gobernador.
“El señor Héctor Becerril se está aprovechando del cargo y vulnerando el derecho de los lambayecanos, como es el caso de no respetar el debido proceso para salir a decir o hablar sobre tal o cual cosa donde presuntamente hay corrupción, sin que haya investigado. El señor es presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, pero no hace uso de su cargo para solicitar la información que crea conveniente y pueda dar declaraciones con argumentos sustentables. Es decir, si hay un corrupto o entidad corrupta, que lo diga con nombre propio”, señala.
CON LAS AZUCARERAS
En otro punto de la entrevista, Humberto Acuña se refirió a las empresas azucareras de las cuales dijo que uno de los graves problemas que ha llevado a sumirlas en permanentes conflictos sociales, que en más de una oportunidad han cobrado la vida de personas, lo constituyen las administraciones judiciales.
“Las administraciones judiciales le hace mucho daño a las empresas azucareras. No tengo temor en acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. No estoy metido en ningún acto de corrupción, las veces que hemos intervenido en las azucareras han sido como mediadores para calmar los ánimos y devolver la calma a la población, y el respeto a los derechos de los trabajadores”, detalló el mandatario.
LA REELECCIÓN
Acuña Peralta aprovechó el momento para señalar estar de acuerdo con reelección de autoridades regionales y locales, ya que dejarla sin efecto por parte del Congreso de la República – dijo – “ha sido lo peor que ha podido cometer el parlamento”.
“El peor daño que ha hecho el Congreso pasado al país es haber cortado la reelección. Se le ha hecho mucho daño al Perú, porque la población no tiene concepto de lo que es continuidad, calificación, proyectos de inversión a largo plazo y de articulación del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales. Un gobierno de cuatro años es corto, porque la autoridad no va desarrollar todo el programa de progreso que ha elaborado en ese período”, afirma.
Además – agrega- que se ha vuelto algo muy común que cada gobierno que entra a desarrollar una nueva gestión paraliza todas las obras empezadas por su antecesor y con ello le hacen daño al país y a la población.
“Para que se hagan realidad los proyectos de inversión, el Estado necesita de un gobierno de más de cuatro años. Los presidentes regionales y los alcaldes hacen muchos esfuerzos por desarrollar un buen trabajo, pero el período es corto. Sería bueno que se apruebe la reelección, pero solamente una más”, opina la máxima autoridad regional.
CAMPAÑA POLÍTICA
De igual manera, Humberto Acuña resta importancia a los plagios que fueron denunciados durante el desarrollo de la campaña electoral nacional pasada, y donde el líder de Alianza Para el Progreso – APP, César Acuña Peralta, se llevó la peor parte.
Refiere que la denuncia de los plagios tiene que ser resuelta por el presidente fundador de APP, pero en su caso como miembro y dirigente del partido, solamente está orientados a desarrollar la gran responsabilidad que tienen con el país. En todo proceso electoral –señala - hay equivocaciones, y como partido político han tenido sus problemas.
“Queremos hacer un país con un partido político consolidado y sólido. En la actualidad somos una de las fuerzas políticas más sólidas y con más representantes a nivel nacional, y con mayor participación en las campañas electorales que se desarrollan, contando con candidatos hasta en el último rincón del país”, detalla.
Explica que el trabajo que realizan en APP es coordinado y planificado, cosa que no hacen los partidos políticos tradicionales. “Para esa gente que ve en nosotros una nueva alternativa de desarrollo, estamos trabajando con organización”, resalta.
LA AVENIDA CHICLAYO
La autoridad política descartó que la obra de la Avenida Chiclayo se encuentre abandonada, y aclaró que dicha vía está operativa y cuenta con gran fluidez durante las 24 horas del día.
Explica que si bien la obra tiene ciertos cuestionamientos, esos malestares fueron denunciados en su debido momento por parte del Gobierno Regional de Lambayeque, pero la empresa constructora acudió en arbitraje, obteniendo la razón por el momento, siendo el gobierno regional obligado a recepcionar la obra.
“No nos hemos quedado con los brazos cruzados. Somos respetuosos de las normas y disposiciones legales, aceptamos la resolución arbitral que nos obliga a recepcionar la obra, pero eso no nos ha limitado para recurrir en busca de auxilio ante el Poder Judicial, donde actualmente se está viendo el caso y estamos a la espera de una sentencia, que esperamos sea a favor de Lambayeque”, detalla.
Añade que desde un primer momento el gobierno regional realizó observaciones necesarias a la cuestionada obra, pero hace conocer que en la sede regional se tiene una carta fianza por cinco millones de soles para ser ejecutada en cualquier momento, esperando que la justicia falle a favor de los lambayecanos.
De igual manera, señala que en cuanto al problema de la basura no significa que la obra de la Avenida Chiclayo se encuentre abandonada, sino que como la gente que vive a lo largo de la vía no recibe el servicio de recojo de los desperdicios, se ve en la necesidad de arrojar la basura a la calle, y en algunos casos al interior de la pista, convirtiéndola no solo en un muladar sino en un lugar peligroso, porque por allí transitan vehículos de todo tipo de tonelaje.
“El tema de la basura es un problema de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, y la gente lo ha visto como botadero. En Leonardo Ortiz no se tiene un programa de acción para recoger la basura de la zona, y es por eso que la gente se siente abandonada y como no puede tener la basura en sus casas, se ve en la necesidad de sacarla a la calle y en algunos casos la arroja dentro de la Avenida Chiclayo”, detalla.
APOYO A CUBAS
Refiere también que personal del gobierno regional monitorea la zona en forma permanente, y ante el crecimiento de los cerros de basura a lo largo de la avenida y el peligro que significa, desde su despacho se ha visto en la necesidad de coordinar con el alcalde leonardino, Epifanio Cubas Coronado, para desarrollar campañas de limpieza no solamente para limpiar la vía, sino también para cautelar la salud de los vecinos, y especialmente de los niños.
“La Avenida Chiclayo no está cerrada. Estamos preocupados por la forma como la población de la zona trata a la vía de comunicación, como un botadero. A pesar que la limpieza es responsabilidad municipal, nosotros estamos pendiente de ello, prestando maquinaria para el recojo y erradicación de los desperdicios que a la semana se convierten en grandes cerros pestilentes”, detalla.
COMPAÑÍA DE BOMBEROS
Con referencia a la Compañía de Bomberos de Monsefú, Humberto Acuña sostiene que fue un proyecto elaborado durante la gestión de la alcaldesa Rita Ayasta, quien en su debido momento transfirió la unidad ejecutora al gobierno regional. Dice que tiene conocimiento que no se operan las máquinas porque hasta hoy no ha habido ningún accidente o siniestro.
Explica que el grave problema de la central de emergencias es que no existen voluntarios para operar y por ello está abandonada.
“Ese problema no es del gobierno regional. La obra ha sido recepcionada en su debido momento. Ahora es problema es de las autoridades de turno del lugar”, puntualiza.
SEGURIDAD CIUDADANA
En cuanto al problema de la seguridad ciudadana, Humberto Acuña detalla que seguirá apoyando a la Policía Nacional, a pesar que días atrás se puso al descubierto un cementerio de vehículos cuyas tarjetas de propiedad datan como fabricación los años 2013, 2014 y 2015.
“La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que tenemos en Chiclayo. El hecho que se hayan encontrado vehículos abandonados en un depósito, no significa que dejemos de lado la lucha contra la inseguridad, más bien ello nos lleva a organizarnos para obtener recursos y repotenciar las máquinas que están paralizadas para darle paz, tranquilidad y seguridad a la población”, puntualiza.
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La inminente intervención del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento – OTASS, en EPSEL ha encendido las alarmas en los entes de gobierno de la empresa paramunicipal. El gerente general Néstor Salinas Vásquez ha declarado, a través de un comunicado oficial, que dicha medida no es necesaria, sino más bien que se requiere de mayor presupuesto “para mejorar la gestión y los servicios que se ofrecen”.
Evidentemente la aplicación del Régimen de Administración Transitoria – RAT, especificado en el Reglamento de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, no resulta favorable para los intereses de los alcaldes de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, que representan el mayor paquete accionarial la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, debido a que con la intervención del OTASS quedarían desactivados los órganos de gobierno, como el Directorio, por ejemplo, donde el manejo político ha imperado siempre.
Para que el Consejo Ejecutivo del OTASS resuelva la implementación del RAT debe tener previamente un informe y evaluación de la situación por la que atraviesa la empresa prestadora de servicios, que para el caso de EPSEL fue elaborado por la representante del organismo Gabriela Mendoza Martínez, que a inicios de agosto llegó a la empresa paramunicipal, recogiendo valiosa información no solo de la situación económica de la empresa, sino también de los malos manejos y contrataciones irregulares que realiza la actual administración.
LO QUE DICE LA LEY
De acuerdo al Artículo 53 de la norma, una vez publicada la Resolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que ratifica el acuerdo del consejo del OTASS, este se convierte en administrador de la empresa de saneamiento y asume las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio y de la Gerencia General, hasta que se designe a un directorio o administrador transitorio, en cuya elección ya no intervienen las municipalidad usuarias.
El Directorio que instala la OTASS se compone de tres integrantes, (actualmente el Directorio de EPSEL tiene cinco miembros), y para la Gerencia General puede recurrir al cuerpo de gerentes públicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. En consecuencia, según la ley, el RAT acaba con la intromisión política en el manejo de la empresa del agua.
Además, durante la ejecución del RAT, el OTASS, a través de su Consejo Directivo, se constituye en el máximo órgano de decisión de la empresa prestadora de servicios, teniendo facultad para, entre otras cosas, aprobar los estados financieros, la modificación del Estatuto, el aumento o reducción de capital y la emisión de obligaciones, la transformación, fusión o reorganización de la empresa.
Asimismo, está facultado para convocar a los acreedores, cuyos créditos son de origen tributario o cuyos titulares son entidades u organismos del Poder Ejecutivo, con el fin de efectuar coordinaciones que pueden involucrar la toma de decisiones para la negociación, fraccionamiento, aplazamiento o refinanciación de dichas deudas.
INTERVENCIÓN A MEDIAS
Sin embargo, a decir del jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Eduardo Gonzales Chávez, la intervención contemplada por la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento no se aplica como tal, y eso obliga al OTASS a ejercer únicamente un proceso de acompañamiento a los órganos de gobierno de las empresas.
“¿Cómo es la intervención que desarrolla el OTASS? Es un proceso de acompañamiento para capacitar, para ayudar, pero eso no es una intervención real. Una intervención real es que se tenga la capacidad de conducir la empresa, de hacer los cambios necesarios para que esta opere como debe ser. No se va a cambiar de dueño, van a seguir siendo municipales, porque así tiene que ser, porque así lo dice la ley, pero el OTASS debe tener capacidad de intervenir para efectivamente hacer que mejore la calidad de los servicios y que tengan la independencia adecuada para que técnicamente se manejen, y no en función a intereses particulares”, señala.
NO EN LA PRÁCTICA
Expresión dialogó esta semana con Gonzales Chávez, quien aseguró que el marco legal vigente permite que las empresas de saneamiento se resistan a la desactivación de sus órganos de gobierno, como el Directorio, la Gerencia General y cese de las competencias de la Junta General de Accionistas.
“Hay en la norma una indefinición, porque el proceso establecido en realidad no queda claro, porque se habla de indicadores y temas que se han planteado, pero no está claro en qué momento puede ingresar el OTASS. En el caso de EPSEL se ha pedido que ingrese al RAT y la empresa se ha resistido y no hay mecanismo concreto para producir una intervención real”, explica.
El representante del Ministerio de Vivienda indica que si bien el OTASS tiene el informe elaborado por la enviada del organismo Gabriela Mendoza Martínez este no resulta suficiente.
“La empresa se resiste porque no hay mecanismos concretos para efectivizar el ingreso del OTASS, la empresa sigue funcionando con sus órganos de gobierno, estos no se han modificado, y en otras partes las cosas son similares”, refiere.
Actualmente en el país hay siete empresas de saneamiento en las que se decidió desde el Consejo Directivo del OTASS aplicar el Régimen de Administración Transitoria. Estas empresas son las de Moyobamba, Tarapoto, Moquegua, Ilo, Iquitos y Nasca, pero en ninguna se ha logrado la remoción del Directorio y la desactivación de las facultades de la Junta General de Accionistas.
“Como el OTASS no ha tenido los mecanismos para realizar una intervención real se ha limitado a acompañar, a gestionar algunos recursos y a la elaboración de proyectos y temas muy puntuales, pero esa no es una intervención real. En ninguna de las empresas mencionadas se ha cambiado al Directorio ni a las gerencias, no se ha tenido la capacidad real de hacerlo, por eso se ha tenido que buscar acuerdos con sus órganos de gobierno para implementar el RAT, pero así no debe funcionar”, indica.
CORRECCIÓN NECESARIA
El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, señala con las facultades legislativas recientemente concedidas al Ejecutivo, se pondrá en marcha los ajustes al reglamento de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, a fin de permitir que se efectivice la intervención de las empresas tal y como señala la norma.
“Se va a hacer los ajustes legales correspondientes para que esa intervención pueda realizarse en plazos perentorios y rápidos y que efectivamente se tenga la capacidad de mover directorios y gerencias”, añade.
Según indica, en 60 días se podría tener afinada la norma para de esta manera evitar que las empresas de saneamiento se resistan a la intervención de la OTASS, entre tanto, para el caso de EPSEL, las cosas seguirán como hasta hoy.
Por otro lado, Eduardo Gonzales señala que resulta reprochable que el gerente general de la empresa del saneamiento en Lambayeque, Néstor Salinas Vásquez, haya declarado que antes que la intervención lo que EPSEL requiere es presupuesto.
Anota que está demostrada la incapacidad de la administración de EPSEL para ejecutar de manera correcta y eficiente los recursos, citando como ejemplo los cuatro millones 562 mil soles que le fueron asignados para trabajos preventivos por el Fenómeno El Niño, a inicios de este año, y que hasta el momento no han sido invertidos.
“Tienen cuatro millones desde marzo y no los pueden gastar, entonces cómo se le puede dar más dinero a una empresa a la que se le asignó un presupuesto para que ejecute de manera inmediata y no lo hizo, y eso ha generado una emergencia sanitaria en diversos lugares como José Leonardo Ortiz. Es cierto que se necesitan recursos, como en todas las empresas de saneamiento, pero aquí el principal problema es la incapacidad técnica de la gerencia para el manejo económico, además hay una serie de denuncias que tienen que investigarse y también injerencia política que explica la crisis y el problema existente”, asevera.
PROBLEMA GENERAL
Gonzales Chávez refiere que el problema del saneamiento básico y el agua potable de calidad es un mal general en el país, y en muchos casos obedece a la deficiencia técnica de las empresas paramunicipales.
Menciona que en los últimos años se han invertido en el país 29 mil millones de soles en el cambio de las redes de agua y desagüe, pero que en práctica no sirvieron para mejorar los servicios, ampliar la cobertura y reducir la brecha de los sectores que carecen del saneamiento básico.
“Tenemos operadores del servicio que funcionan de manera deficiente. Se han hecho muchos proyectos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de agua y desagüe que implican cambio de tubos. De los 29 mil millones de soles que se ha gastado en los últimos 15 años, cerca del 40 % ha sido para cambiar tubos que no tenían por qué ser cambiados en zonas donde se tiene 8, 14 o 16 horas de agua al día, cuando cerca había zonas que tenían solo dos horas de agua al día, dos horas cada tres días o a la semana y eso no puede ser”, cuestiona.
Añade que en los últimos años se construyeron en 102 plantas de tratamiento en todo el país, de las cuales hoy solo funcionan 36, y de esas 36 la mayoría opera al 60 % de su capacidad.
El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda anunció que el portafolio implementará una oficina de enlace en Chiclayo para que a partir de enero del 2017 los proyectos sean revisados de manera virtual, a fin de evitar que alcaldes o funcionarios viajen a Lima y se generen situaciones de contubernio en perjuicio del Estado.
“Estamos incluyendo además, en todos los convenios que a partir de la fecha va a desarrollar el ministerio para la transferencia de recursos, la decisión de que los beneficiarios de la obra creen un comité de vigilancia ciudadana que supervise el uso de los recursos públicos y que mantenga una relación con la oficina descentralizada del ministerio para advertir cualquier aspecto que consideren incorrecto”, puntualiza.
Voceros de la Controlaría de la República hicieron trascender que la tarde del viernes último el adjunto de la Oficina de Control Interno – OCI, del Centro de Gestión Tributaria CGT, de Chiclayo, César Mestanza intervino el Área de Abastecimiento, así como la Oficina de Imagen Institucional, y de ésta última habría recogido importante información que corrobora lo informado por Expresión, edición 982, sobre gastos excesivos en impresos, así como presuntos comprobantes de venta falsificados.
Durante el desarrollo de la investigación preliminar a cargo de Robert Vargas Tepe, sobre las extrañas adquisiciones en publicidad impresa, se ha llegado a descubrir que solamente en el mes de setiembre el proveedor Segundo Enrique Obando Chávez, quien inició actividad comercial en junio pasado, convirtiéndose inmediatamente en principal abastecedor del CGT, cobró 59 mil 496.98 soles por servicios que llaman poderosamente la atención del personal de control institucional.
Las extrañas compras estarían llevando a presumir que las adquisiciones no solamente estarían sobrevaloradas, sino que la entidad nunca habría recibido los bienes señalados.
PROVEEDOR CON SUERTE
De acuerdo a la información colgada en el Portal de Transparencia del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo se corroborado que el 1 de setiembre Segundo Enrique Obando Chávez cobró la suma de 495 soles por concepto de venta de viniles para ser instalados en locales desconcentrados referentes al vencimiento del tercer trimestre del impuesto predial, con medidas 2.90x0.70 centímetros y con instalación. El cobro lo hizo con la Factura N° 0001- 00055, emitida el 17 de agosto pasado.
De igual manera, ese mismo día, y sin especificarse el número de la factura, Obando Chávez cobró 690 soles por la venta de viniles de medida 2.90x0.98 centrímetros para bicivallas, referente a última oportunidad de beneficios, ampliación. El servicio también incluyó el pago por instalación.
El mismo 1 de setiembre se le pagó otra factura, cuyo número no se especifica, por mil 80 soles por la venta de banners para bicivallas referentes al vencimiento de la tercera cuota de impuesto predial y octava cuota de arbitrios municipales.
Enrique Obando Chávez, el 1 de setiembre, también cobró la Factura N° 0001- 000053, emitida con fecha 17 de agosto del 2016, por la suma de cuatro mil 380 soles, por concepto de venta de material publicitario para el mes de agosto referente a volantes en papel couché de 115 gramos, impresos por ambos lados, así como banners 2x1 metro y pasacalles de 8x1 metro, con instalación.
Sin especificarse el número de factura, también se le pagó cuatro mil soles por talonarios de la serie OIV-0032 para ser utilizados en el complejo deportivo de la Municipalidad de Chiclayo, impresos en original y copia, con numeración y perforados.
TAMBIÉN PAPELERÍA
A Segundo Enrique Obando Chávez se le pagó también cuatro mil 250 soles por concepto de formatería valorada, numeración impresa en talonarios, desglosables, según modelos presentados en el requerimiento N° 1067 y según el Informe N° 07.8-010-00000167-2016. También talonarios de la serie OIV-0013, numerados desde 75,001 al 125,000, así como talonarios de la serie OIV- 18 numerados del 40,001 al 90,000; OIV-0026 numerados del 17,501-67,500 y OIV-13 numerados del 27,501 al 77,500.
Con Factura N° 0001-000020, de fecha emitida el 18 de agosto del año 2016, se le pagó 901. 98 soles por la venta de 18 acrílicos, de medida 0.35x0.25, 0.60x0.30, 1.90x0.70, 1x1.90, 1.60x1.80, 0.70x0.35 y 2.60x0.25, referencia.
Asimismo, cobró la Factura N° 0001- 000066, emitida el 7 de setiembre del 2016, de dos mil 140, por la venta de material publicitario full color, volantes impresos en papel couché de 115 gramos, impresos por ambos lados, pasacalles de 8x1 metro con instalación y banner de 2x1 metro.
De igual forma, con la Factura N° 0001-000068 cobró la suma de mil 420 soles por la venta de banners para ser instalados en la oficina desconcentrada oeste, colocado en tres muros del frontis, con medidas de 10.40x2.58cm, 3.45x2.28 metros y 5.90x1.28 metros.
La campaña de empadronamiento de taxis desarrollada el mes pasado llevó a Segundo Enrique Obando Chávez a emitir la Factura N° 0001-000070, el 8 de setiembre, por la suma de siete mil 640 soles, por la supuesta compra de material publicitario full color, referente a empadronamiento de taxis, volantes en papel couché de 115 gramos, impresos por ambos lados, pasacalles de 8x1 metro, con instalación en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, así como banner de 2x1 metro.
Asimismo, con la Factura N° 0001-000072 cobró la suma de cuatro mil 590 por la elaboración de pasacalles termosellados, engrapados, con madera y alambre para ser instalados en la ciudad de Chiclayo, pero no especifica qué tipo de material y la campaña a desarrollar.
TARJETAS Y LLAVEROS
Lo que llama la atención es que con Factura N° 0001-000067 se pagó 390 soles por concepto de compra de tarjetas de presentación para la Gerencia General del CGT, actualmente ejercida por Nilton Monje Sampén. La adquisición se hace mediante requerimiento N° 1197, cuando el millar de tarjetas a full color incluido el diseño, tiene un valor el mercado de entre 50 y 60 soles.
Otra compra ha motivado al personal de Control Institucional del CGT a profundizar la investigación es la de llaveros tipo destapador con diseño del ente de recaudación, por los cuales pagó 13 mil soles con la Factura N° 0001-000081.
De igual manera, Segundo Enrique Obando Chávez también cobró 700 soles con la emisión de la factura N° 0001-000074, por concepto de fichas de inspección predial en original y copia impreso por ambos lados, enumerados desde el 16,501 para el área de Fiscalización.
Asimismo, con la Factura N° 0001-000044 Obando Chávez cobró en setiembre pasado la suma de tres mil 320 soles por la venta de formatos de papeletas de tránsito, en talonarios original y dos copias, tamaño A5, enumeradas desde el 10000794001. La adquisición se hizo mediante el requerimiento N° 887, amparado en el informe N° 07.8-010-00000135-2016.
CAJAS DE CARTÓN
Finalmente, con la Factura N° 0002-000075, Segundo Enrique Chávez Obando cobró al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 10 mil 500 soles por la venta de mil cajas de cartón de cinco milímetros de espesor, reforzadas, con agarraderas, para ser utilizadas como archivadoras y que serán repartidas en el archivo institucional y las diferentes áreas del CGT, para conservar en buen estado la documentación. La compra se hizo mediante requerimiento N° 1092.
Llama la atención del personal de Control Interno que cada caja de cartón tuvo un costo de 10.50 soles, lo cual hace notar que habría sobrevaloración en la compra.
COMPRAS DEL 2015
Si bien es cierto, personal de Control Interno del CGT, a cargo de Robert Vargas Tepe, con conocimiento de la Contraloría General de la República, inició las indagaciones en cuanto a las presuntas compras sobrevaloradas y presumibles adquisiciones fantasmas de lo que va del 2016, aún no han puesto sus ojos en las compras desarrolladas en el año pasado.
Es así que mientras un solo proveedor del CGT ha facturado por 59 mil 496.98 soles en lo va de este año, entre abril y diciembre del 2015, según en el Portal de Transparencia se registró un gasto de 46 mil 632.5 soles.
Esto pone en evidencia que la gestión de Nilton Monje realiza gastos que no serían importantes para la recaudación y el cumplimiento de metas económicas del CGT, y ello se nota con la deficiencia en el cobro de impuestos, cuyo total actual está por debajo de los tres millones de soles a la cifra habitual en años anteriores.
Tal como ha demostrado Expresión respecto a este año, en el 2015 el CGT también realizó gastos en la impresión volantes, banner, pasacalles y otros materiales, que habrían generado mayores compromisos de pago respecto al presupuesto institucional de la entidad, generando necesidades de realizar modificaciones presupuestales internas por parte del jefe de dicha área José Ignacio Quintana Ruiz.
LOS BENEFICIADOS
En el 2015, a la empresa Majo Punto.Pe EIRL, la cual se encuentra con baja de oficio por parte de la SUNAT desde mayo del año pasado, se le pagó mil 330 soles, mediante las Facturas N° 0001-001245 y 0001-001248, por la elaboración de ocho pasacalles y seis banners para difundir el vencimiento de impuestos municipales.
De igual manera, a Nélida Marilú Aguirre Hurtado, mediante las Facturas N° 001-0006152, N° 001-000619, N° 001-0006163, se le pagó la suma de mil 350, 891 y 648 soles, por la elaboración de volantes 1/3 de A4 en papel couché de 115 gramos a full color, para difundir el beneficio de descuento del 85 % y 83 % en papeletas de tránsito, así como por la elaboración de 12 millares de volantes para la difusión en oficinas desconcentradas y vencimiento del II trimestre del impuesto predial, así como 10 millares de volantes tamaño A5, a todo color en papel couché mate, para el área de Principales Contribuyentes –PRICOS - alusivos al vencimiento de los tributos municipales.
Otro que también cobró montos de 700, mil 210, 700, mil 218, mil 260, 770, 600, mil 400, mil 400, mil 400, 700, mil 165.50, 675, 810, 900, mil 400, mil 800, mil 700, mil 200, mil 200, dos mil, dos mil 100 y dos mil 100 soles, fue Roly Ángel Julio Mariños Mejía al emitir las facturas N° 0002-000010, N° 0002 - 000003, N° 0002-000091, N° 0002-000092, N° 0002-000098, N° 0002-000103, N° 0002-000097, N° 0002-000099, N° 0002-000076, N° 0002-000081, N° 0002-000079, N° 0002-000080, N° 0002-000077, N° 0002-000075, N° 0002-00053, N° 0002-000034, N° 0002-000042, N° 0002-000018, N° 0002-000020 y N° 0002-000024.
Los conceptos a cobrar fueron por venta de pasacalles full color; banners alusivos al vencimiento del impuesto predial y arbitrios municipales, regularización de licencia de funcionamiento, difusión de regularización de licencias de construcción, difusión de beneficios tributarios y no tributarios; compra de volantes a full color por ambos lados en A5, relacionados a beneficios tributarios y no tributarios; impresos en papel couché de 115 gramos por ambos lados, tira y retira, referente amnistía tributaria 100 % descuento en tamaño A5.
POR SERVICIO DE DISEÑO
En el 2015 también se pagó por el servicio de diseño a Roger Orbegoso Gamarra un monto de tres mil soles mediante los Recibos por Honorarios Profesionales N° E001-5, N° E001-4, N° E001-1, N° E001-3, y N° E001-2, para pasacalles, volantes, flyers, dípticos y otros, para difusión de tributos municipales
Otro que también cobró montos de 675, 600, 810 y mil 260 soles, fue Federico Pazos Montalván, por concepto de elaboración de volantes a full color en papel couché de 115 gramos, por ambos lados para difundir beneficio de regularización de licencia de construcción; volantes para cuota del impuesto predial, licencia de funcionamiento, de obras, certificado salubridad, multas, entre otros.
Central Gráfica SAC también cobró cuatro mil 550 soles, mediante factura N° 001 0002082, de fecha 27 de mayo 2015, por concepto de elaboración de letrero con marco de metal a todo color de 10x3.20 metros, templado con banner, y un letrero marco metal en forma de gigantografía con estructura metálica para las oficinas desconcentradas del CGT.
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Para el consejero regional Raúl Valencia Medina, de las filas de Alianza Para el Progreso, un serio problema en la gestión del gobernador Humberto Acuña Peralta es la soberbia que muestran sus funcionarios al momento de responder las críticas a su labor.
Las palabras de Valencia Medina responden a las negativas que en determinado momento han tenido los gerentes sectoriales para proporcionar información al propio Consejo Regional de Lambayeque, dificultando y retrasando la labor fiscalizadora que tiene el colegiado de acuerdo al marco legal.
Así sucedió, por ejemplo, con el gerente regional de Infraestructura, Fidel Ortiz Zapata, cuando el consejo solicitó la información técnica y los expedientes de la Avenida Chiclayo y el Paseo Yortuque.
“Hay soberbia en los funcionarios del gobierno regional y lo digo como consejero representante del partido que gobierna. Creo que en muchas gerencias se ha pecado de soberbia y esta, en la gestión pública, no es buena compañera de viaje, porque finalmente lo que origina es una innecesaria extrapolación que daña la imagen del gobernante. Ya empezaron a entender y espero que en adelante asuman una actitud mucho más tolerante”, señala.
Raúl Valencia anota que esto ha despertado en ocasiones el malestar del gobernador Humberto Acuña, quien ha demandado de sus funcionarios mayor apertura para aceptar las críticas y responder con argumentos técnicos.
“El mismo gobernador ha sido muy enfático y yo lo he escuchado en algunas oportunidades expresarse de manera bastante firme contra algunas actitudes de los gerentes, quienes con su accionar le han hecho daño y le hacen daño a la gestión. Reitero, esto no solamente es con los periodistas, también es con los consejeros regionales sean o no oficialistas”.
MAYOR APERTURA
El consejero indica que los gerentes deben entender la importancia de comunicar de manera correcta y que están sometidos al escrutinio público.
“Muchas veces han demorado innecesariamente en entregar una información, lo que hace pensar cosas que no deberíamos. Esta actitud da pie a pensar que hay algo oculto, y en la práctica, cuando han tenido que venir al consejo de grado o fuerza, han demostrado que no había nada que ocultar. Entonces el tema es actitud, falta de inteligencia emocional de las personas para facilitar y ayudar a transparentar la información respecto de su accionar en la gestión pública. Los medios de comunicación tienen el legítimo derecho de preguntar las veces que sean necesarias y consejeros también”, enfatiza.
Para el integrante del legislativo regional, la gestión que lidera Acuña Peralta deber dar mayores señales de tolerancia, sobre todo ante los organismos técnicos y de la sociedad civil que alcanzan sus críticas a la ejecución presupuestal y de los proyectos a cargo de las gerencias sectoriales. En ese afán – señala – el rol de los funcionarios es determinante.
“Estar en un cargo de confianza, políticamente hablando, demanda del funcionario, o de quien quiera que sea, absoluta apertura y tolerancia para poder responder las inquietudes de los medios de comunicación que son los interlocutores válidos entre la política y la sociedad. No son los periodistas quienes ponen piedritas en el camino, no lo percibo así, no lo entiendo de esa manera, y por eso mismo he alcanzado en algunas oportunidades mi recomendación, a los gerentes regionales, a que por favor atiendan las inquietudes de no solo de los medios de comunicación sino también de nosotros como consejeros regionales”, refiere Valencia Medina.
RESPUESTAS SUFICIENTES
Respecto al control político del colegiado, indica que si hasta el momento no se ha retirado la confianza a ningún gerente sectorial es porque estos han sabido demostrar de manera técnica y documentada que lo realizado se ajusta a los expedientes y proyectos acogidos por el gobierno regional para su ejecución.
“Como en cualquier gestión siempre habrán percepciones por un lado y justos reclamos por el otro respecto del accionar de una u otra gerencia, y no siempre, es mi personal punto de vista, la remoción es el mejor camino para decirle a la comunidad que efectivamente estamos trabajando. Desde el consejo regional hemos tratado de hacer un trabajo muy serio, muy responsable, sin llegar al exceso de politizar algo que tiene un manejo muy técnico. En el tema de Infraestructura, que está siempre en el ojo de la tormenta, la mayoría de las exigencias y reclamos han sido demostrados, en la Comisión de Fiscalización, como cuestionamientos que no tenían sentido, que no tenían fundamento razonable como para exigir o recomendar la remoción del gerente”, señala Raúl Valencia.
Añade que los funcionarios han superado exitosamente los cuestionamientos formulados y en virtud de ello el gobernador les ha ratificado su confianza.
“Han venido, han dado las explicaciones, han alcanzado la información, y se ha demostrado que como unidad ejecutora, no formuladora, el Gobierno Regional de Lambayeque ha cumplido a cabalidad en la realización de los proyectos, y las modificaciones que se hicieron en su momento fueron con el aval y la anuencia de los proyectistas”, finaliza.
