El Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS, alertó que sujetos inescrupulosos vienen estafando a través de páginas falsas en Facebook y páginas web. Usan el nombre de este organismo del Estado para tratar de sorprender a incautas personas.
La especialista en Subastas del PRONABI, Lisett Casaverde, manifestó que toda la información relativo a los procesos de subasta lo tienen expuesto en las redes sociales del MINJUS, y cualquier persona interesada puede acceder. “Así es que no se dejen sorprender por estas páginas falsas que se lanzan por medio de las redes sociales, cuyo único propósito es sacar provecho económico sorprendiendo a personas incautas”, subrayó.
Recordó que el PRONABI se encarga de administrar bienes que han sido incautados por un proceso de extinción de dominio y por un proceso penal por delitos en agravio del Estado, como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, terrorismo, entre otros.
Los bienes incautados posteriormente pasan a la condición de decomisados o se extingue los derechos de acción sobre los mismos y pasan a propiedad del Estado. Es así como el Pronabi los somete a un proceso de venta por subasta pública.
Como es de conocimiento público, las Fiscalías Provinciales Transitorias Especializadas en Extinción de Dominio han recuperado bienes valorizados en 9 millones 743,440 soles a favor del Estado peruano, tras lograr un total de 108 sentencias judiciales en 2023.
En sus casi cuatro años de funcionamiento, el Subsistema de Extinción de Dominio obtuvo un total de 641 sentencias emitidas por el Poder Judicial, recuperando un total de 61 millones 888,910 dólares a favor del Estado. Respecto al 2022, se lograron 275 sentencias referidas a las demandas planteadas por el Ministerio Público, con las que se obtuvieron 15 millones 552,699 de soles para el erario nacional.
El 25 y 26 de mayo nueva subasta
Lisett Casaverde informó que este 25 de mayo el PRONABI realizará su segunda subasta pública del año, donde se van a ofrecer once lotes e inmuebles, en tanto que el 26 será la primera subasta de vehículos. La actividad se efectuará en el auditorio del MINJUS, a las de 10:00 de la mañana, y la modalidad será a viva voz, de manera presencial. Las bases se pueden adquirir hasta el 19 de mayo.
Comentó que en Chiclayo hay tres inmuebles para subastar, uno de ellos es el lote 7, ubicado en la calle Mariano Cornejo Nº 130, manzana C, lote 28, en el distrito de José Leonardo Ortiz, es una casa habitación que tiene un área de 137.5 metros cuadrados y su precio base es de 150,925 soles.
Además, hay dos casas en el mismo distrito, una en la calle Atahualpa Nº 1137, de 69.60 metros cuadrados, cuyo valor base es de 70,183 soles; y la otra está ubicada en la calle Atahualpa 1133, de 77.10 metros cuadrados, de cuatro pisos, cuyo valor base es de 100,380 soles.
Manifestó que si en una subasta no se llega a vender porque no hay postor interesado, el precio base en el caso de inmuebles se reduce en 10% y en el caso de vehículos en 20 %.
No tendrán problemas legales
Casaverde refirió que quien adquiere estos bienes en el futuro no tendrá problemas legales, porque han pasado a propiedad del Estado, están debidamente inscritos en Registros Públicos y el PRONABI es el propietario de los bienes.
La funcionaria indicó que las bases lo pueden descargar desde la página web (www.gob.pe/pronabi) o llamar a la central telefónica al 5148830, anexo 2282 para la subasta de inmuebles y al 2274 para la subasta de vehículos, y a través del whatsApp llamar al 986608865 para lo que es bienes y al 957480185 para lo que es vehículos.
Como se sabe, hace poco el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima entregó al Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, la vivienda incautada a nombre de Rosmary Segura Neyra, esposa del exgobernador regional del Callao, Félix Moreno. Esta medida se dio en cumplimiento del procedimiento de ejecución de sentencia ordenada por el juez especializado Eduardo Torres Vera, luego que Segura Neyra no pudo demostrar, durante el proceso, la legalidad del bien incautado, valorizado en aproximadamente cinco millones de soles.
