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RICARDO OTOYA CABEZA: M脕S DE 50 A脩OS PINTANDO SOBRE ZA脩A

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • Los cuadros del artista representan la riqueza de la arquitectura colonial de Zaña.
  • Un total de 14 obras de sus obras se expusieron en la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque.

 

Ricardo Otoya Cabeza tiene 68 años y pinta desde los 13. Natural de Zaña, el artista es un enamorado de su distrito, al cual representa en cada una de sus pinturas. “Pinto a mi Zaña como la recuerdo en la época de los 60. Quienes ven mis cuadros se darán cuenta que los monumentos arquitectónicos que plasmo no se ven así en la actualidad, porque ahora se han  deteriorado”, cuenta.

 

Otoya Cabeza señala que busca transmitir a través sus cuadros las vivencias que tuvo de niño, así como el paisaje rural y urbano de Zaña, particularmente los monumentos arquitectónicos tales como el Convento de San Agustín, el Convento de San Francisco, el pórtico de la Iglesia de La Merced, la Iglesia Matriz, entre otros.

 

TÉCNICA

El artista señala que sus primeros acercamientos con la pintura se dieron cuando estaba en el colegio, a través de los concursos escolares. Tiempo después empezaría a pintar en óleo y esmaltes, actividad que ejercía en paralelo con su oficio en construcción civil.

“Alrededor de los 40 o 50 años empecé a realizar trabajos en acuarela que es la técnica en la que ahora me he especializado, pues me parece que su transparencia se presta más para ciertos efectos que a veces en el óleo no se pueden lograr”, sostiene.

Apunta que para lograr sus cuadros primero realiza el pintado en cartulina blanca y luego la va mojando según los efectos que desea lograr. Posteriormente, plasma el dibujo, realiza el trazado y pone el color.

“Ya que la acuarela es transparente, el blanco casi no se usa, pero yo empleo una técnica que consiste en humedecer toda la cartulina primero y luego ir mojándola de a pocos. La acuarela es agua y color, entonces mientras más transparente es mejor, le da un mayor contraste, más vida”, asevera.

 

ZAÑA

Otoya Cabeza señala que sus cuadros – 14 de los cuales se expusieron a mediados de este mes en la Dirección Desconcentrada de Cultura - DDC Lambayeque - representan la arquitectura colonial de Zaña, de los cuales quedan algunos vestigios. Comenta que para lograr sus creaciones ha estudiado mucho sobre las riquezas de su distrito, pues considera que a través de la pintura también se ayuda en la sensibilización de la población y las autoridades en aras de conservar el patrimonio.

“Uno de las monumentos que represento en mis cuadros es el Convento de San Agustín, el cual es una construcción de estilo gótico, de las cuales hay muy pocas en el Perú. Es un orgullo para Zaña tener una arquitectura de primer nivel, llegaron incluso los mejores alarifes de la época como Blas de Orellana, por eso intento rescatar a través de mis cuadros esos edificios, que la gente vea su belleza”, asevera.

No obstante, señala que mucha de esa belleza se perdió no solo debido a los embates de la naturaleza, sino también a la mano del hombre, pues considera que la restauración del Convento de San Agustín prácticamente “fue un error”, dado que no se respetó su esencia arquitectónica.

“Creo que le quitaron todo el atractivo, ya que lo enyesaron por dentro y por fuera, cuando la idea debió ser mantener sus características. Ahora la vista exterior del templo ya no es como yo la conocí, por eso trato de rescatar su esencia con mis cuadros”, manifiesta.

 

PROYECTOS

Por otro lado, señala que aún es muy complicado que un artista pueda vivir de sus cuadros, pues muchas personas y, sobre todo las autoridades, no valoran el esfuerzo de quienes se dedican al arte.

“Aunque para mí la pintura no es rentable, tampoco considero que sea un pasatiempo. Es una suerte de paliativo para seguir realizando nuevos trabajos. Me costó mucho sacrificio montar mi última exposición, pues todo cuesta, los materiales y el tiempo que uno invierte pintando es ‘ad honorem’, cuya inversión muchas veces no se recupera”, cuenta.

El artista señala que en adelante piensa ya no solo pintar sobre Zaña, sino representar las riquezas de otros distritos como Monsefú y Mórrope, que tienen bastante aspecto costumbrista por recoger”, indica.

 

+NOTICIAS

  • Los cuadros de Ricardo Otoya se venden entre los 700 y mil 200 soles.

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POR RUIDOS MOLESTOS QUE OCASIONAR脥A EL BAR TRIBAL: MPCH PIDE A VECINOS QUE DEMANDEN REVOCATORIA DE LICENCIA EN EL PODER JUDICIAL

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • Vecinos de la Urbanización Santa Victoria solicitan la adecuación del establecimiento BL.Tribal a la normativa municipal o la anulación de su licencia de atención.
  • La Municipalidad Provincial de Chiclayo se habría extralimitado al fijar el horario de atención permitido en la licencia de funcionamiento.

 

Desde hace tres años en la esquina de la Calle Las Diamelas con la Avenida La Libertad, en la Urbanización Santa Victoria, funciona el bar BL. Tribal, tiempo desde el cual algunos de los vecinos, representados por Alfonso Montoya Rosas, se quejan por los ruidos molestos que - consideran - provoca el establecimiento con la presentación de bandas de rock en vivo de miércoles a sábado.

 

Esta situación se remonta al 5 de diciembre del 2016, fecha en la que Libia Antonieta Medianero Salazar presentó el Expediente Nº 80757-2016, ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo, mediante el cual solicitó la licencia de funcionamiento de BL. Tribal, ubicado en Las Diamelas 555, para el giro de actividad de “bar”. Diez días después se emitió dicha licencia, a través del Certificado Nº 000461.

 

HORARIO DE ATENCIÓN

Uno de los reclamos que plantea Montoya Rosas es el referente a un presunto incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 015-2016, la cual establece el horario de funcionamiento para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas.

Según la clasificación de establecimientos, los bares, cantinas y negocios similares, cuya modalidad de expendio es envase cerrado, abierto, al copeo o en cualquier otra modalidad, tienen como horario autorizado desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche. La licencia de funcionamiento emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo autoriza a LB. Tribal a desempeñar el giro de bar.

No obstante, en el certificado de su licencia de funcionamiento se le concede un horario de atención que va de martes a sábado desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y de 7:00 de la noche a 2:00 de la madrugada.

 

RUIDOS MOLESTOS

Montoya Rosas denuncia que el establecimiento BL Tribal estaría incumpliendo la Ordenanza Municipal Nº 012-2019-MPCH/A. Según la referida norma, en las zonas mixtas (residencial – comercial) se consideran como ruidos molestos y nocivos aquellos que superen los 60 decibeles desde las 7:01 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y los 50 desde las 10:01 de la noche hasta las 7:00 de la mañana.

En la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano Nº 461-2016-MPCH/GDU, a través de la cual se aprobó el otorgamiento de la licencia de funcionamiento a BL.Tribal, se señala que “el administrador deberá respetar las normas sobre tranquilidad del vecindario, buenas costumbres, no ocupación de la vía pública, seguridad en edificaciones, no uso de orquestas y otras disposiciones establecidas en la normativa municipal sobre establecimientos, bajo sanción”.

Montoya Rosas señala que LB Tribal presenta bandas de rock en vivo casi todas las noches, lo cual contravendría lo expuesto en la resolución con la que se le hizo entrega su licencia de funcionamiento, además de superar los decibeles permitidos.

En ese sentido, el 29 de diciembre del año pasado 12 vecinos le enviaron una carta notarial a la gerente de BL. Tribal, Libia Antonieta Medianero Salazar, solicitándole que se adopten las medidas técnicas necesarias para evitar que el ruido propio de las actividades comerciales afecte a los residentes de la zona.

El 10 de enero de este año Medianero Salazar dio respuesta a los vecinos indicándoles que han cumplido con realizar el diseño de aislamiento y acondicionamiento acústico del local comercial, además de señalar que si se presentase alguna denuncia en su contra en la Fiscalía de Prevención del Delito, ellos se reservarían el derecho de querellarlos. 

 

INCOMPATIBILIDAD DE USO

Por otro lado, Montoya Rosas refiere haber solicitado en reiteradas oportunidades a la Municipalidad Provincial de Chiclayo que cumpla con fiscalizar dicho establecimiento, fruto de lo cual el Departamento de Estudios Urbanos de la Subgerencia de Obras Privadas emitió el 31 de mayo de este año el Informe Nº 348-2019-MCH/GDU/SGOP/EU, dirigido a la gerente de Desarrollo Urbano, Mariela Villena Pelayo.

El informe firmado por Jorge Luis Castro Purizaca señala que la zona donde está ubicado el establecimiento es compatible con el funcionamiento de locales de servicio de alimentación y bebidas, mas no para locales de ocio y diversión que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas como restaurantes-bares, bares, discotecas, karaokes, pub, peñas y similares.

 

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

En atención a la solicitud hecha el 2 de mayo de este año por el vecino Fabio Fabricio Feijoo Astudillo para que la intervención y clausura definitiva de BL Tribal, la Gerencia de Desarrollo Urbano se pronunció mediante el Informe Legal Nº 160-2019, del 9 de septiembre pasado.

El informe señala que la incompatibilidad de uso califica como una causal de nulidad la licencia de funcionamiento, según lo contemplado en el inciso 2 del Artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444.

Pese a ello, señala que según el inciso 3 del Artículo 202 del Decreto Legislativo Nº 1272, que modifica dicha ley, la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, por lo que el ayuntamiento ya no tiene competencia para declarar dicha nulidad, pues la licencia fue otorgada el 15 de diciembre del 2016.

En consecuencia, la Gerencia de Desarrollo Urbano indica en el informe que, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en caso haya prescrito el plazo previsto “solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativa”.

Asimismo, el informe también se pronuncia respecto a tres papeletas de infracción que le fueron impuestas al establecimiento: la 01849E-2017 y la 8707E-2019, por no cumplir con los horarios autorizados para la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, y la 8428E-2019 por incumplir las disposiciones de seguridad y protección.

Respecto a las dos primeras infracciones señala que no se puede hablar de reincidencia, pues el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS en su Artículo 248 apunta que solo califica como tal “la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción”, lo cual no se cumple, dado que entre la Papeleta Nº 01849E-2017 y la Nº 8707E-2019 transcurrió más de un año.

Por último, sobre la presunta realización de un giro de negocio distinto al otorgado, lo cual calificaría como causal para la revocación de la licencia, indica que las pruebas entregadas (capturas de la publicidad realizada en ‘Facebook’) no constituyen pruebas que cumplan con los requisitos de validez, dado que “no se puede acreditar ni certificar su origen”.

Por todo lo antes expuesto la Gerencia de Desarrollo Urbano determinó declarar improcedente la solicitud de revocatoria definitiva de la licencia de funcionamiento de LB Tribal, a la vez que derivó el informe a la Subgerencia de Promoción Empresarial y Formalización de Comercio para que dicte como medida accesoria la inspección inopinada del establecimiento.

 

OTRAS ACCIONES

Por otro lado, Montoya Rosas menciona que han acudido ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, para solicitar que se realice una lectura con el sonómetro para calcular los decibeles del establecimiento. No obstante, anota que la OEFA no pudo emitir un informe, argumentando que el día en que se realizó la medición hubo ruidos externos que no permitieron realizar el trabajo.

En tanto, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado respecto a este caso, a través del Informe Nº 406-2019-DP/OD-LAMB, del 17 de junio de este año, solicitándole al alcalde Marcos Gasco Arrobas que disponga a las áreas competentes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que emitan los informes respectivos y, de corresponder, revoque la licencia de funcionamiento del local.

 

+NOTICIAS

  • El 8 de enero del 2017 la Municipalidad de Chiclayo clausuró a LB Tribal y el 17 de febrero emitió el Informe Nº 064-2017-MPCH-GDU/DPTO.LIC.FUN./HDE/JCHC, en la cual refirió que el local no cumplía con el horario, que estaba más acondicionado para discoteca y se dejó constancia de los reclamos de los vecinos por los ruidos altisonantes.
  • El abogado de BL Tribal manifestó en anteriores ocasiones que la Ordenanza 007-2014-MPCH, les permite contar con música en vivo.

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ANUNCIA PROV脥AS NACIONAL: SE CONSTRUIR脕 UN NUEVO PUENTE LA LECHE

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • En el segundo semestre del 2020 debe iniciarse el cambio total de la plataforma de rodaje del puente Reque.

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, a través de Provías Nacional, anunció el reemplazo de ocho puentes entre Lambayeque y Olmos, proceso que incluye la ampliación del puente La Leche, en jurisdicción del distrito de Íllimo.

 

Los trabajos estarán a cargo del Consorcio del Norte, conformado por las empresas Hidalgo e Hidalgo SA, Construcción y Administración SA y Naylamp Ingenieros SAC, con la supervisión del Consorcio Puentes del Norte.

Para tal efecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribió el Contrato 048-2017-MTC/20, ascendente a 45 millones de soles, que comprende la construcción de cinco pontones y la renovación total de los puentes: El Pavo, en el distrito de Túcume; La Leche, en el distrito de Íllimo y Chele, en jurisdicción de Jayanca.

 

ESPECIFICACIONES

Cada pontón tendrá una prolongación de 10 metros de luz y se ubicarán en Lambayeque, Mochumí, Íllimo, en tanto el puente El Pavo tendrá también una extensión de diez metros, el puente Chele de 41 metros y el puente La Leche pasará de 50 metros, actualmente, a 70 metros de luz. En Motupe se construirá un pontón de 15 metros.

“El estudio definitivo ya se encuentra aprobado por Resolución Directoral N° 1873-2019-MTC/20, del 23 de agosto de este año y se tiene previsto el inicio de los trabajos en abril del próximo año, esto porque se tiene que avanzar en la solución de interferencias y liberaciones prediales”, explica el jefe zonal de Provías Nacional, José Carlos Torres.

 

OTROS TRABAJOS

Menciona que se tienen en ejecución otras obras viales como la que se ejecuta en el Desvío Cruce Bayóvar – Olmos, en atención al Contrato N° 070-2018-MTC/20, del 4 de agosto del 2018, ascendente a dos millones 300 mil soles, cuyo plazo de ejecución estimado concluye en enero del próximo año.

Se trata de recuperación de 90.2 kilómetros de vía en jurisdicción de la provincia de Lambayeque. El presupuesto ejecutado este año es de un millón 600 mil soles.

“Respecto a la segunda calzada Lambayeque – Piura, el perfil fue aprobado el 23 de enero de este año”, comenta.

Dicha obra está a cargo del Consorcio Segunda Calzada, conformado por JNR Consultores SA y Obras Civiles con Calidad Total SAC, de acuerdo al Contrato N° 063-2019-MTC/20.2, del 22 de julio de este año, valorizado en siete millones 700 mil soles.

Se espera que los trabajos concluyan en el tercer trimestre del 2020.

 

PROYECTO PERÚ I

El funcionario explica que también se tiene las obras consideradas en el Proyecto Perú I, orientadas a la conservación de las vías nacionales en jurisdicción de Lambayeque.

En atención a ello, José Carlos Torres refiere que el 100 % de las vías nacionales en el departamento se encuentran pavimentadas y en todas se han considerado obras de mantenimiento y mejora.

“En el corredor Pimentel – Chiclayo – Chongoyape – Llama – Cochabamba – Puente Cumbil – Santa Cruz, se tiene proyectada la inversión de 10 millones 800 mil soles. Los trabajos están a cargo del Consorcio Chongoyape, que lo integran las empresas Alvac SA – Sucursal Perú y Terrak SAC. El fin estimado de estas obras es octubre del 2010. Aquí se realiza la conservación rutinaria y atención de emergencias en todo el corredor vial”, explica.

Sobre la autopista Chiclayo – Pimentel, comenta que esta fue liquidada en el 2015 y que si bien el Gobierno Regional de Lambayeque pidió que sea convertida en vía departamental para instalar los puentes peatonales, cuando el Ministerio de Transportes procedió a amparar el requerimiento el gobierno de Lambayeque se desistió, toda vez que no aceptó asumir el mantenimiento de la vía.

Asimismo, en el corredor que comprende el Desvío a Pimentel – Larán – Chongoyape – Cochabamba – Puente Cumbil – Santa Cruz de Succhubamba – Chamaya – Chota – Cutervo – Oyotún – Niepos, los trabajos están a cargo del Consorcio Larán, integrado por Geoconsult SA, Consultores Generales y Dessau S&Z SA. La inversión, de 600 mil soles, debe concluir en el segundo trimestre del 2020.

“En la carretera Lambayeque – Olmos se tiene un 80 % de avance en las obras de reparación a cargo del Equipo Especial de la Reconstrucción con Cambios del MTC. Son 85.1 kilómetros de vía recuperados con una inversión de 80.6 millones de soles”, destaca.

Finalmente, el jefe zonal de Provías Nacional en Lambayeque anunció la reparación total de la plataforma del Puente Reque, cuya estructura es definitiva, trabajos que se realizarán a partir del segundo semestre del 2020, concluido el período de avenidas.

Para la realización de las obras se ubicará un desvío paralelo al viaducto con alcantarillas.

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POR LAMBAYEQUE: CINCO SENTENCIADOS POR ALIMENTOS QUIEREN LLEGAR AL CONGRESO

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • Candidata de Contigo perdió la tenencia de su hijo en proceso judicial.

 

Las elecciones extraordinarias al Congreso de la República han puesto en vitrina pública a candidatos para todos los gustos y de todos los colores. De los 110 que compiten por alcanzar uno de los cinco cupos de la representación parlamentaria por Lambayeque, cinco tienen sentencias por alimentos.

 

Se trata de un postulante de Renacimiento Unido Nacional, una de Contigo, uno Alianza Para el Progreso, uno del Partido Morado y uno de Democracia Directa, según información publicada en la plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

 

RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL

Los candidatos por Renacimiento Unidos Nacional son, en orden de lista, Jeancarlos Agip Vásquez, Franco Amado Cotrina Romero, Antero Monsalve González, Elizabeth Vigo Alcántara y Ruth Cotrina Barboza. De estos, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ha declarado improcedente de la candidatura de Cotrina Romero, quien se encuentra en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE.

Franco Cotrina Romero es natural de Santa Cruz de Cajamarca y se desempeña como médico pediatra del Hospital Regional de Lambayeque desde el 2015, habiéndose graduado en 1996 en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG.

Fue regidor provincial de Santa Cruz por el Partido Aprista Peruano, postuló para alcalde de dicha jurisdicción en las elecciones del 2006 y el 2010, a regidor nuevamente en el 2014 por el Frente Regional de Cajamarca y otra vez a alcalde en las elecciones del 2018 por el partido Podemos Por el Progreso del Perú.

Ha reportado ingresos de 102 mil soles al año y tiene una sentencia por alimentos recaída en el Expediente N° 2008-0096-JPGLSC.

 

CONTIGO

La lista congresal del Partido Político Contigo, antes Peruanos Por el Kambio – PPK, la integran Gerardo Saavedra Colmenares, Carlos Balarezo Mesones, Erika Valdivieso López. Iván Fernández Paz y Sara Vidarte Mena. Esta última ha sido declarada improcedente en su inscripción, aunque falta el pronunciamiento final del JNE.

Vidarte Mena, natural de Chiclayo, trabaja como docente para la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, habiéndose formado como educadora en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Su nombre aparece en cuatro procesos judiciales: el seguido en el Expediente N° 7478-2017, actualmente en curso en el Juzgado Civil de José Leonardo Ortiz, por violencia familiar; otro en el Expediente N° 0056-2017-0-1714-JP-PE-02, ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz, también por violencia familiar, el mismo que se encuentra concluido y en el que aparece como agraviada; el seguido en el Expediente N° 01480-2010-0-1706-JR-FT-04, en el Cuarto Juzgado de Familia, también por violencia familiar, actualmente concluido, y el que se desprende del Expediente N° 07832-2017-0-1706-JR-FC-06, ante el Sexto Juzgado de Familia de Chiclayo.

Este último proceso fue iniciado por el padre de su hijo, quien demandó al Poder Judicial la tenencia del menor, la misma que le fue concedida el 28 de abril de este año al probarse el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba el niño.

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO

En Alianza Para el Progreso los candidatos al Congreso de la República por Lambayeque son: Humberto Acuña Peralta, Ana Ravines Merino, Julio Vásquez Peralta, Irma Chanamé Morales y Guillermo Segura Díaz.

El candidato con sentencias por alimentos es Guillermo Segura Díaz, exregidor y ex alcalde accesitario de Chiclayo, además de ex gerente regional de Trabajo.

Segura Díaz, nacido en Chongoyape, es abogado de profesión por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, docente de la Universidad César Vallejo y fue docente de la Universidad Señor de Sipán.

Tiene tres sentencias por procesos de familia. La primera dada por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo en el Expediente N° 1314-92, la segunda por el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque en el Expediente N° 562-2003 y la tercera dada por el Primer Juzgado de Paz Letrado – Familia de Chiclayo en el Expediente N° 00813-2011-0-1706-JP-FC-01.

En el primer proceso quedó obligado al pago de una pensión de manutención de 250 soles mensuales, en el segundo al 15 % del haber mensual bruto y en el tercero al 18 % de sus ingresos mensuales.

 

PARTIDO MORADO

La lista del Partido Morado por Lambayeque la integran Hansel Paz Muro, Víctor Pozo Chávarry, Jhonattan Mendoza Aguirre, Aurea Ordinola Brenis y Yolanda Vilcabana Manayay. De este grupo se tiene el caso de Víctor Pozo Chávarry, sentenciado por alimentos en el Expediente N° 672-2009 dictada por el Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, la misma que terminó en conciliación.

Pozo Chávarry, nacido en Chongoyape, es abogado y hasta el 2014 trabajó como sub director de la Institución Educación 10112 de Lambayeque. Estudió Educación Primaria y Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

 

DEMOCRACIA DIRECTA

Los postulantes por Democracia Directa son: Germán Melendres Ramos, Jenny Medina Rumiche, Carlos Cornetero Panta, Yuliana Cueva Lazo y José Nole Ramírez.

Quien tiene en su haber una sentencia por alimentos es Carlos Cornetero Panta, natural de Ferreñafe, quien desde el 2002 se desempeña como técnico en enfermería en el Hospital Agustín Arbulú Neyra de EsSalud, ubicado en la vecina provincia.

Cuenta, además, con estudios en Gestión de Salud en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Cornetero Panta fue sentenciado en el Expediente N° 00397-2013-1707-JP-FC-01, dada por el Juzgado de Paz Letrado. Reporta ingresos de 26 mil soles mensuales.

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MOLINEROS APUESTAN POR LA MASIFICACI脫N DEL PRODUCTO: PROPONEN COMERCIALIZAR ARROZ FORTIFICADO EN BOLSA PARA LUCHAR CONTRA LA ANEMIA

Escribe: Semanario Expresi贸n
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Sumándose a la propuesta del gobierno de combatir la anemia con el consumo del arroz fortificado, la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA y la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, anunciaron el inicio de un plan que apunta a la comercialización masificada del producto en bolsa.

 

El escenario actual para los productores de arroz no es precisamente el más auspicioso. Alfonso Garcés, presidente del Comité Gremial de Arroz de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, refiere que la industria del cereal en el país es suficiente para cubrir el mercado interno, considerando que el consumo per cápita es de 65 kilos al año.

“Sembramos aproximadamente 420 mil hectáreas de arroz en todo el Perú y con una producción promedio de siete mil 500 kilos por hectárea, tenemos tres millones de toneladas en cáscaras que convertidas son más o menos dos millones toneladas. El consumo total del país es de un millón 700 mil toneladas, lo que significa que somos autosuficientes para cubrir la demanda”, señala.

 

IMPORTACIÓN

Sin embargo, los arroceros deben lidiar con la importación del cereal, a la que consideran como competencia desleal porque llega al país libre de aranceles, lo que reduce notablemente el precio en el mercado frente al arroz nacional. Además, en otros países la producción arrocera es subsidiada por los gobiernos.

“En los últimos años ha habido fenómenos como la importación desmesurada a raíz de la franja de precios. La franja, de 160 dólares de arancel por tonelada, bajó a cero y dejó un mercado abierto al arroz importado. Si adicionalmente se suma que tenemos pocos destinos para importar, porque Colombia nos cerró la frontera, quiere decir que gran parte de la producción se queda en el mercado interno a competir con el importado. En el 2017 se importaron 400 mil toneladas y eso generó que el precio del arroz caiga drásticamente”, menciona.

Alfonso Garcés refirió también que otro de los aspectos en los que los productores de arroz trabajan es en la mejora de la infraestructura para el desarrollo de sus actividades. La preocupación parte por la preservación de los indicadores de inocuidad en el cereal.

En el caso del departamento, la mayor concentración de molinos arroceros se encuentra en el tramo de la carrera que une a Chiclayo con Lambayeque, área que no está zonificada como industrial y en la que no existen redes de agua y desagüe.

El representante de los arroceros en la Sociedad Nacional de Industrias comenta que se ha manifestado esta preocupación al gobierno nacional, porque es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de proveer de servicios básicos a los sectores productivos.

“Le hemos dicho al Ministerio de la Producción que no se trata únicamente de carreteras el tema de la infraestructura al interior del país, también se trata de adecuar los parques industriales, que tengan todos los servicios de agua, desagüe, luz, infraestructura de tráfico para que se pueda desarrollar la industria. A nosotros nos preocupa cómo están ahora los parques industriales y los espacios que sin serlo funcionan como tal, como sucede aquí en Lambayeque. Es el Estado el que debe encargarse de la infraestructura porque el empresario no se va a encargar de habilitar servicios”, manifiesta.

 

ARROZ FORTIFICADO

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del 2017, el porcentaje de niños de seis a 35 meses con anemia en el Perú alcanza al 44.4 %. Esta cifra se ha mantenido casi igual en los seis años anteriores al 2017: en el 2012 (44.5 %), 2013 (46.4 %), 2014 (46.8 %), 2015 (43.5 %) y 2016 (43.6 %).  

Estas cifras se acentúan en el plano rural, donde el 2012 la anemia alcanzó el 53 %; el 2013, 51.7 %; el 2014, 57.5 %; el 2015, 51.5 %; el 2016, 53.4 %; y el 2017, 52.6 %.

Datos de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, revelan que en Ferreñafe el 46 % de los niños menores de cinco años tiene anemia, en Lambayeque el 35 % y en Chiclayo el 27 %.

Ante ello, los productores de arroz han decidido plegarse a la campaña nacional contra la anemia a través de la producción y comercialización de arroz fortificado.

“Todos sabemos el problema de la anemia en el Perú y desde la institución tenemos que contribuir a la sociedad para acabar con este problema que afecta a los niños, especialmente, a los menores de cinco años. Entonces, ya hemos estado trabajando en este tema y hemos decidido ingresar masivamente a la producción arroz fortificado con hierro, vitaminas y zinc. Visualizamos que en los próximos dos años todo el mercado irá hacia el arroz fortificado”, refiere Tomás Padilla, presidente de APEMA.

Remarca que en otros países como Estados Unidos y Costa Rica existen normas que obligan a los productores a la fortificación del arroz, escenario que aún no se da en el Perú, pero al que se debe apuntar dada la necesidad de hacer frente a la anemia como problema de salud pública.

“En otros países como Costa Rica y Estados Unidos se han dado leyes, pero aquí es la industria del arroz la que dice: ‘Nosotros vamos hacia eso’, porque así se den leyes quienes las tienen que cumplir son los empresarios y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Esperamos que en los próximos dos años toda la producción de arroz incluya la fortificación”, asevera.

Tomás Padilla acota que la fortificación del arroz representará un incremento mínimo en los costos de producción.

“Lo que apuntamos es a reducir el consumo de arroz a granel, que actualmente es del 80 % en el mercado nacional. Para garantizar que la fortificación tenga resultados y se asegure la inocuidad del producto este debe estar embolsado, ese es el paso que debemos dar en la industria arrocera nacional”, precisa el presidente de APEMA.

 

BENEFICIOS

La fortificación del arroz con hierro y 10 micronutrientes puede reducir en un 40 % la brecha nutricional en la población. Por ejemplo, aporta ácido fólico y vitaminas B12, B3, B6 y A, lo cual disminuye la anemia y también los defectos del tubo neural.

Además, aporta Zinc y vitamina E, los cuales mejorarán la respuesta inmune ante infecciones que originan diarrea e infecciones respiratorias agudas como la neumonía. Asimismo, el hierro y las vitaminas del complejo B mejorarán el metabolismo energético.

 

COMPRAS ESTATALES

Alfonso Garcés cometa las compras de arroz de los programas sociales del Estado, básicamente Qali Warma, son muy bajas.

“El Perú consume más o menos 140 mil toneladas mensuales de arroz privado, que proyectadas al año son un millón 700 mil toneladas y Qali Warma consume 23 mil toneladas al año, de las cuales el 50 % son de arroz son fortificado. Más o menos, Qali Warma consume el 1.5 % del total nacional. En consecuencia, el volumen es mínimo. La propuesta es que sea masivo con costos básicos, lo ideal sería al mismo precio de un producto no fortificado, pero es justamente esto lo que nos va a dar un valor agregado que nos podría proteger de las importaciones. Este es un plan integral en el que APEMA o la Sociedad Nacional de Industrias no son las únicas que tienen la solución, sino es una tarea de toda la sociedad y quien debe liderar el proyecto es el gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es dar la iniciativa y decir que aquí estamos presentes porque queremos apoyar en la reducción de la anemia”, enfatiza.

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CECILIA VIDAURRE: 鈥淓S URGENTE QUE SE TRABAJE EN LA REORGANIZACI脫N DEL SEGURO SOCIAL鈥

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • Candidata al Congreso de la República con el N° 1 por Perú Nación señala que EsSalud se ha convertido en una entidad caracterizada por la falta de capacidad resolutiva.

 

La problemática de la seguridad social es uno de los aspectos que para Cecilia Vidaurre Nieto, candidata al Congreso de la República por el partido Perú Nación, merece especial atención de la clase política del país, debido a que año tras año los hospitales pierden capacidad resolutiva debido a la falta de infraestructura, equipamiento y personal asistencial.

 

“Este año hemos visto cómo se ha complicado dramáticamente la situación de la seguridad social con el cierre de una de las torres del Hospital Naymlap y la reasignación de los asegurados adscritos a dicho nosocomio a los hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen. Lo que se percibe, en el tiempo, es que los establecimientos de EsSalud van perdiendo capacidad para atender a todos los pacientes, sobre todo si se tiene en cuenta que en el caso del Almanzor Aguinaga, por su condición de hospital nacional, recibe a referidos de toda la macro región nororiental”, menciona la candidata.

 

LA INFRAESTRUCTURA

Viadurre Nieto rememora que desde hace diez años no se construye un nuevo hospital para la seguridad social en Lambayeque. En efecto, el último, inaugurado en el 2009, fue el Luis Heysen Incháustegui, que cinco años después seguía presentando observaciones en la ejecución de la obra.

“Desde hace dos años aproximadamente se ha anunciado reiteradamente que se va a construir en Chiclayo un hospital especializado en enfermedades cardiovasculares y un nuevo edificio para el Hospital Naymlap, incluso se recibió un terreno como pago de parte de la deuda que tiene una agroindustrial con EsSalud y hasta el momento no se sabe en qué situación están ambos proyectos”, asevera.

En tal sentido, la aspirante a congresista por Lambayeque precisa que es necesario que se emprenda un proceso de reorganización de la seguridad social a fin de garantizar servicios oportunos y de calidad en beneficio de los miles de asegurados que existen en el país.

“La seguridad social atraviesa problemas crónicos como la postergación de las cirugías. Ya lo ha dicho en un contundente informe la Defensoría del Pueblo: solo en el Hospital Almanzor Aguinaga hay más de tres mil 800 pacientes en lista de espera para ser intervenidos; existen salas de cirugía con serias deficiencias, con instrumental y equipamiento obsoleto. Por si fuera poco hay desabastecimientos que no deberían presentarse. Al respecto la Contraloría General de la República emitió un informe en el que señala que la Red Asistencial de Lambayeque debió adquirir medicamentos para pacientes con cáncer o insumos y reactivos para laboratorios, y pese a tener el dinero en sus cuentas no desarrolló los procedimientos o, lo que es peor, los funcionarios olvidaron incluir en el plan anual de inversiones la totalidad de requerimientos presentados por las áreas médicas. Eso es imperdonable”, cuestiona Cecilia Vidaurre.

 

FISCALIZACIÓN

Considera que es pertinente que desde el Congreso de la República se impulse la conformación de un grupo investigador que indague a profundidad el manejo de los recursos de EsSalud y que la Contraloría General de la República revise detalladamente los procedimientos internos que se dan en la institución para cautelar el correcto manejo de los fondos que administra.

“Desde luego, es necesario que se escuche a los trabajadores del seguro social. El gremio médico, de enfermeros, obstetras y técnicos conocen la problemática desde adentro y es pertinente escucharlos, atender sus demandas y recomendaciones para que de ese modo se alcance una solución integral a la problemática. El Congreso de la República sí puede intervenir en ese aspecto y a través de una comisión investigadora conocer también cuántos acuerdos, actas y compromisos para la mejora de los servicios se han suscrito hasta el momento y no se han cumplido por inoperancia de los responsables de EsSalud”, enfatiza.

Finalmente, Cecilia Vidaurre manifiesta que EsSalud debería convocar al diálogo a los trabajadores y empleadores en aras de alcanzar mejoras en el aseguramiento, toda vez que son estos quienes con sus aportes contribuyen al sostenimiento de la entidad.

“Si solo en Lambayeque, que es una de las cinco regiones más importantes del país, se vive una situación tan crítica, donde un hospital puede tener hasta a 70 personas en los pasillos de emergencia, como sucede actualmente en el Almanzor Aguinaga, no es difícil imaginarse qué es lo que pasa en los demás departamentos, donde no hay hospital nacional o en las provincias donde solo hay módulos y policlínicos”, sostiene.

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EPSEL RESPONSABILIZA AL OSCE: EMPRESA DEL AGUA AMENAZA A EXPRESI脫N CON INICIO DE ACCIONES LEGALES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1141

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  • Con Carta Notarial piden que nos rectifiquemos por haber informado sobre su contratación con Veolia para la compra e instalación de 80 mil medidores.

 

El 20 de noviembre llegó a la redacción de Expresión la Carta Notarial N° 373-2019 remitida por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL SA, demandando la rectificación al informe publicado en la Edición 1039 en la que este medio expuso los detalles de la contratación, ascendente a más de 24 millones de soles, suscrita con Veolia Servicios Perú SAC para la compra e instalación de 80 mil medidores.

 

La carta, firmada por el gerente general de EPSEL, Arturo Colchado Bolívar, y el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad, Giovanni Milla Risco, señala que en el plazo de 24 horas se proceda a la rectificación, “lo contrario implicaría el inicio de acciones legales que reviertan la afectación del daño” supuestamente generado.

Según EPSEL, el informe publicado por Expresión “afirma de manera inexacta, tendenciosa y sin los medios de prueba debidamente corroborados por la autoridad competente, que la actual gestión de EPSEL SA habría ‘adecuado’ las bases del Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL SA, para presuntamente favorecer a la empresa Veolia Servicios Perú SAC”.

Al respecto, Expresión rechaza lo señalado por los funcionarios de EPSEL, toda vez que el informe se sustenta en documentos de alcance público que obran en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, y en ningún extremo de la noticia difundida se menciona el presunto favorecimiento.

Este medio se ha limitado a la narración cronológica y detallada de los actuados en la empresa de saneamiento para arribar a la contratación, cuya buena pro fue otorgada a Veolia, única postora que se presentó a la licitación, obteniendo un contrato ascendente a 24 millones 849 mil 809.54 soles.

 

PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE

Los funcionarios de EPSEL cuestionan que se el informe se haya titulado: “Se adjudicó más de 24 millones de soles: EPSEL adecuó bases de proceso para contratar con Veolia”, aseveración que realiza en atención al pronunciamiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en el que textualmente se indica que las bases debían adecuarse.

En el Pronunciamiento N° 551-2019/OSCE-DGR, del 16 de julio de 2019, el OSCE se refirió sobre diversos cuestionamientos a la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL S.A., siendo el caso que en el Cuestionamiento N° 8 señala lo siguiente:

“(…) en el referido requisito de calificación se ha consignado que deberá acreditarse un monto facturado ‘por la venta e Instalación de medidores con adecuación de cajas’; no obstante, dicha precisión no se condice con lo contemplado en las Bases Estándar objeto de la presente contratación, por lo que, con ocasión de la integración de bases definitiva, se adecuará dicho aspecto (…)”.

En consecuencia, Expresión no ha faltado a la verdad en relación a la adecuación de las bases, situación que permitió la contratación de Veolia.

Sobre esto, la empresa publicó un comunicado a través de su cuenta en Facebook, en el cual responsabiliza al OSCE de la adecuación de las bases del proceso.

“En cuanto al pronunciamiento 551, se informa que la adecuación e integración de bases definitivas son realizadas por el OSCE. Lo que desdice cualquier suspicacia mal intencionada por el medio de comunicación”, afirma EPSEL.

 

¿FALTA DE COMPRENSIÓN?

Otro de los aspectos que EPSEL cuestiona en la carta notarial es que se haya hecho mención a que se contrató la prestación de un servicio por parte de la empresa adjudicataria del proceso.

Evidenciando una clara falta de comprensión del texto publicado, los funcionarios de la entidad, administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, señalan que la aseveración de Expresión “carece de sustento legal”.

En el informe se indica que el objeto de la contratación fue la adquisición de “bienes” y se explica que fue así debido a que en el 2012 el Organismo Superior de Contrataciones del Estado - OSCE, definió que los procesos de selección para la “Adquisición e Instalación de Medidores” no debían convocarse como contratación de servicios, sino como adquisición de “bienes”, y que la modalidad de contratación convocada fue de “llave en mano”, lo que implica que el postor oferta además de los bienes, su instalación y puesta en funcionamiento.

Finalmente, en su comunicado, EPSEL advierte que en caso de incumplimiento de los plazos de instalación de medidores por parte de Veolia, “de ser el caso se procederá a la aplicación de las penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento”. De ese modo, la empresa reconoce que tal posibilidad cabe dada la calendarización aprobada para el contrato. Entre el 20 de agosto (un día después de la firma del contrato con la adjudicataria) y el 19 de noviembre, esta debió instalar 22 mil medidores.

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