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Al parecer, en la Gerencia de Agricultura de Lambayeque los comités de selección seguirían direccionando la ejecución de grandes proyectos de inversión a favor de contratistas que no cumplen con los requisitos establecidos en las bases de los procesos que convocan.

El 30 de junio, el comité de selección presidido por el jefe del Área de Logística, César Sánchez Chero, e integrado por Lucio Aladino Vásquez Mejía y Katia Delgado Bustamante, a cargo del desarrollo del procedimiento convocado para la ejecución de la obra “ Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Chucupe, sector Vidaurre – Higuerón en el distrito de Picsi “, valorizado en cuatro millones 883 mil 569.45 soles, realizó la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por siete participantes.

Según explica el consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, de las ofertas, el comité decidió no admitir la presentada por el Consorcio Picsi sin la debida motivación, para luego descalificar a cuatro participantes más, quienes incluso habían propuesto un precio menor equivalente al 10 % del presupuesto base del proceso.

De este modo, quedaron habilitados dos postores: la Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L., que ofertó el importe de cuatro millones 737 mil 62.38 soles y el Consorcio Chucupe, integrado por las empresas Proyectos Industriales JR S.A.C., Altavista Inversiones Globales S.A.C. y A&S Integra S.A.C., cuya propuesta económica fue igual al valor base considerado para la ejecución de la obra, resultando ganador de la buena pro.

Motivos para descalificar

“Según las bases del proceso, requirieron que los participantes acreditaran tener solvencia económica, para lo cual deberían presentar una carta de línea de crédito emitida por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, en este caso por un importe de dos millones 44 mil 784.73 soles, tal es así  que los cuatro postores descalificados presentaron las requeridas cartas  bajo las condiciones establecidas, tres de ellas emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora y una cuarta por la Cooperativa EFIDE, todas ellas incluidas en el listado de entidades financieras supervisadas por la SBS, las cuales, incluso, son presentadas y validadas como tales en procesos de selección que son convocados por las diferentes entidades públicas en el ámbito nacional”, explica Chávez Pita.

Anota que el accionar presuntamente sesgado, arbitrario y desigual por parte del comité de selección, se dio en cuanto este no aceptó dichas cartas, arguyendo razones motivadas sobre la no clasificación de riesgos de las entidades emisoras por parte de la SBS, condición que – según las bases - no estaba considerada.

“Ello conllevó a consumar la descalificación de los cuatro participantes bajo una decisión no arreglada a la normatividad y lo requerido en las bases integradas del procedimiento”, menciona.

Para Chávez Pita, el presunto direccionamiento tomaría mayor fuerza luego que el comité, al tener dos ofertas validas, buscó seguir indagando respecto a la consistencia sobre un requisito establecido en las bases, en este caso la presentación de ISOS para certificar el Sistema de Gestión Ambiental y Antisoborno correspondiente a la empresa Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L.

“Según manifiesta el comité en el acta, uno de ellos no existe, mientras el segundo se encuentra en la situación de ‘caduco’. Sin embargo, nosotros hemos logrado corroborar tanto su existencia y vigencia de los mismos. Por esa razón imprecisa, el comité decidió restarle el puntaje que debería otorgarse a los postores por la presentación de dichos certificados y de esta manera adjudicarle la buena pro al Consorcio Chucupe, asignándole el mayor puntaje previsto, pese a que a su oferta contenía documentación no vigente, no concordante con lo requerido y más aún, incumpliendo con la debida acreditación de la experiencia solicitada como requisito obligatorio para obtener la buena pro, como así sucedió”, detalla.

Los documentos no formales

La normatividad de las contrataciones del Estado y las bases de los procedimientos que convoquen las entidades públicas, requieren la presentación obligatoria para cumplir con la formalidad de acreditar la representación legal de las empresas participantes, para lo cual deben alcanzar la Vigencia de Poder correspondiente, la misma que debe ser emitida por la Zona Registral respectiva y no tener una antigüedad mayor a treinta días a partir de su emisión hasta la fecha de presentación de ofertas.

Sin embargo, Chávez Pita explica que el Consorcio Chucupe no cumplió tal condición, ya que a folios 18 al 21 de su oferta obra la Vigencia de Poder de uno de los consorciados, en este caso A&S Integra S.A.C., cuya fecha de emisión por parte del ente registral fue el 24 de mayo pasado, mientras que la presentación de ofertas se realizó el 24 de junio, lo que evidencia que el periodo requerido de dicho documento superaba en dos días el plazo previsto (30 días), documento que siendo subsanable – como así lo requirió el comité-, este tendría que ser subsanado con otro que debía haber sido emitido máximo hasta el día de la presentación de las ofertas (24 de junio) mas no con fecha posterior a esta.

“Asimismo, tanto la normativa y las bases del proceso, requieren que los postores acrediten tener experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares, para lo cual deberían presentar los contratos respectivos, el acta de recepción de la obra y/o la resolución de la liquidación final de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, requisito que el consorcio ganador tampoco cumplió, ya que adicionalmente a los tres contratos presentados para cumplir con este requisito obligatorio, no incluyó en su oferta las resoluciones de liquidación final de cada uno de los contratos, lo cual el comité de selección debió advertir al momento de la evaluación”, enfatiza.

SIGUEN LAS ANOMALÍAS EN LA GERENCIA DE AGRICULTURA: Adjudican más de cuatro millones a postor que presentó información inexacta

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  • Entrega se realizó sin acuerdo del concejo municipal, como lo exige la norma.

Ante la solicitud presentada por el comandante PNP Pedro A. Vilcarromero Sánchez, requiriendo se le done diez radios portátiles (Walkie Talkie), la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, representada por su alcaldesa Violeta Muro Mesones, realizó diversas actuaciones que tuvieron como corolario la adquisición de los equipos requeridos. Sin embargo, en el proceso no se habría cumplido con las normas que regulan las adquisiciones y el otorgamiento de subvenciones o donaciones a favor de la comisaría de la localidad, para lo cual se requiere el acuerdo favorable del concejo municipal.

La Asociación Civil Pro Actione determinó que, además, en la compra de estos bienes habría existido una sobrevaluación de entre el 30 % y el 50 % de su verdadero valor dinerario.

El pedido de “donación”

Mediante Oficio N° 257-2021-REGPOL/LAMB/DIVOPUS-LAM/CPNP-FERRE, de fecha 12 de marzo de 2021, presentado en Mesa de Partes a la 01:01 p.m., el comandante PNP Pedro A. Vilcarromero Sánchez se dirigió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, en su calidad de comisario de dicha localidad, con la finalidad de reiterarle la donación de equipos de comunicaciones “consistente en la compra de diez Radios portátiles, marca Baofeng modelo UV-5R, con sus respectivos accesorios”, equipos considerados necesarios para garantizar la seguridad ciudadana en el ámbito de la referida provincia.

Independientemente del hecho que la Policía Nacional del Perú cuenta con su propio presupuesto para equipamiento de sus distintas dependencias y comisarias, y que, el artículo 5°, numeral 5.1, inciso a) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, están excluidas del ámbito de aplicación de la referida norma, también lo es que la entidad debe regular mediante directiva interna dichas contrataciones, siendo un principio básico en las contrataciones del Estado que en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

Esto se habría trasgredido al solicitar la donación de equipos de una marca y modelo determinados, sin señalar las características técnicas de los mismos, con la finalidad que el órgano encargado de las contrataciones de la municipalidad de Ferreñafe efectúe el correspondiente estudio de mercado.

El mismo 12 de marzo, luego que a las 02:15 p.m. la Secretaría de Alcaldía recibiese el oficio enviado por la Comisaria PNP de Ferreñafe, la alcaldesa, Violeta Muro Mesones, se dirigió directamente a la Gerencia de Administración, disponiendo la atención a lo solicitado por Vilcarromero Sánchez, sin contar previamente con los informes presupuestales, técnicos y legales, lo que fue subsanado por el gerente de Administración.

Subvención social

Contando con el Informe N° 0052-2021-MPF/GPP, de fecha 5 de abril de 2021, emitido por el Gerente de Planificación y Presupuesto, en el que se señala que sí existiría disponibilidad presupuestal para la compra de los equipos, que según la Unidad de Abastecimientos tendrían un costo total de cinco mil 150 soles (menor de 8 UIT), el Gerente de Asesoría Jurídica, José Felipe Bocanegra Granda, mediante Informe Legal N° 094-2021-MPF/GAJ, emitió opinión favorable para el otorgamiento de una “subvención social” por dicho monto, previa aprobación del Concejo Municipal.

No obstante, lo señalado en el “Reglamento que norma el otorgamiento de subvenciones sociales a organizaciones sociales y a personas naturales en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe”, establece como monto máximo la suma de 300 soles.

Requerimiento de Radios Portátiles

Con fecha 28 de mayo de 2021, el jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, sin hacer alusión a la solicitud de donación, mediante Requerimiento N° 007-2021-MPF/DSCDC, pide la “Adquisición de radios de comunicación portátiles”, modelo UV-5R, estableciendo como finalidad su uso para la implementación de patrullaje integrado (no donación) con la Comisaría Sectorial PNP – Ferreñafe, señalando que dicha actividad está contemplada en el Plan de Acción Ciudadana – Ferreñafe 2021.

En este requerimiento dirigido al gerente de Administración, Robert Ballena Chumioque, ya no son diez (10) los equipos solicitados, sino doce (12), debiendo señalar en este punto que la disponibilidad presupuestal otorgada con fondos del Foncomun y Recursos Directamente Recaudados, se otorgó para la compra de 10 y no 12 radios portátiles. Es de señalar, también, que en el requerimiento ya no se consigna la marca, pero sí el modelo.

Compra sin acuerdo

Mediante Carta N° 034-2021-MPF/DSCDC, de fecha 21 de junio de 2021, el jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, Jorge A. Piscoya Bajonero, informa al gerente municipal, Máximo Miguel Salazar Llontop, el ingreso al Almacén Municipal doce equipos de radios portátiles modelo UV-5R (sin señalar marca), adquiridos según Requerimiento N° 007-2021-MPF/DSCDC, señalando además que al existir el Informe Legal N° 094-2021-MPF/GAJ, deriva lo actuado a su despacho con la finalidad que adopte las acciones correspondientes.

Lejos de observar la presunta irregular adquisición de los radios portátiles al no contar con Acuerdo de Consejo Municipal que lo apruebe, el Gerente Municipal, Máximo Miguel Salazar Llontop, emite el Memorándum N° 0088-2021-MPF/GM, dirigido al Gerente de Asesoría Jurídica, señalando que al haberse producido el ingreso de los equipos adquiridos, le solicita una “aclaración” al punto 7 de su informe legal, toda vez que en él menciona que lo que se otorgaría sería una “subvención social”, cuando lo que solicitó el comisario Vilcarromero Sánchez fue una donación.

De subvención a donación

En atención al Memorándum N° 0088-2021-MPF/GM, el Gerente de Asesoría Jurídica, José Felipe Bocanegra Granda, emite el Informe Legal N° 195-2021-MPF/GAJ, variando su análisis y señalando que al haber ingresado los radios portátiles al Almacén Municipal ya no se trataría de una “subvención económica”, sino de una “donación”, la cual para su otorgamiento, de conformidad con los artículos 64° y 66° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el Concejo Municipal, opinando que resulta procedente aprobar la donación de las diez (10) radios portátiles (bienes municipales) solicitadas.

Para ello debía elevarse los actuados al pleno del consejo para su aprobación o no, según lo considere pertinente, sin señalar en las conclusiones de su informe la marca y el modelo de los equipos adquiridos, ni el monto dinerario de la donación a otorgar.

Pro Actione denunciará hechos

La Asociación Civil Pro Actione, representada por Rubén Eduardo Fernández Morales, accedió a la página web de la empresa Baofeng Perú, donde se puede visualizar los precios de los radios portátiles de marca Baofeng, modelo UV-5R, encontrando que dependiendo si se trataba de 5 watts u 8 watts, los equipos costaban entre 65.73 y 86.08 dólares americanos incluido IGV, y que, al tipo de cambio del día 21 de junio, fecha en que se informa el ingreso de los equipos a Almacén Municipal, de S/ 3.94 por un dólar, el costo en soles de los 10 radios oscilaría entre dos mil 590 y tres mil 390.

En consecuencia, si efectivamente se adquirieron a cinco mil 150 soles, como se señala en los informes previos, habría existido una sobrevaluación en la compra.

Frente a ello, Fernández Morales anunció la presentación de la denuncia correspondiente.

PARA DONARLOS A LA POLICÍA NACIONAL: Municipalidad de Ferreñafe compró radios portátiles presuntamente sobrevaluados

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  • El exregidor de la Municipalidad de Lima asegura que no se ha respetado la Ley Orgánica de Elecciones.

La labor del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ha estado en tela de juicio a lo largo de todo el proceso electoral. Para un sector de la población ha cumplido a cabalidad con sus funciones, mientras que para otro no ha hecho los esfuerzos suficientes por lograr que la voluntad popular se exprese en los resultados. En opinión del analista político y exregidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Villena Larrea, el JNE no solo no ha sido transparente en su accionar, sino que ha violado a ley electoral.

Villena Larrea señala que la candidatura de Pedro Castillo es nula de origen, toda vez que la plancha presidencial, conformada por Dina Boluarte y Vladimir Cerrón (separado por su sentencia de corrupción) no se ajusta a la ley electoral.

Villena Larrea explica que la Ley Orgánica de Elecciones precisa en su artículo 107 que los funcionarios del sistema electoral no pueden participar de los comicios, salvo que hayan renunciado seis meses antes. Apunta que Dina Boluarte, quien fue servidora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, no cumplió con esto.

“Este no es un acto anulable, es un acto nulo, que es diferente. Nunca tuvo validez. Entonces, al no haber cumplido con el requisito que exige la Ley Orgánica de Elecciones, esa plancha es nula, porque Castillo no puede postular solo. Cerrón y Boluarte no pueden acompañarle, pero claro, el JNE ha dicho lo siento mucho, como no se dieron cuenta a tiempo, ahora me toca proclamarlo”, afirma.

Criollada

Añade que el mensaje que está mandando el JNE al país es que los actos ilegales pueden ser convalidados cuando se consagra la “cultura de la criollada”. Resalta que como Fuerza Popular no presentó personeros en algunas mesas del país, el JNE estaría convalidando que se haya hecho fraude en mesa, y se valdría de una formalidad para no aceptar los pedidos de nulidad que fueron ingresados pasada las 8:00 de la noche del miércoles 9 de junio, fecha límite establecida por el JNE.

“Cada vez que hay un problema político, este se dirime en la vía electoral. En este caso particular, la solución electoral no fue la suficiente, entonces se acudió a un plano legal, que también fue insuficiente. No tuvo ningún eco porque el JNE no actuó de acuerdo a ley. Desde mi punto de vista, Castillo no solo carece de legitimidad, sino de legalidad, porque la Constitución le manda al JNE a velar por el correcto desarrollo de las elecciones, logrando que la verdad electoral se plasme en los resultados y eso no se ha hecho”, asegura.

“Eso ha hecho el JNE: consagrar la criollada, la viveza. Lo que podrá ser legal para ellos, para nosotros es ilegítimo. Y el artículo 46 de la Constitución Política dice que nosotros los ciudadanos no le debemos obediencia a ninguna autoridad que llega al poder violando la ley. Entonces, si tenemos a alguien, cuya candidatura es nula, y pese a ello el JNE quiere consagrarla como válida, nosotros los ciudadanos, que conocemos la ley y la respetamos, no vamos a considerarlo como presidente”, asevera.

Agrega que Pedro Castillo será un presidente nulo y todos los actos de su gobierno y las decisiones que tome también serán nulas, ya que en el derecho la nulidad de origen trae como consecuencia que todo acto posterior tampoco tenga valor.

“Voy a considerarlo (a Castillo) como un presidente nulo y no acataré las medidas que este gobierno imponga. De allí a que haya una revolución o insurgencia armada, lo dudo mucho. Creo que la ciudadanía tiene mecanismos pacíficos para expresar su descontento. Por más que la izquierda tenga el control de los medios de comunicación, del Poder Judicial, Congreso, Tribunal Constitucional, JNE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, por más que tengan el control de las instituciones, nosotros seguiremos marchando”, indica.

Francisco Sagasti

Villena Larrea resalta que el gobierno del presidente Francisco Sagasti debería solicitar una auditoría electoral, toda vez que el JNE se ha negado a solicitar el padrón de electores a la ONPE, con el cual se podrían corroborar o desmentir las denuncias de fraude.

“Sagasti dice que este proceso ha sido una maravilla porque la Unión Europa y unas ONG por allí han dicho que esta elección ha sido muy transparente, pero la transparencia no se pregona, se demuestra. Y en los asuntos públicos es mejor pecar por exceso que por defecto. No le hace ningún daño a la sociedad mostrar los padrones. Sin embargo, se niegan y con ello queda un hoyo negro que le hace sombras al próximo gobierno”, anota.

Señala que Francisco Sagasti es un operador del exmandatario Martín Vizcarra y que como tal ha tomado partido por la candidatura de Pedro Castillo, declinando a la neutralidad que todo gobernante debe tener en un proceso democrático. Indica como ejemplo de esto la llamada que hiciese el presidente a Mario Vargas Llosa en la segunda semana de junio, en la cual supuestamente le habría pedido que intervenga en aras de que Keiko Fujimori acepte los resultados electorales.

Además, critica que el jefe de Estado haya promovido una investigación contra un grupo de militares retirados, quienes pidieron desconocer los resultados electorales.

“Un militar en retiro es alguien ya mayor, que no tiene mando sobre ningún soldado ni arma de reglamento. Es decir, su capacidad de daño es cercana a cero. Que Sagasti monte un espectáculo, diciendo prácticamente que hay una amenaza de golpe de Estado, contribuye al relato de quienes consideran que el legítimo reclamo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular es un intento de golpe, cuando no es así. Ellos simplemente están haciendo valer sus derechos expresados en la ley”, precisa.

Vínculos

Por otro lado, menciona que la investigación seguida a Vladimir Cerrón y otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, por formar parte de la presunta organización criminal denominada como ‘Los dinámicos del centro’, demuestra que la campaña de Perú Libre ha sido financiada con recursos provenientes de la corrupción.

“Todos los días sale un nuevo escándalo acerca de esta organización criminal, cada día nos damos cuenta cuál es el rostro de estas personas que han rodeado a Castillo durante los últimos meses y que han aparecido de la nada, porque hace medio año nadie sabía de la existencia del profesor y hoy estamos a punto de proclamarlo presidente”, refiere.

Asimismo, cuestiona que muchos excandidatos como Daniel Salaverry, George Forsyth, Verónika Mendoza, entre otros, se han sumado a Pedro Castillo, pues esperan obtener algo de él en su futuro gobierno.

Disputas en la izquierda

En tanto, Villena Larrea sostiene que dentro del círculo de asesores y allegados a Pedro Castillo existen conflictos, debido a las posiciones moderadas que ha marcado el virtual presidente, desde la realización de la segunda vuelta. Explica que este conflicto se da entre los técnicos de Verónika Mendoza (Pedro Francke y Hernando Cevallos) y los miembros de Perú Libre.

“La izquierda radical, que representan Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, es enemiga de la derecha, pero sobre todo odian a los caviares, que para ellos representan la traición de todo lo que creen. Es gente que piensa como ellos, pero vive como burgués. La gente de Cerrón y su partido ha hecho todo el esfuerzo por hacer ganar a Castillo y ahora ve cómo se le va de las manos porque apareció Verónika Mendoza, Pedro Francke y todos esos blanquitos de Miraflores, que dicen ser de izquierda para vivir de consultorías”, asevera.

Comunismo

Afirma que el comunismo, que a su juicio pregona Pedro Castillo, es una amenaza para la humanidad, pues parte de premisas falsas. Por ejemplo, destaca que una de estas es pensar que la desigualdad es el principal problema del país, cuando para él en realidad es la pobreza. Apunta que hay países millonarios, pero muy desiguales como Estados Unidos; mientras que otros como Venezuela son igualitarios, pero inmensamente pobres.

“Creo que el factor a derrotar es la riqueza. Lo que quieren ellos (comunistas) es que la fortuna que unas cuantas personas se han forjado con mucho esfuerzo sea repartida. Y qué fácil es repartir plata ajena, pero no te hablan de cómo reducir la pobreza”, explica.

Añade que otro concepto erróneo es que los colectivos o minorías tienen derechos, pues los colectivos no son sujetos de derecho, sino las personas. Indica que este discurso lo que busca es cautivar bolsones electorales.

“Los derechos los tienen las personas, no los grupos. El día que permitamos que ese discurso se imponga se pondrá al grupo por encima del individuo. La única minoría que debemos defender es a la persona, pero claro, la izquierda quiere colectivizar estos derechos para tener bolsones electorales. En Estados Unidos esto se conoce como política identitaria. Si eres homosexual tienes que alinearte con la propuesta de los demócratas, porque ellos tienen un paquete de derechos para ti, pero si eres homosexual y de derecha, entonces no eres parte de este grupo”, manifiesta.

Bicentenario

En cuanto al Congreso, asegura que ha sido y sigue siendo la fiel representación de cómo es la población. Por ejemplo, recuerda a la exlegisladora Celia Anicama, conocida como la ‘Roba cable’, ya que el 15 % de peruanos tiene conexiones clandestinas de televisión por cable.

“Lo que digo es sumamente impopular, pero por qué esperamos tener otros congresistas si nosotros somos así. No esperemos algo mejor si, además, a los buenos políticos les han quitado el incentivo para postularse, al impedir las reelecciones. ¿Para qué hago carrera y me formo para ocupar un cargo público, si luego mi carrera se verá truncada porque no podré postular a nada más? Eso está mal, la reforma política tiene medidas absurdas. Han obstaculizado que se forje una dirigencia política profesionalizada”, puntualiza.

Villena Larrea considera que el Bicentenario de la Independencia encuentra al Perú igual que hace 200 años: con caudillos peleando por el poder y con actos de corrupción.

“Espero que estas fiestas patrias nos hagan reflexionar acerca del papel que tenemos como ciudadanos y veamos que tenemos una clase política que está al servicio de intereses. Si esto no nos gusta, entonces involucrémonos. Tenemos todo el derecho a rechazar cualquier poder que surja de un mandato ilegal”, afirma.

JORGE VILLENA LARREA: “El Jurado Nacional de Elecciones ha consagrado la criollada”

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El 30 de marzo de este año se publicó la Ley N° 31151, la cual regula el ejercicio profesional del médico veterinario y lo reconoce como profesional de la salud. Desde el inicio de la vacunación contra el COVID-19, el gobierno central dispuso que sean precisamente los profesionales de salud quienes se priorizaran dentro del primer grupo de inmunización. Sin embargo, al cabo de cinco meses, los veterinarios de Lambayeque aún no reciben ninguna dosis.

El decano del Colegio Médico Veterinario de Lambayeque, Bruno Becerra Oliva, denuncia que el Ministerio de Salud solamente envió seis dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Lambayeque para una población total de mil 12 agremiados a la orden profesional, desconociendo así su categoría de profesionales de la salud y la importancia de su labor en la salud pública.

A raíz de esta situación, han realizado plantones y enviado cartas de queja, pues consideran una burla que se les trate de esa forma a los médicos veterinarios de Lambayeque, mientras que en otros departamentos como Piura y Cajamarca ya se vacunó a todos los profesionales de la orden.

Por esta razón, exige que se les considere como profesionales de la salud dentro del grupo prioritario para la inmunización. “Incluso el Ministerio de Salud sacó una publicación anunciando la vacunación de los médicos veterinarios, pero a Lambayeque solo llegaron seis vacunas. Nos sentimos un poco desplazados, discriminados, pese a que nuestra labor es importantísima”, señala.

“Es una burla para nosotros como profesionales que día a día aportamos a la salud pública. ¿Se imaginan si los veterinarios no desparasitáramos a las mascotas, al ganado, a los animales de producción? Habría una gran cantidad de parásitos. Si tan solo no aplicáramos las vacunas contra la rabia, la leptospira, que son enfermedades zoonóticas, se generarían brotes epidémicos. Nuestra labor es silenciosa, pero constante y siempre pensando en el ser humano”, afirma.

Aporte

Becerra Oliva destaca que durante la pandemia los veterinarios han tenido un rol preponderante, ya que hicieron la donación de mil 512 dosis de ivermectina, además de repartir kits de protección contra el COVID-19. Señala que su gremio no ha dejado de atender, pues la dinámica de su profesión no permite un trabajo remoto. Debido a ello y a la no inclusión en el proceso de vacunación, 15 de sus colegas en Lambayeque fallecieron producto del mortal virus.

Subraya que hoy el campo de trabajo del médico veterinario se ha ampliado bastante a comparación de otros años. Anota que hay profesionales de la orden trabajando en zoológicos, con animales marinos, en la investigación científica, en salud pública, en los centros de producción e incluso en la NASA.

“Muchos veterinarios tuvieron que trabajar en la elaboración de vacunas contra el COVID-19, porque las pruebas se hacen en animales y quienes supervisan que estos produzcan los anticuerpos son los veterinarios. Sin nosotros no existiera vacuna contra el COVID-19. Estamos en la primera línea y por ello la responsabilidad de nuestras autoridades de que nos reconozcan como profesionales de la salud”, señala.

Labor municipal

Por otro lado, cuestiona que la autoridad municipal de Chiclayo no ponga énfasis en la implementación de un camal municipal, acorde a las exigencias de salubridad, pese a que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, ya realizó todas las gestiones.

“Esta inacción ya colinda con una responsabilidad penal, porque se podría dar el brote de alguna enfermedad digestiva grave. Están preocupados en otras cosas que no tienen tanta importancia, cuando el camal debería ser una prioridad para no poner en riesgo la salud de lo chiclayanos”, refiere.

En cuanto al albergue municipal para los perros de la calle, señala que debido a su poca capacidad no puede ser considerado como tal, sino como una clínica o consultorio. Hace hincapié en que los refugios no son la solución para el abandono de los canes en la ciudad, toda vez que lo realmente necesario es educar a la población en el cuidado y esterilización de las mascotas.

“Si bien es responsabilidad de la municipalidad tener por ley un albergue, esta no es la solución a largo plazo, porque las personas tienden a trasladar la responsabilidad de las mascotas a la comuna. Ningún albergue, por más grande que sea, se va a abastecer para acoger a todos los perros callejeros”, resalta.

En tanto, señala que la pandemia ha hecho que las personas se acerquen más a sus mascotas y las vean como integrantes de su familia. Sin embargo, aconseja no intentar humanizarlas y recordar que estas tienen sus propias necesidades, diferentes a la de los seres humanos.

“Una mascota aporta muchas cosas a nuestra vida: cariño, compañía, les enseña a ser responsables a nuestros hijos. Un niño que respeta a un animal es una mejor persona, un niño con un perro siempre va a ser más feliz que un niño sin uno”, asevera.

+ NOTICIAS:

  • Entre septiembre y octubre se realizarán las elecciones para la nueva junta directiva del Colegio Médico Veterinario de Lambayeque.

PARA LA VACUNACIĂ“N: MĂ©dicos veterinarios exigen que se les reconozca como profesionales de la salud

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  • Tras cinco años en la clandestinidad, el Poder Judicial aceptó la apelación interpuesta por el abogado, quien hoy goza de su libertad.

El 16 de enero del 2016, el abogado Wilfredo Chero Villegas recibió una llamada inesperada. Le avisaron que la Corte Suprema de la República había emitido una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad contra él y ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, por usurpación agravada. Al considerar que se había cometido una injusticia contra él, decidió permanecer en la clandestinidad hasta que se demostrase su inocencia.

Tras una serie de recursos interpuestos, en junio, la Sala Penal de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la apelación de Chero Villegas y dispuso que se deje sin efecto las órdenes de captura en su contra. El ex gerente legal de Agro Pucalá destaca que con esta resolución ha quedado totalmente absuelto, pues no se ha ordenado un nuevo proceso ni la emisión de una nueva sentencia.

“Quiero agradecer a mi familia por confiar en mi inocencia y al pueblo azucarero por su solidaridad. También a los gremios sindicales que exigieron justicia a través de las redes sociales, a los colegas, compañeros de estudios y a la ciudadanía que me conoce muy bien, que sabe que puedo ser muy enérgico con mis planteamientos, pero siempre he estado del lado de la clase trabajadora”, manifiesta.

Afirma que desde el primer instante en que salió de la clandestinidad ha retornado a la defensa legal de los trabajadores azucareros, pues para él la sentencia fue solo un “accidente de trabajo”, un galardón más que obtiene de su trayectoria laboral.

Proceso

Este caso se remonta al 2006, cuando Wilfredo Chero junto a otras personas tomó posesión de la planta de azúcar de Chucarapí, en Arequipa, en virtud de medidas cautelares que permitían el retorno de los extrabajadores de esta empresa a la administración. Inicialmente a Chero Villegas y los coimputados se les sentenció a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, pero tras recurrir vía casación a la Corte Suprema se reformuló el fallo y se dictó prisión efectiva por cuatro años.

La defensa de Wilfredo Chero interpuso acciones de amparo y un habeas corpus, los cuales fueron desestimados. También acudió al Tribunal Constitucional, aunque no obtuvo un resultado favorable. Señala que todo esto se debió a que hubo jueces que obedecieron a intereses particulares de mafias, tanto en Arequipa como en Lambayeque.

“Incluso solicité la reconversión de mi pena cuando Pedro Pablo Kuczynski dio el Decreto Legislativo N° 1300, a fin de realizar servicios comunitarios y defenderme en libertad, mientras mi expediente se tramitaba en el Tribunal Constitucional, pero me fue denegado el pedido. Hasta solicité grilletes electrónicos y también me lo denegaron. ¿Cuál era el pretexto? Que no estaba en la cárcel. ¿Dónde queda el principio de igualdad ante la ley? Yo tengo los mismos derechos tanto adentro como afuera”, afirma.

Libertad

Chero Villegas explica que su vida corría riesgo si es que ingresaba a la cárcel, pues en el penal de Chiclayo están internados miembros de ‘Los Wachiturros’ de Tumán y personas ligadas a otras presuntas organizaciones criminales. De igual forma, indica que si era trasladado al recinto penitenciario de Socabaya, en Arequipa, su integridad tampoco estaba asegurada.

“Hay muchos ciudadanos inocentes en prisión preventiva, quienes se mueren por el COVID-19, la tuberculosis, el hacinamiento. Y otros se encuentran en la clandestinidad, como me tocó vivir a mí. Y desde allí buscamos justicia. Hay que decirlo en voz alta: o existe un interés económico en los magistrados o hay mediocridad, en el sentido de no querer enfrentarse a una sentencia de la Corte Suprema, a través de acciones constitucionales como el habeas corpus”, anota.

Azucareras

Por otro lado, Chero Villegas alerta que hay más de 100 trabajadores despedidos de la agroindustrial Pucalá, por lo que exhorta a la administración judicial a realizar una amnistía laboral. De igual forma, señala que los atrasos en las remuneraciones de los trabajadores llegan incluso a 16 quincenas.

“Se tiene que lograr la tranquilidad laboral y para ello urge la reposición inmediata de los trabajadores y la programación de sus pagos en forma inmediata, brindándoles una explicación sobre a dónde fueron los recursos obtenidos por la venta y comercialización del azúcar, cuáles son las expectativas y cuál es el nivel del terreno que se ha sembrado, a fin de no generarles falsas ilusiones”, indica.

Sobre la azucarera Tumán, afirma que la situación es más complicada porque el Grupo Oviedo está en franco repliegue y no existe un acuerdo de si debe administrar la empresa el cuarto o el quinto directorio.

“Les he explicado a los trabajadores que tenemos un arma secreta para que Edwin Oviedo no vuelva a interponer una acción judicial más en contra de los azucareros. Tenemos una estrategia legal en Tumán para que ni el Grupo Oviedo ni sus operadores pretendan regresar a la empresa” puntualiza.

Sobre la situación de Jorge Rodríguez Gálvez, quien cuenta con una resolución judicial para administrar la empresa Tumán, pero no puede ingresar a las instalaciones, opina que el cargo de gerente aplica netamente para el aspecto laboral, mas no tiene nada que ver en el plano societario.

“Se necesita de una opción nueva, que tenga que ver específicamente con los trabajadores y accionistas porque allí prácticamente algunos han defraudado la confianza. Yo fui quien planteó la desobediencia civil, que tiene sus resultados, pero hasta un determinado momento. No todo el tiempo vas a estar en esa postura. Las administraciones judiciales son momentáneas, son perentorias, al igual que la desobediencia civil, pero la prostituyeron, la degeneraron y en nombre de esa desobediencia civil permitieron el retorno de ‘Los malditos del azúcar’, quienes deben ser investigados y sancionados”, precisa.

Denuncias

Asimismo, comenta que se ha entrevistado con el fiscal Juan Carrasco Millones para ver el estado de una denuncia penal que interpuso en el 2015 contra Ernesto Flores Vílchez por defraudación tributaria en Pucalá.

Refiere que él ha asumido un compromiso con los trabajadores azucareros, tanto de Tumán como de Pucalá, para que esta investigación por defraudación tributaria prospere.

“No voy a parar hasta que Ernesto Flores y Edwin Oviedo restituyan el grave daño que le ocasionaron no solo al Estado Peruano, sino a las empresas Tumán y Pucalá”, asevera.

Política de gobierno

En tanto, considera que el sector azucarero debe ser parte una política de Estado, a través del Ministerio de Agricultura, ente que debe realizar una revisión total de los procesos judiciales, el proceso de transferencia de acciones y una auditoría a las deudas que habrían asumido tanto Tumán, Pucalá y Pomalca. Con todo ello -asegura- se podría lograr la capitalización de las deudas y hacer una alianza con los trabajadores, a fin de resarcir el daño que se las hecho.

Afirma que no espera mucho del gobierno de Pedro Castillo, pues en su plan de gobierno solo hay generalidades sobre el sector azucarero, mas no precisiones de acciones concretas para sacar a la industria de la problemática administrativa y financiera en la que se encuentra.

Agrega que el Poder Judicial debe sacar las manos de las empresas azucareras, pues es el principal responsable de la situación que atraviesan las empresas azucareras.

“Se necesita de una política de Estado para revertir esta situación. Ahora Cayaltí es una sembradora, pero sin fábrica; Pucalá por lo menos todavía muele; Tumán está paralizada totalmente; Pomalca todavía resiste, pero con algunos reclamos. Y en Pomalca además se anuncia una administración judicial. Con la experiencia de Tumán y Pomalca puedo decir que no debe haber más administraciones judiciales, porque generan saqueo, división entre la clase trabajadora y beneficio para terceros, que perjudica al patrimonio”, menciona.

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  • El arquitecto señala que falta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para ejecutar el cambio de redes de alcantarillado.

El drenaje pluvial es una de las tantas obras de infraestructura de las que adolece Chiclayo y pese a que existe la voluntad de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios de hacer realidad este proyecto, la falta de planificación, pero sobre todo de voluntad política, ha hecho que no se ejecute hasta ahora el paso previo de esta obra: el cambio de redes de alcantarillado en el casco central.

“El drenaje pluvial es parte del sistema de infraestructuras del que adolece Chiclayo, pero tiene que ser coordinado cuidadosamente con las obras de alcantarillado que están pendientes. Si no se renuevan los grandes colectores, los emisores de la ciudad, que por razones de corrupción de las anteriores gestiones no se realizó, de nada servirá hacer del drenaje pluvial, porque va a quedar por tierra cuando se tenga que abrir nuevamente la ciudad con estas nuevas infraestructuras”, explica el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque.

Precisamente, la obra de renovación de redes de agua y alcantarillado del casco urbano de Chiclayo se encuentra paralizada desde el 2012, habiéndose ejecutado poco más del 30 % de los 28 millones de soles que se destinaron para este proyecto. En tanto, la obra de renovación de los colectores principales, que representa una inversión de 89 millones de soles, se encuentra detenida desde el 2016.

“Debería hacerse un trabajo coordinado para que el drenaje pluvial se construya por donde se hayan instalado los grandes emisores. Sin embargo, estos han sido postergados durante muchos años por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, la administración municipal y la corrupción. No se sabe cómo han quedado estos proyectos. Ahora quieren construir el drenaje, pero qué pasa con los otros. Es como querer ponerse primero el pantalón y luego el calzoncillo”, ejemplifica.

Reconstrucción Con Cambios

En abril, la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, Amalia Moreno Vizcardo, anunció que entre agosto y septiembre de este año se culminarían los estudios de preinversión del drenaje pluvial, con lo cual el proyecto quedaría listo para que se lance el proceso de selección. Sin embargo, el presupuesto destinado para esta infraestructura no contempla el cambio de las redes de alcantarillado y la renovación de los emisores, por lo cual esta inversión debe aún gestionarse.

“Hay un montón de plata que se destina para otros departamentos, que los chiclayanos vemos pasar por nuestras narices, justamente por la mala gestión política de nuestras autoridades (…) Y mientras tanto, Chiclayo sigue postergado, no solamente con las obras de agua y alcantarillado, sino con muchas otras. No tenemos estadios, mercados, coliseos, no tenemos las grandes infraestructuras que debería haber en una ciudad”, manifiesta Rodolfo Arbulú.

Gestión

Arbulú Chereque, quien también fue jefe del equipo técnico del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Chiclayo, anota que en Lambayeque la ineficiencia de las autoridades ha sido tal que no se ha podido gestionar la habilitación del canon que corresponde por el desembarcadero de San José, el cual a la fecha es un “elefante blanco”.

Señala que lo mismo ha sucedido con el canon minero de Cañaris, ya que el proyecto minero Cañariaco se encuentra abandonado, debido a que el gobierno regional no ejecutó las obras de infraestructura vial para conectar esa zona de la sierra de Lambayeque y existe oposición de la población.

Asimismo, cuestiona que el gobierno regional haya prácticamente desactivado a la Autoridad Portuaria Regional, que ya tenía conexiones en el extranjero para la atracción de inversiones. “No sé a qué juegan los gobernantes. ¿Qué quieren? ¿Sacar siempre su diezmo en coimas para generar inversión? Por eso estamos a nivel nacional en una situación de inestabilidad política, por la corrupción, esa de la que sufre también Lambayeque”, anota.

Liderazgo

Por otro lado, sostiene que a las autoridades políticas de Lambayeque les falta liderazgo y una visión de perspectiva a futuro sobre cuál es la dirección que debe tomar el departamento. Todo esto se debe -apunta- a que su objetivo al ingresar al poder es buscar obras que les puedan favorecer políticamente y les dé réditos a sus bolsillos.

“Pienso que la academia debería ser un actor fundamental para ejercer presión en cuanto a estos grandes proyectos, pero nos clavaron un puñal en la espalda con el no licenciamiento de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, comenta.

En tanto, opina que la gestión de Marcos Gasco al frente de la municipalidad de Chiclayo ha significado tiempo perdido para la provincia, toda vez que quedó en evidencia su falta de experiencia en la administración pública municipal.

 

RODOLFO ARBULÚ CHEREQUE: “Si no se renuevan los emisores, de nada servirá el drenaje pluvial”

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