José Antonio Arbulú Arbaiza, asesor inmobiliario y defensor de la cultura, lleva desde julio del 2014 una lucha constante en salvaguarda del patrimonio cultural del departamento, presentando constantes denuncias a la fiscalía por atentados a distintas zonas arqueológicas que se encuentran en el total descuido de las autoridades.
“Existe despreocupación por parte del Estado en la conservación de nuestros monumentos, se prefiere el desarrollo urbano y hay un total abandono por el cuidado de nuestra cultura y conservación de nuestro pasado. Nuestra riqueza cultural es mi sentir y estoy en la búsqueda de más personas que coincidan con lo que estoy haciendo para así poder concretar algo”, manifiesta José Arbulú.
Arbulú Arbaiza ha acudido a las distintas instituciones del Estado a cargo de la conservación de la cultura. “He ido a muchas instituciones, desde el Ministerio de Cultura a la Unidad Ejecutora Naymlap, e incluso fui a la Superintendencia de Bienes del Estado, en Lima, pero existe falta de presupuesto y personal que permita dar soluciones”, afirma.
Actualmente, son 500 las zonas arqueológicas declaradas y empadronadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC de Lambayeque y solo hay 14 proyectos en ejecución a favor de estos espacios, lo que equivale al 2 % del total declarado.
“Existen leyes que protegen nuestros patrimonio pero no se ponen en práctica o se desconocen. Tal es así, que existe una normativa que permite a cualquier persona natural comprar un inmueble contenido en una zona arqueológica, sin tener en cuenta que quien lo adquiere no le da el valor que merece y termina por deshacerse de él”, explica.
Asimismo, denuncia que solo se le presta debida atención a aquellas huacas que contienen objetos de oro y plata, dejando de lado aquellas que contienen petroglifos y geoglifos, despreciando el valor cultural que poseen.
HUACA AGUJEREADA
“Desde un inicio la huaca fue mutilada gracias al Gobierno Regional de Lambayeque con la construcción de la carretera Pimentel - San José, quedando el complejo dividido en dos, Huaca Agujereada A y B. Entonces, en lugar de realizar una pista en el contorno del complejo se optó por lo más simple: trazar una línea recta dividiendo la zona arqueológica”, indica Antonio Arbulú.
La primera denuncia realizada por Arbulú Arbaiza fue en julio del año pasado en defensa de la Huaca Agujereada de Pimentel, donde alertaba al Ministerio Público que usurpadores de terrenos estaban invadiendo parte de la zona arqueológica. Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
“En ese entonces hice una denuncia verbal, luego escrita y de manera anónima para salvaguardar mi seguridad, pero resultó que nunca pasó nada. Luego hice la misma manifestación por los medios de comunicación y el resultado fue el mismo”, comenta.
Ya en enero del 2013 el arqueólogo Juan Martínez Fiestas había declarado que se encontraron a personas extrayendo, con maquinaria pesada, material de construcción en la zona B de la huaca. Asimismo, el arqueólogo Jorge Centurión Centurión, entonces titular de la DDC, declaró a los medios de comunicación que se elaboraría un informe técnico sobre los daños ocasionados y explicó que se haría una intervención para conocer el tipo de ocupación y datos históricos, lo cuales estarían a cargo de arqueólogos del Museo Brüning.
De igual modo, se aseguró que se realizarían las respectivas consultas legales para ejecutar la denuncia contra los responsables, quienes, según el código penal, debieron ser sancionados con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor a ocho. Pero, hasta la fecha se desconoce a los implicados y las medidas tomadas por las autoridades.
La Huaca Agujereada fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral N° 386. En esta zona existen restos de ceramios, vasijas, adobe, restos arqueológicos e hitos, así como demarcaciones recientes, trazos de carreteras y delimitaciones improvisadas, asegura Antonio Arbulú.
Aproximadamente, el 15 de setiembre del 2014 se niveló un área de 0.8445 hectáreas con maquinaria pesada y en el mes de octubre Arbulú Arbaiza realizó la denuncia ante el Ministerio Publico sin obtener resultados.
En la misma fecha la licenciada Amelia Luz Rojas informó al director de la Dirección Descentralizada de Cultura que en este monumento se hallaban hitos, estudiantes de topografía y un cerco de palos y alambres, cuyo interior había sido nivelado, tenía tuberías de agua con llaves de paso, plantas y trochas corrozables, todo esto ubicado dentro de la poligonal trazada por el Museo Brüning, por lo que se estaría hablando de una invasión en la zona.
De igual manera, el 11 de noviembre del 2014 mediante un informe, el abogado Washington Muro Neira, Jefe del Área de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Pimentel, comunicó al alcalde José Gonzales Ramírez que cuando se apersonó en la zona afectada, ubicada en el lado A de la huaca, había una hectárea cercada con una caseta al interior que pertenecía, según el vigilante, a Richard Julca Rojas, a quien se le notificó, pero que finalmente se resolvió disponer la primera de dominio a su favor.
Sin embargo, el 12 de diciembre del mismo año, la Oficina de Catastro de la municipalidad de Pimentel informó que el predio no se encontraba registrado a nombre de ninguna persona natural. El 18 del mismo mes, la División de Estudios y Ejecución de Obras Públicas y Privadas de Pimentel aseguró que no existía trámite para edificación en esta área.
Actualmente, partes de la zona arqueológica se encuentran delimitadas como propiedad privada de Herald Zoeger Silva, las sociedades conyugales de Walter Pedro Gutiérrez Gonzales y esposa, y de Jorge Eugenio Castañeda Maldonado y esposa. Un área superpuesta de 916 metros cuadrados de la huaca también se encuentra delimitada como parte de la propiedad de Jorge Virgilio Zoeger Baca, todo ello en el lado A de la huaca.
Hacia el lado B se encuentra los 15 mil 516 metros cuadrados que fueron afectados por maquinaria pesada y partes del terreno delimitados como propiedad de Manuel Denester López Grández y Virgilio Zoeger Baca.
OTROS MONUMENTOS AFECTADOS
En julio del 2014 el área de Huaca Blanca, ubicada a 800 metros del litoral y a dos kilómetros del distrito de San José, también fue afectada por invasores y constructoras. Fue la Unidad Ejecutora Naylamp de Lambayeque quien descubrió los daños mientras realizaba trabajos de saneamiento físico - legal en 26 complejos.
Los daños ocasionados en la zona fueron calificados de irremediables por el arqueólogo Juan Martínez del Museo Brüning, quien además declaró que en el terreno se encontraban decenas de vasijas, platos, cantaros, osamentas y restos de cobre que quedaron a la intemperie.
De igual modo, la zona arqueológica de Picsi, como es la Huaca Alcán, casi fue destruida durante la gestión del exalcalde Alfredo Díaz Barturén, comenta Antonio Arbulú, pues habría sido él quien dio la aprobación para la ampliación del penal que se encuentra cerca a esta área.
“Fue gracias a los vecinos que se opusieron, porque no quieren el penal en su distrito, que esta zona se salvó de ser destruida”, finaliza.
LA PROPUESTA
Al ver que todas las denuncias y quejas dadas ante las autoridades por él y otras personas caen en saco roto, José Antonio Arbulú se ha unido a otros diez ciudadanos para formar un patronato que actúe en defensa de las zonas arqueológicas.
“Hay que ir a la población y decirle de alguna manera que todo eso es nuestro, no todo es negociación de compra y venta, pues si se le pusiera el interés y cuidado podrían hacerse acondicionamientos que fomentarían el turismo en estos monumentos y el cuidado de los mismos”, indica.
La idea de José Arbulú es conseguir un abogado que los ayude a fiscalizar y hacer cumplir las leyes de protección del patrimonio cultural. “Es una lucha, porque todos también debemos trabajar y no podemos vivir de esto, el mismo gobierno municipal de Chiclayo nos ofreció su ayuda, pero solo ha quedado en palabras. El tema es difícil, pero no imposible”, asegura.
La asociación que desean formar debe estar consentida por las diferentes instituciones del Estado y esperan contar con el presupuesto adecuado más adelante. Por el momento sus funciones estarán en la concientización de la gente acerca de la cultura y más adelante poder apoyar a las distintas entidades en desarrollar y proponer proyectos de protección de las zonas arqueológicas del departamento.
En diciembre pasado un grupo empresarial presentó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo una propuesta de inversión para la construcción del Terrapuerto, obra de la que se habla hace más de 15 años en la ciudad y que podría concretarse una vez se corrijan las observaciones presentadas por la comisión técnica que conforman los colegios profesionales.
“Hemos reactualizado y efectuado estudios nuevos en relación al proyecto del Terrapuerto. Por ejemplo, antes no existía un estudio de factibilidad económica – financiera, un estudio actualizado de flujos de pasajeros, de buses, de empresas. Debido a estos nuevos informes una empresa nos ha realizado una propuesta atractiva para ejecutar la obra”, menciona el presidente del Comité Especial de Promoción de la Inversión – CEPRI, conformado para la gestión de la obra, Lucio Asalde Vives.
Refiere que ha sugerencia del CEPRI el alcalde David Cornejo Chinguel formuló la invitación a los colegios profesionales para la creación de una comisión de técnicos altamente capacitados para el análisis de las propuestas del proyecto.
“Es oportuno recibir el apoyo de los colegios profesionales, pues queremos que exista la más amplia participación y que el proceso sea lo más transparente posible para lograr cambiar esa imagen de administración corrupta que quedó en la ciudad”, señala.
La comisión está conformada por Guillermo Segura Díaz, presidente de la Comisión de Transportes del concejo provincial; Hevert García Ramírez (decano), y Oscar García Checa como representantes del Colegio de Arquitectos de Lambayeque; Antonio Escajadillo Durand (decano), Antony Mesones Flores, Wilmer Huancas de la Cruz y Abdel Flores Olivos, representantes del Colegio de Economistas, y Francisco Aguinaga Chávez, decano del Colegio de Sociólogos.
Asimismo, la integran Víctor Gonzales Medina, representante del Colegio de Ingenieros; Jorge Alarcón Gasco, representante del Colegio de Abogados; Luis Balarezo Flores, representante de la municipalidad de Chiclayo y el actual presidente del CEPRI Chiclayo.
“Lo importante es que nosotros como encargados de la CEPRI sabemos que es de primordial envergadura, por el tamaño de la propuesta, convocar a los actores de la sociedad civil. Chiclayo espera el proyecto del terrapuerto hace ya 15 años y cuando cuente con este tiene que ser algo evaluado, a conciencia, por sus mismos protagonistas”, comenta.
CAOS ACTUAL
El copioso tráfico, que inicia desde las seis de la mañana y se prolonga hasta las diez de la noche, en las avenidas José Balta, Bolognesi y José Leonardo Ortiz, las principales de la ciudad, es agudizado por el ingreso de 386 buses al centro de la ciudad todos los días.
“Es imposible que aquellas avenidas puedan recibir esa magnitud de vehículos diariamente, más porque congestionan y contaminan por completo la ciudad. Hemos descuidado el control del medio ambiente y no contamos con los equipos para medir el daño que se genera a esas horas del día, pero de hacerlo probablemente sabríamos que Chiclayo es una de las ciudades más contaminadas del Perú”, expone.
Este panorama caótico, que las autoridades no han podido resolver en los últimos años, donde se presencia un flujo cercano a 500 taxis por hora circulando en esa zona durante el horario mencionado, ha llevado al planteamiento del Terminal Terrestre.
“Esta propuesta sugiere llevar el terminal a la prolongación de la avenida Grau con la Vía de Evitamiento, a un terreno de diez hectáreas que hoy tiene más de cien a 150 mil metros cúbicos de desmonte, porque jamás hubo una autoridad que impida que este terreno valioso para la ciudad se convierta en un basurero gigantesco”, indica.
DETALLES DEL TERRAPUERTO
La propuesta busca construir un terminal terrestre sobre cien mil metros cuadrados (10 hectáreas), con capacidad para albergar a las 68 empresas de transportes que hay en Chiclayo, los 386 buses que entran diariamente al casco central y los cerca de 14 mil pasajeros que se movilizan todos los días.
“Es un terminal único, que albergaría a las empresas que van al norte, sur y nororiente. Sin embargo, esto no va a ser un monopolio, pues no está permitido por la constitución. Las empresas que quieran tener su propio terminal, como ya lo han hecho TRC o Vía, deben cumplir con las condiciones mínimas, no como ahora que cogen un espacio de diez por treinta metros, donde los buses entran en retroceso. Chiclayo no merece eso. Si alguien quiere construir su terminal propio a futuro debe contar, como mínimo, con tres mil 500 metros cuadrados de área, con zonas de embarque y facilidades para el público (baños, comedor); de tal manera que los chiclayanos que decidan acudir a estas empresas gocen de las medidas mínimas de seguridad”, remarca.
El proyecto considera además una zona de desembarque con espacios reservados para tiendas en el primer piso. En el segundo piso se distribuyen las zonas de espera, con dos zonas VIP.
“Es el caso de Trujillo, siendo un terminal relativamente grande, cuenta con un problema fundamental: trabaja solo al 25 % de su capacidad. Esto se debe a la ubicación del terminal, debido a que gran parte de las empresas de transportes cuentan con instalaciones cercanas, haciéndole competencia. Falta una autoridad que ponga orden y que haga cumplir las ordenanzas correspondientes”, afirma.
A parte de la zona consignada para la infraestructura del terrapuerto, existen zonas destinadas para franjas comerciales, un centro de convenciones, áreas para bancos u hoteles; ubicadas en los extremos y complementariamente al terminal. El éxito del terrapuerto dependerá en gran medida de estas instalaciones.
Hasta el momento la municipalidad no ha establecido ningún tipo de vinculación con los inversionistas, ya que se trata de una propuesta de forma rogatoria. “Nosotros presentaremos a la municipalidad la sugerencia, al concluirse el estudio de la comisión, en forma de un documento oficial llamado declaración de interés. Si nosotros consideramos que debe ser declarado de interés, lo ponemos ahí; si decimos que no, ahí queda”, indica.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Después de la evaluación de los diferentes estudios, la comisión técnica considera que en la propuesta actual sí existen condiciones de viabilidad técnica y económica.
Sin embargo, hay algunas observaciones y recomendaciones realizadas por el grupo de técnicos respecto a la infraestructura del terminal y la expansión de algunas zonas.
“Los arquitectos dicen que el proyecto está bien diseñado interiormente, controlando los flujos de pasajeros, de buses y taxis, pero sugieren que la zona de estacionamiento pudiera tener un mejor tratamiento. Asimismo, en la zona de comidas, debe verse la posibilidad de ampliarla o añadir otra área. Además, en la parte arquitectónica exterior han sugerido unos cambios en diseño, tratando que se adapte más a la cultura lambayecana y no sea tan internacional, sin que ello signifique perder el concepto de modernidad”, indica.
Lo mismo sucede en el aspecto económico – financiero, sobre el cual se han realizado algunos planteamientos que sugieren revisar los flujos y también algunos cambios en el concepto de retribución económica, en el sentido que todos los ambientes deben aportar una tasa única, de tal manera que la municipalidad pueda gozar de los mismos beneficios que los inversionistas. “Cuando esto esté al 100 % la municipalidad tendrá mayores ingresos”, destaca Asalde Vives.
ORDENANZAS
Para que no se repita las deficiencias que existen en todos los terminales del Perú, se requiere que la municipalidad cumpla con algunos requisitos, como declarar una zona rígida en Chiclayo para el ingreso de buses, la cual está dada por el sur con la Avenida Chinchaysuyo y por la zona norte la Avenida Chiclayo, siendo concordante con otras ordenanzas para el ingreso de vehículos pesados.
“Hace poco vimos que en la calle Siete de Enero un bus de Emtrafesa se hundió. Chiclayo ya no puede recibir unidades de esos tamaños porque van a seguir destrozando la infraestructura sanitaria que cuenta con más de 50 años”, menciona Lucio Asalde.
En segundo lugar, las empresas que deseen poner su terminal fuera podrán hacerlo solo sí cumplen con los parámetros mínimos de área y servicios.
Además, Asalde Vives comenta que los sistemas de colectivos y combis deben tener un paradero o terminal en el terrapuerto, ya que se debe facilitar el traslado mediante una ordenanza municipal.
El estudio de mercado realizado el año pasado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, arrojó como resultado que el 81 % de los chiclayanos está de acuerdo con la ubicación del terrapuerto.
Por su parte, los empresarios han presentado una lista de requerimientos para asegurar su inversión, que va desde la firma de un contrato de estabilidad jurídica hasta la posible creación de un centro de convenciones, siempre y cuando cuatro eventos anuales sean organizados por la comuna provincial y el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de garantizar su ocupabilidad.
“Esto es muy bueno puesto que realizando estos eventos se promueve también el turismo en el departamento. En realidad, la municipalidad tiene una serie de retos y esto ha ameritado a que el Colegio de Economistas pregunte si está dispuesta a emitir todas las ordenanzas municipales y velar por su cumplimiento. Yo puedo decir que si está dispuesta que apruebe la propuesta, caso contrario no acepte”, manifiesta.
CONVOCATORIA AL CONCURSO
De aceptarse la propuesta, se convocaría a un concurso internacional para que en un plazo máximo de 90 días otras empresas presenten sus iniciativas. La mejor será finalmente la que se apruebe y ejecute.
Lucio Asalde manifiesta que dicha propuesta supera los cien millones de soles. ”Cualquier empresa que quiera presentarse debe entregar una fianza igual, de tal manera que todo este tema sea serio. Si en 60 días hay una propuesta que mejore esta, esa gana, otorgándole un plazo para ejecutar su proyecto y para iniciar las obras (seis meses)”, agrega.
En el caso de no se presentase alguna otra empresa en el período de 90 días, se le otorgaría la buena pro al proyecto inicial. Los siguientes seis meses serían para elaborar el expediente técnico y el estudio de impacto ambiental, tras lo cual se iniciarían las obras, acota el presidente del CEPRI.
“La municipalidad se muestra positiva. Es una oportunidad que no se había presentado en 15 años, hay entusiasmo por parte del alcalde de desarrollar una obra bastante significativa bajo su gestión, y desde el CEPRI lo estamos haciendo con el mayor cariño hacia nuestra ciudad”, concluye.
Con la finalidad de salvaguardar el bienestar de los agricultores independientes, EsSalud ha desarrollado un seguro que les permite acceder de forma módica a los beneficios de salud con los que cuentan los trabajadores de las empresas agroindustriales. ¿Cuáles son los beneficios de este seguro? ¿Qué cifras dejaron en el 2015? Ángel Rondón Sánchez, jefe de la oficina de Aseguramiento de la red EsSalud Lambayeque, da respuesta a estas y otras interrogantes.
El Seguro Agrario Independiente se creó en el 2000 y fue reglamentado dos años después. “Al darse las normas de promoción al sector agrario se les otorga a los trabajadores agrarios independientes, además de los impuestos y aspectos competentes al Estado, la posibilidad de contar con un seguro de salud, siendo EsSalud la entidad responsable de su cobertura”, comenta Rondón Sánchez.
BENEFICIOS DEL SEGURO
El representante de la red EsSalud Lambayeque indica que quienes pertenecen a esta modalidad cuentan con los mismos beneficios que el seguro regular; sin embargo, el derecho de cobertura es adquirido de forma diferente que en el segundo caso en razón que este es más flexible.
Según indica, los asegurados pueden atenderse con tres aportes consecutivos o cuatro aportes no consecutivos en un período de doce meses anteriores a cuando se solicita la prestación del servicio.
“Si estoy en enero y quiero solicitar una atención médica, van a revisar si durante todo el 2015 he realizado aportes en las dos modalidades referidas anteriormente (por ejemplo, durante los meses de enero, febrero y marzo; o marzo julio setiembre y diciembre), y me atienden”, explica Ángel Rondón.
Esto se diferencia del servicio regular en el sentido que en este último se toma en cuenta los seis meses anteriores a la consulta realizada. En segundo lugar, el seguro representa el 4 % de la Remuneración Mínima Vital (30 soles), mientras que para los trabajadores de una empresa el pago se realiza en base al 9 % de su sueldo.
Los 30 soles que aporta un asegurado agrario independiente le dan cobertura al titular de forma completa, significando que EsSalud asumirá en su totalidad los gastos que se requieran durante las prestaciones sociales, de salud o económicas.
“La cobertura es total, desde accidentes hasta enfermedades, no se ha presentado durante el 2015 inconveniente alguno en el aspecto de la atención médica, no han presentado restricciones de razón alguna. La normativa solo excluye de atención al asegurado en caso de presentarse heridas autoinflingidas u operaciones de carácter estético”, detalla el representante de la entidad estatal.
Asimismo, el seguro otorga cobertura tanto al trabajador como a sus familiares directos, ya sea su esposa o conviviente como los hijos menores de 18 años. En el caso de contarse con hijos mayores de edad, se aplican condiciones especiales.
“Para que los hijos mayores de 18 años accedan al seguro agrario deben de encontrarse inhabilitados de forma parcial o total, de manera tal que les sea imposible desarrollar actividades laborales que les permitan el sustento propio”, manifiesta Rondón Sánchez.
Este seguro aplica a nivel nacional, lo cual quiere decir que si el agricultor por motivos diversos sufre alguna clase de accidente en otra región, puede ser atendido de forma gratuita. “Supongamos que surge una emergencia y debo viajar hacia Tacna y surge un accidente en la ciudad, acudo al hospital más cercano y me van a atender, pues nuestra base de datos agrupa las diferentes redes asistenciales de todo el país”, señala.
En cifras resumidas, el año pasado se realizaron un total de 104 mil 791 atenciones mediante esta modalidad, perteneciendo 59 mil 428 directamente a los titulares y 45 mil 363 a sus familiares. Del total de atenciones realizadas, 97 mil 43 corresponden al área de consulta externa, seis mil 763 a emergencia y 637 a hospitalización.
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
Ángel Rondón comenta que este es el segundo proceso de reinscripción que desarrolla EsSalud. El primero se realizó en el 2009, cuando (según la base de datos), el número de asegurados bordeaba los diez mil usuarios.
“Tras efectuar la reinscripción logramos el sinceramiento de la base de datos, registrándose una reducción del 50 % en el número de asegurados”, señala.
En la actualidad, el número de afiliados oscila entre cuatro mil y cinco mil personas, todos ellos agricultores independientes, quienes tienen acceso a toda clase de prestaciones asistenciales, económicas, sociales; cobertura similar a la de un seguro regular.
Para efectuar el proceso de inscripción, el agricultor debe de acercarse a las oficinas de aseguramiento y solicitar la reinscripción. Posteriormente, se inicia la fase de documentación que confirme el estado del agricultor.
“¿Qué es lo que debe de presentar? Hay que llenar el formulario 1010, formulario único de registro, firmado por el asegurado titular o derechohabiente, cónyuge o concubino (a), padre o madre, tutor o tutora, según corresponda”, explica Rondón Sánchez.
Se debe entregar también una copia de la resolución y/o constancia emitida por la autoridad competente (Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, Comunidades Campesinas y gobiernos regionales), las cuales acrediten la realización de la actividad agraria, avícola, acuícola o agroindustrial, con antigüedad no mayor a un año desde su emisión.
En tercer lugar, se debe entregar la copia del documento que acredite la propiedad (títulos de propiedad, contrato de compra – venta, escritura pública o resolución judicial). También se toman en cuenta la entrega de una ficha de registros públicos, con antigüedad no mayor de tres meses desde su emisión.
“En caso el agricultor no sea el propietario del terreno donde trabaja, la documentación a entregarse se basa en la copia del contrato de arrendamiento vigente a nombre del titular, además de una copia de la ficha de registros públicos”, sostiene.
Esto sucede de igual manera cuando se presenta un contrato de cesión de uso o constancia de cesión de uso.
“Otro de los escenarios se presenta cuando el asegurado es mayor de 70 años. El agricultor debe de entregar una constancia de evaluación médica emitida en los Centros Asistenciales de la red EsSalud que señalen la condición de apto para desarrollar la actividad agraria”, indica Ángel Sánchez.
A partir de esta edad los asegurados deben realizar la evaluación médica cada dos años. El costo de la mencionada evaluación será asumido por el solicitante solo en el caso de inscripción al Seguro de Salud Agrario para Trabajadores Independientes.
NUEVOS AFILIADOS
El jefe de la oficina de aseguramiento indica que el seguro no ha vencido, la normativa sigue vigente y esperan que durante este proceso se adhieran nuevos afiliados. “El proceso de inscripción es similar al antes mencionado, los documentos son los mismos; aquí la figura es actualizar y conocer el número de afiliados que realmente se encuentran vigentes en sus labores agrícolas”, agrega.
Si bien la red asistencial atiende en su mayoría a los afiliados de la región (un total de mil 710 titulares), también abarca a los de parte de Cajamarca (Cutervo, San Ignacio, Santa Cruz, Jaén y Chota), donde se encuentran mil nueve afiliados; y La Libertad (Chepén), que cuenta con 295.
“Considerando que los trabajadores de este rubro laboran por campañas, el representante de la oficina de aseguramiento de EsSalud señala que los requisitos son flexibles, permitiendo el pago en diferentes meses (cuatro como mínimo), o tres de forma consecutiva”, manifiesta Rondón Sánchez.
Indica que la expectativa no va por ampliar o eliminar el número de afiliados, sino que se busca actualizar la base de datos a fin de asegurarse de que quienes figuren en la lista realmente se encuentren ejerciendo actividades agrícolas. “De esta forma podemos planear las estrategias de atención, ver los fondos correspondientes y otros aspectos administrativos que nos permitan satisfacer a la demanda actual”, refiere Ángel Rondón.
“Estamos desarrollando campañas de información y entregando folletos con la finalidad de captar a nuevos afiliados y hacerles recordar a los que ya cuentan con este servicio que efectúen su reinscripción. El proceso continúa hasta el 30 de abril, aquellos que no lleguen a realizar el proceso de inscripción van a ser removidos de nuestra base de datos y dados de baja, por lo que es importante que se acerquen a realizar este proceso y no pierdan los beneficios o el derecho de cobertura”, culmina el representante de la entidad estatal.
Envidiable fortuna han alcanzado nuestros padres de la patria en los últimos cuatro años, pues sus ingresos como representantes de Lambayeque en el Congreso de la República les han permitido no solo gozar de una vida cómoda, sino también adquirir bienes muebles e inmuebles. Expresión presenta un comparativo de las declaraciones juradas de bienes y rentas que los cinco legisladores han presentado ante el parlamento, cumpliendo la exigencia del Artículo 8 del Reglamento de este poder del Estado, en el que se puede apreciar la notable evolución de sus finanzas. ¿Igual de abultada y provechosa habrá sido su gestión congresal?
Acostumbrado a la polémica, el abogado Wilfredo Chero Villegas gustó siempre de ser él el denunciante y de asomarse en cuanto caso vinculado a azucareras le era posible. Hoy, con la suerte en contra, es buscado por la justicia al responsabilizársele del delito de usurpación agravada en una de estas. La sentencia de la Corte Suprema de la República, emitida en abril del 2014 y notificada recién el seis de enero pasado, ordena cuatro años de prisión efectiva para él.
El Poder Judicial considera a Chero Villegas, junto a ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, culpable del conflicto desatado por el control de las mismas, luego que instalara una administración ilegal valiéndose de una medida cautelar concedida en Lambayeque por el exjuez Pedro Pablo Cornejo Morajes, hoy destituido y quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.
Inicialmente, el abogado y sus coimputados fueron sentenciados a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, fallo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala Penal de Arequipa. No conformes con la decisión judicial recurrieron a la suprema vía casación, resolviendo esta no solo recovar el mandato de los jueces de la región sureña, sino reformularlo y dictar prisión efectiva a los acusados, ordenando su captura a nivel nacional.
El caso se remonta al 2006. En octubre de ese año, el abogado, flanqueado de más de 300 sujetos armados, tomó posesión violenta de las empresas, acto que fue validado por el juez de Paz de segunda nominación de Cocachacra – Arequipa. De acuerdo a lo contenido en el fallo de la Corte Suprema, los vigilantes del complejo azucarero fueron encañonados, amenazados y golpeados, a fin de evitar que pongan resistencia a la toma de las instalaciones. Dos meses después, el Poder Judicial ordenó el ingreso de los legítimos propietarios de las empresas, sin embargo los usurpadores volvieron a usar la fuerza para apoderarse del ingenio.
Resultado de la ilegal ocupación, estos se beneficiaron de la comercialización del azúcar, la melaza y otros insumos producidos en Chucarapi.
INTENTO DE BLOQUEO
Chero Villegas interpuso en diciembre del 2006 una demanda de hábeas corpus contra el jefe de la Policía Nacional en Arequipa y contra el titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Islay – Mollendo, Abdón Sancas Soto, por – según él – desconocer el proceso de hábeas corpus N° 2006 – 019 seguido ante el Primer Juzgado Penal de Lambayeque y el mandato dado por este en noviembre de ese año.
Y es que el juzgado lambayecano ofició al fiscal de Arequipa para que deje sin efecto cualquier tipo de investigación (policial o fiscal) a los vehículos que transportaban azúcares producidos por la empresa Chucarapi, en ese momento bajo posesión de los hoy sentenciados por usurpación agravada, debiendo entregarse el producto a Sixto Mamami Sumari, uno de los coimputados.
El fiscal ordenó el inicio de las investigaciones por la ilegal movilización de azúcar, en tanto semanas después, en enero del 2007, Chero Villegas modificó el tenor de su demanda y solicitó ser el único beneficiario del proceso constitucional que había iniciado contra el representante de la Policía y del Ministerio Público.
El reclamo del abogado llegó hasta el Tribunal Constitucional, el mismo que en septiembre del 2008 declaró improcedente su demanda e impuso en su contra una multa de 10 Unidades de Referencia Procesal - URP por “su actuación temeraria en el proceso constitucional”, según señala el fallo.
Wilfredo Chero, quien se venía desempeñado como Gerente Legal de Agropucalá y defensor del exrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Agustín Ramos García, se mantiene prófugo, a espera que un recurso correctivo presentado por su hermano, el abogado Félix Chero Medina, a la Corte Suprema, dé resultados y pueda variar su condición de condenado.
Sin embargo, en el historial del letrado, quien en las elecciones del 2014 postuló a la vicepresidencia regional de Lambayeque por el Frente Amplio, y antes, en el 2011, al Congreso de la República por Fuerza Social, existe una larga lista de intervenciones en polémicos casos, la mayoría vinculados a las azucareras del departamento. Los más recientes fueron Pomalca y Tumán.
PROTAGONISTA DULCE
En agosto del 2014 se concretó uno de los afanes más conocidos de Chero Villegas: el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres, hoy destituido, removió a la administración judicial de Agropucalá e instaló una afín al grupo representado por el abogado, colocando a Luis Alberto Dávila Dávila al frente de la empresa.
Meses antes la azucarera había ingresado en un conflicto interno que movilizó más de una vez a sus trabajadores por las calles de Chiclayo. Ingresada la nueva administración, Chero Villegas se ubicó como Gerente Legal emprendiendo diversas acciones judiciales, además de defender el desempeño del Gerente General Max Ayora Iñoñán.
Siendo funcionario de Agropucalá, Wilfredo Chero se inmiscuyó en el problema de la azucarera Pomalca, participando incluso como representante de los trabajadores en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque para poner fin a la huelga que mantenían los trabajadores de la agroindustrial. Al mismo tiempo, se plegó al bando del dirigente Walter Cieza Díaz en la huelga de los azucareros de Tumán, activando también como representante legal de este.
Discrepó abiertamente con el aliado del otro grupo de trabajadores tumaneños, el presidente de la ONG ProJusticia, Fernando O’Phelan Pérez, acusándolo de representar a intereses subalternos que avalaron el ingreso de Marcelino Llontop Suyón como administrador de la empresa. Su abierto enfrentamiento alcanzó sabor a pugna de poder.
ANTIMINEROS
En agosto del 2012 el controvertido abogado asumió la defensa del entonces presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos Guerrero, del exsacerdote Marco Arana Zegarra y del dirigente antiminero Idelso Hernández Llamo, quienes eran investigados penalmente por el caso Conga.
Contra estos se levantaron cargos por atentar la tranquilidad pública, generar y promover disturbios, resistirse a la autoridad y ocasionar daños en agravio del Estado en su oposición a la ejecución del proyecto minero. Con este caso, Chero alcanzó aún más notoriedad.
En el 2013, el abogado logró que contra la exautoridad regional se archivaran cuatro denuncias. Ese año también logró la libertad de seis comuneros detenidos por la Policía Nacional en las lagunas de Conga.
Dicha fama le sirvió para alzarse, tiempo después, como defensor de los comuneros de Cañaris, quienes se declararon en protesta contra la continuidad de los trabajos de exploración del proyecto minero Cañariaco.
Wilfredo Chero llegó incluso a anunciar que recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado Peruano por avalar la presencia de la minera Candente Cooper en Cañaris y “no respetar la legitimidad del pueblo y permitir que se depreden los recursos naturales”.
OTROS CASOS
El abogado estuvo también inmerso en la medida cautelar que presentó en el 2011 el concejo distrital de Olmos, encabezado por su entonces alcalde Willy Serrato Puse, ante el Juzgado Mixto de Motupe para detener la convocatoria a subasta pública de las tierras del Proyecto de Irrigación Olmos. La demanda fue presentada contra el Gobierno Regional de Lambayeque, sin alcanzar ningún efecto sobre el proceso.
En el 2012 denunció por prevaricato al juez Óscar Tenorio Torres cuando emitió la medida cautelar a favor del exalcalde Roberto Torres Gonzales para que siga en funciones al frente del Municipio de Chiclayo. Tiempo después, Chero Villegas defendería la conducta del ahora exmagistrado cuando removió a la administración de la empresa Agropucalá.
Como se ha dicho, también se ha desempeñado como defensor del exrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Agustín Ramos García, en la investigación iniciada por el Ministerio Público por el cobro de asignaciones extraordinarias presuntamente irregulares. Posteriormente pasó a defender la permanencia de este como máxima autoridad de la casa superior de estudios.
Entre sus casos más polémicos está la defensa que ejerció a favor de Joana Nakano Bustíos en el 2008, luego que la Municipalidad Provincial de Chiclayo le quitara la corona de reina de la ciudad en el marco del aniversario de creación política tras la propalación de un video en el que la joven aparecía bailando semidesnuda frente a una cámara. El caso llegó a los programas de espectáculos capitalinos.
El Plan de Desarrollo Urbano – PDU de Chiclayo data de 1992, está vigente, pero ya es obsoleto. Hevert García Ramírez, decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, comenta que son numerosas las veces en la que se ha pedido a la municipalidad provincial la aprobación del plan actualizado. Sin embargo, señala que falta interés por parte de la actual gestión y “del equipo humano incapacitado que la conforma”.
Chiclayo se rige bajo el mismo Plan de Desarrollo Urbano por más de 20 años, teniendo como consecuencia un crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad. En el año 2010, dicho documento fue reevaluado y actualizado, arrojando la tendencia de crecimiento vertical de la zona urbana en vez de una expansión horizontal.
No obstante, pese a que fue aprobado por el Ministerio de Vivienda en el año 2011, debido a la desidia de la autoridad municipal anterior, Roberto Torres Gonzales, este no fue aprobado por el municipio. “A ellos les gustaba que la ciudad siguiera desordenada, tener un manejo de todas las licencias de edificación para poderlas negociar bajo la mesa”, indica el decano.
A partir del 2015, al asumir funciones el alcalde David Cornejo Chinguel, entró en debate municipal la necesidad del plan de desarrollo. Empero, la aprobación de este se ha visto postergada en razón que la comuna suscribió el año pasado un nuevo convenio con el Ministerio de Vivienda para la elaboración de un Plan de Desarrollo Metropolitano, de ahí que el Colegio de Arquitectos solicita la aprobación temporal del PDU.
“Mientras se concluya el estudio y se apruebe, habrá pasado un año más, y mientras tanto la municipalidad seguirá trabajando bajo parámetros, áreas de expansión y planes de ubicación que datan de 1992. El Colegio de Arquitectos recomienda aprobar estos planes urbanos temporalmente, hasta que el Ministerio de Vivienda entregue el Plan de Desarrollo Metropolitano”, expone con inquietud el representante de la orden profesional.
Hevert García declara que para la elaboración PDU que se mantiene encarpetado desde el 2010 se necesitaron dos años de trabajo. “Para realizarlo intervinieron recursos de la municipalidad, de los colegios de arquitectos e ingenieros, de la universidades y algunas ONG que apoyaron la iniciativa para hacer realidad el plan. Al ingresar el alcalde Cornejo este pidió cien días de tiempo para reestructuraciones y hemos estado calmados durante ese período, pero ahora vemos que no ha hecho nada aún”, arguye.
Luego de varias reuniones, los avances para la implementación del PDU siguen sin éxito. “Hemos tenido reuniones en la municipalidad, en el Colegio de Arquitectos y con el gerente de Urbanismo. Hemos hecho una exposición en la municipalidad con los regidores y se quedó en que se iba a agendar para esa aprobación temporal, pero aún no hay nada concreto”, indica.
García Ramírez considera que la consecuencia al postergar la aplicación de las herramientas técnicas es la emisión de licencias de construcción para obras que no cumplen con los parámetros urbanísticos, como es el caso del hotel ubicado en la cuadra cuatro de la calle Manuel María Izaga, cuyos propietarios realizaron construcciones en un área no autorizada en el terreno contiguo que da a la calle Torres Paz.
“Hemos pedido la información a la municipalidad respecto a las licencias del hotel. Hemos pedido numerosos documentos y hasta el momento no han tenido respuesta. Así, hemos detectando, por lo menos en el centro de Chiclayo, que en la actual gestión se dan licencias de edificación con parámetros no adecuados, lo cual llega a ser sospechoso”, apunta.
Es por ello que el decano del Colegio de Arquitectos asegura que el continuo manejo irregular de las licencias se da debido a la ausencia de los parámetros publicados en la web de la comuna, dejando la impresión de caer en las mismas faltas de la anterior gestión.
Por otro lado, los avances del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano se encuentran paralizados hasta la fecha. “Ellos han venido trabajando en las instalaciones del Colegio de Arquitectos, las que hemos brindado gratuitamente para ayudar y que tengan todas las comodidades, pero por razones desconocidas se ha detenido el proceso” expone.
“Si sigue paralizado la ciudad continuará a la deriva. Hasta que se evalúe, elabore y apruebe el proyecto, por lo menos deberían poner en vigencia los parámetros del plan del 2010 que fueron elaborados por un equipo altamente técnico. Lo que solicitamos con urgencia es la vigencia de este plan para marcar el crecimiento vertical de la ciudad, los anillos viales, las expansiones y edificaciones que necesita Chiclayo. Asimismo, darle seguridad y confianza al inversionista, para que pueda ver a través de la web toda la información transparente necesaria, en vez de tener la información guardada en las gavetas de los funcionarios”, resalta con preocupación.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR
La ciudad ha ido acumulando problemas debido a la falta de organización y manejo, siendo la falta de los anillos viales uno de los problemas resaltantes. “Hay tres anillos concéntricos dentro de la ciudad de Chiclayo. Uno de ellos está a la altura del Colegio San Agustín, donde se han dado licencias de construcciones urbanas. Poco a poco han ido jalando y jalando hacia el oeste con la finalidad de dar licencias sin respetar el trazo de un anillo vial de aproximadamente 50 metros de ancho”, recalca, añadiendo que existe “manoseo y manipulación” de los planes urbanos.
“Si la municipalidad en ese momento lo hubiera aprobado, esos trazos serían ahora respetados. Como no hay aprobación, ellos negociaron las licencias y jalaron el anillo hacia el oeste, hasta llegar a Pimentel”, menciona.
Hevert García acota que de haberse implementado el PDU existente se hubiera identificado una serie de proyectos de corto, mediano y largo plazo que modernicen la ciudad. Asimismo, manifiesta que de acuerdo a estos perfiles se podría buscar inversión, pública, privada o una alianza.
Otro aspecto que se hubiera mejorado es el del comercio respecto a la distribución de las despensas de los diferentes mercados y su reubicación, asimismo, la implementación de un nuevo camal municipal y terminales de transporte apropiados.
A pesar de tener el Parque Infantil como área recreativa, a la ciudad le faltan áreas verdes de gran magnitud. “Lamentablemente Chiclayo tiene menos del 2% de áreas verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debe de tener nueve metros cuadrados por cada uno. Las áreas verdes son los pulmones de la ciudad. Deberíamos poseer parques metropolitanos de gran extensión que se deben dejar sin que estas sean modificadas por ningún tipo de entidad”, señala.
De igual manera, el decano indica que urge el tratamiento especial del centro histórico de Chiclayo, donde el sistema de cableado deje de instalarse sobre los postes y se convierta en subterráneo. Agrega la presentación de un formato respecto a la publicidad donde se reglamente que todos los paneles publicitarios en lugar de ubicarse perpendicularmente, ocasionando impacto visual negativo a los conductores, se posicione de forma paralela en las calles o edificios.
“Este plan de desarrollo urbano da los lineamientos generales y a partir de ello nacen proyectos específicos que se deben ir desarrollando. Por ende, la Municipalidad Provincial de Chiclayo debe equiparse de una oficina técnica que tenga autoridad y que no sea politizada, porque si se da así cada alcalde pondrá a sus funcionarios y al final los proyectos seguirán inconclusos. Nosotros buscamos que la autoridad municipal dé continuidad a los planes que están trazados para el mediano y largo plazo”, recalca.
EL EFECTO DE LA CORRUPCIÓN
Durante el período municipal de Roberto Torres se vivió en Chiclayo el boom de la construcción impulsada por el sector privado. “Antes un plan urbanístico era vendido entre de 500 y mil 500 soles. En el tiempo de Roberto Torres llegaron a cobrar hasta 10 mil dólares. Se hizo todo un negocio de la expedición de certificados”, recuerda.
El mismo negociado ilícito se montó con las licencias para la publicidad externa. “Esos paneles muchas veces no tienen licencia y no están de acuerdo con los requisitos de los parámetros urbanísticos”, menciona el decano.
Asimismo, refiere que en áreas urbanas no han sido respetados los trazos de vías.
“Nosotros, como Colegio de Arquitectos, le hemos aconsejado al alcalde David Cornejo la aprobación del plan y tal parece que recién se está dando cuenta y ve qué es lo que ha pasado en su primer año de gestión. Hemos acordado tener una reunión más cercana para que él pueda tomar cartas en el asunto. Nosotros queremos ayudar a Chiclayo”, reitera.
García Ramírez precisa varios inversionistas se han ido de Chiclayo porque durante la gestión anterior les subían más las tarifas y no podían negociar sus utilidades como empresas. “Han tenido que irse a otras ciudades como Piura y Trujillo para hacer sus inversiones. Entonces, nos hemos quedado rezagados en el crecimiento económico”, afirma.
Menciona que fue así como se perdió la inversión para un segundo Real Plaza, que iba a ubicarse frente del Hospital Regional. “Ahí le cobraban un millón y medio de soles para darles la licencia y pusieron un montón de parámetros en la anterior gestión, ahuyentando al inversionista. Los inversionistas no realizaron ningún trabajo porque no había la seguridad para que sea una inversión clara. Algunos no caen en ese juego”, puntualiza.
Por ende, el decano Hevert García propone recuperar a los inversionistas a través de muestras de transparencia y objetividad, basándose en la seguridad legal, jurídica y técnica desde la municipalidad.
“Para eso debe transparentarse todo el proceso de los Planes de Desarrollo Urbano y que sean aprobados públicamente. Todo el mundo debe tener acceso a esto, siendo información de alcance y no privilegiada. De esta manera, el inversionista puede analizar, ver las zonas, plantear sus proyectos con toda la seguridad y libertad del caso. Es trabajo de la municipalidad dar muestras de apertura y transparencia”, comenta.
La historia del distrito de Nueva Arica es parte de la palpitación de Chiclayo y Lambayeque. Esta semana está de aniversario, pues hace 72 años fue creado por Ley N° 9928 promulgada el 25 de enero de 1944, durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche.
Es uno de los veinte distritos de Chiclayo, Pero a diferencia del movimiento urbano y comercial y el bullicio citadino de la capital departamental, en Nueva Arica es un lugar campestre, con clima soleado y aire limpio, donde los vecinos se conocen por su nombre y donde la principal actividad es la agricultura y la crianza de ganado.
No en vano, los 365 días del año se cultiva una deliciosa variedad de yuca que abastece no solo al mercado mayorista de Moshoqueque, sino también a gran parte del norte peruano, al igual que sus cultivos de maíz, arroz y menestras en los caseríos de Dos Corrales, Culpón y La Viña, todos ellos regados por el río Zaña.
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
La capital del distrito es el poblado de Nueva Arica, ubicado a 205 metros sobre el nivel del mar. Es muy famoso el mirador natural que posee y que es uno de los regalos de la madre naturaleza, conformado por el pequeño cerro conocido como La Capilla, llamado así porque allí se yergue la hermosa capilla del pueblo, donde se venera y se guarda con reverencia la santísima cruz. Este es un mirador natural desde donde se contempla todo el valle y se alcanza a ver incluso al vecino distrito de Oyotún.
Aunque cumple 72 años de creación política, Nueva Arica tiene más de cien años de historia. Según relata el alcalde Silmer Rodas Valle, el poblado fue fundado por residentes niepanos que llegaron a afincar en la zona en busca de un mejor futuro. “Cuenta la historia que los moradores, encabezados por Eleodoro Vera Palacios –cuyo nombre lleva el actual colegio de secundaria– debatieron sobre qué nombre ponerle. Entonces, al recordar que en la Guerra con Chile se perdió Arica, decidieron ponerle Nueva Arica, en memoria al territorio que perdimos. Antes se le llamaba La Leonera, porque se dice que había felinos en los cerros, y también se le conocía como Huaca de La Lechuza, pero esos nombres quedaron solo en el recuerdo”, comenta.
“Pero como en todo distrito, los pobladores de Nueva Arica anhelan un desarrollo justo y equitativo, con modernidad y el acceso a los servicios básicos y a una educación de calidad”, afirma el alcalde Silmer Rodas Valle, miembro de Alianza para el Progreso (APP), ingeniero agrícola de profesión nacido en esta tierra. Él conoce como la palma de su mano los canales de regadío del distrito, habiendo cooperado con estudios técnicos a nivel internacional sobre ese tema. Un dato especial es que su madre, la señora Romelia Valle Zelada, fue la primera mujer en ser regidora en el distrito.
“Mi alma mater es la Universidad Pedro Ruiz Gallo, he trabajado mucho desde que egresé en el año 2000 como ingeniero agrícola, con estudios de especialización en manejo integrado de cuencas hidrográficas. He sido consultor de la GTZ y del Ministerio de Educación sobre una nueva propuesta con un enfoque productivo para la educación secundaria que ya se está implementando en Lambayeque y cinco regiones del Perú. Fui gerente en la municipalidad de Bolívar, residente y supervisor de obra de la Municipalidad de Agua Blanca en Cajamarca, residente de obra en Nueva Arica, regidor de mi distrito entre del 2007 al 2010, y ahora alcalde. Mi único anhelo es trabajar por mi pueblo, para dejar algo positivo a los niños y jóvenes, especialmente mejores condiciones de vida”, declara a Expresión.
OBRAS MUNICIPALES
El municipio de Nueva Arica recibe 55 mil soles mensuales del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN. El 60% va para gasto corriente y el 40% para inversión. “Imagínense, cerca de 21 mil soles es una cantidad exigua para planificar obras de envergadura. Lo que se ha hecho con ese dinero es elaborar expedientes y perfiles técnicos, generar un banco de proyectos para buscar inversión. Hemos encontrado algunos perfiles mal elaborados, como el canal Palmo y el Collao. Como ingeniero agrícola, incluso yo he hecho mi tesis sobre esos canales y los conozco bien, cuando he llegado a la alcaldía replanteé dichos proyectos. El canal Collao hace años pasaba de un millón de soles, cuando revisé el perfil observé que le habían puesto solo 500 mil, es contraproducente. Ese canal debe estar valorizado ahora en un millón 600 mil, hemos replanteado el presupuesto, con un solo paquete integral para ambos canales con un presupuesto de cinco millones 500 mil soles que el Gobierno Regional de Lambayeque se ha comprometido a ejecutar este año”, comenta.
Nueva Arica tiene un promedio de dos mil pobladores en la zona urbana, y sumando los tres caseríos tiene aproximadamente tres mil 500 pobladores. Uno de los aspectos que requiere con urgencia es el saneamiento integral, mediante la implementación total de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
“Desde el momento que asumimos la gestión el 2 de enero del año pasado, encontramos un distrito, como en la gran mayoría de otros distritos peruanos, con deudas a los proveedores, con algunas obras recibidas pero que no fueron entregadas, especialmente el proyecto integral de agua y alcantarillado. La gestión anterior la recepcionó a la empresa San Juan, pero el municipio no pudo entregarla a EPSEL, porque tenía observaciones. Faltan cinco válvulas de presión en las cinco calles. El reservorio carece de la conexión del rebose conectado al sistema de alcantarillado. De igual manera, al reservorio le falta cerco perimétrico y en algunas calles faltan las conexiones domiciliarias de alcantarillado”, precisa el burgomaestre.
Dicha obra costó más de tres millones y medio de soles, se hizo con el programa Agua para Todos en el gobierno de Alan García. “Del 2007 al 2010, cuando yo fui regidor, apoyé gestiones para el expediente técnico ante el Ministerio de Vivienda, incluso lo dejamos con presupuesto. Pero en el mes de noviembre se postergó por un año más, de manera que el alcalde que entró en 2011 hizo el proceso de licitación y concesión”, recordó.
Otra obra dejada por la administración anterior es la construcción del Colegio Primario N° 10038 en Nueva Arica, en la parte sur este, que tiene un promedio de 20 observaciones de la Gerencia Regional de Educación, las cuales aún no se han subsanado. “Ojalá que en el transcurso de estos meses se pueda solucionar para poder entregar este colegio. Son observaciones subsanables, en temas de instalación de puertas, ventanas y enseres que no han sido colocados; no son observaciones en la parte estructural”, precisa el alcalde.
“En el sector educación, existen otros dos proyectos: la construcción del colegio primario N° 10039, que es de adobe y pretendemos que tenga una nueva infraestructura valorizada en dos millones 500 mil soles. Estamos buscando el financiamiento. Asimismo está el colegio secundario Eleodoro Vera Palacio, que ya tiene código SNIP, y tenemos esperanza de que la obra se financie pronto. En medio de las limitaciones existentes, gestionamos un mejor futuro para nuestro pueblo”, afirma Silmer Rodas.
Los tres caseríos tienen energía eléctrica, ninguno tiene alcantarillado, la población utiliza letrinas. Para subsanar esta carencia, hay un proyecto -“que a más tardar saldrá en marzo de este año”, asegura el alcalde- , de agua y alcantarillado para La Viña. “Un sector tiene arrastre hidráulico, el sector Saldaña de La Viña, por la razón de que está en desnivel en relación a la laguna de oxidación que se está proyectando. Actualmente los tres caseríos tienen agua. El último en tener dotación de agua es Los Corrales, obra que entregamos en junio, con una inversión de 320 mil soles. Cuentan con su propio pozo de agua apta para el consumo humano”, explica.
En el centro de Nueva Arica, el sistema de agua lo administra EPSEL y se tiene agua por horas. No está operativo el reservorio, por eso EPSEL no ha recibido la obra. “Ahora se está bombeado desde la caseta de bombeo a las redes, no al reservorio. Muchas veces la presión es tan grande que la tubería revienta”, acota.
Para el alcalde Silmer Rodas lo importante es seguir trabajando, aunque comenta que ha tenido que asumir críticas permanentes y los pasivos dejados por las gestiones de dos ex alcaldes anteriores, que incluso terminaron con procesos judiciales: Agusto Rivas y Dani Becerra. “Nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún problema de este tipo, más bien hemos asumido los pasivos de las anteriores gestiones. Siempre hay y habrá críticas haga lo que hagas”, comenta.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Nueva Arica está proponiendo a nivel provincial la remodelación del parque recreacional “Juan Velasco Alvarado”, que en su momento fue un parque muy hermoso. “Pero las autoridades que nos antecedieron no le dieron mantenimiento y ahora es un desastre. Estamos proponiendo la construcción de servicios higiénicos, alumbrado público y remodelación de las áreas verdes, con una inversión de 850 mil soles. El alcalde David Cornejo sí se comprometió a apoyar”, señala.
Hay otros dos proyectos en el Ministerio de Vivienda: la pavimentación de la calle Miguel Grau, con un presupuesto de cuatro millones y medio de soles, además la de calle 29 de Mayo, cuyo expediente está por buen camino, con tres millones y medio de soles.
“El Gobierno Regional de Lambayeque recién va a invertir en el revestimiento de los dos canales y un puente en el caserío La Compuerta, que nos enlazará con Oyotún, ya que sus habitantes vienen mucho a Nueva Arica, y que beneficiará también a los caseríos de Chumbenique y Sorronto, y hasta las zonas de Niepos y La Florida”, explica el edil.
En cuanto a los servicios de salud hay muchas carencias. “No hay medico permanente, solo hay médico hasta las 6 de la tarde y de lunes a sábado. Se está elaborando un expediente técnico para implementar un laboratorio para el puesto de salud, y la construcción de una posta médica en Culpón, donde ya estamos viendo el terreno con apoyo de la empresa Cayaltí, y mejoramiento de la posta en La Viña”, señala.
Las enfermedades más frecuentes son las infecciones diarreicas en los niños, en algunos casos de intoxicación por el tema del uso de insecticidas. Permanentemente hay labores de prevención, como ya se ha hecho para el caso del dengue.
En cuanto a los programas sociales, el distrito cuenta con el programa Vaso de Leche. “Tenemos 16 años que recibimos el mismo fondo de Vaso de Leche; tres 953 soles mensuales. Es el mismo presupuesto y la población de niños ha subido, y también se ha incrementado el precio de la leche. No alcanza para todo el mes, solo para 20 días”, lamenta. Otros programas sociales son Pensión 65 y Beca 18, que tienen beneficiarios a personas que realmente lo necesitan.
ZONAS TURÍSTICAS
Las zonas turísticas más reconocidas por los lugareños y visitantes son: los oquedales circulares en el cerro El Porvenir, las Pampas de Leque Leque, el Cerco Incaico, así como un reservorio incaico. “También tenemos un área que le llamamos el jagüey, donde brota agua del subsuelo, está cerca de la frontera con Chepén”. Además un punto obligado es el mirador del Cerro La Capilla y en general la rica gastronomía con productos de la zona”, destaca.
OPINIONES:
CECILIA BARBOZA SALAZAR
“Nuestro distrito de Nueva Arica requiere de mucho apoyo gubernamental, tengo el anhelo de verlo desarrollado con los servicios básicos para nuestra población. Hago un llamado al señor gobernador regional para que cumpla con los ofrecimientos de ayudar a construir puentes y pistas como principales accesos de comunicación a fin que nuestra producción no se pierda y con podamos llevarla a diferentes mercados de la región. Espero que nuestro alcalde encuentre también el apoyo nacional para ejecutar los proyectos”.
JOSÉ ALCÁNTARA VERÁSTEGUI
“En Nueva Arica urge que contemos con servicio de agua potable las 24 horas del día, queremos que el parque principal tenga toda sus pistas asfaltadas, urge una posta médica con atención permanente para toda la población. Además queremos que nuestra juventud tenga lugares accesibles para poder desarrollarse en diversos oficios. El alcalde Silmer Rodas bien puede hacer convenios con instituciones que deseen venir a Nueva Arica y prestarnos el apoyo para una mejor calidad de vida”.
WILLIAM CANCICO GÓMEZ
“Quisiéramos que nuestro alcalde difunda nuestras fortalezas turísticas para que de esa manera la población pueda desarrollar pequeñas empresas de hotelería, gastronomía y atraer a turistas locales, de tal forma que nuestras mujeres, jóvenes y en general la colectividad de Nueva Arica se genere ingresos para mejorar su nivel de vida. Tenemos muchas carencias como la falta de agua permanente, atractivos para nuestros niños, adultos y jóvenes. Las autoridades deben gestionar toda la ayuda necesaria para salir adelante”.
JUANA VÁSQUEZ MEDINA
“Los ciudadanos de Nueva Arica queremos que nuestras pistas estén asfaltadas, que se construyan veredas, que se implementen programas en educación para la juventud, que se convoquen a las madres de familia para que aprendan oficios que las ayude a un mejor su nivel económico. Aspiro a que el alcalde logre que se construyan los puentes necesarios para que la población urbana esté permanentemente comunicada con los caseríos de nuestro alrededor. Las autoridades tienen que hacer gestión”.
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El concejo distrital de Nueva Arica está integrado por los regidores Francisco Muñoz Bajaña, Lady Lozano Castañeda, Abner Ayala Gonzáles, Enrique Cabrera Huamán y Valmir Rociel Castañeda Palacios.
