Las demandas del magisterio nacional son varias, sobre todo en reivindicación de los derechos que fueron consagrados por la Ley del Profesorado y por cuyo cumplimiento se han visto obligados de acudir al Poder Judicial. Jorge Sánchez Pinillos, exdirigente nacional del SUTEP, señala que se trata de derechos adquiridos que deben ser respetados, pero además que la solución a la problemática del sector no implica únicamente la asignación de recurso, sino también políticas efectivas de revaloración del trabajo docente.

Uno de los incumplimientos más saltantes del Estado es el pago del 30 % por preparación de clases a los profesores. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que este es un derecho adquirido por el magisterio y que los gobiernos deben honrarlo?

Una de las mejores leyes que tuvo el magisterio nacional fue la del Profesorado y muchos de los derechos contemplados en esta desaparecieron y no fueron incluidos en la actual Ley de Reforma Magisterial.

Una de las luchas que sostiene el magisterio actualmente es el pago por preparación de clases. Tengo entendido que el Ministerio de Educación ha aprobado una partida de 200 millones de soles que se está dividiendo entre las diferentes regiones, en unas más y otras menos, dependiendo de cuáles son las demandas que existen, en el sentido de que este dinero es para los docentes que ya han ganado juicios.

Lo que venimos demandando los maestros es evitar los juicios que son engorrosos, cuestan y demoran demasiado tiempo. Queremos que el Ministerio de Educación se allane a nuestro derecho, porque no hay ni un solo juez en ninguna parte del país que haya dicho que no nos corresponde. El Ministerio de Educación está perdiendo todos los juicios porque es un derecho que estaba contemplado en la Ley del Profesorado y si bien la norma ya no está vigente los derechos no se pierden, ese es un mandato constitucional y está considerado por la Organización Internacional del Trabajo – OIT.

Esto genera además gastos innecesarios para el Estado…

Así es, porque debe contestar las demandas, asignar a los abogados y todo para perder los juicios, a lo que se suman los gastos por administrar justicia.

En la mesa de negociaciones se ha pedido que el Ministerio de Educación se allane y se le pague a todos los maestros lo que les debe. Por supuesto, no somos locos para pedir que nos paguen todo, porque sabemos que es una cantidad importante de dinero, pero sí queremos que el gobierno se comprometa y fije un cronograma para cumplir con la deuda.

¿Considera que se han dado avances en el manejo del sector Educación en los últimos años?

Yo debo reconocer, porque puedo ser adversario político pero no mezquino, que sí se han dado avances importantes desde el gobierno anterior, con los ministros Patricia Salas y Jaime Saavedra.

Hubo continuidad para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio, las condiciones laborales, la capacitación, la meritocracia que es importante y la infraestructura, que nos permite brindar una mejor educación a los estudiantes. De manera que no todo es malo, hay que reconocer que hay avances.

En el sector Educación tenemos un atraso de 50 años frente a otros países y esos 50 años no se pueden revertir de la noche a la mañana, por eso es necesaria una concertación de la sociedad para que se diseñen políticas centrales para el sector Educación y que todos los gobiernos respeten. El Acuerdo Nacional está bien, pero solo lo usan cuando hay crisis de gobernabilidad.

Algo concreto en el sector es que hay cambios y mejoras a aplicar que no demandan muchos recursos. No todo puede ser dinero. El Consejo Nacional de Educación, donde se integra la sociedad civil, ha planteado una serie de propuestas que lamentablemente han sido dejadas de lado.

No todo es económico en la mejora de la educación, en eso estoy de acuerdo. La motivación de un docente o de cualquier otro trabajador para el desempeño de su profesión no pasa por el terreno económico. El dinero puede resolver muchas cosas, pero hay otros aspectos que también son importantes. Por ejemplo, la valoración del maestro.

El Perú está muy atrasado en cuando a la revaloración del maestro, como sí lo hacen otros países. No se hace de la carrera docente algo atractivo y eso pasa por evaluar de manera estricta a las instituciones formadoras de maestros, a quienes se van a formar como tal y porque se respete la meritocracia y no el tarjetazo. Si eso se hace se le dará autoestima al magisterio y se le posicionará como un sector fundamental en la sociedad, cuyos resultados se verán después.

Entonces, no todo pasa por el aspecto económico, sino también porque el gobierno diseñe políticas para rescatar la carrera educativa, a la pedagogía como ciencia y para reconocer a quienes nos dedicamos a esta noble labor. Es la sociedad la que debe respetar y valorar la función docente.

A nivel de organización el SUTEP también está golpeado y atomizado, sin tener siquiera una plataforma de lucha homogénea. En el norte, en el sur, en la sierra, en Lima, se demandan cosas distintas. ¿Cómo lograr la reunificación del sindicato de maestros?

A pesar de todas las deficiencias y crisis que tiene la organización, el SUTEP sigue siendo el sindicato más poderoso del país. Es un referente sindical y es un referente político, porque no solo defiende los intereses y derechos de los maestros, sino también la vigencia y mejora de la escuela pública con inclusión y calidad.

Desde la época de Toledo el sindicato empezó a sufrir una serie de crisis y de reveses que no se resolverá en tanto los involucrados no asuman su responsabilidad. Parte de esa responsabilidad la tiene el propio gremio, porque ha perdido el carácter de frente único. El SUTEP es un frente único no un partido político, lo que significa que todas las tendencias y opiniones deben estar representadas.

Todos los gobiernos han querido destruir al SUTEP y estos han contribuido a la crisis. No olvidemos que cuando Nicolás Lynch, en el gobierno de Alejandro Toledo, era ministro de Educación, nos recibía a nosotros como dirigentes del CEN por la puerta principal y cuando nos íbamos dejaba entrar por la puerta trasera a Robert Huaynalaya. Lo digo con conocimiento de causa. Él le dio espacio a los disidentes del sindicato con el afán de debilitar a la organización.

El SUTEP es consciente de su situación y ya empezó la discusión del problema. Es muy probable que más temprano que tarde se dé un giro de 180 grados a esta problemática.

¿Hay infiltrados terroristas en el SUTEP? Se dice que el CONARE SUTEP es un ala política de Sendero Luminoso, que Puka LLacta maneja al sindicato en el sur y que otros cuerpos radicales siguen minando a la organización.

Sendero siempre ha estado en el SUTEP, el MRTA también y Puka Llacta también, pero nunca tuvieron dirección, ni siquiera en una provincia importante del país y menos en el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora sí manejan algunas provincias.

A Sendero seguramente se le puede ganar con las armas, pero este tipo de organizaciones se retiran y se infiltran en las organizaciones sociales y hacen vida política y todos estos años ningún partido de derecha se enfrentó políticamente a las organizaciones terroristas, el único que lo ha hecho es el Partido Comunista del Perú – Patria Roja.

El problema nace cuando los gobiernos empiezan a darle entrada a este tipo de alas políticas del terrorismo con el afán de debilitar al sindicato. Para nadie es un secreto que el CONARE es el brazo político sindical del MOVADEF y que este a su vez es el nuevo rostro de Sendero Luminoso. El problema no es que estén presentes, sino que no se les haga frente en el terreno ideológico como lo hizo Patria Roja desde la década del 80.

La decisión de depurar el registro de docentes y retirar de las aulas a los que fueron sentenciados por terrorismo, ¿es una buena medida?

No la comparto, me parece un exabrupto. Tengo amigos, no me avergüenza decirlo, que purgaron cárcel porque se fueron con Sendero Luminoso y que luego salieron de prisión, asumieron su error y hoy tienen una vida correcta.

¿Cabe el arrepentimiento de los sentenciados por terrorismo entonces?

Por supuesto. No podemos vivir en una sociedad con sed de venganza permanente. Se supone que quien paga su deuda con la sociedad tiene el legítimo derecho constitucional de reincorporarse sin que se le cierre ninguna puerta, por eso me parece una aberración el proyecto de Ley del Congreso que impide que los sentenciados por terrorismo y que cumplieron su condena ingresar al sector público.

Con acciones como esa lo que se hace es arrinconarlos y estigmatizarlos. No estamos actuando como una sociedad capaz de tratar a quienes delinquieron. Por lo tanto, los docentes que purgaron cárcel por terrorismo y que ya cumplieron su condena tienen el legítimo derecho de seguir trabajando.

Y en todo caso, ¿para qué está o para qué le pagamos al servicio de inteligencia? Si alguno de ellos reincide, pues que se le investigue y procese.