El momento político del país no es precisamente el mejor. Cada día se ponen en evidencia los malos manejos de los líderes de las diferentes instituciones del Estado, repercutiendo en el país, y Lambayeque no es la excepción, por eso vemos año tras año que no existe un progreso significativo en el desarrollo sostenible de la región.
Lambayeque está considerada como la séptima región más competitiva del país, con un puntaje de 5.3 de 10 posibles del total de regiones en el presente año, liderada por los departamentos de la costa sur: Lima, Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna, de acuerdo al Índice de Competitividad Regional - INCORE, del Instituto Peruano de Economía - IPE. Además, no lidera ninguno de los seis pilares del mencionado estudio: Entorno Económico (noveno), Laboral (décimo), Educación (noveno), Salud (quinto), Infraestructura (séptimo), e Instituciones (décimo séptimo).
Si se compara con los resultados del año anterior, retrocedió un puesto en el ranking, afectado directamente por la caída de cuatro de los seis pilares (Económico, Infraestructura, Educación y Laboral). Sin embargo, al evaluar los indicadores con los períodos 2015 y 2016, distinguimos un mínimo progreso, pues ocupa los rankings noveno y séptimo, respectivamente. Teniendo los pilares Infraestructura y Salud, como los más altos en los dos años, y donde la deficiencia se encuentra en el pilar Económico.
PERSPECTIVA ECONÓMICA
Las empresas lambayecanas están distribuidas principalmente en los sectores servicios, comercio y manufactura. Siendo estos tres los que generan más puestos de trabajo formal. El primero 28 mil empleos, el segundo 23 mil, y el tercero, tres mil empleos. Además, se espera que el Plan de Reconstrucción con Cambios permita la creación de 19 mil nuevas plazas laborales.
La Población Económicamente Activa – PEA, es de 628 mil habitantes, donde el 56 % son hombres y el 44 % ocupada por mujeres, obteniendo un salario laboral promedio mensual de mil 108 soles, por debajo del promedio nacional que asciende a mil 365 soles.
No obstante, sigue predominando el empleo informal en la región con un 75 %, por encima del promedio nacional que alcanza el 72 % para el presente año. Ello generado principalmente por dos factores: empresas que no están constituidas, y por negocios que siendo formales, operan de manera informal en los sectores comercio, transporte, industria y agro; siendo los jóvenes entre 18 y 29 años los más afectados.
En el primer caso, es más complejo, ya que en un principio es necesaria la formalidad empresarial, para después poder registrar a sus trabajadores, para que obtengan la seguridad social y beneficios como todo colaborador formal del país.
Es una batalla con la informalidad que, a la fecha, el gobierno va ganando lentamente; y donde las políticas tomadas no proporcionan los resultados que se esperan. Una de ellas, claramente, es la creación del Régimen Mype Tributario – RMT, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que ahora es evaluada su permanencia, pues no ha generado el impacto esperado para que nuevas empresas se sumen al sistema.
En el segundo caso, la principal causa, es que los empresarios consideran que tener un trabajador en planilla les genera sobrecostos laborales que no están dispuestos a asumir. Además, el emprendedor presenta desconocimiento por la excesiva documentación y lo engorroso que son los trámites. Sin duda, para reducir la informalidad laboral, es necesario la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, y es por ello que el gobierno implementó desde el año pasado la intendencia en el departamento, con el fin de garantizar los derechos laborales de los trabajadores.
Por otra parte, los índices económicos de la región no son los mejores. El entorno económico que mide la competitividad de los 24 departamentos del país, Lambayeque ocupa la novena ubicación, descendiendo dos lugares al ser comparado con el año anterior.
¿Qué está sucediendo con la economía lambayecana, que debería liderar el ranking con la suma de todos los factores positivos que posee: clima uniforme a lo largo del año, ubicación estratégica, atractivos turísticos y el proyecto Olmos?
Lo primero es conocer que el Producto Bruto Interno real per cápita en Lambayeque es de ocho mil soles, ocupando el décimo sexto puesto del total de regiones. Valor muy por debajo del promedio peruano, que asciende a 15 mil soles, lo que demuestra la falta de desarrollo económico en la región, repercutiendo en la calidad de vida de la población.
De la misma forma, resultados de INCORE muestran que el stock de capital por trabajador, el cual mide básicamente la capacidad productiva, es muy bajo. Actualmente Lambayeque ocupa el puesto 16 con 17 mil soles por habitante. Moquegua lidera el ranking con 84 mil soles. Por lo tanto, es una necesidad incrementar el PBI para lograr un mayor crecimiento económico en la región, por ende, es estratégico acumular capital e invertirlo en tecnología que permite aumentar la productividad.
Como se manifiesta, son muchos los problemas que presenta el departamento en el ámbito económico, que no le permite ser pionero a nivel nacional, a través de una economía sólida y con una brecha de crecimiento constante. A todo ello, hay que sumarle que entre todas las regiones posee el menor presupuesto público por capital mensual en el presente año.
PERSPECTIVA PRODUCTIVA
Los sectores servicios, comercio, manufactura son los que mayor producción generan en Lambayeque con un 31 %, 20 % y 11.1 % respectivamente. No obstante, son los sectores que menos crecimiento tienen. El Valor Agregado Bruto lambayecano representa el 2.2 % del VAB nacional.
El sector servicio, compuesto por restaurantes, hoteles y centros comerciales, se ve afectado por el caos del transporte, el comercio ambulatorio, el deficiente servicio de limpieza pública y el colapso periódico del sistema de saneamiento que percibimos a diario en nuestras calles.
El sector manufactura es alarmante que no tenga un crecimiento en la región, cuando a nivel nacional ha logrado una tasa de 3.7 %, siendo la mayor de los últimos cinco años. Este es el resultado de la aceleración del consumo privado, y el incremento de la producción local para satisfacer la demanda exterior, lo que manifiesta la caída de las exportaciones del departamento.
En cuanto a los sectores con mayor crecimiento, estos son telecomunicaciones y construcción. El primero representa un 11.3 % de la producción lambayecana, con un aumento considerable de la telefonía móvil.
El sector construcción también generó un mayor aumento, principalmente por el Plan de Reconstrucción con Cambios que el Consejo de Ministros aprobó para reconstruir las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero.
Lambayeque cuenta con 70 proyectos con una inversión total de tres mil 114 millones de soles, distribuidos en dos mil 82 millones para reconstrucción y mil 32 millones para prevención, representando el 21.5 % del Producto Bruto Interno - PBI de la región. Comprende principalmente la reconstrucción o rehabilitación de viviendas, colegios, pistas, veredas, puentes y carreteras de la red vial.
Por otra parte, el Proyecto Olmos, la Nueva Ciudad Planificada de Olmos, y la represa Tinajones, que deberían de ser los factores que potencien el crecimiento y desarrollo de Lambayeque, a la fecha no cumplen dichos objetivos.
La población sigue esperando los beneficios del Proyecto Olmos, el cual tiene como fin derivar los recursos hídricos de la vertiente del Atlántico hacia el Pacífico, para habilitar más de 43 mil hectáreas nuevas en la primera etapa, y que actualmente solo se tiene habilitadas 24 mil. Para la segunda etapa, las hectáreas agrícolas podrían ampliarse a 100 mil, debido al trasvase de los ríos Tabaconas y Manchara y al uso de recursos hídricos subterráneos. Dicho proyecto generaría 40 mil puestos de trabajo directo y 200 mil indirectos.
Asimismo, la primera ciudad planificada y autosostenible del país, tuvo una inversión de 188 millones de dólares y albergará a 111 mil habitantes en las 734 hectáreas. El PEOT informa que al mes de abril presenta un avance de más del 55 % de su construcción, desde su inicio en junio del año pasado, y que no puede detenerse la obra con las protestas que vienen sucediendo, esperando su finalización a finales del presente año.
PERSPECTIVA EMPRESARIAL
Lambayeque cuenta con 58 mil 238 empresas formales, de las cuales, el 99.7 % son micro y pequeñas, distribuidas en los sectores servicios, comercio y manufactura, y concentradas principalmente en la provincia de Chiclayo (80 %).
La tasa de crecimiento empresarial es baja en el departamento, aproximadamente el 4.4 % de las micro empresas pasan a ser pequeñas y el indicador nacional es de 6.8 %.
Una de sus principales fortalezas de la región es su ubicación estratégica que beneficia a los empresarios, ya que genera confluencia económica de productos de la zona selva y sierra norte. Además, articula con el puerto de Paita, que permite la exportación de productos, siendo Lambayeque uno de los departamentos más importantes del país en cuanto a la agro exportación.
Sin embargo, aún la informalidad es un problema serio en la región, pues representa el 75 % del total de negocios. Las causas principales son la falta de cultura empresarial por parte de los emprendedores, así como el excesivo trámite para constitución de empresas. Este gran problema no contribuye al crecimiento lambayecano, porque genera sobrecostos y externalidades negativas a la economía, que son asumidas por el gobierno.
Por lo tanto, necesita nuestra región que los representantes de las diferentes instituciones gubernamentales trabajen en conjunto con los gremios empresariales y logren invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), que generará en los negocios, principalmente, incrementar las ventas y rentabilidad, ingresar a nuevos mercados, posicionamiento de marca, y descubrir nuevas alianzas comerciales.
(*) Licenciado en Administración, coordinador del Programa Tu Empresa del Ministerio de la Producción – Lambayeque.
Fuerza Popular expresa el principal proyecto conservador del Perú, apoyado por informales, narcotraficantes y los sectores marginales del país: ¡Lo peor del Perú! Representa el voto informal, el lado anómico del país, como dice Julio Cotler.
Su historia nos permite identificar al viejo fujimorismo y al nuevo fujimorismo, expresado en el apoyo electoral logrado en las campañas electorales: El viejo fujimorismo, en 1995, con Alberto Fujimori, alcanzó el 64 % de apoyo; en el año 2000 logró 50 %. Al nuevo fujimorismo en el año 2006 apenas le apoyó el 6 % del electorado; en el año 2011 el 23 % y el 2016 el 40 %.
En las últimas elecciones al nuevo fujimorismo lo apoyó la parte central del país, casi todo el norte y oriente a excepción de Cajamarca. El sur no lo apoyó, incluido Arequipa.
¿Cómo entenderlo?
Para entender su apoyo electoral revisaremos dos variables: “Cultura política”, porque se le reconoce como el movimiento triunfador frente a la inflación alanista y al terrorismo senderista. La otra variable es la “Tradición política”. El Perú reclama orden y autoritarismo. La coerción es parte de la naturaleza política del elector peruano.
El nuevo fujimorismo se mantiene, lo que nos obliga plantear tres preguntas: ¿El nuevo fujimorismo mantiene las mismas ideas? ¿El fujimorismo ha cambiado? ¿El nuevo fujimorismo es completamente diferente?
Las diferencias entre los hijos de Alberto Fujimori, Keiko y Kenyi Fujimori Higuchi, son de matices, pero la esencia es la misma. Su mantención reside en apoyarse en informales de la política y ejemplo de ello es que el 26 % de congresistas de Fuerza Popular no tiene trayectoria política.
Por otro lado, el nuevo fujimorismo tiene mayor aproximación al mundo empresarial provinciano de riqueza económica dudosa, con quienes proyecta construir un narco Estado. Esta es la base política del nuevo fujimorismo, cuyo proyecto personalista se construyó desde el Estado. No se puede negar que la familia Fujimori tiene poder, lo apoyan los sectores “A”, “B” y “D” “E”. José Chlimper expresa el apoyo empresarial.
LOS ALIADOS
Alberto Fujimori gobernó por decretos, el Congreso siempre le dio facultades extraordinarias. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, apoyó la tercera reelección de este bajo la consigna: “¡El Perú no puede parar!” y responde a la sicología del empresariado peruano, núcleo duro de votantes de la clase alta.
La CONFIEP nos hace ver que los grandes empresarios no tienen partido político propio, pero es el único grupo organizado de la sociedad civil y es el que gobierna el país. Expresan lo tecnocrático empresarial en los aparatos burocráticos del Estado, así en el Ministerio de Economía y Finanzas y políticamente son amantes a gobernar por decretos, lo que significa que el Estado está capturado por el mundo empresarial.
El impacto del viejo y del nuevo fujimorismo en las élites económicas se retrata en el fujineoliberalismo, nucleado en los empresarios formales, informales yemergentes (varios de ellos vinculados al narcotráfico): Romero, Brescia, Benavides (tres familias poderosas). Ahora, Chlimper, Wong, Rodríguez Banda, Sandoval y nuevos empresarios narcos: Joaquín Ramírez (Alas Peruanas). Su cercanía empresarial es un tema oscuro del que no quiere hablar el nuevo fujimorismo. No quieren ocuparse del financiamiento a Fuerza Popular. Las contribuciones no las registran. El nuevo fujimorismo está forrado de dinero. Su origen es sospechoso: Narcotráfico. A propósito ¿se puede hablar de nuevo fujimorismo sin narcotráfico?
PREFERENCIAS DEL ELECTORADO
La estrategia de la base política del nuevo fujimorismo es desmovilizar el Perú y ocasionalmente movilizarlo en los procesos electorales en un afán reeleccionista. Para ellos la política es un medio de hacer fortuna mediante la corrupción de los poderes del Estado.
La política es volátil, todo se mueve. En el momento actual el empresariado no acepta grietas en el Congreso entre fujimoristas y ppkausas, ambos defienden el mismo modelo económico y posiblemente no apoyará al nuevo fujimorismo. La personalidad antidemocrática de Keiko Fujimori y su comportamiento obstruccionista advierte que no respeta la institucionalidad, ajena a lo que exige el electorado hoy: Democratización y moralización del Estado.
Keiko Fujimori representa el voto perdedor. El voto duro lo hizo perder: El voto gay y su posición contra el aborto. El nuevo fujimorismo no camina en dirección de la democratización del país.
A pesar de todo ¿por qué la gente vota por el nuevo fujimorismo? Esta pregunta constituye una preocupación central, responde a un problema complejo. En Chile, la sociedad civil apoyó a Augusto Pinochet (43 %), en España a Francisco Franco y en Perú a Alberto Fujimori. El electorado apoya a dictadores, diese la impresión que el común de las gentes afectivamente es afín al orden como consecuencia del fantasma de la represión y el castigo, lo que se denomina gozo irracional del placer. El gozo identifica. Los grupos humanos se juntan a partir de un gozo compartido. El gozo es irracional, alumbra una sociedad desastrosa como la nuestra. El cinismo, la canallada, la corrupción generan admiración… los imitan los programas cómicos.
Lo que existe es identidad, no tanto los regalos. La gente busca engancharse en quien se siente representada. Los informales, los ilegales, los narcotraficantes y los marginales son fujimoristas. El nuevo fujimorismo los representa, Fuerza Popular pertenece a los peores electores del país. La identidad se construye en la familia y tiene contenido ideológico, se transmite de padres a hijos, lo que hace vigente a la organización política, como pasó con el Partido Aprista Peruano, por lo tanto, la familia se convierte en espacio de identidad y de opinión política.
SIN CONFIANZA
El nuevo fujimorismo no se expresa como el mal menor, las dos últimas elecciones así lo dicen. Le ganaron quienes expresaban más confianza. La elección que define al ganador bajo la lógica del mal menor nos hace ver que existe una desconexión entre la población y los candidatos no líderes.
El nuevo fujimorismo no puede incrementar sus tasas de aprobación, lo que traduce incapacidad para proponer innovaciones y cambios. No es capaz de responder a las demandas ciudadanas de moralización y democracia.
El desgaste y la desaprobación del Poder Legislativo es responsabilidad del nuevo fujimorismo. Su política obstruccionista gobierna a favor de la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico. El Congreso de Fuerza Popular impide gobernar.
La población transmite falta de gobierno y ausencia de representación por parte del Legislativo obstruccionista como reflejo del despecho político de “la señora K”.
El nuevo fujimorismo mantiene las mismas ideas de su predecesor; sus bases políticas siguen siendo las mismas, por ende nada tiene de novedoso.
(*) Sociólogo y docente universitario.
Lambayeque no quedó excepta de la presencia terrorista, como tampoco de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del orden y militares. Estos son los casos sucedidos en 1993 que fueron registrados en el informe que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones.
El Perú, entre 1980 y el año 2000, vivió una situación de violencia política sin precedentes que dejó un saldo de 70 mil personas fallecidas producto enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y masacres colectivas, además de secuestros, desapariciones, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cuyas consecuencias se tradujeron en el aumento del desempleo, la pobreza, las migraciones y las expresiones tribales.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cuatro mil 236 personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas, presumiblemente por elementos de las fuerzas del orden. Incluso, cerca de 600 mil abandonaron sus hogares, originando así un fenómeno de desplazamiento interno que afectó las redes sociales originarias y los lugares de recepción.
Ante ello, el gobierno transitorio presidido por Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y complementada por la presidencia de Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR.
La CVR se creó como la instancia encargada de esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades no solo de quienes ejecutaron los actos, sino también de quienes los ordenaron o toleraron, además de proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación entre los peruanos.
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
En el marco de abusos violentos y generalizados, en Lambayeque, en 1993, ocurrieron cuatro detenciones arbitrarias en base a información no confirmada o fraudulenta y dos casos de terrorismo a manos del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP- SL).
Uno de los ataques realizados por el PCP – SL ocurrió en el distrito de Olmos, centro poblado ‘El Pueblito’, donde militantes asesinaron al agricultor Servando Mendoza Huertas al confundirlo con otra persona.
El otro caso ocurrió el 1 de junio de 1993 en el mismo distrito, sector Racalí, cuando 10 miembros del PCP-SL llevaron a Carlos Humberto Polo Campodónico y a Cipriano Carrasco Calvi al río Palo Blanco donde les amarraron las manos, los golpearon y acribillaron. Después de un tiempo, sus cadáveres se encontraron a orillas del afluente.
En cuanto a detenciones arbitrarias, el primer atentado ocurrió el 14 de enero del mismo año en el distrito de Olmos encabezado por la Dirección Contra el Terrorismo - DIRCOTE cuando detuvieron al agricultor Evaristo Huamán Crisanto mientras estaba en su casa. Al registrar el lugar y no encontrar pruebas que lo vincularan con el PCP-SL, le propinaron una golpiza y tras negarse a responder el interrogatorio lo llevaron a la DIRCOTE, donde permaneció 15 días. Luego lo enviaron al Ministerio Público de Lambayeque y después de un tiempo lo liberaron, pues las investigaciones no comprobaron su participación en la organización terrorista.
El siguiente abuso ocurrió el 19 de abril a manos de agentes de la Policía Nacional del Perú en el mismo distrito, cuando tres efectivos policiales detuvieron al agricultor Dionisio Huancas Masape mientras comía en un mercado junto a su esposa. A él lo llevaron a la comisaría de Olmos y luego a la DIRCOTE de Chiclayo donde lo presionaron para que se autoinculpara, lo que no aceptó. Luego lo trasladaron al penal de Picsi, donde le daban de comer ratones muertos y no le proporcionaban agua. Posteriormente, el 30 de junio fue absuelto y puesto en libertad.
El 10 de julio del mismo año a la 1:00 de la madrugada llegaron miembros de la policía nacional y del Ejército al distrito de Olmos y dispararon hacia la casa de Catalino Tantarico Chaquila, hiriéndolo de bala. A las 4:00 de la madrugada los miembros de las fuerzas del orden abandonaron la localidad y se llevaron a Catalino Tantarico, pero antes quemaron los rastros de sangre en el camino. Después de tres días encontraron su cadáver en la morgue de Lambayeque con dos impactos de bala y evidencias de maltrato.
En setiembre de 1993, en el distrito de Olmos, un efectivo de las fuerzas armadas llevó al agricultor Evaristo Huamán Crisanto a una base militar donde permaneció 40 días porque un subversivo lo había sindicado como integrante del PCP-SL. En aquel lugar le aplicaron descargas eléctricas en la cabeza, pecho y genitales para luego echarle agua helada. Posteriormente lo trasladaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde permaneció 15 días con los ojos vendados, amarrado y sin probar alimento, luego lo llevaron al penal de Picsi a fin de confrontarlo con los arrepentidos, pero estos no lo reconocieron, por ello lo regresaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde estuvo recluido otros 40 días hasta que lo liberaron tras encontrarlo inocente de las acusaciones.
PROVINCIA DE CHICLAYO
En Chiclayo ocurrieron cinco casos. Uno de ellos el 2 de abril de 1993 en el ‘mercado Modelo’ cuando efectivos de las fuerzas del orden detuvieron a Mariano Crisanto Tiquillahuanca y a un hombre identificado para llevarlos a las oficinas de la DIRCOTE en donde los golpearon hasta que la víctima identificada se autoinculpó al no soportar la tortura. Durante 32 días estuvieron detenidos, luego los trasladaron al penal de Picsi, donde torturaron al ‘culpable’ con descargas eléctricas. Allí permanecieron por un año, posteriormente se les sometió a una audiencia en la que Mariano Crisanto fue absuelto, mientras que el otro recibió una sentencia de 20 años de prisión.
La mañana del 3 de abril de 1993 en el mismo lugar, efectivos de la policía nacional detuvieron a un hombre debido a que un subversivo arrepentido lo sindicó como participante de un grupo terrorista. Después de taparle la cabeza con un trapo rojo y golpearlo en todo el cuerpo, los policías lo llevaron a la DIRCOTE de Chiclayo donde se quedó detenido durante 35 días junto a 20 personas más. Allí lo torturaron física y psicológicamente, luego lo condujeron a una playa donde lo ataron de pies y manos para arrojarlo al agua y presionado de esa forma firmó un documento aceptando su culpabilidad. Posteriormente, lo trasladaron al penal de Picsi y después de 14 meses fue sentenciado a 20 años de prisión por terrorismo. Gracias a la intervención de organismos de derechos humanos fue absuelto por un tribunal sin rostro el 18 de noviembre de 1996.
Otro de los casos se dio entre abril y mayo de 1993, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Segundo Atilano Vásquez Núñez y lo condujeron a la DIRCOTE de Chiclayo. En presencia de otro detenido llamado Segundo Vásquez fue envuelto con una frazada, golpeado y torturado. Desde entonces no se tiene noticias de él.
El 8 de junio del mismo año, en el distrito de Chiclayo, miembros de la policía detuvieron a seis personas: cuatro de ellas identificadas y dos, padre e hija, no identificados. Estos fueron llevados a la comisaría de Jaén y allí permanecieron por cinco días. La mujer fue torturada el primer día. La desnudaron, vendaron y amarraron con intención de ahogarla. La noche siguiente realizaron los mismos actos, la colgaron y la hicieron caminar por espinas, luego fue llevada a la playa y la ahogaron varias veces, además la agredieron y violaron varias personas.
Al tercer día no resistió y aceptó todo lo que le imputaron. Fue trasladada a la DIRCOTE en Chiclayo, allí también fue golpeada, privada de sus alimentos y torturada psicológicamente. Posteriormente, el 13 de julio del mismo año la llevaron al penal de Picsi en Chiclayo y fue sometida a fuero militar. En septiembre la sentenciaron a 20 años, inculpada de ser mando político en Jaén y haber participado en atentados. En noviembre de 1993 la trasladaron al penal de Chorrillos en Lima.
CONCLUSIONES
El período de terrorismo manifestó graves limitaciones del Estado para garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues las cifras del conflicto superan el número de pérdidas humanas sufridas en el país en todas las guerras externas y civiles ocurridas en sus 197 años de vida independiente.
En cuanto a las dimensiones del conflicto, el Perú entre el año 1980 y 2000 vivió el episodio de violencia más intenso y extenso de toda la historia republicana. Además, se estima que la cifra de víctimas fatales de violencia es de 69 mil 280 personas.
La población campesina fue la principal afectada. De la totalidad de casos reportados, el 79 % vivía en zonas rurales y el 56 % desempeñaba actividades agropecuarias.
El proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país, pues el 75 % de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.
Las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, “todos estos actos constituyen una deshonra para sus perpetradores directos y para quienes, en su condición de superiores jerárquicos, los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad”.
La corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional, por lo tanto su abordaje requiere de la profundidad necesaria para poder comprenderla y trazar una estrategia eficaz de combatirla. En el presente informe se realiza una primera aproximación a este fenómeno, que en el caso del Perú está en la cima de su ciclo de percepción producto de los últimos audios y destapes en las más altas esferas de la administración de la justicia, aunque histórica y estructuralmente es un fenómeno omnipresente.
Reconociendo la importancia de la palabra como expresión de los recursos que las diversas culturas usan para llamar a las cosas, se considera que ella (la palabra) no es arbitraria, pues esconde la historia, el recorrido, la manera de ver el mundo de una sociedad. De ahí que sean fundamentales para entender la realidad. Las palabras que usamos dan cuenta también de cómo somos, de nuestra manera particular y colectiva de ver el mundo, pues son el testimonio de nuestra historia y de cómo esa historia se ha ido articulando a lo largo de generaciones con otras historias y otras realidades. En ese contexto es pertinente empezar su abordaje desde la etimología de la palabra corrupción.
DEFINICIONES
De acuerdo con Moreno (2009) La corrupción no es un fenómeno de los tiempos modernos, aunque es posible que en los últimos años, con la eclosión de las comunicaciones electrónicas, se haya tornado más evidente. Los romanos ya empleaban el adverbio “corrupte”; Cicerón decía “judicare corrupte” para aludir a la forma en que ejercían su función algunos magistrados. “Corruptum” era en latín el participio pasado del verbo “corrumpere” (arruinar, echar a perder). Plauto y Cicerón llamaban “corruptor –oris” a aquel que cometía el delito de soborno o el de cohecho, es decir, aceptar sobornos, y también al que violaba a alguna de las vírgenes vestales. Todas estas palabras se derivaban del verbo latino “rumpo”, “rumpere” (romper, violar, transgredir), emparentado morfológicamente con el sánscrito “ropayati”, del mismo significado, y se derivan del indoeuropeo “reup”- (arrebatar, arrancar algo de las manos de alguien).
La revisión etimológica de la palabra corrupción permite entonces conceptualizar a la misma como la acción de cambiar la naturaleza de una cosa, interrumpir un proceso normal, pervirtiéndola, como ocurre cuando las instituciones se desvían del fin para el cual están socialmente legitimadas.
Sobre moral de los individuos el aporte filosófico de Inmanuel Kant es fundamental, al respecto Flores Vega y Espejel Mena (2007, pág. 44) manifiestan que en los escritos de filosofía política de Kant hay dos tipos de políticos: el político moral y el moralista político. El primero hace suyo los preceptos de la moral para sus actuaciones públicas, lo cual permite promover la transparencia en los asuntos públicos y personales. El segundo, considera a la moral como mera retórica y carente de validez, lo que permite auspiciar la corrupción por manejarse en secreto en los asuntos públicos y personales. El “imperativo categórico”, como principio formal de la moral, dicta una línea adecuada para que se cumpla el deber, y esto es actuar con transparencia y en contra de la corrupción en los asuntos públicos. La transparencia la respaldan dos principios, cuyo afán es actuar con pretensión de justicia, el moralista político nunca los respeta por su elogio hacia el pragmatismo. El político moral elogia la transparencia y el moralista político la corrupción.
Luego de haber definido la corrupción desde el análisis etimológico que encierra el devenir de su proceso histórico en la riqueza de la palabra como expresión cultural y al mismo tiempo de haber analizado el principio filosófico más profundo del aporte kantiano respecto al imperativo categórico, es necesario reconocer que el análisis de este fenómeno ubicuo en las zonas menos desarrolladas del mundo ha sido soslayado recurrentemente, tal como lo señala Quiroz (2018) “tildándola como constante cultural o legado institucional inevitable. El descuido y el escepticismo han obviado, pues, evidencias históricas útiles para reinterpretar las batallas reformistas a menudo solitarias, libradas contra las nocivas prácticas corruptas”.
ENFOQUES DE ANÁLISIS
La denominación de constante cultural o legado inevitable no es casual puesto que obedece a una forma de concebir al fenómeno de la corrupción; es decir, no existe un consenso al respecto pues de la revisión exhaustiva del estado del arte se puede identificar más de un enfoque.
Por ejemplo, una postura relativista histórico – antropológica asume que ciertas constantes culturales hacen que el fenómeno de la corrupción sea un hecho común y aceptado en las sociedades en desarrollo y admiten que los sistemas políticos pre modernos pueden admitir dosis de corrupción como lubricante para funcionar y brindar un grado de estabilidad y posicionamiento a grupos emergentes. Entonces desde la posición culturalista tal como los señala Quiroz, “la corrupción está determinada culturalmente y la cultura por sí sola podría explicar las diferencias en los niveles de corrupción existentes alrededor del mundo… por lo tanto se debe emprender el cambio cultural, ciertamente más difícil y controversial que las reformas institucionales urgentes”.
La escuela neoliberal considera a la corrupción como una de las manifestaciones de los mercados negros originados por el exceso de intervencionismo estatal. Así, cuanto más intervenga el Estado, más reglamente y más fomente la invasión de las burocracias, más riesgos hay de que se den procedimientos y mercados paralelos, que constituyen el origen de los comportamientos delictivos.
También existen análisis desde la perspectiva marxista tendiente a asociar el capitalismo con la corrupción, esta perspectiva ofrece importantes aportes, pero con muchas generalizaciones que se constituyen como armas políticas e ideológicas contra un sistema hegemónico en supremacía cuya clase dirigente se ha enriquecido aun a costa de su deslegitimación, aprovechando la apatía ciudadana, pero que tampoco aporta explicaciones de este fenómeno en regímenes socialistas y revolucionarios donde el fenómeno no está ausente.
Finalmente existe un enfoque que aporta un marco analítico institucional que permite evaluar el fenómeno de la corrupción a gran escala y sistemática dando cuenta de la ausencia o inestabilidad de las normas que fomentan el desarrollo, que reducen los costos de transacción, que promueven la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Este escenario es favorable a las conductas oportunistas conocidas como “free rider behavior”, conocidas también como el “problema del polizón”, que se producen en situaciones en las que una persona obtiene una “externalidad positiva” de las acciones de otros, es decir, un beneficio por el que no se sacrificó, así como comportamientos despóticos. Además de línea con (Quiroz, 2018) “de las teorías sobre grupos de presión o de interés ayudan a explicar las actividades concertadas de las redes de intereses creadas que buscan trato preferencial, el estancamiento institucional y la paralización de reformas” de esta manera se forman redes de corrupción que compiten por la captura del Estado o influirlo en sus distintas ramas y así beneficiarse con la corruptela y las ganancias monopolistas.
Habiendo analizado los diversos enfoques con los que se aborda el fenómeno de la corrupción es preciso mencionar que en el presente ensayo se adopta la posición del cuerpo analítico institucional para a partir de ello comprender la magnitud del fenómeno en la historia, los tiempos actuales y su prospectiva.
CORRUPCIÓN EN EL TIEMPO
En el aspecto histórico en el Perú el fenómeno está documentado con mucha precisión desde la época colonial para lo cual felizmente existe un aporte muy importante de Antonio de Ulloa, quien fue nombrado en 1757 para un puesto estratégico en el poblado minero de Huancavelica y desde 1758 denunció las corruptelas de autoridades codiciosas y reales de Hacienda, mineros y comerciantes que causaban daño a la corona española y a sus súbditos. Los abusos más relevantes comenzaron con el cobro de tributos a los indios por parte de los corregidores. El flujo de ingresos del tributo indígena brindaba oportunidades para la malversación.
En ese contexto se puede afirmar que uno de los primeros personajes en alzar su voz y emprender una acción concreta contra la corrupción fue Juan Santos Atahualpa en 1742. En la década de 1690 (Quiroz, 2018) se destaca un hito importante que corrobora una práctica venal ya que al menos dos Virreyes, uno del Perú y otro de México, compraron sus altos puestos mediante contratos lo cual dio inicio a esta tradición de venalidad (venta de oficios y puestos) situación que se mantiene hasta ahora de manera más sofisticada.
Este breve análisis histórico nos demuestra que la corrupción es un fenómeno que ha transitado en la línea del tiempo de nuestro Perú, ampliándose en modalidades y especialización nefasta para nuestra sociedad.
SITUACIÓN ACTUAL
Hoy se puede afirmar que la corrupción no solo nos acompaña históricamente, sino que está diseminada como una metástasis en todas las instituciones y, lo más preocupante, hasta se ha incorporado inconscientemente en el intelectual colectivo de manera cuasi natural, es decir el daño causado es generacional. La corrupción entendida de esta manera entonces es sistémica y persistente y tiene ciclos orgánicos en el tiempo que no necesariamente coincide con ciclos de la corrupción percibida como pareciera justo ahora, es decir aparentemente estamos en la cima del ciclo los cual se ha evidenciado con los destapes de las comunicaciones telefónicas en el corrupto sistema de justicia. En realidad la corrupción sistémica con la que convivimos tal vez es mucho peor que nuestra percepción hoy exasperada con la coyuntura.
Por otro lado, es necesario reconocer que los costos de la corrupción no solo se relacionan con las coimas, los sobornos, las sobrevaloraciones las cuales serían los costos directos, sino que existen costos indirectos como el incremento y facilitación de la redes de contrabando, informalidad, mercados negros, narcotráfico, expulsión o retirada de la inversión extranjera directa, entre otros; pero el costo mayor está en la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestro sistema, en el daño generacional que se genera cuando nuestros hijos ven que no se logra el éxito con el sacrificio, sino con la argolla, con el tráfico de influencia, etc.
Hoy más que nunca es momento de acciones concretas para poner freno a este mal, porque además de las enormes pérdidas económicas, a herido de muerte la legitimidad del orden democrático y ha destruido la gobernabilidad del sistema entendida esta como la capacidad del poder político para conducir las políticas públicas para lograr bienestar de nuestra sociedad.
CORRUPCIÓN Y GOBERNABILIDAD
Desde otro punto de vista y en línea con Lerner (2018), la corrupción atenta contra la gobernabilidad al hacer que las acciones del Estado resulten costosas e ineficaces.La corrupción es la causa de la dilapidación de los recursos públicos. Ella disminuye las posibilidades de que se satisfaga realmente alguna necesidad de la población. Y además interfiere con los programas de gobierno razonables, si los hay, al desviarlos para priorizar acciones que den ocasión al lucro ilegal. La proliferación de obras públicas innecesarias y sobrevaluadas en nuestro país debería relevarnos de mayor explicación al respecto.
Finalmente se puede afirmar que precisamente esta corrupción sistémica - estructural se asienta en el abuso de poder, se fortalece con la impunidad y se consolida con una débil participación ciudadana. Esta ecuación genera una red de complicidades y colusiones, la que hoy desvirtúa integralmente al Estado, incluso al mismo mercado y la sociedad. La lucha efectiva para combatir la corrupción exige mucho más que sacar las “manzanas podridas” de la “canasta social”.
En línea con Sandoval (2016) este análisis subraya tres elementos fundamentales de las gobernanzas disfuncionales: la dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural, en la que predomina el abuso de poder, sin distingo de si ello proviene del ámbito público o privado; la impunidad de las más altas esferas del poder, particularmente la que corresponde al sector privado cuando actores no estatales se hacen cargo de áreas o funciones asignadas al sector público, y la exclusión social o la expropiación de la voz ciudadana que genera un profundo distanciamiento entre la sociedad y sus representantes. Estos tres elementos se reflejan a su vez en una cancelación de facto del acceso al poder, el acceso a la justicia y el acceso a la representación, lo cual mina directamente la democracia y explica la génesis de un “doble fraude” que implica tanto facetas financiero-estructurales como político-electorales. Este “doble fraude” ha obstaculizado el desarrollo de estructuras estatales justas y sustentables.
Finalmente se puede afirmar categóricamente que el Perú no soporta autorreformas del sistema corrupto para el sistema corrupto, el shock necesariamente tiene que venir de afuera, de la ciudadanía organizada, de la academia de la mano con la sociedad, la que sustenta su existencia, de las organizaciones políticas no tradicionales y de los mejores cuadros de los partidos tradicionales y ello requiere reformas estructurales que necesariamente pasarán por cambios en nuestra carta magna ya desfasada e insuficiente para atacar la corrupción que ha mutado y es inmune a los mecanismos de nuestra actual constitución.
(*) Doctor en Economía, investigador asociado de la Universidad de Alcalá de Henares – España.
Once docentes fueron sentenciados con pena privativa de la libertad por el Poder Judicial de Lambayeque al incurrir en el delito contra la libertad sexual, en su modalidad de violación sexual contra sus alumnos. Los fallos fueron emitidos entre el 2017 y lo que va del año.
El acoso sexual escolar es la forma de maltrato psicológico, verbal o físico producida por algunos docentes y en algunos casos entre estudiantes. Esto se da en todo el país y el departamento no es ajeno a dicho problema social.
SENTENCIAS
El gerente regional de Educación de Lambayeque, Ulises Guevara Paico, manifiesta que la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Lambayeque reporta cinco casos de maestros sentenciados por el delito de violación sexual.
La UGEL de Chiclayo de igual manera registra cinco casos de maestros sentenciados por el mismo delito, mientras que en el ámbito de la UGEL de Ferreñafe solo existe un caso. Por otro lado, en la UGEL de Lambayeque también se sentenció a un docente por el delito de tráfico ilícito de drogas.
“Los 12 docentes sentenciados por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fueron separados de sus deberes definitivamente”, acota.
En cuanto al área administrativa se sentenció con cárcel a cuatro empleados por incurrir en el delito de violación sexual contra menores. La Gerencia Regional de Educación informa que la UGEL de Lambayeque reportó una sentencia, dos en Chiclayo, y una en Ferreñafe.
“En total, entre docentes y administrativos, en la Gerencia de Educación de Lambayeque se reportaron 16 casos por el delito contra la libertad sexual”, narra.
CERRADOS
Durante el año se reportaron nueve casos por agresión sexual que se cerraron definitivamente luego que las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades judiciales, arribando estas a la conclusión que las personas imputadas, entre alumnos y docentes, por el delito contra la libertad sexual eran inocentes. Las investigaciones comprendieron a cinco docentes y cuatro alumnos.
“De las personas investigadas, siete eran de la UGEL Chiclayo y los otros dos casos eran de la UGEL Lambayeque. Los presuntos delitos ocurrieron en instituciones educativas públicas y están completamente cerrados”, cuenta.
PROCESO
Este año, seis casos por agresión sexual se registraron en las instituciones educativas públicas y ya se encuentran en proceso de investigación por las autoridades judiciales. Dos ellos comprenden a escolares y cuatro a docentes. Todos los casos contra la libertad sexual en investigación se han dado mayormente en el nivel secundario.
De los casos de agresión sexual en investigación, tres se han reportado en la UGEL de Chiclayo, uno en la UGEL de Lambayeque y en la UGEL de Ferreñafe dos. Las investigaciones se desarrollan aceleradamente a fin que la verdad salga a la luz. Si los imputados resultan culpables serán castigados de acuerdo a ley.
Un reciente caso por agresión física y verbal que ya está en proceso de investigación se registró en la institución educativa primaria N° 11098 Juan Pablo II del distrito de la Victoria, donde los padres de familia denunciaron a la directora Aurea Mabel Carranza Quispe por atacar a sus hijos.
La denuncia contra la docente fue presentada el 19 de julio pasado ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL de Chiclayo.
“Son varios los docentes que están en proceso de investigación por los diferentes delitos. De encontrárseles culpables serán separados de sus instituciones educativas”, indica.
Las especialistas de la Gerencia Regional de Lambayeque, encargadas contra la violencia escolar, en coordinación con la UGEL de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, trabajan con el representante de Defensoría del Pueblo para que se garantice una adecuada convivencia escolar, por ello previenen y atienden los casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.
DESERCIÓN
Por otro lado, tres mil 971 alumnos de inicial, primaria y secundaria abandonaron las escuelas en el departamento de Lambayeque el año pasado.
La deserción escolar es aquella situación en la que el alumno se retira de la escuela antes de la edad establecida en el sistema educativo, sin obtener un certificado de escolaridad.
En el departamento, del nivel inicial se retiraron 496 alumnos. En el nivel primario mil 195 y en el secundario fueron dos mil 280 estudiantes los no culminaron sus estudios.
En el nivel inicial 274 de los alumnos retirados eran de sexo masculino y 222 de sexo femenino. En la primaria 657 niños y 538 niñas dejaron los estudios, mientras que en el nivel secundario mil 147 varones y mil 133 mujeres le dijeron no a los deberes escolares.
En la zona urbana 438 niños del nivel inicial no continuaron con sus estudios. De igual manera, en el nivel primario 954 abandonaron los estudios, mientras que en la secundaria dos mil 79 alumnos desertaron del colegio.
En la zona rural 58 niños dejaron la educación inicial, en la primaria 241 abandonaron las aulas y un total de 201 alumnos del nivel secundario incurrieron en la misma práctica.
En algunos casos, los alumnos de las zonas urbanas se retiran de las escuelas por el traslado de matrícula o por enfermedad, mientras que en las zonas rurales mayormente los alumnos se retiran porque sus padres migran a otros lugares por trabajo, o porque tienen que laborar para ayudarlos.
“La deserción escolar se mide al finalizar el año, es por eso que aún desconocemos cuántos alumnos dejan de asistir a clases en lo que va del año”, indica Guevara Paico.
Agrega que en el 2017 desaprobaron cuatro mil 92 alumnos del nivel primario frente a los 137 mil 948 que aprobaron. En cuanto al nivel secundario, los desaprobados fueron seis mil 615 frente a los 93 mil 979 promovidos de año.
INFRAESTRUCTURA
El funcionario destaca que la infraestructura escolar avanza en el departamento y recientemente la Gerencia Regional de Educación ha elaborado 30 proyectos.
A pesar que el Gobierno Regional de Lambayeque ha construido 240 instituciones educativas, aún falta el 20 % de infraestructura por renovar.
“Los alumnos están protegidos y tienen locales, pero algunos no presentan todas las facilidades necesarias como los colegios que se han construido y que son muy bonitos. De la inversión de la región, el 60 % se dirigió a la educación”, precisa.
En el último año se invirtieron 190 millones 800 mil soles que sirvieron para construir centros educativos del nivel inicial, primario y secundario. Se le dio mayor énfasis a la construcción de los centros educativos del nivel inicial que son del primer nivel y están situados en zonas rurales, altoandinas y periféricas de Chiclayo.
El sector construcción depende de una serie de factores que influyen directa e indirectamente en su desarrollo. En la última década, su evolución ha sido fluctuante. En el 2008, el mejor año de la economía peruana, creció 16.8 %, pero al año siguiente solo 6.8 %. El pico más alto se alcanzó en el 2010, con un crecimiento del 17.8 % y los niveles más bajos fueron entre el 2015 y el 2016, años en los que no hubo ni una décima porcentual de mejora. El año pasado, la construcción creció 2.2 % y se espera que con el avance de la reconstrucción el indicador sea mayor este año.
Los actores del sector no la han visto fácil en años recientes. En el 2015, por ejemplo, el rubro tuvo indicadores negativos decreciendo en 5.8 % y al año siguiente 3.1 %, esto debido a la retracción no de la oferta, sino de la demanda inmobiliaria y, en gran medida, a la reducción del gasto público en obras.
“En diciembre del año pasado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la actividad constructora registró un incremento de 6.62 % en comparación con el mismo mes del 2016. Ese crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco años y cercano al obtenido en diciembre del 2014”, comenta Antonio Rabanal Rosales, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO Lambayeque.
Menciona, que la proyección del gremio es que para este año el sector crezca 5.09 %, aunque considera que es importante reconocer que el desenvolvimiento del mismo es cíclico y su comportamiento influye directamente en el Producto Bruto Interno – PBI. Por ejemplo, el año pasado fue la primera vez, desde el 2013, que el crecimiento del PBI de la construcción se aproximó al PBI del país. Aquel año, el PBI del país creció 5.85 % y el de la construcción 9.42 %. El año pasado, el PBI nacional aumentó en 2.5 % y el del sector 2.2 %.
“De acuerdo con estos resultados, la economía global alcanzó un mejor desempeño que la actividad constructora en el país por cuarto año consecutivo”, señala.
CONSUMOS DEL SECTOR
La construcción es un rubro que se relaciona directamente con otros sectores de la economía y que genera impactos directos e indirectos. Uno de estos se concentra en el consumo de insumos, cuya recuperación también es lenta.
En el 2015, el año más crítico para los constructores, el consumo de cemento cayó en 1.94 %, el de acero en 1.66 % y el de asfalto en 15.52 %. Esto quiere decir que los productores de estos insumos vieron directamente afectada su economía, situación que se repitió en el 2016 con caídas de 2.65 %, 0.91 % y 6.18 por producto, respectivamente.
Recién el año pasado el consumo empezó a mejorar. El 2017 se cerró con un incremento de 0.26 % en la demanda de cemento, 2.35 % de acero y 22.40 % de asfalto. Este último producto tuvo mejor demanda por las obras de rehabilitación en las zonas afectadas por El Niño Costero.
“El crecimiento del consumo de asfalto, de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se debe principalmente al impulso de la obra pública que cerró el año con un crecimiento de 8.2 %”, refiere Rabanal Rosales.
Comenta que el asfalto para obras viales alcanzó un récord histórico en el 2017, registrando un consumo de 619 mil 260 toneladas al finalizar el año, que fue superior al récord obtenido en 1998, cuando se alcanzó a despachar 555 mil 836 toneladas.
COSTOS Y SALARIOS
El costo de la mano de obra de construcción creció 4.27 % en junio del 2017 luego de la aprobación del pliego sindical entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y CAPECO, tendencia que se mantuvo hasta el cierre del año.
Asimismo, los salarios del sector construcción subieron 40.51 % desde diciembre de 2009 a diciembre pasado, siendo este el rubro que más se ha incrementado en los últimos cuatro años.
“El precio de la loseta mostró un importante aumento en los últimos cuatro meses del 2017, acumulando un alza de 8.17 % al cierre del año, en tanto el precio del cemento se ha mantenido estable desde febrero de 2017, mes en el que arrojó un incremento de 2.51 %. Al mes de diciembre, el precio subió en 5.20 % respecto al año anterior. Comparado con el año base, el precio de este ítem acumuló un aumento de 24.28 %”, explica el presidente de CAPECO.
Añade que el precio del acero de construcción incrementó desde abril del año pasado y a tasas mayores en los dos últimos meses del 2017. En relación al año base (diciembre 2009), el precio de este material registra un incremento de 7.42 %, siendo el insumo que, después del ladrillo, registra un menor crecimiento desde esa fecha.
El precio del ladrillo obtuvo un crecimiento de 0.94 % en el 2017, ubicándose por encima del incremento obtenido por el precio del acero. Comparado con el año base. Sin embargo, el precio del ladrillo registra un alza de apenas 3.74 %, siendo el insumo cuyos precios menos se han incrementado entre todos los evaluados.
Respecto a cerámicos, la tasa de consumo crece desde el 2010 a un ritmo de 3.81 % anual. La producción nacional de cerámicos creció 6 % y la importación 10 %.
INDICADORES 2018
Rabanal Rosales manifiesta que las ventas de acero en el país, en febrero de este año, fueron de 110 mil 29 toneladas métricas, inferior en 3.57 % a las ventas de enero pasado.
“Entre enero y febrero del 2018 se registró mayor venta en 2.67 %, respecto a similar período del 2017. Las ventas de este importante insumo están correlacionadas con el comportamiento del sector, por lo que se prevé una tendencia levemente creciente para este año”, indica el representante gremial.
Comenta que las ventas de asfalto en el mercado local, en febrero de este año, mostraron un incremento de 6.21 % respecto a enero y comparando las ventas del primer bimestre del 2018 respecto a similar período del 2017, estas crecieron en 35.69 %.
“Esto se explica por las inversiones en trabajos de rehabilitación tras el Fenómeno El Niño Costero, aunque a niveles insuficientes. Se espera que el avance en los próximos meses sea mayor, sobre todo porque en estos se consideran obras de la red vial nacional, que representan el 41 % del total de recursos asignados para la reconstrucción, lo que permitiría dinamizar la economía y el sector construcción básicamente”, señala.
PROYECCIONES
Antonio Rabanal indica que el desempeño sectorial para el 2018 va a depender en gran medida y una vez más del impulso fiscal orientado a la obra pública.
“El estimado del Banco Central de Reserva del Perú, a diciembre del 2017, era de un incremento de 17.5 % en la inversión pública y de 9.5 % en el PBI de la construcción para el presente año. Los primeros resultados del 2018, parecen ir en esa senda. Esta base de proyección se sustenta en la mayor ejecución esperada en las obras de reconstrucción, las instalaciones que se utilizarán en los Juegos Panamericanos y que ProInversión tiene una inversión comprometida en proyectos de Alianzas Público Privadas que se adjudicarán este año, cartera que superaría los cinco mil millones de dólares, lo que contribuirá también a apuntalar al sector construcción en el 2018”, remarca el representante gremial.
Precisa que la paralización del sector construcción puede tener efectos recesivos en la economía del país, lo que se tiene que evitar con acciones inteligentes que permitan que el sector continúe por la senda del crecimiento.
“El gasto público sigue rezagado y no será el motor de crecimiento que se suponía debería ser por los sucesivos cambios a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y del gabinete ministerial. Hay que tener en cuenta que los tres principales sectores de impulso de la economía peruana son: construcción, minería y pesca, pero el que mayor incertidumbre presenta es el nuestro”, indica.
La revelación de los audios que involucran en presuntos actos de corrupción a magistrados de la República, políticos y empresarios, ha causado un verdadero tsunami en el país, cuyas consecuencias no solo se hacen sentir en la economía, sino también en la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos en los poderes del Estado.
Al respecto, el juez superior de la Corte de Lambayeque, Ismael Rodríguez Riojas, integrante de la Segunda Sala Laboral, refiere que en el ámbito judicial se atraviesa por una situación difícil, toda vez que la misión de un juez, según los mecanismos constitucionales, es ser depositario de la confianza ciudadana para dirimir conflictos y controversias para alcanzar la paz.
“Esa función de juez de cara a la paz tiene tremenda importancia dentro de la comunidad y la comunidad debe ver a su juez como un ciudadano ejemplar. Esta coyuntura que se presenta es totalmente grave para la institucionalidad del país y nos lleva a reflexionar profundamente sobre estas circunstancias sin olvidar que nacen de ciertas individualidades, que no son un comportamiento general. La ciudadanía debe conocer que los que hemos abrazado a la magistratura somos, en mayoría, hombres y mujeres honestos, probos y justos. Sin embargo debemos reconocer que se ha producido un golpe tremendo en nuestra institución”, menciona.
ASUMIR Y ACTUAR
Rodríguez Riojas refiere que quienes tienen algún nivel de representación en los poderes del Estado están llamados a cumplir el rol constitucional y las responsabilidades que les asisten. Cita, como ejemplo, que el flamante presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, está elaborando propuestas de reforma con la finalidad de disminuir y evitar las circunstancias que afectan a este poder del Estado.
“Estos hechos nos llevan a meditar sobre la necesidad de realizar algunos ajustes en las normas, en el ordenamiento jurídico, en los mecanismos para la selección y nombramientos de los magistrados. Necesitamos mecanismos para evitar hechos que generan corrupción judicial. Entiendo que las instituciones tutelares del Estado tendrán que asumir ese rol para que la ciudadanía recobre la confianza”, señala.
LA SELECCIÓN DE JUECES
El juez superior recuerda que hubo momentos en los que la provisionalidad en el Poder Judicial fue alta, problema que a partir del 2001 se empezó a resolver con los concursos desarrollados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, aún hay plazas sin cubrir y órganos jurisdiccionales sin jueces titulares en los que se hace necesaria mayor atención de los organismos de control y de la sociedad civil.
“La población crece y necesita más servicios. Entre ellos el servicio de administración de justicia y esos nuevos órganos jurisdiccionales necesitan sus titulares. Puede ser una de las razones el tema de la provisionalidad. Para su cobertura se han dado reglas precisas de cómo deben cubrirse los puestos de los magistrados en los cargos provisionales. Para eso también existe la figura de los jueces supernumerarios, por ejemplo, que también salen de un procedimiento que llevaron a cabo las cortes para seleccionar a través de exámenes y un procedimiento de evaluación a quienes van a cubrirlos en la forma de supernumerarios, de manera que cada vez hay más campo normativo que nos dice que no solo depende de la persona la decisión, sino que viene de un proceso y si se cumplen esas normas estaremos garantizando la transparencia en la elección de quienes son provisionales o supernumerarios”, remarca.
REDUCCIÓN DE LA CARGA
Ismael Rodríguez destaca que el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, haya exhortado, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, a reducir las trabas que impiden a los adultos mayores acceder a una pensión por sus años de aportaciones. Precisamente, los procesos contra la ONP son los más que representan una de las principales cargas para la administración de justicia.
“Ese anuncio es totalmente importante, como importante será también que se lleve a la práctica. Los procesos pensionarios son los que mayor carga generan para el Poder Judicial y estamos hablando de temas que ya tienen un derrotero establecido por la ley. Si hubiera alguna situación de duda ya ha sido resuelta por la jurisprudencia. En la mayoría de los cosas estamos frente a lo que denominamos controversias que no deberían venir al órgano jurisdiccional, sino que deberían ser resueltas por la Oficina de Normalización Provisional en el nivel administrativo”, explica.
Añade que hay otros derechos de trabajadores del Estado que también deben ser atendidos administrativamente sin necesidad de llegar al fuero judicial. Un ejemplo de estos es el pago del 30 % de la remuneración adicional por preparación de clases a favor del magisterio.
“Los órganos administrativos, a través de las gerencias regionales de Educación e instituciones locales, niegan esos derechos, sobre los cuales no existe duda que les corresponde a los justiciables. En este caso a los maestros, pero como les deniegan tienen que venir al Poder Judicial cuando eso puede solucionarlo la autoridad administrativa. La respuesta siempre es que no hay presupuesto. Pero, ¿acaso porque no se tiene presupuesto se puede judicializar? Eso genera no solamente carga, sino el uso de los pocos recursos que tiene el Poder Judicial para atender esas causas”, afirma.
Anota que de cumplirse lo señalado por el mandatario de la República, se generaría un descenso importante de la carga procesal judicial, abriendo la posibilidad para que otros casos, que sí necesitan revisión judicial, puedan atenderse a cabalidad.
“Vamos a tener mejor posibilidad de atender las necesidades de la población, porque habremos eliminado la carga innecesaria desde el punto de vista que ya son temas que no necesitan judicializarse porque ya tienen una respuesta clara y completa. No solamente va a reducir la carga procesal, sino que va a generar tranquilidad a esos ciudadanos que buscan su pensión. Les ayudará a que recobren su dignidad de persona después de haber cumplido su ciclo laboral”, remarca.
Al año se interviene quirúrgicamente a 600 personas por cálculos biliares, también llamados ‘piedras en la vesícula’, en el Hospital Luis Heysen Incháustegui, según informa el médico César Hirakata Nakayama, cirujano general del nosocomio.
La vesícula biliar es un órgano muy pequeño que actúa como contenedor de la bilis, un líquido amarillo - verdoso que se produce en el hígado y es secretado por el sistema biliar hacia el intestino, el cual tiene por función ayudar a la absorción de grasas. Sin embargo, existen factores como el sobrepeso y problemas hormonales que deterioran su funcionamiento.
POBLACIÓN VULNERABLE
El galeno menciona que en Lambayeque se registran varios casos de pacientes con cálculos biliares. Estos son esféricos y duros que engendran molestias cuando su tamaño aumenta y la población femenina es más propensa a padecerlos por problemas hormonales y de colesterol, por tener varios hijos o enfrentan cuadros de obesidad.
“Como cirujano general me ocupo de enfermedades al aparato digestivo, comprendido por el estómago, intestinos, colon, vesícula, hígado y apéndice. Los problemas comunes en el norte son los vesiculares para las mujeres y el cáncer de estómago en los hombres, aunque la cifra de mujeres cada día es mayor”, explica.
PREVENCIÓN
El especialista precisa que la comida chatarra es la principal causa para la aparición de dicho problema de salud, que afecta en mayor medida a mujeres adultas, aunque los varones constituyen una cifra importante.
“Hasta hace algunos años los cálculos biliares solo se observaban en personas adultas que pasaban los 40 años, pero en la actualidad está presente entre la población juvenil y su cifra va en aumento”, indica.
El médico refiere que no es común que las personas se realicen exámenes para descartar anomalías en el aparato digestivo, situación que está mal, porque luego los hospitales reciben pacientes con intensos dolores en el lado derecho del abdomen y los exámenes arrojan un grave cuadro de inflamación.
“La obesidad es un factor importante. Los obesos tienen más cantidad de cánceres y casi todas las enfermedades se previenen con los hábitos alimenticios y el sano estilo de vida. Deberíamos ingerir más verduras y frutas frescas, evitar el consumo de carnes rojas y el uso de pesticidas e insecticidas”, sugiere.
SÍNTOMAS
“El principal indicador de esta enfermedad es el dolor en la parte superior derecha del abdomen, acompañado de flatulencias y eructos periódicos. Con el transcurrir de los meses el dolor se hace constante y permanente.
Si se detecta a tiempo, los cálculos biliares desaparecen con tratamiento médico y una dieta baja en grasas”, advierte.
César Hirakata advierte que la enfermedad puede confundirse con indigestión, por ello se deben tener en cuenta síntomas como: náuseas, vómitos, dolor al inhalar y heces pálidas.
“En Chiclayo todos los hospitales hacen cirugía laparoscópica, tanto el Almanzor Aguinaga Asenjo como el Luis Heynsen y las clínicas privadas. Esta nueva tecnología es menos invasiva para el paciente y se realiza a través de pequeñas incisiones en el abdomen y una microcámara de video que envía una imagen ampliada del interior del cuerpo a un monitor, de modo que no precisa de un corte amplio abdominal”, explica.
OTROS PROBLEMAS
César Hirakata manifiesta que otro de los problemas comunes en Lambayeque es el cáncer de estómago, una de las principales causas de muerte en el país, seguido del cáncer de cuello uterino y de mama.
Afirma que el problema se presenta inicialmente como gastritis y si es mal tratado, puede conllevar a un cáncer gástrico con síntomas como náuseas, vómitos, intolerancia, hinchazón en el abdomen, heces de coloración oscura y sangrados.
De igual manera, el daño hepático por alcoholismo registra una alta incidencia en las zonas rurales y urbano marginales de la región.
FALTA DE ESPECIALISTAS
César Hirakata menciona que el Perú tiene un déficit de seis mil especialistas a nivel nacional. Agrega que un profesional de la salud debería especializarse e invertir en su formación. Sin embargo, algunos no lo hacen porque forman una familia y las prioridades son otras.
“Creo que las personas se preocupan por cosas triviales cuando existen otras más importantes como la salud. Cuando esta se pierde, el cuerpo jamás funcionará igual”, finaliza.
El IPE presentó por sexto año consecutivo el Índice de Competitividad Regional – INCORE 2018, para dar a conocer la realidad económica y social de las regiones del Perú y analizar su competitividad y los factores que la determinan. Con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación - MINEDU, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, el INCORE cuantifica la posición de las 25 regiones a través de seis pilares de competitividad como el Entorno Económico, Salud, Laboral, Educación, Infraestructura e Instituciones, que a su vez se dividen en 45 indicadores. Una de las novedades de esta edición es que cuenta con información desagregada para Lima (que incluye Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao) y Lima Provincias.
Esta radiografía del país permite evaluar el rumbo que ha tomado cada región para identificar sus fortalezas y debilidades e implementar políticas públicas adecuadas que generen un mayor impacto sobre su desarrollo. Las regiones más competitivas continúan siendo Lima, Arequipa y Moquegua, mientras que las menos competitivas son Cajamarca, Puno y Loreto. En un punto medio se ubica Lambayeque, debido al insuficiente crecimiento en el sector Educativo (puesto 9 con puntaje de 4.8 de 10 posibles), en lo Laboral (puesto 10 con 5.2 puntos) y en Instituciones (puesto 17 con 5.1 puntos). Es valorable debido a que la región mantiene muchas cifras del año pasado y mejoró en algunos indicadores de Instituciones, sin embargo, descendió del puesto seis al siete en el índice general. Esta caída se debe al retroceso en cuatro de los seis pilares.
PILARES EN PROGRESO
En Instituciones, la región ascendió diez puestos en el indicador de inversión pública. No obstante, este pilar es una flaqueza del departamento. Las cifras son las siguientes:
En ejecución de la inversión pública, el valor del gasto devengado del Presupuesto Institucional Modificado - PIM de inversión (incluye gobierno local, regional y nacional) fue de 68.9 %, ubicando a Lambayeque en el puesto 12. En la percepción de la gestión pública, que considera la percepción de la población adulta respecto a la gestión del gobierno regional, el valor es de 21 %, por debajo de la media nacional que es de 23 %.
En conflictos sociales, a nivel nacional se identificaron 172 casos, de los cuales, según la Defensoría del Pueblo, el valor en número de conflictos activos, latentes y resueltos en Lambayeque fue de 3. En criminalidad, el número de denuncias por cada mil habitantes es de 18.9, cifra alarmante que ubica a Lambayeque en el último puesto. En homicidios, la cifra por cada cien mil habitantes es de 4.9, manteniendo los números obtenidos en 2017. En presencia policial, el número de habitantes por cada agente es de 636.7, mientras que el promedio en el país es de 697. Por último, en reducción de expedientes judiciales, el valor en proporción entre los expedientes resueltos, los pendientes e ingresados es de 46, por encima de la media de 44 a nivel nacional.
En Educación retrocedió una posición debido a una menor asistencia escolar primaria y secundaria, la segunda más baja a nivel nacional. Este pilar deja los siguientes porcentajes:
En analfabetismo de la población de 15 y más años, tiene un 6.1 %, debajo del promedio de 6 %. La asistencia escolar inicial tiene un 89.7 %, a poco de alcanzar la media de 90 %. En la asistencia escolar primaria y secundaria, tiene un 83.3 %, debajo del indicador nacional de 89 %. Por último, la población con secundaria a más, tiene un 56.4 %, lo que representa poco más de la mitad de la población con este grado de instrucción que suele ser de 59 % en el país.
El porcentaje de los estudiantes de 2do grado de secundaria con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas, es de 6.8 %, menor al promedio de 7 %. Otro resultado es el 29.5 % de los estudiantes de 2do grado de primaria con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas, superando apenas la media de 29 %. Por último, en colegios con acceso a Internet, cuenta con un 69.4 %, muy por encima del promedio nacional de 47 %.
En el sector Laboral, a pesar de la discutida incursión de ciudadanos extranjeros en plazas de trabajo de miles de empresas lambayecanas, en promedio, se mantiene la realidad de los trabajadores nacionales. Los indicadores muestran las siguientes cifras:
El nivel de ingresos por trabajo es de aproximadamente mil 108 soles, inferior a los mil 365 soles promedio. En la brecha de género, el valor en porcentaje de ingresos laborales femeninos necesarios para alcanzar los ingresos masculinos, es de 38.5 % a comparación de la media de 29 %, dejando una gran incertidumbre por la igualdad de género. El índice de la Población Económicamente Activa – PEA, adecuadamente empleada, es de 52.9 %, casi al límite de 53 % a nivel nacional. En educación de la fuerza laboral, el valor de la PEA ocupada con al menos educación superior es de 28.9 %. En creación de empleo formal, el valor en promedio móvil tres años de la variación anual es de 2.5 %. En la generación de empleo informal, el porcentaje de la PEA ocupada es de 75 %, superando la media de 73 % y generando controversia ya que si bien es cierto se genera trabajo para la población, el porcentaje es elevado a comparación del empleo formal. Por otro lado, el desempleo juvenil urbano es de 12.3 %.
PILARES POR MEJORAR
En el Entorno Económico, Lambayeque descendió dos puestos debido a una menor disponibilidad de servicios financieros, además de contar con el presupuesto público per cápita más bajo a nivel nacional. Ubicado en el puesto nueve, sus indicadores reflejan lo siguiente:
El valor del producto bruto interno real es de once mil 324 millones de soles, mientras que el del país fue de 514 mil 927 millones de soles. El Producto Interno Real per cápita es de ocho mil 510 soles. El stock de capital por trabajador es de 17 mil 112 soles. El presupuesto público per cápita ubica a la región en el último puesto con 256 soles. El gasto real por hogar mensual es de dos mil 450 soles, encima del promedio de dos mil 367 soles. El incremento del gasto real por hogar es del 2.7 %. El número de agentes bancarios, oficinas o cajeros automáticos por cada cien mil habitantes adultos es de 776. El acceso a crédito se refleja en el porcentaje de deudores entre el total de habitantes adultos que es de 38 %.
En Infraestructura presenta los siguientes números: La cobertura de electricidad por red pública es del 96.7 % de hogares, superando la media de 95 %. El valor del precio de la electricidad en centavos de US$/kW.h es de 13.1. El valor en porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante la red pública es de 90 %, superior al 88 % del indicador nacional. La continuidad de la provisión de agua es de 14.4 horas al día. Asimismo, el porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado abarca un 76.9 %, superior al 70 % promedio. Además, el 28.8 % de hogares cuenta con acceso a Internet y el 94.7 % con al menos un miembro que tiene teléfono celular. Por último, la densidad del transporte aéreo es de 429, el cual indica los movimientos de pasajeros vía aérea (entrada y salida) por cada mil habitantes.
En salud, Lambayeque mantiene muchas cifras en los indicadores. La esperanza de vida al nacer es del 76.8 %. El número de muertes de niños de hasta cinco años por cada mil nacidos es de 8. El porcentaje de niños menores de cinco años que tiene una longitud o talla menor a la esperada para su edad y sexo, según el patrón NCHS, es de 7.8 %. Además, el 70.9 % de la población padece problemas de salud crónicos y no crónicos. La cobertura de personal médico es de 18.7 por cada diez mil habitantes, mientras que la cobertura hospitalaria por cada cien mil habitantes es de dos hospitales. El porcentaje de partos ocurridos en establecimientos de salud en los cinco años antes de la encuesta es de 93.8 %, además, el 77.9 % de la población tiene un seguro médico, superando el promedio de 76 %.
CONTRASTE CON REGIONES VECINAS
La Libertad retrocedió una ubicación y dejó de pertenecer al tercio superior de competitividad. Este desempeño responde a la caída de nueve posiciones del pilar Instituciones, en donde se ubica como la región con menor ejecución de inversión pública. Además, en el pilar Entorno Económico, retrocedió un puesto por menor gasto real por hogar y menor acceso al crédito. Sin embargo, sus mayores pilares ubicados entre las 25 regiones, son Salud (puesto 6), Laboral (puesto 5) e Infraestructura (puesto 9).
Piura retrocedió una posición en el índice y se ubica en el puesto 13. Este resultado responde a la caída en cuatro de los seis pilares de competitividad. El pilar Instituciones retrocedió nueve posiciones, ubicándose en el penúltimo lugar, debido a la menor ejecución de la inversión pública, la menor resolución de expedientes judiciales y el mayor número de homicidios. Del mismo modo, la caída de tres posiciones del pilar Educación se explica por la menor asistencia escolar en los niveles inicial, primario y secundario.
Tumbes avanzó dos posiciones respecto al año pasado y se ubica en el octavo puesto. Ello se debe al avance en cinco posiciones en el pilar Laboral, así como el avance en una posición en los pilares Entorno Económico, Salud e Instituciones. El aumento del pilar laboral se debe principalmente al incremento sustancial en la creación del empleo formal y a la disminución significativa de la brecha de género en ingresos laborales. Sus fortalezas son el sector Laboral y Educación, ubicados en el puesto seis a nivel nacional.
El crecimiento de la economía lambayecana en los últimos años se ha visto afectado por el aumento del comercio informal, pues cada negocio que se emprende está obligado a seguir un camino engorroso de documentos y permisos que generalmente se vuelven el principal el problema para que una empresa actúe en la legalidad.
María Astrid Reynoso de Vargas, gerente del Estudio Reynoso, empresa que brinda servicios de consultoría en materia contable y tributaria, explica que en Lambayeque existe mucha desorientación sobre estos temas, causa primera de la existencia de mínimos contribuyentes con el país.
“Los contribuyentes le temen a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, pero se trata de cambiar el chip. Debemos trabajar bien y fundamentar nuestras operaciones de tal manera que cuando seamos sometidos a una revisión, afrontemos los procedimientos con éxito”, señala.
INFORMALIDAD EN LAMBAYEQUE
El comercio ambulatorio es la principal actividad informal, sin embargo no es más que una de las distintas manifestaciones del problema que consiste en el desarrollo de actividades comerciales al margen de las disposiciones legales.
Para María Astrid Reynoso, la informalidad existe a nivel nacional porque el gobierno no tiene una actitud firme y flexibiliza las normas beneficiando a ciertas empresas, situación que en lugar de apoyar el crecimiento de las instituciones, aumenta la ‘viveza’ de un sector del empresariado.
“Se le debe enseñar al contribuyente cuáles son los beneficios de formalizar. Muchas personas dirán: yo trabajo como ambulante y tengo ingresos con los que solventar a mi familia, pero a la larga desemboca en un grave problema”, menciona.
Al formalizar una empresa la persona obtiene líneas de crédito más baratas, porque el sistema financiero tiene opciones especiales para las PYMES. Además puede participar en licitaciones nacionales e internacionales o participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, entre otros beneficios.
“Si un vendedor ambulante, por ejemplo, no declara sus ingresos, pero tiene capacidad de consumo es ‘incoherente’ para la SUNAT. Ahí vienen los problemas y limitantes, pues esta persona se vuelve un deudor tributario y pierde crédito para el sistema financiero. Entonces aparecen los testaferros, otra ilegalidad”, dice.
Otro de los problemas que enfrenta la región es la evasión tributaria que se manifiesta en la no entrega de comprobantes de pago, comprar o clonación de facturas. Agrega que la población informal se concentra en el área urbana y los sectores más afectados son el comercio, el transporte y las industrias.
Hasta el 2017, en la región Lambayeque, en el rubro de servicios y comercio, el número de microempresas formales fue de mil, mientras que las informales registran cinco mil. Y a nivel nacional, la población que labora en la informalidad representa el 75 %.
“Urgen medidas para una cultura del cumplimiento del emprendedor o para la formalización del que tiene un pequeño negocio. La informalidad es un tema preocupante y peor aún la evasión tributaria. Los informales no tienen seguridad social, régimen de pensiones y ningún tipo de beneficios. Son personas que ganan cierto dinero a la semana, pero si se enferman y dejan de laborar, no tienen cómo sustentar a su familia”, indica.
AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD
De acuerdo con María Astrid Reynoso, los funcionarios de la SUNAT deben orientar a las personas y a los contribuyentes sobre qué hacer para evitar contingencias tributarias, pues es una manera de apuntar al crecimiento del país. Sin embargo, no lo hacen.
“Existe la frase ‘la SUNAT, cada día, más cerca de ti’; pero solo están cerca para hacer un llamado ante un problema tributario. En el Perú no existe una cultura tributaria y el empresario le tiene miedo a la SUNAT”, sostiene.
La cultura tributaria consiste en el cumplimiento de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley y responsabilidad ciudadana. Por ello, ante la ausencia de información para los contribuyentes y empresarios que enfrentan problemas tributarios o que están proceso de constitución, el Estudio Reynoso junto a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque absuelve consultas tributarias gratuitas para el público en general todos los jueves, de 9:00 a 11:00 de la mañana.
“Urge una cultura tributaria y ella debe gestarse desde el colegio. Es necesario enseñar a los niños a tributar para trabajar con tranquilidad y no arriesgar la economía del hogar”, refiere.
“En cuanto a los incentivos tributarios existe una gama de regímenes que favorecen a las grandes empresas, pero para las pequeñas no los hay desde la eliminación del RUS, que era uno de los principales incentivos no tanto para recaudar fondos, sino para incentivar a la formalización”, finaliza.
