Hace exactamente un año, el 15 de febrero del 2015, la firma brasilera Queiroz Galvão presentó una Iniciativa Privada Cofinanciada para la construcción, operación y mantenimiento de dos componentes del Plan Hídrico Regional: la presa de La Montería y el Hidráulico Sicán.
El proyecto, cuya ejecución se estima en 700 millones de soles, fue derivado por Proinversión al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, receptor de la propuesta, quien inmediatamente hizo partícipe de la misma al Gobierno Regional de Lambayeque y este a su unidad especializada, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, al ser ambas obras de vital importancia para garantizar el uso responsable del recurso hídrico en el Valle Chancay Lambayeque y, además, ampliar la frontera agrícola.
En los meses siguientes a la presentación de la iniciativa se inició el análisis en el nivel técnico, emprendido el PEOT la tarea de buscar que se priorice también la recuperación de tierras imposibilitadas hoy de producir por la salinización (45 mil hectáreas aproximadamente), por lo que a la propuesta inicial se agregó también el drenaje vertical y por drenes de las zonas perjudicadas en el Valle Chancay – Lambayeque.
INICIATIVA CONSISTENTE
La iniciativa, denominada “Sistema hídrico integral del Valle Chancay Lambayeque”, propone que del total del costo de la obra, la constructora aporte el 72 %, en tanto el Estado Peruano asume el 28 % restante, del cual el 80 % correspondería al MINAGRI y el 20 % al Gobierno Regional de Lambayeque.
Por esta característica, el Consejo Regional de Lambayeque, luego de recibir opinión técnica y legal favorable, arribó al Acuerdo Regional N° 097-2015, del 18 de diciembre pasado, declarando que la propuesta de iniciativa privada es consistente con la política del gobierno regional en materia de desarrollo agrario, por lo que da opinión favorable, aceptando el monto de cofinanciamiento (20 % del 28 % que asume el Estado Peruano), condicionado al dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
Este acuerdo fue ratificado el 6 de enero de este año por el colegiado regional y en este (Acuerdo Regional N° 001-2016), se señala aceptación del cofinanciamiento de parte del gobierno regional únicamente hasta por el 20 %. Si este monto varía tras los estudios técnicos, la posición del gobierno regional seguirá siendo la misma.
El MINAGRI también ha emitido opinión favorable a la iniciativa aprobando su cofinanciamiento, pero el asunto aún no recibe el mismo veredicto del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco ha sido admitido a trámite por Proinversión, tal como se puede corroborar en el portal web de la agencia de promoción del Estado.
LO QUE VIENE
Quiere decir que aún hay un largo trecho por recorrer hasta saber, primero, si la iniciativa Queiroz Galvão es viable técnica y económicamente.
De acuerdo al flujograma de Proinversión, los procedimientos a seguir por una Iniciativa Privada Cofinanciada – IPC son: la Elaboración y Aprobación de Contenidos Mínimos Específicos, donde participa el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y luego a la definición del Plan de Trabajo y Cronograma. Pasos seguidos son la formulación de los Estudios de Preinversión, la Declaratoria de Viabilidad, el desarrollo del Análisis Costo-Beneficio y la Declaratoria de Interés.
Si se presentarán otros postores interesados se someterá a un concurso público internacional. De no ser así se optaría por la Adjudicación Directa.
LA PROPUESTA
La iniciativa privada de Queiroz Galvão propone en el caso de La Montería superar los volúmenes estimados en el Plan Hídrico Regional, toda vez que plantea un plan de construcción inicial para almacenar 110 millones de metros cúbicos de agua en una primera etapa.
“Ese mismo diseño podría llegar a 180 o 210 millones de metros cúbicos, eso lo estamos evaluando y quedará definido en los próximos meses de acuerdo al avance de los estudios”, señaló en entrevista exclusiva concedida a Expresión Alberto Ravaglia, Director Comercial de la constructora.
En el caso del hidráulico Sicán se propone la construcción del embalse para contener 50 millones de metros cúbicos en su primera fase, pero con un potencial de distribución de agua de 170 millones de metros cúbicos, de los cuales 70 serían para uso poblacional, solo y exclusivamente para el uso urbano distribuido entre Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, y en el futuro Pítipo, Túcume y otros distritos del Valle La Leche.
“Inicialmente se ha previsto que La Montería suministre agua solo para el uso agrícola y ampliación de la frontera cultivable, lo que permitirá el mejoramiento de 37 mil hectáreas y la incorporación de 33 mil 200 nuevas hectáreas solamente para el Valle Chancay – Lambayeque, posibilitando incluso irrigar las pampas de Reque y el desierto de Mórrope. El hidráulico Sicán servirá para regularizar todo el suministro de agua en las 87 mil hectáreas que actualmente están cultivadas en el valle Chancay y ampliar ocho mil 200 más que hemos identificado”, comenta el representante de la constructora.
Añade que para abastecer al embalse Sicán sería necesaria una derivación de aguas del río Chancay y los estudios técnicos determinarán si se empleará el exceso de aguas del reservorio de Tinajones o si se construye un canal especial.
“En una segunda o tercera fase de este proyecto se podría considerar la ampliación de la presa para abastecer al Valle La Leche. Por ahora, no se ha incluido en la iniciativa privada que Sicán sirva para ello. Existe la posibilidad técnica de unir a ambos valles, con la transferencia de los excedentes de las aguas de Tinajones hacia La Leche. El problema del valle La Leche es que la cantidad de agua es escasa, solamente 250 millones de metros cúbicos al año y de manera estacional, solo en temporada de lluvias. Para poder reservar el agua se tendría que construir una represa ahí y eso está considerado en el Plan Hídrico”, menciona Alberto Revaglia.
Acota que la iniciativa de inversión que Queiroz Galvão ha presentado a Proinversión considera el pago por las afectaciones que la ejecución de las obras podrían generar a las comunidades campesinas, posesionarios y propietarios en las zonas de influencia tanto de la presa La Montería como del Hidráulico Sicán. “Para la ejecución de ambos proyectos estimamos una inversión aproximada de 700 millones de dólares. Hemos pensado justamente en no perjudicar a las poblaciones que se puedan ubicar en las zonas donde se construirían los proyectos. Queremos afectar en lo mínimo a las comunidades y para ello estamos considerando poner a disposición de las comunidades cinco mil hectáreas a las que dotaremos de infraestructura y agua. Esto es parte de la propuesta”, señala.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
En palabras del gerente general del PEOT, Juan Saavedra Jiménez, la iniciativa resulta interesante para Lambayeque por cuanto con ambas estructuras se daría un mejor uso al recurso hídrico, evitando así que el agua excedente del reservorio de Tinajones se siga perdiendo en el mar. En promedio, más de 200 millones de metros cúbicos se pierden al año.
“En el Valle Chancay – Lambayeque se tiene diversos problemas, como la salinización de tierras, una mala cultura del uso del agua, una baja tarifa que no permite hacer la operación y mantenimiento del sistema de Tinajones como se quisiera, la falta del uso del agua subterránea y que no se haya automatizado el sistema, además del agua que se pierde ya sea por ineficiencia o por falta de infraestructura de captación”, refiere.
El PEOT elaboró el Plan Hídrico Regional y como componentes de este los perfiles de La Montería y Sicán, procesos en los que – asevera el funcionario – se ha desarrollado un intenso trabajo con las comunidades de la zona, a fin de socializar estos proyectos.
“Hasta el momento la iniciativa no está admitida a trámite, se tiene que esperar la evaluación del MEF y posterior a ello que se elaboren los términos de referencia para que se hagan los expedientes donde estará incluida la socialización. En el procedimiento que tienen las iniciativas privadas el proponente no es necesariamente el que gana, está permitido el ingreso de terceros por costos o una mejor propuesta técnica y que este sea el ganador. Otra cosa importante es que no por el hecho que esté siendo evaluada por el MEF quiere decir que se le otorgará la viabilidad. La iniciativa puede ser eliminada por costos, por problemas sociales o por otros parámetros que Proinversión considere”, explica Saavedra Jiménez.
LA TARIFA
Actualmente el metro cúbico de agua en el Valle Chancay Lambayeque cuesta 0.03125 centavos de Sol, monto ínfimo en comparación a otros valles con riego regulado.
Con una tarifa similar ejecutar la IPC no sería rentable para la constructora, puesto que recuperar su inversión le demandaría más del tiempo inicialmente estimado.
Juan Saavedra explica que la diferencia pasa porque Queiroz Galvão propone la incorporación de 33 mil 200 nuevas hectáreas, a cuyos propietarios (se entiende empresarios del rubro agroexportador) se les aplicará una tarifa diferenciada acorde a lo que pueda estimar la Autoridad Nacional del Agua – ANA. Con esto sería posible recuperar la inversión.
Otra alternativa sería la venta de tierras (como sucedió en Olmos), pero esto – de acuerdo al resumen ejecutivo al que ha tenido acceso el PEOT – no se habla. A esto se sumaría el inconveniente de la disponibilidad de tierras para subastar. La particularidad del Proyecto Olmos es que durante el gobierno de Alberto de Fujimori se expropiaron tierras a favor del Estado y estas fueron las vendidas.
“La iniciativa sí considera una gradualidad de la tarifa de agua para las diversas partes del valle. Hay tierras que fueron en determinado momento dadas a la Fuerza Aérea, más de 29 mil hectáreas, y que ahora el Gobierno Regional de Lambayeque busca que sean revertidas. Quizá se podría pensar en estas tierras. Sin embargo, todos estos aspectos deberán ser atendidos por la proponente y estas preguntas estoy seguro que las formulará Proinversión”, menciona.
Finalmente, el gerente general del PEOT señala que el visto bueno del Gobierno Regional de Lambayeque a la iniciativa privada presentada por Queiroz Galvão no significa, en ningún modo, renunciar al anhelo lambayecano de concretar la segunda etapa del Proyecto Tinajones, viable en una propuesta birregional que genere beneficios para las poblaciones de Cajamarca.
PREOCUPACIÓN
Con esto, se ponen paños fríos a la preocupación expresada la semana anterior por el past decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Ciro Salazar Montaño, quien refirió la necesidad de hacer partícipes del proceso de la iniciativa a los agricultores del Valle Canchay Lambayeque, pues entiende que la ejecución de las obras significarán el sinceramiento de la tarifa de agua y esto puede desencadenar un problema social.
“La iniciativa es muy buena para Lambayeque porque son obras que realmente se necesitan, pero considero que es nuestro deber el velar también por los intereses de los agricultores, quienes serán finalmente los que paguen el proyecto con la tarifa de agua”, señaló Salazar Montaño.
El próximo domingo más de 20 mil socios habilitados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tumán debían acudir a las urnas para elegir a sus representantes a la Asamblea de Delegados. Sin embargo, un reciente comunicado del Comité Electoral ha dejado sin efecto la postulación de la lista ‘Renovación y Honestidad’, con lo que deja el camino libre para que los partidarios de la actual administración continúen en el poder por dos años más. Lo cierto es que en este asunto hay mucho por explicar.
Cansados del abuso de poder y las presuntas irregularidades al interior de la Cooperativa de Ahorro y Crédito – COOPAC Tumán, un grupo de accionistas inicia un movimiento con la finalidad de controlar las acciones de quienes tienen a cargo la directiva de la entidad crediticia, y exigir el respeto de la normativa organizacional y los procesos electorales para el equilibrio sostenible de la empresa.
José Asunción Reyes, socio de la COOPAC, denunció en ocasiones anteriores la vulneración de la Ley General de Cooperativas ante la restricción de los socios a los cargos directivos, impidiéndose la inscripción de otra lista paralela a la oficialista. De esta forma se estaría faltando también al sufragio, derecho reconocido por la Constitución Política del Perú.
CARGOS ETERNOS
“El actual gerente general de la COOPAC, Juan Romero Zeña, lleva 12 años enquistado en el cargo y con ayuda de su lista ‘Integremos Tumán’ ha conseguido su reelección en tres ocasiones, sin competencia alguna”, declara Asunción Reyes.
Sin embargo, la presencia de partidarios del actual gerente se ha extendido hasta el Comité Electoral, el cual se encuentra copado de amigos de Romero Zeña, según explica el abogado. “Han conseguido modificar los estatutos y actualmente se carece de un equilibrio real de poder entre los asociados, falta democracia en el servicio, accesibilidad a los cargos dirigenciales y la participación en las asambleas”, sostiene.
Añade que todos referido falta al segundo principio cooperativo, que rige a todas las entidades de esta categoría y que debe ser respetado. Asimismo, las irregularidades referidas al ámbito electoral se contraponen al artículo sexto de estos procesos, donde se establece que ninguna organización cooperativa podrá conceder ventajas, preferencias u otros privilegios a sus promotores funcionarios o dirigentes.
“Como todo proceso electoral, este debe ser programado y comunicado a todos los miembros de la cooperativa. Lamentablemente ellos han desarrollado por años estos procesos de forma paralela a los socios, impidiéndonos conocer los plazos para las elecciones y votaciones”, indica José Asunción.
Entre las publicaciones omitidas por el Comité Electoral se encuentran las fechas para interponer y absolver tachas, así como la fecha de publicación de las listas.
Por si fuera poco, la COOPAC se encuentra en la obligación de brindar capacitaciones en cooperativismo, curso requerido para la participación de un miembro en el consejo administrativo, el cual no ha dictado desde hace tres años. “Si alguien quiere postular tiene que ir a otra cooperativa para llevar estos cursos, lo cual es un absurdo, pero es nuestra realidad”, refiere José Asunción.
Es por esta razón que ante los abusos por parte de la actual directiva, Asunción Reyes y otros socios han decidido estructurar una lista bajo el nombre de ‘Renovación y Honestidad’, la cual será propuesta en las actuales elecciones a desarrollarse el 6 de marzo. Por otro lado, el mismo comité ha denotado su parcialización.
“Hemos elaborado la lista con distintos miembros de la COOPAC y el proceso no ha sido fácil, nos dieron 48 horas para recaudar 82 firmas en vista que varias de las que habíamos adjuntado en la presentación de la ficha de nuestra lista no tenían vigencia, pues la observación consideraba como no aptos a quienes se encuentren con deudas”, describe el presidente del movimiento ‘Renovación y Honestidad’.
IRREGULARIDADES PRESENTADAS
Otro de los hechos que el abogado considera inaudito es la selectividad y la minuciosidad en la aplicación del reglamento de elecciones con el que cuenta la empresa por parte del Comité Electoral para con sus militantes, mientras que del otro bando permiten la inscripción de quienes, en algunos casos, registran deudas, según reportes emitidos por Sentinel, central de riesgos, alertas y reporte de deudas a la que cualquier ciudadano puede acceder siguiendo su debida inscripción.
“El Comité Electoral está parcializado. Tenemos el caso de nuestro militante Gonzalo Terrones Colunche, quien fue tachado por el comité bajo la excusa de no contar con estudios secundarios completos, hecho que es falso. Enviamos nuestra respuesta al comité certificando que Terrones Colunche tenía estudios secundarios completos, entregando su certificado de estudios que lo ratifica”, sostiene Asunción Reyes.
Fueron separados por el mismo motivo Dalia Estela Aguilar y Lorenzo Benavides Zambrano.
Se consideró también la exclusión de la lista de María Zapata de Fenco y Martha Colmenares Horna, pues cuentan con mala calificación en el sistema financiero; así como la separación de Emiliano Zafra Huamán por no contar con un total de cien aportaciones.
Sin embargo, el Comité Electoral, mediante el comunicado N° 03, presentado el primero de febrero, señala textualmente “tener por retirada la lista de Renovación y Honestidad por no cumplir con la presentación de candidatos mínimos para la participación de los comicios del 2016, conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones”.
Yamunaqué Huertas afirma que el movimiento ha cumplido con todos los requisitos y que le Comité Electoral ha declarado fundadas las tachas de forma arbitraria, alejándose de la norma.
“Con esto prácticamente nos han sacado de carrera. A pesar de ello, en ningún acápite del reglamento se limita de participación a nuestra lista por contar con 20 miembros”, explica.
Agrega que cuando se desarrolla la renovación de tercios, la totalidad de delegados es 33, entrando 22 miembros de la lista ganadora y 11 de la perdedora.
“La Ley General de Cooperativas no restringe el derecho de inscripción para nuestra lista. Además las tachas que han realizado a nuestros participantes fueron respondidas por nuestra parte, presentando documentos que niegan los motivos remoción, más no hemos recibido respuesta alguna”, sostiene Ricardo Yamunaqué.
Agrega que iniciarán las acciones judiciales a fin de suspender el proceso electoral y se restituyan los derechos fundamentales para las votaciones.
“Es increíble que en las tachas que nos han presentado no se hayan adjuntado prueba alguna, demostrando la parcialidad del comité, mientras que nosotros hemos entregado documentación que refuerza nuestros reclamos”, indica el representante del movimiento.
Por otra parte, con la remoción de la lista surgiría una problemática en razón que el movimiento ‘Integremos Tumán’ no cuenta con los 33 miembros completos (solo tiene 28 tras las cinco tachas realizadas), generando dudas sobre cómo se incluirán estos espacios vacíos.
“La norma establece que son 33, nos comentaron que en otras ocasiones se completaron los miembros con integrantes de las listas fallidas, sin respetarse los procesos electorales correspondientes”, señala el directivo del movimiento.
Finalmente, Asunción Reyes considera que es hora de un ordenamiento financiero en la empresa, pues lleva años realizando gastos excesivos que no benefician a los asociados. “Recientemente compraron un software, el cual hasta la fecha no ha sido aplicado a la cooperativa; en el caso del patrimonio inmaterial, se han realizado construcciones y reparaciones sin la elaboración mínima de un expediente o ficha técnica, por lo que solicitaremos una auditoria que ponga orden a las finanzas de la COOPAC Tumán”, agrega.
LAS PROPUESTAS
Entre las propuestas que presentaba el movimiento para con sus socios se consideró la restitución de sorteos promocionales y eventos emblemáticos; la prestación de servicios médicos básicos: odontología, análisis clínico y medicina general; la realización de cursos de cooperativismo y familia y el mejoramiento de la tasa de interés por depósito a plazo fijo.
“Contamos con un aproximado de 20 mil socios hábiles, quienes votarán este 6 de marzo, y estamos trabajando por que nuestras propuestas se hagan conocer. Sabemos que varios de nuestros compañeros se encuentran inconformes con la actual realidad de la cooperativa y esperamos que más miembros se incorporen a la causa, pues ya estamos cansado de seguir en lo mismo”, indica Ricardo Yamunaqué.
En el aspecto institucional, el plan de trabajo considera la modernización del sistema de pagos, así como la reingeniería del sistema informativo, la revisión y resolución de contratos con empresas privadas que no han cumplido en sus contratos y el mantener la independencia de la cooperativa ante la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS.
El plan de trabajo concluye considerando como medidas financieras la evaluación de las agencias y su transformación a oficinas de trámite. “Contamos con agencias que suponen un gasto adicional para la cooperativa por el bajo flujo de clientes que recibe, por lo que realizaremos una evaluación de cada una de ellas para determinar cuáles deben continuar como tal”, agrega el presidente del movimiento.
Se ha considerado también el repotenciamiento de la COOPAC en relación a sus gastos e ingresos, maximizando su rentabilidad, y la revisión y ejecución de los procesos que se encuentran pendientes de pago ante las instituciones públicas y privadas.
Asunción Reyes considera que es hora de tomar cartas en el asunto y trabajar por el bien de la Cooperativa Tumán. “No descartamos tomar acciones legales para quienes hayan incumplido con sus funciones, pues se deben emitir las sanciones penales, civiles y administrativas a quien le corresponda”, culmina el abogado.
A pesar de la disminución del riesgo de un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria, las autoridades distritales, provinciales, regionales y del gobierno central continúan desarrollando actividades de prevención ante esta alteración climática. Por otro lado, se especula también una sequía en el norte de país, perjudicando a los agricultores, quienes no podrán desarrollar sus cosechas adecuadamente. Agustín Basauri Arámbulo, jefe de la oficina regional del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, regresa a Chiclayo con la finalidad de afrontar la problemática de los próximos meses.
“Asumí el cargo el primero de enero de este año. Soy chiclayano de nacimiento y hasta el 2012 estuve como director regional del INDECI, luego he trabajado en el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED”, comenta.
Agustín Basauri llegó a la ciudad por una coordinación del jefe institucional del INDECI, quien le solicitó asumir el cargo en un período donde podría presentarse con mayor gravedad o no el Fenómeno El Niño – FEN.
Trabajos de prevención
Refiere que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres le otorga competencias al Instituto Nacional de Defensa Civil en tres procesos: preparación, respuesta y rehabilitación.
“Nos da competencias normativas y en algunos casos exclusivas de conducción, básicamente los responsables de la implementación de la gestión de riesgo son los municipios distritales y provinciales, así como el gobierno regional”, explica el jefe regional del INDECI.
Es por esta razón que la institución ha realizado un diagnóstico situacional de las diferentes dependencias de toda la región. “Hemos observado un gran avance en el trabajo de preparación ante el FEN, liderado por el gobierno regional a través del Centro de Operaciones de Emergencias Regional – COER, con ayuda del ingeniero Carlos Balarezo, quien ha participado en esta integración y preparación ante el peligro eminente que es el FEN”, manifiesta.
Se determinó la realización de actividades con las entidades del gobierno nacional. “Cuando se estaba gestando el FEN a mediados del 2015 se le entregó dinero al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, para que a través del Programa Subsectorial de Irrigación – PSI, entrara a realizar actividades de descolmatación, limpieza y encauzamiento en los ríos de la región. Ese es el escenario en el que se ha trabajado”, describe Agustín Basauri.
Se ha invertido en las cuencas de la región Lambayeque un aproximado de 81 millones de soles para obras de estas características, pero aun así es insuficiente según el jefe regional del INDECI, puesto que existen más puntos que deben de ser descolmatados y limpiados porque “el período de ejecución ha sido corto y el presupuesto insuficiente para tanta demanda”.
Este déficit se centra básicamente en la cuenca del Taymi Antiguo, de La Leche y en el Zaña, que se encuentran pendientes de ejecución. “Ahora tenemos otra gran posibilidad, porque a través de un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque – GRL, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está brindando maquinaria pesada para el trabajo en ciudades”, sostiene Basauri Arámbulo.
LO QUE SE TIENE Y LO QUE FALTA
En Lambayeque existen 35 plataformas de Defensa Civil de nivel distrital, tres a nivel provincial y una regional. De las 39, cuatro de ellas no cuentan con planes de contingencia ante el FEN, pero todas sí tienen grupos de trabajo y plataformas de Defensa Civil; el problema principal es la operatividad de estas, ya que a pesar de contar con profesionales designados, roles y competencias, muy pocas se mantienen operativas (realizan reuniones continuas), o no cuentan con planes o actividades que les permita coordinar y articular.
“Cuando hemos asumido el cargo identificamos esta problemática y estamos en plena intervención de 16 municipalidades que son las que tienen antecedentes de El Niño y que necesitan entrar en operatividad. Las hemos dividido en municipalidades de la cuenca el Taymi, La Leche, el Zaña y el Chancay; estamos en el proceso de implementación”, enumera.
Este programa inició el 18 de enero y se llevará a cabo la quincena de febrero, se encuentran incluidos los distritos de Pueblo Nuevo, Mesones Muro, Picsi, Ferreñafe, Jayanca, Pacora, Íllimo, Mórrope, Lambayeque, Oyotún, Nueva Arica, Úcupe, Monsefú, La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo. “También vamos a coordinar acciones para un simulacro regional que nos permita ver cómo es que podemos ver el tema del emplazamiento y distribución de equipos de primera respuesta ante el FEN”, agrega el jefe regional del INDECI.
A través del Gobierno Regional de Lambayeque se coordina el alcance de los planes de contingencia que permitan el diagnóstico del territorio para ver qué acciones se pueden realizar y coordinar con las entidades. Si una municipalidad no cuenta con su plan de contingencia no afrontará una emergencia de la forma más adecuada, haciendo que niveles superiores (provincial y regional), asuman responsabilidades que debieron ser atendidas por el distrito, según considera Agustín Basauri.
Los cuatro distritos que no cuentan con plan de contingencia son Monsefú, Picsi, Nueva Arica y Pátapo. “Hemos solicitado a los distritos tomar acciones de manera inmediata, actualicen sus documentos y presenten la información a fin de reforzar su capacidad de respuesta pensando en la rehabilitación”, señala.
El escenario cambió en el último trimestre del 2015 con la reducción de los indicadores sobre el FEN, pasando del nivel extraordinario al moderado, lo cual generaría lluvias puntualizadas que generarán inundaciones y desbordes en algunos puntos focalizados. “Estamos incidiendo mucho en que se mantenga la operatividad de las plataformas, que se coordinen las acciones de respuesta con el gobierno regional y con nosotros para dar una respuesta adecuada en el menor tiempo posible”, expone el representante del INDECI.
Trabajan a la par con el PSI, el Proyecto Especial Olmos – Tinajones – PEOT, Provías Nacional y Departamental, el Obispado de Chiclayo (a través de Cáritas) y el Ministerio de Defensa (conformado por el ejército, la fuerza aérea, la marina y la policía).
“Hemos tenido una reunión el último lunes donde se les ha informado del estado situacional de la región frente al FEN y ellos nos han comentado que están disponiendo de un batallón de oficiales del ejército que cuenta con conocimientos en ingeniería, específicamente en transportes, para que refuercen el aspecto de la transitabilidad, abastecimiento, traslado y ayuda humanitaria”, indica Agustín Basauri.
Actualmente se cuenta con un lote de 60 unidades de maquinaria pesada (pertenecientes al Ministerio de Vivienda y al gobierno regional), según informa Basauri Arámbulo. “Podemos indicar la presencia de cargadores frontales, excavadoras, volquetes, torres de iluminación para trabajar por las noches, camas bajas para transportar la maquinaria, plantas de tratamiento y cisternas de agua, cisternas para el combustible, compresoras, grupos electrógenos, cortadoras de concreto, rodillos, cargadores, mini cargadores y toda una maquinaria fuerte que se encuentra a custodia del gobierno regional, pero a disposición de trabajos de preparación y de respuesta, dependiendo del caso, en coordinación con las municipalidades”, detalla.
Independientemente el INDECI cuenta con 15 mil botellones de diez litros de agua cada uno para atender a los damnificados. Asimismo, se está coordinando con el gobierno regional para identificar los sectores y las entidades que pudieran desarrollar algunas actividades de descolmatación, encimado y otras que reduzcan vulnerabilidades.
ALERTAS Y TRABAJO CONTINUO
En relación a las probabilidades de presentarse una sequía en el norte del país, el jefe regional de INDECI recomienda tener en cuenta los antecedentes de El Niño de los años 82 – 83 y 97 – 98.
“En el primero hubo déficit de precipitación pluvial que generó una sequía y luego se presentó la demasía de las lluvias, mientras que en el segundo las lluvias intensas predominaron el escenario. Ambos escenarios son normales y podrían presentarse, estamos a la espera de cómo se comporte el clima en vista del inicio de febrero, cuando inician las lluvias, estabilizando el tema agrario”, manifiesta.
Independientemente de ello el MINAGRI implementa un plan de contingencia en once departamentos del centro y sur del país donde la situación es peor que en el norte. “Si a finales de febrero no mejora el clima ni se incrementan las lluvias y escasea el recurso hídrico, las autoridades seguramente elaborarán un plan para solucionar esta problemática”, agrega Basauri Arámbulo.
En relación al trabajo de emergencias sísmicas, el jefe del INDECI considera que este es más complicado a comparación con la prevención frente al FEN. “Para mala suerte la población de la región no cuenta con experiencia alguna de un sismo significativo, por ende lo vemos lejano y no hay la sensibilidad ante esta clase de eventos y la respuesta que se debe tener”, alerta Agustín Basauri.
Por esta razón, señala, es importante el trabajo continuo tanto en escuelas como universidades para que dentro de cinco a diez años se puedan ver resultados significativos en la formación de una cultura antisísmica. “Tenemos que lograr la participación de la población en esta clase de eventos”, culmina el representante del INDECI.
Olivio Huancaruna Perales, exitoso empresario y gerente de empresas de renombre nacional e internacional como Altomayo Perú SAC, Agrícola San Juan S.A. y PERUSAC, anunció que postulará a la presidencia de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, para dar un cambio de timón en la institución y lograr que esta impulse los proyectos de envergadura que la región necesita y que están postergados.
Con el lema “Por un auténtico liderazgo empresarial”, la candidatura de Olivio Huancaruna Perales a la presidencia del directorio la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CPPL, para el período 2016-2019, es un claro indicio de que los empresarios quieren tomar el toro por las astas, especialmente cuando esta institución centenaria vive momentos de incertidumbre y necesita nuevas sangre e ideas, prácticamente una reingeniería institucional para que vuelva a ser lo que siempre fue: una organización seria, estratégica en el progreso departamental.
Desde su fundación, hace 114 años, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que hoy agrupa a poco más de 700 empresarios de diversos rubros, ha tenido un rol preponderante en el desarrollo de la región, no solo a nivel gremial, sino también con una visión de futuro.
El Proyecto Olmos y el Corredor Bioceánico, son dos ejemplos claros.
Volver al brillo de antes es el reto que hoy se traza el equipo que lidera Huancaruna Perales, quien directo y sin anestesia, afirma que en los últimos años la institución pasó de ser un ente representativo a una suerte de club de amigos.
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
El empresario dice tener una visión clara de desarrollo para Lambayeque y del rol estratégico que deben explotar las empresas de bienes y servicios: “Sin desarrollo empresarial no hay soluciones. Lambayeque, si no prioriza proyectos, se va a quedar como un pueblo más”, afirma.
“Nuestro programa de trabajo está diseñado en dos bloques, el primero con propuestas para mejorar los servicios a los asociados y el segundo, con las acciones que mejorarán las condiciones para hacer negocios competitivos en nuestro departamento”, explica.
Dentro del plan de trabajo, Huancaruna reitera que “es prioritario impulsar la construcción y operación del Terminal Marítimo del Puerto Eten”, pero que además se pondrá énfasis en ayudar en la promoción de financiamiento para ejecutar los componentes del Plan Hidráulico Regional, donado por la Cámara de Comercio al Gobierno Regional de Lambayeque.
Otra línea de acción es promover e impulsar el desarrollo de un nuevo Parque Industrial tecno-ecológico al servicio de la industria, así como contribuir con mecanismos de promoción nacional e internacional de los principales atractivos de Lambayeque en aras de impulsar el despegue del turismo.
“Esto no camina solo. Queremos impulsar la construcción del Terrapuerto de Chiclayo, así como promover el cumplimiento de los compromisos de inversión en el terminal aeroportuario por parte de la concesionaria y las inversiones para la ejecución del Plan Estratégico Vial Regional”, comenta el empresario.
Señala también que se facilitarán y promoverán acciones de valor compartido entre grandes empresarios agroindustriales que operan en el Proyecto Olmos con las asociaciones de productores del Valle Viejo para mejorar su competitividad.
De esta manera – asegura – se buscará que el trabajo sea equitativo para que no quede solo como un proyecto que beneficie a los cañicultores.
“Vamos a fomentar la instalación de mesas de trabajo multinstitucionales para la solución de problemas estructurales y coyunturales que afectan a la competitividad de nuestro territorio, como, por ejemplo, en el caso de la gestión de los residuos sólidos, y promover la participación de los empresarios para aprovechar los mecanismos de obras por impuestos”, señala.
En síntesis, Huancaruna Perales propone que la Cámara de Comercio Lambayeque sea la palanca que empuje las obras de envergadura que necesita la región, que sea agente defensor de los proyectos estratégicos de infraestructura, como es el caso del Terminal Marítimo, las vías y el Plan Hídrico.
“Lambayeque necesita un megapuerto. El puerto es la puerta hacia el mundo, es la prioridad, por eso felicito las gestiones que ha hecho la Autoridad Portuaria y el Gobierno Regional de Lambayeque por los avances que se han logrado, pero necesitamos darle un impulso mayor para que se empiece a construir a la brevedad posible. Sin puerto, Lambayeque se extinguirá. Si no se hace el puerto, un montón de empresas se van a ir de aquí, se irán a donde la lógica lo indique”, afirma.
Huancaruna Perales también es enfático al precisar que Lambayeque necesita nuevos proyectos hídricos, porque afirma que Olmos no es suficiente.
El factor agua es muy importante y por ello está convencido que la región necesita nuevos reservorios. “Además de Olmos, que ya no lo cuento, tenemos cuatro cuencas: Chancay, Zaña, La Leche y Motupe. Pero no podemos darnos el lujo de que se vaya una gota de agua al mar. Tenemos que hacer muchos reservorios para prever cuando en el futuro se presente una sequía prolongada. Hay que almacenar agua, prepararnos para los tiempos que vendrán. Lo que podemos hacer con el agua que tenemos es impresionante, pero a la vez todavía tenemos una agricultura muy obsoleta, hay que capacitar a los agricultores para que tengan más eficiencia y puedan llegar a hacer agroindustria”, comenta.
Asimismo, insiste en que de llegar a la presidencia de la CCPL impulsará el mejoramiento de la infraestructura vial de Lambayeque, que permita el transporte de los productos de la región y además pueda servir para el turismo. Refiere que en cuanto al tramo de la Autopista del Sol se tiene que hacer mejor y correcciones a los errores detectados, para que realmente cumpla su rol de fortalecer a la macroregión norte del Perú.
Otro punto importante es mejorar la interconectividad y el acceso a las redes de Internet. “Los empresarios tienen que estar conectados, globalizados e internacionalizados en tiempo real con el mundo, porque eso es una oportunidad de negocios. En mi gestión impulsaremos la capacitación de los pequeños y medianos empresarios en comercio digital, también nos esforzaremos en coordinar con nuestras autoridades regionales para instalar y mejorar el acceso a la web en todos los distritos de la región Lambayeque”, afirmó.
Fortalecimiento institucional
Dentro de las acciones para el fortalecimiento institucional, considera la creación e implementación del Área de Proyectos y Cooperación Internacional, -IDI- orientada a temas de innovación, desarrollo e investigación para la mejora de la competitividad de los asociados. Además, promete impulsar la construcción del centro empresarial y de convenciones al servicio de los asociados y del empresariado en general.
“Necesitamos fortalecer los mecanismos de la trilogía: -AGE-, Academía, Gobierno y Empresariado, para que los asociados aprovechen los beneficios tributarios por gastos en innovación, desarrollo tecnológico e investigación científica”, señaló.
Dice que su plan de trabajo incluye mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de la Cámara de Comercio orientados a los asociados mediante capacitación y actualización de los especialistas en temas tributarios, legales, financieros, de exportaciones e importaciones, así como el fortalecimiento de los gremios empresariales y fomento de su participación activa en el Directorio de la institución.
“De llegar a ser elegidos, tenemos el proyecto de construir el Centro Empresarial más grande del norte del Perú, el cual se levantará sobre un terreno de dos hectáreas, donde se construirán salas bien acondicionadas para eventos simultáneos, con auditorios para video conferencias y salas multiusos, con el afán de que los empresarios promueven su producción y se enlacen a través de la tecnología de punta con mercados americanos, europeos y asiáticos para la venta de sus productos y servicios”, menciona.
Otro aspecto, a nivel gremial, es desarrollar una labor de acercamiento con todos los miembros de la Cámara de Comercio, lo cual redundará en la solidez institucional y a la vez atraerá a nuevos y más afiliados.
“Tenemos que buscar convenios interinstitucionales para nuestros asociados, a quienes además se les brindará permanente asesoramiento tributario y jurídico para un mejor desempeño empresarial”, comenta.
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HUANCARUNA: Hombre de empresa
Olivio Huancaruna Perales, tiene dos profesiones: Contador Público Colegio y Licenciado en Administración. Se considera un empresario emprendedor e innovador innato. Es socio fundador y director del Grupo PERUSAC, desde 1979. Asimismo, es socio fundador y director de Altomayo Perú SAC, desde 1998, siendo esta la primera marca lambayecana de café para consumo masivo. Además es presidente del directorio de la empresa Agrícola San Juan SA.
Entre sus logros empresariales está el ser el primer exportador mundial de café orgánico y primer exportador nacional de café durante 20 años consecutivos. También ostenta el primer emprendimiento de exportación de uva de mesa entre Lima y el sur de México, en la costa del Pacífico, desde 1998.
Huacaruna es vicepresidente del directorio de la Caja Sipán desde 2013; consejero en SENATI Lambayeque — Cajamarca Norte; director del Consorcio Hotelero del Norte desde 2000; socio fundador de Ecommerce Logistic Services - ELS, empresa dedicada al comercio electrónico entre Perú y China. Cargos que aún desempeña.
Es Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG y Contador Público Colegiado por la misma casa de estudios. Tiene una maestría en Alta Dirección de la Universidad Privada de Piura, ha seguido el Programa en Alta Dirección PAD de la Universidad de Piura – UDEP, y del PADE en Administración de ESAN.
Estudió en el Program Leadership Balliol College de la Oxford University England; Program Family Enterprise en la IMD Internacional Institute for Managment Development (Suiza); Program Leadership en la Warsaw School of Economics (Polonia); Programa Internacional en Alta Dirección PIAD de la UAI Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
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LISTA DE RENOMBRE
Los integrantes de su lista al consejo directivo de la CCPPL son empresarios y profesionales distinguidos. Lo acompañan:
Nuevamente el presidente de la ONG Pro Justicia, Fernando O’Phelan Pérez, genera polémica, esta vez por la difusión de un audio a través de Youtube, en el que se le oye coordinar acciones de diverso tipo para promover la salida de Marcelino Llontop Suyón, su otrora aliado, de la administración de la Empresa Agroindustrial Tumán. Esto ha puesto en alerta a quienes manejan actualmente la azucarera, quienes advierten emprender medidas legales contra el controvertido personaje.
La relación entre O’Phelan Pérez y Llontop Suyón se fracturó a fines del año pasado. El primero, luego de haberlo apoyado para que el Poder Judicial emita una medida cautelar que disponga el inicio de una nueva administración en Tumán, salió a los medios de comunicación local para denunciar presuntos malos manejos e ineptitud en la conducción de la agroindustrial.
Por su parte, agradecido en cierto modo, Marcelino Llontop terminó admitiendo ante la prensa que la empresa le reconocería cerca de 150 mil soles al presidente de la ONG por sus servicios prestados.
Cambiando el argumento, el asesor legal de la administración de Llontop Suyón, José Rimarachín Carranza, dijo ese mismo día que el pago se realizaría por un estudio económico encargado a Pro Justicia, una organización creada para asuntos legales y jurídicos. Eso pasó a fines de octubre del 2015.
Desde entonces, la presencia de O’Phelan Pérez en Chiclayo, al menos ante los medios de comunicación, fue casi nula, y en paralelo la gestión Llontop Suyón al frente de la azucarera empezó a mostrar serias limitaciones para cumplir con lo ofrecido a los trabajadores. Parte de ello eran los informes de auditoría que se comprometió a ejecutar sobre la anterior administración, la de Segundo Ordinola Zapata y el Grupo Oviedo.
APARICIÓN DEL AUDIO
Concentrados los reflectores precisamente en la formalización de la investigación preparatoria contra los presuntamente involucrados en la existencia de una organización criminal que habría operado durante la administración de Ordinola Zapata en Tumán, y que tendría al empresario Edwin Oviedo Picchotito como cabecilla, el nombre de Fernando O’phelan volvió a ser noticia.
El fin último fin de semana el canal Youtube Justicia Lambayeque difundió un audio en el que se oye al presidente de la ONG y otras personas coordinando acciones a seguir para lograr la salida de Marcelino Llontop de Tumán.
“Reglas para todo… Sin querer queriendo hemos iniciado una ofensiva mediática, una ofensiva jurídica, pero nos falta una ofensiva política. La mediática no es quizá superexitosa pero está buena: Lima, periódicos, radios, redes sociales… Está buena. Todo el mundo sabe que hay problemas en Tumán y todo mundo sabe que la gestión de Marcelino es mala, eso está ya como idea puesta. Lo que no sabe la gente es qué va a pasar después, quién va entrar, cómo va entrar, qué va a pasar. Nadie se está preguntando si regresa Oviedo”, señala en el primer minuto del audio Fernando O’Phelan, quien comparte afirmaciones con sus interlocutores.
OFENSIVA JURÍDICA
Acota que lo denominado como ofensiva jurídica lo componen “los reclamos de los litisconsortes, la consulta a administración, que se haya proveído escritos, que se cuestione al juez Pérez Alquizar y la denuncia ante la ODECMA por el tema de Rimarachín”.
Con esto, el presidente de Pro Justicia hace alusión al juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, Érick Pérez Alquizar, quien otorgó el fallo favorable para que Marcelino Llontop y compañía puedan instalarse en la administración de la azucarera Tumán.
La denuncia ante ODECMA que menciona es la que él presentó en diciembre pasado señalando que fue el abogado José Rimarachín quien redactó la resolución que posteriormente emitiera el magistrado, alcanzando como prueba una conversación digital registrada entre ambos en septiembre del 2015, antes que la administración de Llontop Suyón sea instalada.
Acto seguido, menciona a los litisconsortes César Sandoval y José Torres More, quienes solicitaron al juez Pérez Alquizar la subrogación de la administración de la empresa.
ACCIONES A SEGUIR
“Nos falta lo político, mostrar las caras de los que lideran esta batalla… Lo que quiero sugerir es que estén los tres litisconsortes: Sandoval, Torres y Valencia. Valencia ya aceptó, porque Valencia está humillado por Marcelino el día de hoy. Entonces, Valencia ha aceptado, Sandoval también y yo he conversado con el señor Torres que va a consultar con su comité, qué se yo, y supongo que eso lo sabrá Laurenti para autorizar y nos da luz verde. Solo se sientan los tres, uno cada uno, no se sienta nadie más”.
“Laurenti”, sería Laurenti Coronel Camino, joven colaborador del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán – SUTEATSAA, que lidera Walter Cieza Díaz, dirigente opositor a la gestión de Marcelino Llontop.
En los últimos días, han circulado en las redes sociales fotografías de O’Phelan Pérez y Coronel Camino, quien además es abierto militante del MOVADEF y – tal como lo demostró Expresión en julio del año pasado (Edición 918) - es adepto a la liberación del terrorista Abimael Guzmán Reynoso.
EL PLAN
“Queremos una conferencia de prensa donde los tres perfilen su liderazgo político interno para poder manejar la transición y la salida de Marcelino”, acota O’Phelan Pérez.
Uno de los interlocutores le indica al presidente de la ONG que si lo que se busca es “atacar con todo” solo es necesario disponerlo. Esto significa – a pregunta de Fernando O’Phelan – “atacar al juez, atacar al Marcelino Llontop, a Rimarachín”.
“Empezamos a atacar en Tumán, a romper a los trabajadores”, dice el interlocutor, quien sugiere organizar una paralización.
En la conversación también se habla de controlar las informaciones que se difunden, a favor de la administración de Marcelino Llontop, en las redes sociales y para ello se propone la intervención de correos electrónicos y cuentas en Facebook. A esto, O’Phelan Pérez lo denomina “parte del trabajo sucio”.
Se suman coordinaciones para además de atacar al juez Pérez Alquizar, direccionar acciones similares contra el jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura – ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta.
AZÚCAR DE LA DISCORDIA
“Pro Justicia es una ONG que debe velar por la justicia en el país. Sin embargo, aquí vemos que está actuando de una manera contraria y, aún más, tratando de utilizar a trabajadores de Tumán para lograr propósitos subalternos. Recordemos que el señor Fernando O’Phelan fue un aliado nuestro en la época de huelga, pero detrás de él había intereses oscuros, porque él lo que quería era la comercialización del azúcar y eso no se lo permitimos”, señaló el domingo en conferencia de prensa Marcelino Llontop.
Según el administrador judicial, O’Phelan Pérez buscó tener un diferencial a su favor de hasta ocho soles por cada bolsa de azúcar que comercialice la empresa, pedido que fue rechazado por los trabajadores.
“Por eso esa campaña constante de desacreditarnos, hablando de corrupción, hablando de malos manejos, cosa que descartamos aquí totalmente. Esta es una administración totalmente transparente, que viene día a día buscando lo mejor por los trabajadores. Lamentablemente hay compañeros que están cayendo en esta situación y ahí está el caso del compañero Óscar Valencia, un cuadro dirigencial que hemos tenido Tumán, a quien llamo a la reflexión porque hemos conseguido lo que buscaba la lucha, que era la administración para los trabajadores”, aseveró.
Acotó que si los trabajadores se esforzaron por asumir el control de la empresa fue para manejar la comercialización del azúcar, no para entregarla a terceros.
“Rechazamos ese tipo de actitudes, por eso es que se ha desatado esta campaña día a día contra nuestra administración por supuestos malos manejos que no existen, esta es una administración transparente”, dijo.
Marcelino Llontop refirió que los audios serán presentados al Poder Judicial para que se tomen las acciones pertinentes.
DENUNCIA EN MARCHA
“Estamos bastante consternados por la revelación de este audio en el cual puede notarse de manera clara e inequívoca la intención y las maniobras oscuras de este personaje que inicialmente apoyó a la administración judicial, y que al pretender manejar la venta del azúcar, se alejó y comenzó a entablar una serie de ataques, a conspirar contra la administración para defenestrarla y dar graves ataques al juez de José Leonardo Ortiz”, señaló Johan Arbulú Alayo, asesor externo de la azucarera.
El abogado indicó que con lo dicho en el audio se tipificaría una serie de delitos, como la interceptación del secreto de comunicaciones. “Exhortamos al Ministerio Público para que vía prevención del delito pueda actuar, a fin que estos delitos no se materialicen. Asimismo, exhortamos al juez Pérez Alquizar para que haga valer sus derechos de acuerdo a ley, porque el señor Fernando O’Phelan en las últimas semanas ha estado imputando una serie de hechos graves en su contra, y con el audio se demuestra que todo esto forman parte de acciones difamatorias”, enfatizó.
A 16 meses de permanecer recluidos en el penal de Chiclayo, ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, inmersos en el caso ‘Limpios de la corrupción’, rompieron su silencio rechazando la adecuación de la investigación preliminar que se les sigue al Sistema de Crimen Organizado - Ley N° 30077.
Martín Villanueva Velezmoro, Carlos Santa Cruz Alarcón, Ciro Chávez Marttos, José Baca Távara y Jorge Inchaústegui Samamé, hicieron sentir su voz de protesta contra la investigación que dirige el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, quien a semanas de cumplirse el plazo de 18 meses de investigación dictaminada por la jueza Cecilia Costa Rodríguez Gonzales, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, resolvió adecuar lo actuado a la Ley de Crimen Organizado, a fin de ampliar el período indagatorio a 36 meses.
RECHAZAN ADECUACIÓN
Ellos denuncian que la fiscalía pretende adecuar las investigaciones de presuntos delitos realizados por “personas comunes” a la perpetración de una organización criminal.
Sus abogados explican que, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado, para que exista una organización criminal deben darse los siguientes requisitos: Que se trate de cualquier agrupación de tres o más personas; que exista un reparto de tareas o funciones; que se trate de cualquier tipo de estructura; que abarque cualquier ámbito de acción; que exista cierta permanencia en el tiempo; que tenga como finalidad la obtención de lucro; y que tenga como objeto o función, la comisión de uno o varios delitos graves.
Refieren que siendo estos investigados por los delitos de lavado de activos, peculado, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y otros, no calificarían para ser considerados como expresión de la criminalidad organizada, ya que – según las investigaciones - algunos de estos presuntamente se habrían realizado no como asociación ni mucho menos como organización, sino que se habrían consumado individualmente.
Esto se desprende de las investigaciones realizadas hasta el momento a cada imputado por parte del equipo del Ministerio Público. “Además, son investigados por una fiscalía penal común y no especializada. Lo mismo sucede con el juzgado penal común que ordenó su detención”, señalan.
El 30 de septiembre del 2014 la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el mandato de captura contra el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, familiares, regidores, funcionarios, empresarios, falsos proveedores y colaboradores, por presuntamente integrar una organización delictiva en perjuicio de la comuna provincial, la entidad del saneamiento EPSEL, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH y la Beneficencia Pública.
Un mandato similar se emitió el 11 de diciembre de ese año, siendo capturados dos exgerentes de la comuna, así como el gerente general de EPSEL.
EXIGEN GARANTÍA
“La doctrina conceptualiza al debido proceso como aquella garantía general mediante la cual se va a dotar de rango constitucional a todas aquellas garantías específicas que no han sido reconocidas expresamente en la Constitución. En ese sentido, es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud, deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley”, refiere la defensa técnica de los imputados.
Esta – conformada por los abogados particulares de cada investigado – relieva que incluso la Convención Americana de Derechos Humanos sanciona que “toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella”.
Explica que esto quiere decir que si el fiscal de investigación pretende adecuar las investigaciones a crimen organizado, deberá ser una fiscalía especializada de crimen organizado que vea dichas investigaciones y, por consiguiente, un juez especializado en crimen organizado.
“Es más el fiscal pretende decir que es crimen organizado sin transcendencia nacional, situación que es algo contradictorio vulnerando derechos procesales de los investigados”, advierten los letrados.
“Han pasado 16 meses y aún no terminan con las investigaciones ni reúnen los elementos de convicción”, cuestiona la defensa legal, añadiendo que los imputados se mantienen con los mismos cargos por los que fueron ingresados en el establecimiento penitenciario.
“Por eso pretender adecuar la investigaciones como crimen organizado, es vulnerar derechos procesales de los investigados”, recalcaron.
TUTELA PROCESAL EFECTIVA
Frente a tal situación, los abogados de los ex funcionarios en mención, presentarán una Tutela Procesal Efectiva contra el fiscal responsable Sergio Lucio Zapata Orozco, por considerar arbitrario, abusivo e ilegal lo resuelto en la Disposición N° 145 de fecha 12 de enero del 2016.
“Si el Ministerio Público, quisiera adecuar la presente investigación a una de crimen organizado, primero deberá verificar si tiene facultades para adecuar investigaciones ordinarias a una de crimen organizado y cumplida dicha exigencia; si los hechos materia de investigación, a efectos de ser considerados como crimen organizado, cumplen con los criterios fijados en el artículo 2° de la ley 30077 – Ley Contra el Crimen Organizado”, explicaron los abogados.
Bajo ese contexto, la fiscalía no habría sustentado adecuadamente si la organización criminal denominada por el Ministerio Público “Los Limpios de la Corrupción” cumple con los criterios antes mencionados, por lo que – aseguran - se hará valer los derechos con los recursos que establece la ley cuando los derechos de un procesado son vulnerados.
INVESTIGACIÓN DEFICIENTE
Para los abogados defensores la investigación nació con una serie de deficiencias, documentación fraguada y transgresiones al debido proceso, pruebas que serán exhibidas en el juicio oral.
Durante el presente período indagatorio (16 meses hasta ahora), el Ministerio Público no ha tenido un trato igualitario con los 120 investigados, algunos de los cuales han sido tratados – afirman - con “guantes de seda” pese a la gravedad de los hechos ilícitos cometidos según su propia declaración, como es el caso del ex presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz; y del exgerente de Infraestructura, Carlos Mendoza Oliden.
“Si el grueso de la investigación radica en las obras, según la propia disposición 145 rubricada por el fiscal Zapata Orozco que adecúa el caso a Crimen Organizado, es injusto que el señor Mendoza goce de libertad mientras que los cinco exfuncionarios, ajenos a estas transacciones, están privados de su libertad desde hace 16 meses”, refiere la defensa.
Acota que existiría ensañamiento contra los funcionarios recluidos en el penal de Chiclayo.
TEST DE CREDIBILIDAD
Los letrados mencionan que gran parte de la investigación está sustentada en la declaración de los colaboradores eficaces, quienes amparados en el código de protección, habrían relatado los hechos en base a su conveniencia. Frente a esta situación, la defensa de Ciro Chávez y Carlos Santa Cruz ha pedido sin éxito al Ministerio Público que estos sean sometidos a un test de credibilidad.
En respuesta, la fiscalía señala que recién está en la etapa de corroboración y aceptación de su solicitud de acogimiento a este beneficio.
“Si el principal sustento para ordenar la captura y posterior mandato de prisión preventiva fue la versión de los colaboradores eficaces, ahora se dice que está en evaluación, entonces por qué se hizo tabla rasa con la presunción de inocencia de los ahora encarcelados. Con esa actitud el mensaje fue primero te encierro y después te digo de qué te acuso”, cuestionan.
Además, detallan que en la normatividad referida a los colaboradores eficaces se indica que los cabecillas de una red delictiva no pueden ser considerados como tales. Sin embargo, en este caso se habrían acogido a este beneficio las cabezas de esta supuesta red criminal.
“Para el levantamiento del secreto de las comunicaciones no se ha seguido el protocolo correspondiente, tal es así que cuando los investigados piden copias de las actas suscritas por los especialistas, los mandan a buscar los folios en los voluminosos expedientes. En virtud a ello es que hemos solicitado la pericia de homologación de voces, pedido que también está pendiente de ejecución”, indican los abogados.
ORGANIZACIÓN SIN CEREBRO
Desde el inicio de la investigación, Martín Villanueva Velezmoro fue sindicado como el “cerebro” de la organización “Los limpios de la corrupción”. Sin embargo, a lo largo del proceso esta tesis se habría desbaratado puesto que el encarcelado exfuncionario no aparece ni en las obras materia de cuestionamiento ni en la preparación de la campaña para la reelección del exalcalde Roberto Torres.
“Con cuanta ligereza se colocan apodos mellando su dignidad humana y ahora no pueden sostener esta aseveración que con tanta seguridad fue sustentada en el requerimiento de prisión por el fiscal Sergio Lucio Zapata y a lo largo de estos 16 meses. Ahora, en la disposición 145 de adecuación, el apelativo, ha desaparecido como por arte de magia”, refiere su defensa, anotando que frente a este abuso, los familiares tomarán las acciones correspondientes ante la instancia pertinente para resarcir el daño moral ocasionado.
Sin pericias contables
Por otro lado, exponen que para sustentar el delito de lavado de activos se debe contar con las pericias contables correspondientes, pero que por falta de recursos el Ministerio Público hasta ahora no ha realizado las mismas.
“Sin embargo, cuando los investigados han presentado las pericias de parte en su requerimiento de cese de prisión, estas han sido objetadas con argumentos poco relevantes como que por qué no consignaron los gastos de movilidad, detergente o diversión”, señalan.
Los abogados afirman que los exfuncionarios pasan sus días en prisión sin ningún tipo de privilegios, con todas las restricciones que conlleva vivir privados de su libertad y las carencias propias del sistema carcelario que aqueja al país.
Añaden que como cualquier interno soportan el hacinamiento, la penosa separación física de sus seres queridos especialmente de sus hijos, muchos de los cuales por ser menores edad desconocen su situación jurídica.
“No se justifica una prolongación de 18 meses más para los ex funcionarios privados de su libertad, entendiendo que consecuentemente a la adecuación de la investigación el fiscal solicitará la ampliación de la prisión preventiva para los ex funcionarios en cárcel”, anotaron.
Luego de cinco meses de avance, los trabajos en el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano se paralizaron, lo cual conllevó al cuestionamiento de la sociedad civil sobre sus motivos. Rodolfo Arbulú Chereque, exjefe del equipo técnico del mencionado plan, explica cuáles son los principales riesgos de no contar con esta herramienta, así como la realidad que gira en torno al proyecto.
Señala que uno de los principales factores que ha llevado a la paralización del este plan es la falta de voluntad política por parte del alcalde y del grupo ejecutivo del municipio para apoyar el proceso.
“Empezamos a ver una serie de vacíos y trabas cuando iniciamos la elaboración del plan en junio del 2015, a pesar del convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en marzo del mismo año”, señala Arbulú Chereque.
FALTA DE COMPROMISO
Indica que el equipo técnico solventó por su propia cuenta las actividades correspondientes al Plan Metropolitano durante los últimos cinco meses (hasta finales de diciembre del año pasado), con ayuda del Colegio de Arquitectos de Lambayeque – CAL.
“Había pasado todo este tiempo y el municipio se mantenía ausente; además de conocer que Jesús Yesquén Bances, coordinador del proyecto, estaba cobrando la caja chica de lo que nosotros rendíamos”, manifiesta.
Por esta razón se le planteó una reunión al alcalde, a fin de informar la situación en la que se encontraba el equipo técnico. “Le dijimos que si la municipalidad no es capaz de cumplir con el apoyo logístico al cual se había comprometido, era mejor suspender el proceso hasta que se tenga la posibilidad de hacerlo”, comenta Arbulú Chereque.
Es por esta razón que presentaron una carta abierta a la colectividad chiclayana donde se expresa la cantidad de años que lleva la ciudad con un plan desactualizado y las consecuencias que esto acarrea.
Según el especialista, uno de los principales factores que detienen a la ciudad es la falta de reglas claras para la inversión privada en su desarrollo, además de otros elementos que vuelven a Chiclayo la ciudad que es actualmente.
“Chiclayo en 1990 era una ciudad que competía con Trujillo y Arequipa; ahora muchas ciudades intermedias se encuentran por encima de nuestro nivel, por la falta de interés de las autoridades de actualizar su plan e ir implementándolo”, declara Rodolfo Arbulú.
Agrega que el Comité de Ética del CAL, del cual es miembro, ha encontrado una serie de denuncias de corrupción de los funcionarios que forman parte de la actual gestión municipal en relación a incumplimientos del plan.
El comité encontró la entrega de certificaciones de habilitaciones fuera del casco urbano, presentándose un aproximado de cinco denuncias en el 2015. “Estamos investigando a los funcionarios que han firmado estos documentos, porque son cientos de hectáreas que se otorgan a las habilitadoras urbanas fuera del perímetro permitido sin sustento alguno de planificación. Todo esto tiene pena de cárcel”, sentencia el exjefe del equipo técnico.
Asimismo el considera que en Chiclayo, al no contar con su Plan de Desarrollo Urbano actualizado, se impide la ejecución de una carretera de primera jerarquía como lo es la Vía del Sol, al especularse la presencia de traficantes de terrenos. “Somos la única región que no ha desarrollado obras para la construcción de esta autopista”, señala Rodolfo Arbulú.
El escenario también considera los negociados por el número de pisos en la construcción de infraestructuras, la mala ubicación, en zonas residenciales de la ciudad, de discotecas y centros de diversión nocturna, así como la venta de combustibles en grifos y locales comerciales que no cuentan con las condiciones de seguridad mínimas requeridas.
En el aspecto comercial, la falta de planificación ha generado el desarrollo del comercio ambulatorio en espacios públicos de la ciudad por no contar con complejos ni mercados que permitan el desarrollo de estas actividades.
CARENCIAS POR RESOLVER
“Cuando desarrollamos el plan en 1992 para Chiclayo 2020, lo hicimos con el fin de darle sustento a la ciudad de una serie de inversiones, entre las cuales se encontraban el agua potable y el alcantarillado”, explica el especialista, haciendo referencia a dos de los principales problemas que presenta la ciudad.
Este plan tenía como propósito atraer a la cooperación internacional para duplicar o triplicar el servicio con el que cuenta la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, en el área metropolitana.
EPSEL atiende a los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria de forma regular, mientras que los 13 distritos adicionales que componen toda la zona cuentan con este servicio seis horas al día, sin tener aún el servicio de depuración de aguas servidas, según detalla Rodolfo Arbulú.
Explica que esos sistemas están conformados por mecanismos de bombeo y de pozos tubulares que requieren de renovación, lo cual no puede ejecutarse ante la falta de un plan de inversiones.
“Existe la necesidad de planificar a Chiclayo como área metropolitana porque se vienen proyectos grandes e importantes como el terminal portuario, el cual va a generar una nueva zona industrial, una zona franca e inclusive un aeropuerto internacional”, sostiene.
Arbulú Chereque cuestiona el cómo se va a atender el crecimiento venidero con la incapacidad que presenta EPSEL en los actuales distritos. “Tenemos que triplicar los esfuerzos de inversión de estas empresas atrayendo nuevos capitales”, manifiesta.
La planificación del sistema de limpieza pública repite el mismo error al concentrarse nuevamente en tres distritos, tal como menciona el exjefe del equipo técnico del Plan de Desarrollo Metropolitano. “¿Qué sucede con los demás distritos? ¿A dónde va la basura se acumula en Monsefú, Reque, Eten, Pimentel? Esta situación se tiene que articular bajo un eje metropolitano”, cuestiona Arbulú Chereque.
Agrega que en el plan desarrollado por el distrito de Lambayeque están duplicando todo lo que planifica Chiclayo e inclusive sugieren la construcción de un puerto, cuando todo debería tener coherencia. “¿Cómo planteas un puerto cuando estás desarrollando un área metropolitana en conjunto?”, refiere Rodolfo Arbulú.
PURGA REQUERIDA
Asimismo, Arbulú Chereque considera que el alcalde David Cornejo Chinguel se está equivocando en hacerle caso al entorno que tiene, conformado por “personajes contaminados con la corrupción de la gestión anterior”.
“Hemos visto cómo recientemente han detenido a uno de los miembros del proyecto ‘Chiclayo Limpio’. Hasta que el alcalde no cuente con un entorno de concejales, asesores y ejecutivos con ideas claras para el beneficio de la ciudad esto no va a caminar. Aunque le elaboremos el mejor plan, si la corrupción sigue a dentro del municipio esto no va a caminar”, declara.
Señala que el tema corresponde a aspectos netamente éticos y de corrupción, contra los que se debe luchar a fin que la ciudad prospere.
“La población para el 2025 será superior al millón de habitantes en el área metropolitana de Chiclayo y todavía hay incertidumbre respecto a la planificación. Los centros comerciales que han querido invertir en la ciudad han migrado a otras ciudades; Cajamarca cuenta con tres centros comerciales, al igual que Piura; Trujillo ya cuenta con cinco, mientras que nosotros tenemos dos, pequeños y congestionados”, informa el exjefe del equipo técnico encargado del Plan Metropolitano.
Por otra parte, expresa que existe una nueva centralidad en la zona de La Garita, carretera a Pimentel, que necesita ser planificada con la finalidad de brindar oportunidades para la realización de centros comerciales. Asimismo, considera que el encuentro entre la avenida Bolognesi con la Carretera a Pimentel es un absurdo, al intentarse conservar una carretera de vía rápida cuando en realidad constituye un nuevo centro de la ciudad.
“Se carece de voluntad política por apañar actitudes de corruptelas que les permitan trabajar a su libre albedrío y esto está mal. El alcalde y los regidores se deben a la ciudad y a sus electores, por lo que debe existir correspondencia con el plan de gobierno que se aprobó, solo que al parecer no les conviene aprobar estos planes porque cuentan con reglas de juego claras que les impide manejar a su antojo”, arguye.
Alerta que la ciudad está perdiendo competitividad, pues uno de los principales aspectos que ven los inversionistas a la hora de tomar decisiones para proyectos como lo es el terminal portuario es la institucionalidad. “Cuando vengan los grandes empresarios chinos y coreanos a conversar, ¿les van a pedir coima? Ojalá que no suceda esto”, agrega.
Rodolfo Arbulú se encuentra preocupado ante la realidad que se vive en el municipio. “Estoy muy apenado de que los impuestos que uno paga sean utilizados por un grupo de gente que maneja corruptelas. El alcalde tiene que sacudirse de esta gente para lograr algo, le deseo lo mejor por el bien de nosotros y de él”, finaliza.
