Hace 32 años el Colegio de Arquitectos contribuye con el bienestar de sus profesionales agremiados y con el desarrollo de Lambayeque. La institución se ha pronunciado sobre diferentes obras de gran envergadura en el departamento como la nueva ciudad de Olmos y la recuperación del centro histórico de Chiclayo, dando a conocer deficiencias y recomendaciones.
Fue mediante la Ley Nº 14085, del 8 de junio de 1962, que se dio la creación al Colegio de Arquitectos del Perú. La orden instaló su primera junta directiva el 24 de enero de 1964. Sin embargo, no fue hasta el 9 de enero de 1984 que inició actividades en Lambayeque estando constituido por los arquitectos afiliados y una junta directiva encabezada por el arquitecto Luis Miguel Arbulú Heysen.
Desde hace más de 30 años, el Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Lambayeque, comenzó una participación activa y trascendental en el desarrollo del departamento, aportando sus criterios profesionales en beneficio de la colectividad y del Perú.
Actualmente, el Consejo Regional lo componen el Decano Regional, Hever de los Ángeles García Ramírez; la Vice Decana Regional, Mariella Laura García Aurich; la Directora Regional de Economía y Finanzas, Julia Victoria Ugaz Medina; el Director de Asuntos Gremiales y Comunales, Hebert Tapia Caruajulca; el Director Regional de Asuntos Tecnológicos, Jalmar Vargas Machuca Acevedo; la Directora Regional de Bienestar, Jessica del Pilar Gómez Ico; la Directora Suplente, Patricia María Tello Rodríguez; y el Representante a la Asamblea Nacional, Federico Javier Couto Revolledo.
CHICLAYO
Desde hace años el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque demanda la recuperación del centro histórico de Chiclayo y no solo el cierre del tránsito vehicular de la calle Elías Aguirre como se pretende.
El decano del colegio señala que es importante que la Municipalidad Provincial de Chiclayo, antes de poner en marcha el proyecto evalúe con detenimiento y mida los impactos que la medida tendrá en la circulación vehicular de calles paralelas y transversales a la referida calle, sobre todo en el flujo de oeste a este.
Hever García también indica que la comuna debe trabajar en un plan de tratamiento y mantenimiento de las fachadas de las edificaciones y ejecutar un revestimiento de los muros colindantes de los inmuebles.
Asimismo, el decano considera necesario que se trabaje en el diseño y tratamiento urbanístico del ancho de la calle Elías Aguirre, incluyendo mobiliario urbano como jardineras y luminarias.
Otro tema por ver es el del tendido de cables del alumbrado eléctrico, de telefonía y televisión por paga, cuya instalación tendría que ser subterránea para eliminar el enredo actual de cables.
García Ramírez plantea la reglamentación del tipo, modelo y tamaño de los carteles publicitarios, para que guarden relación y armonía con el contexto urbano. Además menciona que las redes de agua y alcantarillado, buzones y conexiones domiciliadas deben de ser renovadas en su totalidad.
El centro histórico podría poner en valor y restaurar las fachadas monumentales a través de la ejecución de un programa municipal de recuperación de fachadas dialogando con vecinos y propietarios.
El decano remarca que si se busca el éxito con la peatonalización y recuperación del centro histórico, también es necesario prestar atención al caos vehicular que se vive diariamente en la zona.
A esto se suma la permanente lucha liderada por la orden profesional para que se ejecute el Plan de Desarrollo Urbano en Chiclayo.
OLMOS
El año pasado, el Colegio de Arquitectos se pronunció en contra del modelo elegido para la construcción de la nueva ciudad de Olmos, que según el decano, no se adecua a los parámetros urbanísticos y, segrega y margina al trabajador del campo que podría habitar en este lugar.
Asimismo, la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos determinó que se debe replantear la zonificación y vías urbanas de la nueva ciudad.
En ese entonces, Hever García mencionó que esta ciudad no tiene un centro cívico y que los principales centros de equipamiento urbano tales como educación, salud, áreas verdes, parques, comisarías, mercados, entre otros, están ubicados en una zona exclusiva y no al alcance de los pobladores de escasos recursos.
El decano nacional del Colegio de Ingeniero del Perú, José Arispe Chávez, también se pronunció recomendando a los responsables del proyecto darle una pausa por las inconsistencias que tiene y escuchar los argumentos, porque las observaciones indican que la ciudad no cumple con los estándares mínimos de sostenibilidad, pues no considera el abastecimiento de agua para el consumo humano.
OTRAS INTERVENCIONES
El año pasado la Comisión Mixta del Colegio de Arquitectos e Ingenieros observó que las rampas de acceso para personas con discapacidad del Paseo Yortuque no están acorde a la normativa, pues superan entre el 10 % y 20 % las medidas establecidas representando un peligro latente.
Por otro lado, Hever García Ramírez indicó que urge la reactivación del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada – CEPRI, pues considera que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo se ha cerrado las puertas a la inversión público-privada.
Finalmente, afirmó que si bien que se ejecutan trabajos de pavimentación en la ciudad, no hay obras de envergadura de impacto macrorregional. Por ejemplo, actualmente se desconocen los avances del expediente técnico para la construcción del terrapuerto, el cual debió definirse a inicios del 2016 con el CEPRI, pero en febrero de este año se desactivó.
Ha transcurrido medio siglo desde que el Consejo Departamental de Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, empezó a representar, promover, normar, controlar y defender el desarrollo de la ingeniería y su ejercicio profesional. Esto se refleja en la gestión del actual decano Carlos Burgos Montenegro, quien junto a especialistas ha ido inspeccionando diferentes obras públicas demandando mayor eficacia de los ejecutores en salvaguarda de los recursos públicos.
El CIP Lambayeque Inició su formación con el precedente de la fundación de la Sociedad del Hogar del Ingeniero, el 27 de octubre de 1948. En aquellos años esta institución funcionaba en el local del entonces Hotel Royal –actual Ripley– y estaba integrada por las esposas de los ingenieros, siendo su primera presidenta la señora Otilia Mesones de Carrera.
Años después está institución permitiría la formación de la Sociedad de Ingenieros el 14 de mayo de 1954, bajo la presidencia del ingeniero José Carrera Cordiano.
COLEGIO
El 20 de agosto de 1966, en una asamblea con la presencia de más de 60 ingenieros agrónomos y civiles, se creó la Filial Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú, que tuvo al ingeniero Germán Paz Coopén como primer decano. Esta filial funcionaba en el cuarto piso del Edificio Atlas.
Sin embargo, en 1987, tras cambios en el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, se reemplaza el término ‘Filial’ por Consejo Departamental de Lambayeque y se estableció la duración de dos años para cada gestión de Decanato.
Desde sus inicios en 1996, el Consejo Departamental de Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú ha tenido 19 decanos al frente.
A lo largo de su vida institucional, la orden ha velado por la ejecución de una serie de obras de impacto departamental, como la ejecución de la segunda etapa del Proyecto Tinajones, del Proyecto Hidroenergético Olmos y la mejora del sistema de saneamiento básico, haciendo permanente énfasis en la necesidad de trabajos técnicamente eficientes y transparentes.
“La tratativa del Colegio de Ingenieros va más allá de mirar una ciudad, hay que pensar en el aspecto metropolitano. Urge que se dé atención al problema de saneamiento básico en el casco central de Chiclayo, pero con un proyecto bien ejecutado, porque no vaya a suceder lo que pasó con Roberto Torres, cuando abrió las calles y no supo cómo resolver el problema”, advierte.
Señala que los especialistas de la orden profesional han concluido en que el problema del saneamiento en Chiclayo no pasa únicamente por la renovación de tuberías, sino por la ejecución de un proyecto integral que considere el tratamiento del suelo, que es uno de los aspectos más vulnerables que tiene la ciudad.
Actualmente la directiva, encabezada por el Decano Carlos Manuel Brugos Montenegro, la integran el Vicedecano Aníbal Jesús Salazar Mendoza, el Director Secretario César Armando Guarniz Vidarte, el Director Pro Secretario Eduardo Abraham Arrascue Becerra, la Directora Pro Tesorera Maruja Peralta Inga y el Director Tesorero Alejandro Miguel Chiclayo Domenech.
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Desde que asumió el cargo de Decano, el ingeniero Carlos Brugos y demás especialistas han fiscalizado la labor técnica en diferentes obras del departamento.
Una de ellas fue la constatación de una serie de deficiencias técnicas en el Paseo Yortuque que ponen en peligro la duración de la obra. Entre estas se encuentran barandas oxidadas, deficiencia en las rampas, el hundimiento de estructuras por las bases débiles, signos de humedecimientos en los suelos y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades técnicas de municipalidad de Chiclayo.
Según indicaron los especialistas, el 60 % del Paseo Yortuque presenta un envejecimiento prematuro en tan solo tres años cuando debería durar más de 15.
El Colegio de Ingenieros también realizó una inspección técnica encabezada por el decano al Cristo Redentor de Cruz de la Esperanza, donde se constató que el tanque elevado del mismo paseo está prácticamente abandonado.
Se reveló que el referido tanque es un punto de micción para algunas personas, lo que afecta a las familias de los pueblos jóvenes Nueva Jerusalén, Cristo Redentor, Cruz de La Esperanza, Simón Bolívar, Santo Toribio de Mogrovejo, 24 de Noviembre, Nadine Heredia y otros, al estar consumiendo parte de orina en el agua causando enfermedades diarreicas a los pobladores.
En aquella oportunidad, Carlos Burgos aseguró una falta de control por parte de la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL.
Otras de las obras inspeccionadas por la gestión fue la “Construcción de pavimento y veredas en la avenida Cajamarca, tramo entre la avenida Salaverry y avenida de la Prolongación Bolognesi”, que contó con un presupuesto de tres millones 50 mil 337 soles.
En aquella inspección se comprobó que la infraestructura del pavimento era tierra en su mayoría y no del material asfáltico que debió ser utilizado para su ejecución. Además se detectó que las juntas asfálticas, punto que une un pavimento antiguo con el nuevo, también registraban deficiencias.
Asimismo, el Colegio de Ingenieros también inspeccionó el puente muelle de Puerto Eten, identificando grandes daños infraestructurales que ponen en riesgo la labor de los pescadores de la zona.
Durante esta visita se detectó la inestabilidad de la plataforma por la falta de pernos, el desgaste de los pilotes que sostienen el muelle y que algunas de las maderas del muelle estaban atadas con cuerdas de nylon.
PRESUPUESTO
El decano del Colegio de Ingenieros sostiene que sería un error del gobierno central aumentar el presupuesto a los gobiernos locales y regionales, pues acusan problemas de inversión desde la formulación de los proyectos.
Además, Carlos Burgos señala que el mayor porcentaje del Fondo de Compensación Municipal es usado en gastos corrientes y no para obras.
Licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y con maestrías en Salud Pública y Gobernabilidad Democrática, Económica y Social, Angélica Musayón Chira se ha caracterizado por liderar en los últimos años la defensa de los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables en Lambayeque. Su trabajo ha permitido articular diversos espacios como mesas universitarias y de la sociedad civil, remarcando la necesidad de que el Estado ponga mayor énfasis en la lucha contra la violencia en sus diferentes modalidades.
El desarrollo profesional de Musayón Chira ha sido siempre en funciones vinculadas al trabajo y desarrollo social. Fue, por ejemplo, responsable del Área de Programas y Proyectos del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, en Chiclayo, liderando de manera directa la aplicación de los programas de alimentación escolar, infantil, de comedores populares y de emergencia, operando en jurisdicción de Lambayeque, Cajamarca y Piura.
Trabajó para la Dirección de Desarrollo Humano de la Asociación Benéfica Prisma, desempeñando la labor de coordinadora del Capital Social del Programa de Desarrollo Comunitario en Corredores Económicos, ejecutando parte del Proyecto Kusiayllu, que tiene como objetivo la rehabilitación del niño desnutrido menor de tres años, así como la capacitación a las madres de los menores integrados al programa.
Ha formado parte de la Fundación Ecuatoriana para No Videntes – FENOVI, haciendo énfasis en la rehabilitación comunitaria, capacitación e inserción laboral y educativa de las personas con discapacidad visual; habiendo además desarrollado labores de asesoramiento, planificación, seguimiento, coordinación y evaluación de programas de salud en diversas provincias de Cajamarca.
Entre el 2002 y el 2004, Angélica Musayón presidió la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual de Chiclayo, de la es fundadora, tiempo en el que también fue productora y conductora del programa radial “Estamos Contigo”, en convenio con el Ministerio de la Mujer. Tiempo después llevó el programa a la televisión y retomó la presidencia de la mesa.
TRABAJO CON LOS JÓVENES
Desde su espacio en la sociedad civil impulsó la creación de la Casa Hogar Paz y Libertad, el primer albergue para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar y sexual implementado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo en el 2005. En el 2012 fue una de las fundadoras de la Mesa Interuniversitaria para la No Violencia de Género, Familiar y Sexual, donde se confluyen las casas superiores de Lambayeque; siendo además una de las promotoras del Consejo Regional de Voluntariado.
“Es una realidad difícil, por lo que articulamos trabajos con los centros superiores de estudio para que incluyan en sus planes de estudio temas contra la violencia a la mujer, niño y adolescente. Los profesionales que egresen de las universidades deben estar preparados para identificar la problemática”, refiere Angélica Musayón.
Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Particular de Chiclayo y en la Universidad Nacional de Trujillo, siendo además consultora en los Planes de Igualdad de Género elaborados con apoyo de la cooperación española para los distritos de Lagunas, Zaña y Cayaltí.
Desde el 2001 hasta la actualidad se desempeña como especialista social del Centro Emergencia Mujer – Chiclayo, del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumiendo además la coordinación de los programas de dicho portafolio en Lambayeque.
Es amplia su experiencia en congresos, seminarios, talleres y conferencias, sea como expositora, organizadora y participante, y en su hoja de vida exhibe además múltiples distinciones y reconocimientos, como la Orden al Mérito Mujer en los años 2014 y 2015, conferida por el Gobierno Regional de Lambayeque, así como por diversas instituciones públicas y privadas.
LA VIOLENCIA
La representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en Lambayeque indica que parte de la población cree que la violencia es un problema privado en el que no debe intervenir, incluso se han detectado situaciones de esta naturaleza en el Poder Judicial y el Ministerio Público, debido a que jueces y fiscales, llamados a aplicar la ley, son ganados por sus concepciones de género y terminan discriminando a la mujer víctima de violencia.
“Juzgan a la mujer de acuerdo a sus creencias, valorando aspectos de su comportamiento y no la vulneración de sus derechos y la grave situación de salud que atraviesa por la violencia. Al revisarse actas nos percatamos que hay magistrados que demandan a las mujeres el cumplimiento de sus tareas domésticas como lavar, cocinar bien y vestir como el esposo lo amerita, es decir, a practicar roles que terminan agravando la discriminación”, indica.
Refiere que muy poco se trabaja en el enfoque de género que debe acompañar a la justicia. “La aplicabilidad de la sentencia debe ir de la mano de la perspectiva del género, pero los juzgadores no han sido formados en sus hogares y en la universidad sobre la equidad entre el hombre y la mujer”, sentencia.
El Colegio Médico del Perú fomenta el bienestar social y el trabajo decente a través del apoyo que brinda a sus colegiados, a quienes ha respaldado en la defensa de sus derechos, pero además apoyando en los reclamos planteados para la mejora de la salud pública en el país.
Son más de dos mil 400 colegiados, divididos geográficamente en las ciudades de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Jaén y Chota, los que pertenecen al Consejo Regional VIII del Colegio Médico del Perú.
El Colegio Médico del Perú – CMP, surgió de esfuerzos organizativos, gremiales y profesionales. Logró institucionalizarse el 16 de octubre de 1964 por medio de la Ley Nº 15173, luego modificada por Decreto Ley N° 17239, del 29 de noviembre del 1968. La institución instaló su primer Consejo Nacional presidido por el doctor Jorge de la Flor Valle, que asumió como primer Decano 1969.
En el caso de Lambayeque, el antecedente de la formación y constitución del Consejo Regional VIII del Colegio Médico del Perú en la ciudad de Chiclayo se da con la constitución de la Asociación Médica Departamental de Lambayeque, el 29 de Octubre de 1954.
A fines de enero de este año asumió la Junta Directiva 2016-2017 el galeno Juan José Cruz Venegas, Decano del Consejo Regional VIII. Asumieron junto a él los médicos: Félix López Casiano, Secretario; Giuliana Isabel Rebaza Delgado, Tesorera; los vocales Óscar Alberto Díaz Cabrejos y Cristian Díaz Vélez; y los accesitarios Blanca Santos Falla Aldana y José Antonio Zúñiga Cáceres.
En mayo del presente fueron 138 jóvenes médicos los que se incorporaron a la orden, provenientes de las facultades de Medicina de las universidades Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, Particular de Chiclayo y Nacional Pedro Ruiz Gallo.
INTERVENCIONES
El año pasado, el entonces decano nacional del Colegio Médico del Perú, César Palomino Colina, llegó a Chiclayo para apoyar la paralización de médicos de los hospitales del Ministerio de Salud en Lambayeque que exigían mejoras laborales.
Asimismo, en aquella oportunidad constató que se estaba incumpliendo con el nombramiento y pago de los bonos a los profesionales de la salud, y realizó un diagnóstico situacional del dengue en Lambayeque.
“Hay que proponer al ministro de Salud que de manera conjunta con la Federación Médica Peruana acudamos al Ministerio de Economía, para que entiendan que esta emergencia también es prioridad, y así envíen recursos para cumplir con la población y con los médicos”, propuso en ese momento Palomino Colina.
Por otro lado, el entonces decano del Colegio Médico de Lima, Tomy Villanueva Arequipeño, respaldó un reclamo del Sindicato de Enfermeros del Hospital Regional de Lambayeque, que dio a conocer la falta de insumos e implementos de bioseguridad exponiendo la salud del personal médico y de pacientes.
“Estas deficiencias son generalmente resultado de una mala gestión de toda la cadena administrativa y no solo del director. Esta situación perjudica al paciente y al mismo personal los expone a enfermedades infecto-contagiosas muy graves que pueden ser fatales. Yo creo que aquí hace falta un mea culpa de todos los responsables”, señaló aquella vez.
EVENTOS
El Consejo Regional VIII del Colegio Médico del Perú reconoció este a Máxima Acuña Atalaya, ganadora del premio medioambiental Goldman, por su defensa del medio ambiente y resistencia a los intentos de la empresa minera Yanacocha a desalojarla de sus tierras.
Cruz Venegas indicó que su orden profesional reconoce a Máxima Acuña como “el rostro con energía de cerros, alma con fuerza de truenos y lluvia de nuestro cielo serrano, que defiende la ecología, el ambiente, el agua que es vida y defiende el Perú. Mujer andina que enfrenta el extractivismo minero desafiando la muerte, madre de cuyos labios salen cantos de cuna y gritos de amor a la naturaleza por justicia social en nuestra patria”.
Por otro lado, el colegio también presentó el libro “El Arte de ser médico: más allá del poder del conocimiento” del médico infectólogo Jaime Zuloeta, que preocupado por la situación que atraviesa el sector salud en nuestro país donde día a día los pacientes tienen que soportar además de la enfermedad, los malos tratos del cuerpo hospitalario, aborda las experiencias de sus colegas, entre positivas y negativas.
Quien va por las calles principales del departamento de Lambayeque se encontrará con “empresarios al paso” o trabajadores informales que obstaculizan el libre tránsito del peatón, pero que hacen feliz a quien lo genera.
Para nadie es un secreto que la informalidad, que no está prohibida, cada día lucha por estar dentro de los parámetros permitidos para el Estado Peruano, y es que, es pan de cada día encontrar a los generadores de la informalidad por las calles de Lambayeque, en sus tres provincias.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del - INEI, al año 2015, contamos con un millón 260 mil 650 lambayecanos, agrupados por edades y por ramas de la actividad económica. No todos los mencionados generan dinamismo a la económica local y es que, según el mercado de trabajo, están diferenciados por estratos que mencionaré a continuación para entendimiento de usted.
La población de 14 años de edad a más o Población en Edad de Trabajar – PET, es de 942 mil 803 en el departamento; es decir, son quienes están dentro del sector formal e informal de la economía local y de los que me centraré para hablar un poco sobre el tema.
La población menor de 15 años está compuesta por 317 mil 847 habitantes que están “preparándose” para entrar a la fuerza laboral y ser parte del sustento familiar y estatal. De ellos no me ocuparé. Sin embargo, no son irrelevantes para la economía.
Dentro del rubro, Población en Edad de trabajar, tenemos a la Población Económicamente Activa - PEA, y a la Población Económicamente Inactiva - PEI.
La Población Económicamente Activa, al año 2015, según el INEI, es de 635 mil 728 personas que generan riqueza para ellos mismos y la economía departamental.
La Población Económicamente Inactiva, donde se encuentran los jubilados, estudiantes, personas con alguna discapacidad y personas con alguna enfermedad, es de 307 mil 75, al 2015, según la misma entidad estatal.
LA PEA DEPARTAMENTAL
La Población Económicamente Activa se desglosa en población ocupada y desocupados abiertos, categorías reconocidas oficialmente, y que representan a 615 mil 693 y 20 mil 35 personas respectivamente.
La categoría “desocupados abiertos” es la población desempleada del departamento y representa el 3.2 % de la PEA. Menciono que la tasa de desempleo en Lambayeque viene decreciendo, pero que aún es alta. Son 20 mil personas que no tienen trabajo y subsisten en condiciones infrahumanas.
Y para dividir en dos el análisis del mercado laboral local puedo decir que existe la población ocupada con empleo formal y la población ocupada con empleo informal.
La primera es de 125 mil 600 personas que trabajan de manera adecuada y dentro de los estándares nacionales e internacionales, lo que se podría catalogar como “trabajo decente”. Esta población representa el 20.8 % de la población que tiene una u otra ocupación.
La población ocupada con empleo informal es de 477 mil 300 personas, estas trabajan en malas condiciones dentro del marco jurídico establecido en nuestro país. Este grupo representa el 79.2 % de la población ocupada en Lambayeque.
Esto nos lleva a decir que Lambayeque es netamente informal y que opera y se permite trabajar sin respetar los derechos laborales y el propio marco regulatorio del Estado Peruano. ¿Quién supervisa la informalidad en Lambayeque? ¿Quién se hace responsable de los miles de conciudadanos que no crecen económicamente hablando? Quizá la respuesta sea: Que vean cómo se formalizan.
Sí. Es difícil la formalización en este país lleno de corrupción.
Este 79.2 % está por encima del promedio nacional y nos pone en jaque para empezar a despegar como departamento desarrollado.
Si bien es cierto nuestro vecinos también tiene una tasa de informalidad en rojo debemos empezar a trabajar multidimensionalmente para reducirla en los próximos años.
En sí el país es informal. Tenemos una economía que opera en la informalidad y este es el reto del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski.
DEFINICIONES
Quiero tomar los conceptos que pone en discusión el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN en su documento “Economía informal en Perú: Situación actual y perspectivas”, de obligatoria lectura para todos aquellos que Documento nos interesa el tema de la informalidad en el país.
En la publicación se define lo que es la economía informal, el sector informal y el empleo informal.
La economía informal es el “conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades. Está compuesta por el sector informal y el empleo informal.” Entiéndase como unidad productiva a una empresa.
El sector informal está “conformado por las unidades productivas no constituidas en sociedad que no están registradas en la administración tributaria (SUNAT). Para el caso de las unidades productivas del sector primario (agricultura, pesca y minería) no constituidas en sociedad, se considera que todas pertenecen al sector informal.También excluye a las cuasisociedades; es decir, empresas no constituidas en sociedad que funciona en todo –o en casi todo – como si fuera una sociedad.”
Y el empleo informal “son aquellos empleos que no cuentan con los beneficios estipulados por ley como el acceso a la seguridad social pagada por el empleador, vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, etc. Son empleos informales los: patronos y cuenta propia del sector informal, asalariados sin seguridad social (formal e informal), trabajadores familiares no remunerados (formal e informal) y trabajadores domésticos sin beneficios sociales.”
CIFRAS EN LAMBAYEQUE
La informalidad en Lambayeque para el año 2008 era del 83.9 % de la población ocupada; en el año 2009 subió a 84.7 % para caer ligeramente a 84.6 % en el año 2010.
Desde el 2010 viene disminuyendo muy ligeramente la tasa de informalidad local, lo que me hace pensar que no se está haciendo el mínimo esfuerzo por combatir este problema socioeconómico, pasando de 84.6 % a 79.2 % para el año 2014.
Nótese que dos años seguidos, 2013 y 2014, nos mantenemos en la misma tasa.
Si queremos saber el rostro de la informalidad podemos decir que 257 mil 600 son varones y que 219 mil 700 son mujeres.
Claramente la informalidad en Lambayeque tiene rostro masculino.
El estudio en mención nos dice que en el año 2013 el aporte de la informalidad en el Perú era del 19 % y que para el año 2050 sería del 6 % del PBI y llegaríamos al 30 % de empleo formal en nuestro país.
El avance será lento y el no combatirla desde hace años nos tendría como los últimos de la fila en América Latina y el Caribe.
Los esfuerzos tienen que ser sincronizados para lograr las metas propuestas desde el CEPLAN.
¿QUÉ HACER?
Para reducir la informalidad en el Perú, según el estudio, se propone atacar tres temas cruciales: el marco regulatorio, la política macroeconómica y la inclusión mediante programas sociales.
En lo que se refiere a marco regulatorio el Estado debe simplificar y flexibilizar la constitución de empresas, mejorar el sistema tributario y establecer incentivos.
La política macroeconómica debe ser sostenida, así como la política fiscal y monetaria, y no generar volatilidad manteniendo establecidos los indicadores que dan sustento al empresariado.
La mención a los programas sociales me parece muy interesante, pues no existe ninguno hasta ahora, que tome en cuenta al empresario informal pequeño o mediano para su inclusión en el sistema formal, dotándole de educación y herramientas para su inserción y cumplimiento de los estándares establecidos.
Para atacar el problema de la informalidad se debe establecer un solo plan nacional y convertirlo en política de Estado para la continuidad, gobierno tras gobierno, y el resto de departamentos tendrían que adaptarse para hacerlo cumplir.
El estudio nos dice que si el gobierno trabaja de manera coordinada todos los puntos y le da continuidad, recordando que la meta de trabajo es al año 2050, en el Perú el PBI crecería a 5.9 % al año indicado.
Nos dice también que el PBI del sector informal disminuiría de 19 % a 1.4 % al mismo año, y el empleo informal disminuiría de 70 % actualmente a 11.4 % en el 2050.
Cifras ambiciosas que en teoría se ven muy bonitas, pero que en la práctica se debe trabajar con voluntad política para llegar a la meta y tener un país donde todos trabajen dignamente. Lambayeque no escapa a mis deseos.
(*) Economista.
En épocas de transición, un grupo de militantes del Partido Aprista Peruano – PAP, ha emprendido un ciclo de campamentos con el fin de estudiar y revalorar la doctrina instaurada por su líder fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Por ello, entre el 26 y 28 de agosto se desarrollará el II Campamento Ideológico y Doctrinario “Sólido Norte”, en el distrito de Zaña.
Actualmente el Partido Aprista Peruano – PAP, atraviesa por un período que sus propios militantes califican como de transición, debido a que – tras los resultados de las últimas elecciones presidenciales, la dirigencia nacional renunció a sus cargos y ahora, el órgano máximo es la Comisión Organizadora del XXIV Congreso Nacional.
Para Bernardino Céspedes Paz, responsable del equipo organizador del campamento Sólido Norte, que su partido recupere la confianza de la población es tarea de cada uno de los militantes y por ello – explica - se tomó la decisión de retomar prácticas partidarias que el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre instauró para generar conocimiento doctrinal, debate y estrechar lazos de fraternidad.
“El gran campamento ideológico y doctrinario Sólido Norte es un evento netamente partidario de capacitación, que tiene como único fin renovar nuestro compromiso con el compañero jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, en alturados debates entre los militantes que asistan, bajo la dinámica de ‘mesas temáticas’; metodología que instauramos en el primer campamento, mucho antes de la propuesta de la Comisión Organizadora del XXIV Congreso Nacional, hoy sin calendario oficial”, explica Céspedes Paz.
Constituyendo uno de los partidos históricos y más organizados del Perú, el PAP atraviesa por un momento de quiebre. Muchos de sus antiguos militantes se han ido, con la desazón de que su voz no fue escuchada y que poco a poco se está olvidando a su fundador. Fuera de los círculos de algunos dirigentes, la queja de que no existe renovación, debido a que la democracia interna tiene serias falencias, es generalizada. Esto ha generado no solo su poca aceptación externa, sino también un serio resquebrajamiento interno en el partido que Víctor Raúl Haya de la Torre lideró.
“Estas actividades partidarias son necesarias en todo el país, porque rescatan la esencia y mística del aprismo, al constituirse en un espacio de debate que nos permiten impulsar propuestas acordes con la realidad y sin complicidad con alguna facción o grupo dentro del partido”, explica Bernardino Céspedes.
Asimismo, relata que la realización de campamentos apristas se retoma después de 31 años, cuando se organizó el primer campamento de adiestramiento denominado Víctor Raúl Haya de la Torre en 1985, el cual se organizó con apoyo del Ministerio de Educación y tuvo lugar en el distrito de Olmos. Como coordinador, recuerda, estuvo el militante Ángel Collao y como principal ponente el entonces diputado Bernardino Céspedes Pérez.
“De esa experiencia tenemos claro que estos eventos de capacitación y activismo político permiten estrechar lazos de fraternidad, que es precisamente lo que se ha ido resquebrando con el paso del tiempo y el actuar de algunos dirigentes que se oponen, hasta ahora, al cambio generacional que debe darse de manera natural en todas las fuerzas políticas y sociales”, sostiene.
SÓLIDO NORTE EN ZAÑA
Para la realización del segundo campamento, denominado Sólido Norte se eligió al distrito de Zaña en Chiclayo, debido a que se trata de un espacio abierto, que reúne todas las condiciones para una actividad de esta naturaleza en la que el principal objetivo es reflexionar y departir. Este se realizará el 26, 27 y 28 de agosto con la participación de militantes de las ocho regiones de la macro región norte y Lima.
“El campamento ideológico y doctrinario Sólido Norte es el segundo de todos los programados, pues se tiene como meta realizar uno en cada región de la macro región norte en primera instancia y, posteriormente, realizarlos a nivel nacional”, explica Céspedes Paz.
El primero se desarrolló el 28 y 29 de mayo en el distrito de Moche en Trujillo – La Libertad, y fue impulsado por los militantes Marco Montero de Trujillo, Hernán Hurtado de Lima y por Bernardino Céspedes de Lambayeque; dirigido básicamente a los jóvenes. Durante esta iniciativa, los apristas decidieron que esta práctica se desarrollaría de manera frecuente y descentralizada a fin de fraternizar los debates y contribuir con la mejora de su organización política a partir de la formación de nuevos cuadros, revalorando el actuar desprendido y disciplinado de Víctor Raúl Haya de la Torre, así como de todos los dirigentes fundadores.
En ese sentido, el Sólido Norte no se ha segmentado solo para jóvenes, sino para todos los militantes que tengan la apertura de consensuar ideas con sus pares, especialmente de la macro región norte y de Lima; aunque pueden asistir militantes de todo el país.
“Pueden asistir compañeros y compañeras de todas las edades inscritos y con la convicción de trabajar seriamente en estos tres días, pues no se trata de un paseo, sino de trabajo político. Los partidarios responsables estamos convencidos de que necesitamos una transición cierta, para así lograr una renovación responsable y real con nuevos cuadros dirigenciales y políticos del APRA que sintonicen con la población. Con esto no quiero decir que en este campamento vamos a adoptar posiciones radicales ni mucho menos de confrontación. Insisto en que nuestro propósito es reunirnos y debatir cómo mejoramos como partido desde dentro y con la colaboración activa de todos los dirigentes y militantes”, señala Céspedes Paz.
Detalla que desde Lambayeque, este segundo campamento está impulsado por un equipo compacto que encabeza e integran activamente Juan Carlos Torres, Juan Manuel Cubas, Santiago Ramírez, Mirtha Paico, Carlos Alberto Manayay, Germán Görbitz, Ketty Campos y otros militantes.
Asimismo, explica que para asegurar el éxito de este y de los campamentos que siguen están trabajando con coordinadores en cada región. Desde La Libertad, coordinan Lucio Vásquez y Marco Montero; en Lima, Hernán Hurtado y Alan Rosales; en Cajamarca, Luis Azabache y Pedro Valera; en San Martín, Rosa Vargas, Carlos Mori y Roberto Lozano; en Piura, Liliana Herrera. Asimismo, ultiman detalles de coordinación con sus compañeros de Amazonas, Tumbes y Áncash.
“El segundo campamento toma el nombre de Sólido Norte debido a que la fortaleza del partido se concentró históricamente desde Áncash hasta Tumbes, donde podemos rememorar a grandes compañeros. Sin embargo, con el paso del tiempo y el descuido de mantener vivo el mensaje de Víctor Raúl en la práctica diaria, ha generado que movimientos locales sin doctrina ni ideología política ganen espacio en esta parte del país”, enfatiza el responsable de este campamento.
PILARES DE DEBATE
Teniendo claro que hoy por hoy lo más importante es revalorar su esencia primigenia y recuperar la confianza de la población. Los organizadores han optado por poner a debate cuatro puntos centrales. El primero, “La renovación basada en la doctrina de Víctor Raúl Haya de la Torre”, por constituir el principal pilar de su actuar político interno y externo. “Poner en valor el pensamiento de un líder continental de primera línea como fue nuestro fundador, debe ser la principal responsabilidad de cada militante aprista”, dice el responsable de este equipo.
También analizarán el escenario político del APRA de cara al bicentenario del Perú, debido a que todos tienen claro que como partido deben ganar procesos electorales. Pero a la luz de los hechos, deben renovar en fondo u forma las estrategias para calar en el electorado. En ese sentido, Bernardino Céspedes confirma algo que desde afuera se intuye, y es que a la fecha en ninguna base distrital, provincial, regional o nacional se ha analizado el porqué de los resultados adversos del último proceso electoral.
“Teníamos un excelente candidato, el mejor plan de gobierno y se trabajó arduamente, pero ya todos conocemos lo que ocurrió. Ahora debemos encarar el futuro con la renovación de estrategias, cambio de rostros y actitudes de los actuales dirigentes y militantes en general. Nos hace falta mayor preparación, en eso coincidimos todos y nosotros ya hemos empezado con acciones concretas”, asegura.
Durante los tres días de campamento también debatirán sobre la institucionalidad y democracia interna del APRA, partiendo de la premisa de que para crecer como organización política y ganar procesos electorales deben hacer prevalecer siempre la democracia interna. Para Céspedes Paz, es claro que un partido requiere de renovación constante, eso también implica el cambio natural de cuadros dirigenciales y políticos, dando pase a las nuevas generaciones, pero manteniendo un equilibrio con quienes tienen experiencia.
“En nuestro partido tenemos normas que nos rigen a todos, en épocas regulares contamos con un aparato completo de dirigentes en cada estamento, somos en verdad un partido muy organizado; respetamos todos nuestras normas, pero nos falta mejorar algunas actitudes y actualizar, por ejemplo, el Estatuto. Aporte que ya hemos hecho llegar como equipo de trabajo, a través de las mesas temáticas que organizó la Comisión Organizadora del XXIV Congreso Nacional”, señala.
Teniendo en cuenta que uno de sus principales objetivos es recuperar la fuerza que el APRA tuvo en esta parte del país, otro tema a debatir será las “Estrategias políticas para la recuperación del Sólido Norte”. Para ello se escuchará la voz de los jóvenes y de los experimentados, exdirigentes y cuadros políticos; de esta manera se consensuará el trabajo a seguir como militantes y como futuras autoridades partidarias y externas. “Nosotros no estamos preparándonos para mañana, no tenemos en la mira un cargo político o dirigencial. Nosotros estamos mirando hacia el futuro, de manera amplia y sin egoísmos. Queremos que sea el APRA el que brille, que se logren tener muchas presidencias regionales, alcaldía, consejeros y regidores preparados para que dejen bien para al partido y sobre todo a su ciudad y al país en sí”, reflexiona Bernardino Céspedes.
VOLVER AL CAMINO
El Partido Aprista Peruano tiene una historia muy intensa y rememora a cuadros partidarios de gran renombre que acompañaron a su líder fundador, por ello para los organizadores es claro que desarrollar actividades de este tipo es volver a la enseña que dejó Haya de la Torre sobre la permanente reflexión ideológica y partidaria.
“Nuestra misión es revalorar el APRA, retomar la etapa primigenia de formación de cuadros por intermedio de actividades político – educativas partidarias, para cimentar nuestra verdadera esencia. De antes solo se mantienen los estamentos, pero sin actividades concretas de activismo político que es la forma de sintonizar con la población”, señala Bernardino Céspedes.
Respecto a si para la organización de este campamento cuentan con el respaldo de la dirigencia regional, Bernardino Céspedes explica que no se requiere en sí un permiso, debido a que se reunirán militantes de diversas regiones y sus normas internas contemplan este tipo de organizaciones espontáneas.
“Un partido organizado como el APRA tiene estamentos y cada militante facultades. Dentro de estas, un grupo de compañeros que no ostentamos ningún cargo dirigencial de toda la macro región norte y Lima nos hemos unido en esta iniciativa con el propósito de aportar a nuestro partido, para ello no se requiere de permisos especiales. Sin embargo, somos militantes disciplinados y por ello daremos a conocer oficialmente sobre nuestras actividades a la dirigencia regional. Estamos seguros que ellos no solo respaldan esta iniciativa, sino que asistirán para contribuir con su experiencia en estos tres días de debate alturado en favor sólo del APRA”, enfatiza.
Entre ellos se encuentran Ángel López, José Quintana, Yuri Díaz y Arturo Boyer.
Mediante resolución N° 002-2016-CG/INSN, contenida en el expediente 551-2016-CG/INSN, el Órgano Instructor Norte de la Contraloría General de la República, abrió procedimiento administrativo sancionador contra varios funcionarios que laboran en el Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo, al haber presuntamente afectado al ente recaudador, a la ciudad y al Estado hasta por la suma de 57 millones de soles.
Se dejó entrever que de acuerdo a la norma, tras culminado el proceso administrativo, los que resulten plenamente responsables serían denunciados ante el Ministerio Público, para que respondan por sus presuntos delitos, y sean procesados y sancionados en base al Código Penal vigente.
De acuerdo al Informe N° 947 -2015-CG/CRN-EE, del 30 de diciembre pasado, denominado “Recaudación de obligaciones tributarias y no tributarias”, emitido como resultado del examen especial practicado al ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, hoy Centro de Gestión Tributaria - CGT, se desprende que varios funcionarios cercanos a la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales, y que ahora serían del entorno de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel, y que vienen ocupando cargos de absoluta confianza, habrían afectado a los chiclayanos y el Estado, por millones y millones de soles.
UNO DE LOS INVESTIGADOS
En la nómina de los investigados se encuentra el actual jefe de División de Recaudación y Control de Deuda, Ángel Leonidas López Castro, quien en la gestión de Roberto Torres Gonzales se desempeñó como gerente de Operaciones (período 31 de octubre al 29 de noviembre del 2012), así como jefe de Cobranza, desde el 1 de enero del 2011 al 30 de octubre del 2012 - 20 de junio del 2013 al 2 de diciembre del 2014.
Al funcionario se le imputa que en su condición de Gerente de Operaciones y Jefe del Departamento de Cobranzas del ex SATCH habría incumplido las disposiciones que regulan expresamente su actuación funcional de “dirigir los procesos operativos de recaudación, fiscalización y cobranza coactiva de los ingresos tributarios y no tributarios, así como no planificar las labores de control y cobranza de la deuda por conceptos no tributarios que sean responsabilidad del SATCH.
Además, se le sindica de permitir que los montos cancelados por los contribuyentes de los años 2009 al 2014, por concepto de merced conductiva no se encuentran registrados o están registrados parcialmente en el Sistema de Tributación Municipal - STM, así como que las bajas de deudas por merced conductiva se hayan realizado sin el sustento técnico respectivo, conllevando a que no se deposite la totalidad de lo recaudado en las cuentas de la entidad.
Los hechos – se señala en el informe - generaron grave perjuicio al Estado, al afectar el correcto funcionamiento de la administración pública, generando perjuicio económico al Estado por 113 mil 442 con 19 soles, y perjuicio potencial por 350 mil 913 con 31 soles.
De igual manera, se le atribuye, en su calidad de Gerente de Operaciones, incumplir de manera injustificada e intencional el ejercicio de las funciones a su cargo de supervisar la no prescripción de la deuda tributaria y no tributaria, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función y cargo, permitiendo que los contribuyentes soliciten dicho beneficio, generando que el ex SATCH deje de recaudar los tributos que corresponden al período 2012 al 2014.
Además, habría incumplido implementar acciones que garanticen la recaudación acorde con las metas establecidas por la institución, así como también incumplir presuntamente de manera intencional la emisión de valores y resoluciones de Ejecución Coactiva dentro de los plazos establecidos, cumpliendo los requisitos ordenados por Ley como: coordinar y supervisar la labor de los departamentos que se encargan de realizar la gestión de cobranza en sus diferentes estados, priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta los períodos de vencimiento, y lo relacionado con bancos, entidades financieras, así como realizar visitas a los administrados que presenten los mayores problemas de cobranza, entregándoles estados de cuenta, notificaciones, entre otros documentos amparados en el Derecho Tributario para hacer efectivo el cumplimiento de pago y recuperación de la deuda tributaria por parte de los administrados.
Su inacción y presunta intencionalidad habría permitido que se ocasione un grave perjuicio al Estado que ascendería 57 millones 507 mil 760.87 soles.
JOSÉ QUINTANA
Otro funcionario que ahora también goza de la confianza de David Cornejo Chinguel, es José Ignacio Quintana Ruiz, actual jefe del área de Planeamiento y Presupuesto del ex SATCH, pero que en la gestión edil de Roberto Torres Gonzales se desempeñó en el área de Control de Deuda (22 de julio del 2010 al 20 de mayo del 2012), así como jefe del área de Principales Contribuyentes (PRICOS), y Medianos y Pequeños Contribuyentes (MePeCos) (14 mayo al 3 de agosto del 2012). Se le acusa de incumplir de manera injustificada e intencional el control de deuda susceptible de prescripción.
Además, de no coordinar con el área correspondiente la correcta notificación de los documentos que emitió el departamento de cobranza, especialmente en la etapa de cobranza coactiva, así como haber permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescribieran durante su período de gestión, debido a la falta de control, ocasionando presumiblemente grave perjuicio a Chiclayo y al Estado por 43 millones 42 mil 187.67 soles.
A su vez, en calidad de jefe del área de Pricos y Mepecos, no habría realizado visitas a los administrados que presentan mayores problemas de cobranza, ocasionando otro grave daño a los chiclayanos y al Estado por la misma suma detallada líneas arriba.
Finalmente, en su calidad de jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGT, habría incumplido de manera injustificada e intencional proponer directivas internas, incumplimiento que generó perjuicio económico por 43 millones 42 mil 187. 67 soles.
YURI GALI DÍAZ CAJO
Actual jefe del Área Legal del ex SATCH, en la gestión de Roberto Torres Gonzales se desempeñó como jefe del Departamento de Cobranza, entre el 24 de enero y el 19 de junio del 2013. A él se le imputa, que en su condición de funcionario del área antes indicada, el incumplimiento de manera intencional en el ejercicio de sus funciones a su cargo, como planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptos no tributarios.
Además, que con su inacción habría permitido que los montos cancelados por un contribuyente durante su período de gestión por concepto de merced conductiva no se encuentren registrados o estén parcialmente registrados en el Sistema de Tributación Municipal - STM.
El hecho habría generado grave perjuicio al Estado desde el punto de vista administrativo y económico por la suma de 154 mil soles, y perjuicio potencial por 279 mil 517 soles, cálculo realizado por la comisión auditora.
De igual manera, se le atribuye no emitir valores y resoluciones dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los requisitos dispuestos por Ley, como coordinar y supervisar la labor de los departamentos que se encargan de realizar la gestión de cobranza en sus diferentes estados, así como priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta sus periodos de vencimiento y lo relacionado con la municipalidad, bancos y entidades financieras.
También no habría realizado visitas a los administrados que presentan los mayores problemas de cobranza, entregándoles estados de cuenta, notificaciones y otros documentos de cobranza que permitan presionar y recuperan la deuda tributaria.
De igual manera, habría permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescriban durante el período 2013, debido a la falta de emisión de valores y su notificación, la no supervisión de la gestión de la cobranza ordinaria, conllevando a que se pierda el derecho de exigir su pago.
Los hechos imputados por la Contraloría General de la República a Yuri Gali Díaz Cajo, habrían originado un perjuicio económico a Chiclayo y al país por 25 millones 211 mil con 222.64 soles.
ARTURO BOYER RAMOS
Otro funcionario en el cual la Contraloría General de la República ha encontrado presunta responsabilidad es el actual jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria, Juan Arturo Boyer Ramos, a quien se le acusa de haber cometido grave infracción contra la institución recaudadora al incumplir de manera injustificada e intencional, efectuar el control de deuda susceptible de prescripción.
Además se le acusa de no coordinar con el área correspondiente la correcta notificación de los documentos que emite el departamento de cobranza, especialmente en la etapa de cobranza coactiva, así como haber permitido que las deudas tributarias y no tributarias prescribieran durante su período de gestión, debido a la falta de control, ocasionando grave perjuicio a Chiclayo y al Estado por hasta 27 millones de soles.
OTROS INVESTIGADOS
Entre los antes descritos también se encuentran Jorge Hugo Matallana Peralta, ex gerente de administración y actualmente colaborador eficaz en el caso “Los limpios de la corrupción; Mary Carmen Olaya y Janier Teodoro Muñoz Vásquez, funcionarios del área de Contabilidad; así como los servidores públicos Ricardo Lorenzo Sosa Calderón, Marcela del Carmen Zapata Meoño, Malena Lissette Álvarez Farfán, Edilberto Gonzales Núñez, Víctor Raúl Paredes Torres, Claudia Cecilia López Lozada, Marco Antonio Vallejos Monja, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez, Martín Arnaldo Salomón Aguilar, entre otros.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, en la parte del Reglamento de Infracción y Sanciones, a los investigados se les podría imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, una sanción no menor de dos ni mayor de cinco años de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, así como no menor de 180 ni mayor de 360 días, e inhabilitación en el cargo por un período de uno a dos años, por las irregularidades evidenciadas en sus cargos.
Además, de acuerdo al grado de responsabilidad podrían ser denunciados penalmente y recibir una condena de acuerdo al delito cometido.
El exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Inchaústegui Samamé, preso en el penal de Chiclayo hace 18 meses, sostiene que se encuentra injustamente privado de su libertad por una llamada que nunca existió por parte del exalcalde Roberto Torres Gonzáles, en la que supuestamente le cuestiona la construcción de un edificio de siete pisos cuando la autorización era solo para cinco niveles.
Cuando se registró la conversación telefónica por versión del testigo- imputado Luis Barrantes Piscoya - chofer y proveedor de Torresc Gonzales -, Incháustegui ya no era el gerente de Urbanismo, cargo que había dejado de ejercer hace dos años y medio, por tanto, para el investigado, resulta incongruente que haya sido el interlocutor del edil.
El exgerente es investigado por presuntamente formar parte de la red criminal “Los limpios de la corrupción”. Sin embargo, el Ministerio Público después de 22 meses de haber iniciado investigación preparatoria contra más de 120 imputados, no habría encontrado ningún elemento de convicción que ligue a Incháustegui con la comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
La pesadilla del exgerente de Urbanismo se inició el 30 de setiembre del 2014, cuando el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozcodirigió el operativo contra los supuestos integrantes de la denominada organización.
Dentro del organigrama presentado por la Fiscalía, figuraba el Jorge Incháustegui Samamé, como parte del entorno que acompañaba al alcalde Torres, supuesto líder de la referida red criminal.
El mismo día, representantes del Ministerio Público, ingresaron a la casa de Incháustegui con una orden de captura, así como de allanamiento e incautación no solo de su domicilio como ordenaba la disposición del juez, sino que también ingresaron al domicilio de sus padres sin orden judicial, a pesar que estos viven en el primer nivel con ingreso totalmente independiente.
Previamente, habían realizado el levantamiento de sus comunicaciones y por consiguiente se intervino su celular personal, el mismo que figuraba a nombre de su empresa Arqconsa, ya que no contaba con línea de la Municipalidad de Chiclayo, porque no era funcionario desde marzo del año 2012.
Este pedido de levantamiento de las comunicaciones se realizó incongruentemente en merito a una investigación iniciada a funcionarios de EPSEL por la denuncia de Carlos Canales, el mismo que aseguraba que para pagarle sus beneficios sociales funcionarios de esa entidad le pidieron dádivas. Esta denuncia motivó la apertura de la Carpeta N° 2447.
El accionar del Ministerio Público se fundamenta en un supuesto trabajo de inteligencia realizado por personal policial bajo las directivas del fiscal Zapata Orozco, quienes elaboraron dos informes (Nº 120 y 126) que revelarían la existencia de la red criminal, en la que presuntamente está implicado el exfuncionario.
En los mencionados informes elaborados con la colaboración de otras entidades especializadas como SUNARP, Policía de Lavado de Activos y la SUNAT, se sustenta la participación de Incháustegui “en hechos graves y fundados elementos de convicción” que ameritaron su orden de captura. No obstante, dichas instituciones han negado su participación y deslindan responsabilidades futuras.
CARGOS
Una de estas fue la llamada realizada por Jorge Incháustegui a un tal “Miguelito”, en la que le indica que ha cerrado una negociación por la que le depositarían 25 mil dólares y quería saber si le convenía emitir factura o recibo de honorarios.
Otro cargo, son los supuestos viajes de placer realizados con su esposa a paraísos fiscales, a los que presuntamente habrían llevado dinero ilícito. Entre los países visitados están Suiza y Venezuela.
La defensa del investigado ha demostrado que el tal “Miguelito”, es el contador público colegiado Miguel Céspedes Mozo, propietario de CM CONSULTORES, la empresa que llevaba la contabilidad de Arqconsa, la empresa de Jorge Incháustegui.
Según se sabe, esta habría acreditado que la llamada respondía a la transacción comercial realizada entre Incháustegui y el propietario de un predio de 20 hectáreas que este promovió para venta y saneamiento físico-legal, por lo que habría recibido aproximadamente el 1 % del monto de venta.
Asimismo, se habría demostrado que los supuestos viajes de placer no eran tales, debido a que Incháustegui viajó a Suiza por invitación de la cooperación técnica de ese país con motivo de la pronta suscripción del convenio entre esta y el Estado Peruano, representado por el municipio de Chiclayo, como beneficiario del proyecto “Chiclayo Limpio”.
También que el viaje a Venezuela fue financiado por la Corporación Andina de Fomento - CAF y que Incháustegui participó como representante de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y expuso sus experiencias en temas de Catastro y Tributación. En ambos viajes no lo acompañó su esposa.
LA ORDEN DE CAPTURA
Luego de haber desvirtuado los elementos que motivaron la orden de detención y los allanamientos e incautaciones, el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria anuló la orden de detención que existía contra Jorge Incháustegui, quien durante el tiempo en que esta se mantuvo vigente permaneció en la clandestinidad.
Sin embargo, el Ministerio Público, a los pocos días, presentó un nuevo requerimiento de prisión preventiva en contra del exfuncionario basado en nuevos elementos de convicción, pasando a fundamentarse en declaraciones de dos testigos realizadas después del 30 de septiembre del 2014.
Estos testigos fueron: Javier Llorach Paredes y Luis Barrantes Piscoya. Al primero el Ministerio Público le tomó su declaración como un testigo voluntario, y al segundo que se acogió a la colaboración eficaz.
Según la defensa legal de Incháustegui, cuando fue gerente de Urbanismo de la comuna local, emitió una resolución que paralizó una obra que Llorach Paredes realizaba en la Urbanización Santa Victoria, ya que habría excedido el número de pisos contemplados en la licencia de construcción.
“En base a tal infracción tuvo que pagar una multa de 21 mil 600 soles ante el SATCH, la misma que fue cancelada el 18 de enero del 2011. Mientras que por el retraso en la entrega de la obra, a causa de la paralización dispuesta por el arquitecto Incháustegui, el señor Llorach tuvo que pagar una penalización de 20 mil dólares a la propietaria del predio donde construyó el edificio”, refiere la defensa.
El otro testigo, Luis Barrantes Piscoya, habría manifestado en su declaración que en una ocasión que transportaba al exalcalde Roberto Torres por una avenida de la Urbanización Santa Victoria, este observó un edificio y dijo: “Puta pendejo, ya van siete pisos” y habría llamado a Incháustegui.
“Esta llamada en la que un testigo dice que el exalcalde llama a Incháustegui, pese a que no existe grabación de audio, constituye para el Ministerio Publico y el juzgado un grave y fundado elemento de convicción por la forma soez como, según Barrantes, el alcalde se refiere al interlocutor, que para ellos es Incháustegui”, refieren los abogados, añadiendo que la fiscalía solicitó el mandato de prisión preventiva y “la juez la avaló sin siquiera determinar de qué edificio se trataba, la fecha en que la supuesta llamada se produjo y cuál sería el hecho ilícito cometido por el ex funcionario”.
Asimismo, la fiscalía ha obtenido la declaración de un colaborador eficaz (CE-70), quien habría aseverado que en el año 2014 se realizaron actos ilícitos en torno a la tramitación de la licencia del Edificio Cellerini, por lo que ha formalizado investigación contra los supuestos involucrados dentro de los cuales no figura Incháustegui Samamé; es decir, la Fiscalía ha emitido un documento formal que excluye a este de los hechos en torno al caso Cellerini.
“La defensa ha acreditado que la edificación a la que se refiere Barrantes es el edificio Cellerini, ubicado en la esquina de Los Sauces y la Avenida Andrés Avelino Cáceres (ex Libertad), incluso esta versión ha sido corroborada en la diligencia del 25 de julio del 2016, donde el también imputado señaló el edificio al que hizo alusión el exalcalde, siendo este el residencial Cellerini. En el acta de constitución inclusive Barrantes señala que Roberto Torres dijo: “Aló Jorge, ¿quién ha autorizado la licencia, el permiso a esta edificación?”... Supongo que la comunicación que el señor Roberto Torres Gonzales tuvo fue con el señor Incháustegui pues no estaba en alta voz””, precisan los abogados.
Anotan que además existen informes emitidos por la comisión supervisora de obras que esclarecen que cuando el edificio se empezó a construir Incháustegui no era Gerente de Urbanismo.
En base a esa llamada, el 21 de enero del 2015, la juez de Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Penal de Chiclayo, dictó mandato de prisión preventiva contra Jorge Incháustegui Samamé, argumentando que existían suficientes elementos de convicción para que vaya a prisión.
LAVADO DE ACTIVOS
El Ministerio Público imputa también a Jorge Incháustegui el supuesto delito de lavado de activos, por el hecho de haber adquirido el 50 % de una oficina y no figurar en los documentos de compra y venta.
“Este hecho no constituye delito alguno, ya que la tipificación del delito de lavado de activos debe considerar el hecho de dar apariencia de legitimidad a bienes y/o capitales de origen ilícito. Se puede verificar de lo expuesto que la Fiscalía basa su imputación en lo que para ellos resulta sospechoso, la adquisición de la oficina que hizo la arquitecta Fiorella Zúñiga Pando por encargo de Incháustegui. Sin embargo, la fiscalía no establece el elemento fundamental de tipicidad del delito de lavado de activos, que les obliga a demostrar la procedencia ilícita de los fondos, la defensa ha presentado los documentos que sustenta la licitud del dinero con que se adquirió la oficina. No obstante, la fiscalía hasta la fecha, después de 21 meses de investigación, no ha acreditado delito alguno a Incháustegui que haga presumir la existencia de dinero ilícito”, refieren los defensores del exfuncionario.
Es resaltante que el mismo Ministerio Público hasta ahora no ha formalizado investigación alguna contra Incháustegui por delito de corrupción.
“En tal sentido, el arquitecto, quien es personal nombrado de la MPCH desde hace 23 años, advierte que su detención es arbitraria, abusiva y producto de la presión mediática que se ejerce contra jueces y fiscales, quienes no quieren corregir sus propios errores, pues una llamada que no existió y a pesar que tampoco resulta ilícita, no es elemento suficiente para que se encuentre privado de su libertad desde hace 18 meses, habiéndose hecho tabla rasa de la presunción de inocencia que le asiste a cualquier imputado, atentando contra su reputación, buen nombre y ejercicio profesional labrado con esfuerzo y sacrificio”, señala la defensa.
Roger Inga afirmó ante consejeros regionales que OTASS ha observado al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, por ratificar a Néstor Salinas como gerente general de la EPS.
“Por la forma como se vienen llevando las riendas administrativas de la Entidad Prestadora de Servicio de Lambayeque - EPSEL, todo parece indicar que el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, detenido en el penal de Picsi por presuntos actos de corrupción, junto a sus más cercanos colaboradores, sigue gobernando y haciendo y deshaciendo en la institución“, fueron las palabras del ingeniero Roger Inga Durango, representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el Directorio de la empresa de agua potable y alcantarillado, durante su presentación y sustentación de presuntos actos de corrupción ante el Consejo Regional.
El profesional puso en claro a los consejeros regionales que ocupa el cargo de director desde julio del 2015, encontrando una empresa devastada, la que fue manejada por el exalcalde Roberto Torres Gonzales y sus más cercanos colaboradores, Percy Quesquén Díaz y Juan Valdivia Goycochea, el primero convertido en colaborador eficaz y el segundo recluido en el expenal de Picsi.
Añadió que ni bien ocupó el cargo, pues tenía la confianza del Gobierno Regional de Lambayeque, su trabajo se centró en identificar los “cuellos de botella” con el objetivo de encontrar y dar soluciones que no solamente sean de beneficio de los trabajadores y funcionarios, sino también para la población usuaria.
“Desde el primer día que asumí funciones he dado todo el apoyo al gerente general, el ingeniero Néstor Salinas, en quien a los pocos días pude notar que es una persona que le falta liderazgo y autoridad ante sus subordinados. Es más, me atrevo a decir que es una persona que se deja influenciar y hasta diría yo que es manipulable”, reveló Roger Inga durante su exposición, dejando entrever que la injerencia en el actuar del mencionado funcionario vendría del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a través del presidente del Directorio, el ingeniero César García Espinoza, representante de la comuna provincial.
EXTRAÑAS PÉRDIDAS
Roger Inga detalló que a medida que iba transcurriendo el tiempo se han ido dando situaciones que no se podrían permitir, como por ejemplo: “En un informe del gerente comercial, ingeniero José Mechán, se nos hace conocer que desde el mes de febrero del presente año la empresa tiene una pérdida de 400 mil soles mensuales”.
Eso llamó mucho la atención, por lo que en un cuadro informativo ahonda en detalles y revela que en la provincia existe un total de nueve mil 747 conexiones activas no facturadas, así como 25 mil 103 conexiones cortadas no facturadas, y que todo ello hace un total de 34 mil 850 conexiones no facturadas.
“Lo más preocupante es que todas estas conexione cuentan con el servicio de agua potable, representando una pérdida de 10 millones 982 mil 299 soles. En Chiclayo hay 14 mil 466 usuarios que no pagan el servicio de agua, en Ferreñafe hay cuatro mil 397; en Lambayeque existen nueve mil 945, y en Monsefú hay seis mil 42 usuarios que tienen agua en sus casas y no pagan un solo centavo”, sostuvo en tono preocupante.
Tras conocer el informe del ingeniero José Mechán –sostuvo- se han hecho operativos en diferentes zonas de la provincia, y en el mes de mayo se logró recuperar un millón de soles.
“Con esa noticia, el gerente general Néstor Salinas, nos dice que necesita recursos para mejorar la atención, así como para comprar computadoras, palanas picos, sierras, y habilitar motos para operativos, y coordinar con la Fiscalía las intervenciones y denunciar a los infractores. El requerimiento que hizo conllevó a solicitar una partida de siete mil soles, pero hasta el momento el dinero solicitado no ha sido entregado a la gerencia comercial para que sea invertido en lo requerido”, explicó.
Detalló también que en julio último, a pesar de las limitaciones, EPSEL logró recuperar 230 mil soles más, lo cual no pudo ser mayor debido a que no hay apoyo y esfuerzo de la máxima autoridad, la que podría llevar a sospechar que entre los morosos existirían personajes ligados a la gestión municipal, o que sus pagos por el servicio lo harían de otra manera y a otras personas. “¿Qué intereses existen en no cobrar a los morosos y denunciar a los que roban agua?”, soltó al aíre las preguntas.
ESTADOS FINANCIEROS
Junto al ingeniero Humberto Suyón, representante del Ministerio de Vivienda en el Directorio de EPSEL - explicó- tuvieron muchas dudas sobre el informe, lo cual los llevó a pedir los estados financieros del año 2015, que no les eran alcanzados a pesar que la empresa auditoria, Ángel López Aguirre y Asociados CC.PP.S.C, ya los había terminado en los primeros días del mes de mayo.
“Ante nuestra insistencia, recién nos fueron entregados en el mes de julio, descubriendo que la empresa EPSEL había perdido 16 millones 700 mil soles durante el ejercicio 2015. Además, con todos los problemas que tenemos y juicios de diferente índole, del año pasado existe una pérdida de 40 millones de soles”, sostuvo el profesional al seno regional.
Resalta que lo más grave de la auditoria es que la consultora se reserva la “abstención de dar opinión”, debido a que no les han dado las facilidades para desarrollar un exhaustivo trabajo.
“Los auditores se abstienen de dar opinión porque las cosas pueden estar amañadas o maquilladas, y habría que hurgar a fondo, porque esa pérdida podría ser mayor.
MÁS DESCUBRIMIENTOS
Roger Inga destacó que la presunción de que existirían hechos mucho más graves los llevó a hurgar un poco más a fondo, descubriendo que en el año 2014 no se auditaron los estados financieros, y al consultar por las razones de la negligencia, el genere general de EPSEL, Néstor Salinas, le habría respondido que ese período no se audito debido a que la Contraloría no había enviado auditores.
“Esa negligencia es muy grave. La Contraloría General de la República no envía auditores, es la empresa la que debe contratar y dar cuenta a la Contraloría para que todo se haga en la más absoluta transparencia”, señaló.
No contento con ello – afirma- fueron un año más atrás. En el informe de auditoría de ese período la empresa auditora también deja constancia que se abstiene de dar opinión.
“Recordemos – sustentó- que en el año 2013 el alcalde de Chiclayo era Roberto Torres Gonzales, y dos años más adelante, 2015, en una nueva gestión, el alcalde es el señor David Cornejo Chinguel, entonces nos preguntamos: ¿Qué está pasando?, ¿Quién gobierna la MPCH?, ¿Quién designa a los funcionarios?, ¿Acaso don “Beto” Torres sigue moviendo sus hilos desde el penal de Picsi?”, cuestionó.
“Desde la desastrosa y corrupta gestión del exalcalde Roberto Torres no hemos hecho nada por cambiar la empresa EPSEL, por eso es que digo que Torres Gonzales sigue gobernando y manejando EPSEL junto a Percy Quesquén y a la gente que rodeó a este señor cuando era el amo y señor de la institución”, recalcó.
RETIRO DE CONFIANZA
En sesión de Directorio del 16 de julio último, el director representante del Ministerio de Vivienda, Humberto Suyón, solicitó al pleno se le quite la confianza al gerente general Néstor Salinas. Una de las razones era que con el resultado de los estados financieros no se le podía mantener en el cargo.
“La moción fue apoyada por mi persona, pero fueron los directores representantes de Chiclayo y de José Leonardo Ortiz, los de la opinión que había que dejarlo. Como la votación estaba pareja; es decir, dos contra dos, el resultado quedó en el voto dirimente del ingeniero Eduardo Tagle, quien dijo que el señor Néstor Salinas no debe continuar en el cargo de gerente general. Es más, para no hacer tan dramática y escandalosa su salida le dimos la opción que presente su carta de renuncia y permanezca en el cargo mientras se encontraba a su reemplazo”, explicó Roger Inga.
Tras el pedido de separación en el cargo – presume en tono alto-, tanto Néstor Salinas y los directores de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, fueron presuntamente en busca del alcalde David Cornejo, y a los pocos días Néstor Salinas fue ratificado en el cargo.
“El alcalde David Cornejo es un empresario, y no creo que si un gerente le lleva una mala administración a su empresa lo va a ratificar en el cargo. Es algo que llama poderosamente la atención”, sostuvo.
Ante la supuesta intromisión del burgomaestre en las funciones del Directorio de EPSEL, el ingeniero Roger Inga viajó a Lima y los hechos fueron puestos en conocimiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, y mediante el Oficio N° 349-2016 el director ejecutivo de este organismo, James Fernández le hace ver a David Cornejo Chinguel que de acuerdo al Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Modernización de los Servicios Básicos Modificados que: “entre otras funciones del directorio es la designación y remoción del gerente general, así como la evaluación del desarrollo de sus funciones”.
¿CON PERCY QUESQUÉN?
Resalta que eso no es todo. Pues el 2 de junio del año 2014 el Órgano de Control Institucional - OCI de EPSEL, emitió el informe especial al Directorio que en ese tiempo era presidido por el hoy colaborador eficaz en la investigación “Los Limpios de la Corrupción”, Percy Quesquén Díaz, y le advierte con informe especial N° 001-2014-2-3472, sobre un pago irregular de 49 mil 11 con 36 soles al contratista del Consorcio Triple “A”.
De igual manera, con informe especial N° 002-2014-2-3472 del 12 de junio del 2014, nuevamente la Oficina de Control Institucional hace conocer que en examen especial a EPSEL por la contratación, ejecución y liquidación de obras, ha existido un pago indebido de adicional de obra N° 02 que afecta económicamente a la empresa por un importe de 130 mil 924 con 30 soles.
Asimismo, en informe N° 003- 2014-2-3472 del 12 de junio del año 2014 el OCI, una vez más, hace conocer en un examen especial a EPSEL por la ampliación de plazo N° 02, se ha pagado indebidamente y se ha causado un perjuicio económico de 42 mil con 164. 92 soles.
“En la gestión de Percy Quesquén Díaz el ingeniero Néstor Salinas era gerente de obras de EPSEL, y junto a otros funcionarios era el encargado de efectuar seguimiento y supervisión de obras contratadas y aprobar pagos de mayores gastos generales, pero omitieron realizar los informes por doble pago de un adicional”, sustentó.
Sin embargo, lejos de ser sancionado y denunciado ante el Ministerio Público por haber afectado los intereses económicos de la empresa, el 20 de junio del 2014, dos semanas después que el OCI alertara sobre los dobles pagos de dinero, en sesión extraordinaria de directorio Néstor Salinas es designado como el nuevo gerente general de EPSEL.
UN AÑO DESPUÉS
Lo extraño –dijo- es que un año después, el 13 de junio del 2015, Néstor Salinas recién es denunciado, pero no se le denuncia ante la fiscalía para que realice una exhaustiva investigación, sino que lo hacen ante el órgano civil.
“Pagar demás a una empresa es un delito penal, y también se debe devolver el dinero. Néstor Salinas no ha pasado por proceso administrativo ni tampoco por el Ministerio Público, de frente se ha ido a la vía civil, lo cual llama mucho la atención, pero más llama la atención que él mismo la haya promovido, pero sin respetar los estamentos procesales”, destacó.
Lo que ahora más llama la atención – refiere- es que en menos de un año la defensa de los intereses de EPSEL ha pasado por las manos de tres estudios jurídicos externos, con el presunto objetivo de dilatarla para que sea enviada al archivo o simplemente declarada en abandono.
Finalmente, Roger Inga, quien tuvo el pleno apoyo del Consejo Regional para desarrollar su trabajo fiscalizador, sostuvo que ha llegado el momento de convocar a la sociedad civil organizada para no dejar pasar las oportunidades de desarrollo de Lambayeque, y sacar de los puestos a personas que le hacen daño a Chiclayo y la región.
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